análisis del año 2006 - Facultad de Ciencias Sociales - Universidad ...

34 ANÁLISIS DEL AÑO 2006 - Departamento de Sociología de la Universidad de Chile
(Simce), cuya incidencia en la competencia por la captación de matrícula y el prestigio
de los establecimientos educativos es sabida de sobra.
El conflicto protagonizado por los estudiantes secundarios parece haberlo revuelto
todo. Obviamente toca a la educación, pero también sacude las lógicas conocidas
de constitución de actores sociales, su fisonomía, sus patrones de acción y de discurso,
los rasgos de los liderazgos reconocidos en la sociedad. No menos sacudió también
a la esfera política, a los partidos y las formas de representación y su supuesta
efectividad, a la machacada pasividad de la ciudadanía, los modos e instrumentos
de acción del gobierno y, de modo general, a la política social del Estado como tal.
Más aún, la movilización estudiantil y el inédito grado de apoyo que alcanza en la
población, replantea el problema de un malestar asociado a la frustración de las
expectativas de ascenso social que se vinculan en forma extendida con la educación.
Tamaña sacudida puso en entredicho, nada más y nada menos, que a una ley
orgánica constitucional. Una de esas que, como su nombre lo indica, no es una ley
común sino uno de los basamentos orgánicos de la Constitución de 1980, y como
tal un pilar del modelo económico, político y social heredado. Ninguna reforma
hasta ahora esbozada en la arena política democrática, ha amagado con tocar dichos
pilares orgánicos. No en balde exige más alto quórum parlamentario que cualquier
otra ley para ser alterada. Ni siquiera hicieron tal las reformas que el presidente
Lagos presentó pomposamente como una nueva Constitución (se recordará la
ceremonia en que cambia la rúbrica de Pinochet por la suya en la “nueva” Carta
Magna).
En suma, la movilización de los “”pingüino”s” estuvo a punto de desatar un
terremoto constitucional superlativo. No suena exagerado esto, si se considera que
el modelo de educación vigente está estrechamente ligado al modelo de desarrollo
imperante; de ahí que los problemas del primero remitan a los dilemas y limitaciones
que impone el segundo. El amplio e inédito consenso social, tras la demanda por la
derogación de la LOCE, deviene problema político superlativo para el atribulado
gobierno de turno de la Concertación, puesto que toca uno de los pilares del orden
constitucional heredado. De tal modo, cuando dicho gobierno anuncia que la LOCE
no se deroga, que a lo más se reforma, termina por cerrar filas detrás de la
Constitución de 1980, mostrando a las claras que, si ésta no se ha cambiado antes,
no es por la falta de consensos ciudadanos suficientes, sino porque se carece de la
voluntad para hacerlo, lo que sólo puede responder al hecho de que la Concertación
se acomodó de buen gusto al orden de cosas que dicha Carta Magna, de origen
autoritario, prescribe.
La intensidad de un conflicto social no está asociada, como se cree muchas
veces, a su drasticidad, a la violencia desplegada, sino a la medida en que involucra
otras relaciones sociales, otros ámbitos de la existencia de una sociedad. El conflicto
que los estudiantes secundarios plantearon en torno a la educación, sigue precisamente