análisis del año 2006 - Facultad de Ciencias Sociales - Universidad ...

40 ANÁLISIS DEL AÑO 2006 - Departamento de Sociología de la Universidad de Chile
intensamente el instante, pero al precio de petrificarlo. A falta de ponerle límites al
presente, de dimensionarlo, se ahoga en una inmediatez sin fondo.
De ahí el valor de las continuidades en esta discusión. Por eso, independientemente
de que todo esto sea así o no –arena de otra discusión con la que no corresponde
abrumar estas páginas-, más allá del análisis anterior conviene reseñar, brevemente,
algunos elementos del conflicto en cuestión, para cuando nos falle –como dicen:
indefectiblemente- la memoria.
Iniciado a fines de abril con la primera acción masiva de los secundarios (marchan
recién alrededor de 15 liceos), el conflicto parte con la demanda de gratuidad en la
Prueba de Selección Universitaria (PSU) y en la tarifa escolar, pero además, desde
un principio reformas a la LOCE y a la Jornada Escolar Completa (JEC), y principia
a concitar un creciente apoyo, primero entre apoderados, profesores, estudiantes
universitarios, y luego en la sociedad en general. Desde entonces, el gobierno, como
contraparte, ensayará sucesivas y contradictorias formas de encarar el conflicto,
mudando los interlocutores (Subsecretaria de Educación, Ministro del ramo, Ministro
del Interior, la propia presidenta, parlamentarios como intermediarios, etc.), espacios
(mesas de negociación, comisiones y subcomisiones de diálogo, etc.) y grados de
dureza tanto en el discurso como en la acción (al punto que la propia presidenta, en
uno de los giros más comentados, anuncia en su momento que actuarán “con todo
el rigor de la ley frente al vandalismo”, para luego desdecirse reivindicando el derecho
a protestar de los jóvenes y hasta acusar de excesos a la acción policial y al alto oficial
a cargo), en un curso reconocidamente errático en el que los jóvenes representan al
actor más claro y centrado en sus objetivos.
Entre medio, la convocatoria juvenil alcanza los 800 mil estudiantes movilizados
a fines del mes de mayo a lo largo de todo el país (superando en la capital los 250
mil), con más de 950 colegios adheridos (más de 250 en la capital), a través de
tomas de liceos y marchas que, a ratos, resultan duramente reprimidas, superando
algunas de ellas el millar de detenidos por día. Números, en definitiva, que no tienen
parangón en el país desde el fin de la dictadura militar.
Un aspecto a relevar es la forma en que el gobierno acepta considerar los aspectos
particulares de la demanda estudiantil, a la vez que apuesta a dilatar las demandas de
mayor hondura. Después de estériles intentos por desconocer la legitimidad del
movimiento secundario, que pasa por erráticos cambios de interlocutores y escenarios,
declaraciones contradictorias en que unas autoridades niegan a otras, el completo
silencio sobre el problema en el informe anual del 21 de mayo (que irrita de tal
modo a los estudiantes que, de ahí en adelante, dan curso a la verdadera masificación
de las tomas, marchas y paros), el gobierno se allana a responder a las demandas
estudiantiles a través de la propia presidenta.
A pesar de remarcar, en boca de la propia presidenta, que no se está negociando
con los estudiantes, a la vez que afirma que éstos han abierto una oportunidad
histórica de encarar el problema de la educación a partir de sus legítimas demandas,