De Harmont a Trujillo - Banco de Reservas

César A. Herrera | DE HARTmOnT A TRUJILLO
Se ha hecho una cuidadosa investigación de la práctica en que se
lleva la contabilidad y se hace el servicio de la deuda ejecutada
por el Receptor General, y, aunque es aparente que ha habido
alguna confusión o mal entendido, se comprueba que los términos
de la Convención de 1924 se llenan cabalmente por el Receptor
General. 92
frente a una posición tan lesiva para los intereses nacionales
sólo era posible una acción enérgica, que los políticos dominicanos
se habían mostrado incapaces de asumir cuando se trataba
de conflictos con potencias extranjeras, muy especialmente los
Estados Unidos. El presidente Trujillo, abroquelado por un derecho
tan sagrado como era el derecho del pueblo dominicano a la
supervivencia, decidió jugar una carta decisiva, en una acción de
incalculables alcances patrióticos y administrativos. El 23 de octubre
de 1931, votó el Congreso nacional la Ley de Emergencia,
de acuerdo con el proyecto que le fuera sometido por el presidente
Trujillo, por cuyas valientes disposiciones quedaba suspendida la
amortización de los empréstitos nacionales cuyo servicio oneroso
había complicado gravemente la situación financiera del Estado
dominicano. Los efectos de esa Ley cesarían el 31 de diciembre de
1934, o antes, si las causas que la habían generado cesaban en el
lapso de su vigencia.
El párrafo c) del artículo 6º de esa Ley (nº 206), disponía que
del fondo de Emergencia el gobierno dominicano recibiría un
máximo de $125,000.00 mensuales destinados de manera específica
a diversos fines, y el párrafo d) disponía que el exceso en las
rentas después de cubiertas las asignaciones especiales de la Ley de
Emergencia sería aplicado al pago de las cuotas de amortización.
Es decir, que en 1931, millón y medio de pesos era una cifra que
significaba la vida o la muerte para el Estado dominicano. El señor
92 Colección Trujillo, Tomo 15 bis, p. 12.
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