De Harmont a Trujillo - Banco de Reservas

César A. Herrera | DE HARTmOnT A TRUJILLO
comisionados americanos, para el arbitraje de 1904, deliberadamente
prepararon el camino para una recaudación parcial, casi,
pero no del todo privada, bajo la dirección del vicepresidente de
la Improvement Company”.
El gobierno nacional, presionado por la opinión pública
abiertamente opuesta a la aceptación del laudo, resolvió apelar la
sentencia y solicitar su revisión. Juan francisco Sánchez, ministro
de Relaciones Exteriores, se dirigió al ministro Dawson, haciendo
una impugnación casi general de la sentencia, tomando como base
las estipulaciones categóricas del Protocolo del 31 de enero, que era
la ley a la cual debió ceñirse la Comisión de Arbitraje.
Como era de esperarse, el ministro Dawson respondió comunicando
las instrucciones que había recibido de su gobierno.
El gobierno de Estados Unidos consideraba que no había lugar a
ninguna reclamación sobre el Laudo, sino después de ponerlo en
ejecución. Terminaba Dawson su extensa comunicación pidiendo
que el agente financiero Abbott fuera puesto en posesión de la
aduana de Puerto Plata, puesto que la suma vencida en septiembre
no había sido pagada. Las reclamaciones dominicanas tenían, pues,
muy negras perspectivas.
El presidente morales, después de plantear el caso ante el
Consejo de ministros, había resuelto designar una comisión para
el estudio del Laudo, compuesta por Emiliano Tejera, francisco
x. Amiama, manuel de Jesús Aybar y el licenciado manuel A.
machado. Esta comisión no tuvo tiempo siquiera de estudiar las
piezas de tan trascendental negocio, porque bajo la tremenda
presión diplomática el gobierno dominicano cedió. La política
norteamericana de ese tiempo, dirigida por el impetuoso presidente
Teodoro Roosevelt, y caracterizada por una serie de atropellos a los
países débiles de la América Latina, no podía dejar lugar a dudas
sobre cuál sería la suerte del pueblo dominicano. El 13 de octubre
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