análisis del año 2006 - Facultad de Ciencias Sociales - Universidad ...

94 ANÁLISIS DEL AÑO 2006 - Departamento de Sociología de la Universidad de Chile
La Comisión Marcel estimó que entregar una pensión básica universal de $75.000
tendría un costo estimado de US$1.100 millones, suma inferior a la generada por el
mecanismo presupuestario que limitando el gasto público genera un superávit
estructural de 1% del PIB al llegar al nivel de los indicadores de tendencia. “Cuando
la reforma esté plenamente en régimen, y esto comprende no sólo la gradualidad de
la entrada en vigencia de los distintos aspectos, sino también la transición demográfica
-cifró el ministro Velasco- el costo será aproximadamente de un punto del PIB
(…)” (17/12/06). Ello se producirá el año 2025.
De otra parte, el Fondo de Reserva de Pensiones tenía ya acumulados, al anunciarse
la Reforma, US$606 millones a ser utilizados, de acuerdo a las estipulaciones
establecidas en la Ley de Responsabilidad Fiscal, en la próxima década. Finalmente,
debe considerarse que aproximadamente la mitad del costo de la PBS se financia
con el gasto fiscal actual en pensiones, a lo que deben agregarse los recursos que se
irán liberando a futuro de los compromisos presupuestarios a la fecha como el
bono de reconocimiento entregado a las personas que cotizaron en el antiguo sistema
de pensiones. Proyecciones efectuadas por la Dirección de Presupuestos establecen
que los gastos provenientes del antiguo sistema comenzará a reducirse a partir del
año 2010, para disminuir drásticamente a partir del 2015.
El ministro de Hacienda explicó que la reforma previsional será financiada desde
cuatro fuentes: uso del fondo de reserva de pensiones, el crecimiento económico,
los recursos a liberarse al pasarse del antiguo al nuevo sistema y por los intereses a
obtenerse por los activos financieros acumulados. La utilización de excedentes fiscales
podía efectuarse de diferentes maneras. Una de ellas era terminar con el mecanismo
absolutamente injustificado de generar un superávit fiscal de 1% del PIB. Más aún,
cuando el consenso de modificar la rigidez del sistema alcanzó a uno de los creadores
del mecanismo, el ex director de Presupuestos Mario Marcel, y a muchos personeros
de la coalición gubernamental. Mantenerlo inmodificado como se estableció en el
programa durante la campaña presidencial de Michelle Bachelet e intentar proyectarlo
en el tiempo fue claramente un error. Alternativa de financiamiento previsional que
Velasco también rechazó aduciendo, como lo ha hecho anteriormente, que “el
superávit estructural se rige por normas muy claras (…) que llevaron a plantearnos
la meta del 1%. Mientras esas circunstancias objetivas se mantengan -añadió- ¡esa
meta se mantendrá! Es lo que decía el programa de la Presidenta Bachelet y es lo que
este gobierno ha reiterado en numerosas oportunidades” (13/12/06). En verdad,
dichas “circunstancias objetivas” ya no existen.
En definitiva, en la forma de financiamiento se impuso el criterio del ministerio
de Hacienda que no se movió ni un milímetro del mecanismo presupuestario en
aplicación, transformado en el principal escollo para acceder a beneficios sociales
más de acuerdo con las necesidades de la población. Velasco debió, eso sí, ir cediendo
en hacer menos lejano el acceso a los beneficios, pero demorando su rápida puesta
en vigencia.