De Harmont a Trujillo - Banco de Reservas

César A. Herrera | DE HARTmOnT A TRUJILLO
William Powell, que a la postre resultó más lesivo a los intereses
nacionales que los contratos de 1900 y 1901. Aquel enconado
grito de guerra “Que rindan las cuentas” que había aturdido al
presidente Jimenes, se olvidó entonces a la hora de pactar con
el enviado norteamericano. La situación general del problema
quedaba modificada radicalmente en prejuicio del pueblo dominicano,
que se vería impotente para luchar por la reivindicación
de sus derechos, no ya contra banqueros particulares, sino contra
el propio gobierno de los Estados Unidos. La Improvement que
había mantenido siempre su condición de trustee de los tenedores
de bonos extranjeros, había puesto sus reclamaciones en las manos
del Departamento de Estado, y por este Protocolo, se reconocía
como hecho natural la injerencia ominosa de aquel gobierno en
la solución de las diferencias fundamentales que impedían un
acuerdo directo entre la compañía y el gobierno dominicano. La
oposición al contrato de 1901 argumentaba que la concertación
de ese acuerdo sin una previa rendición y examen de todas las
cuentas de la compañía, era una renuncia tácita a los derechos
de reclamación contra la naturaleza fraudulenta de muchas de
esas operaciones que originaron el crecido volumen de esa deuda,
especialmente de la conversión del 9 de agosto de 1897 donde la
compañía había escamoteado casi un millón de libras esterlinas,
sin informar jamás su paradero. Pero el Protocolo de 1903, más
que una renuncia, era una entrega absoluta de todos los derechos
nacionales, como se evidenció más tarde. El país continuaba
avanzando hacia la pérdida de su soberanía.
El artículo lo. de ese convenio establecía que el gobierno dominicano
pagaría al de los Estados Unidos (no a la Improvement y
sus aliadas) la suma de $4,500,000 por las reclamaciones de la San
Domingo Improvement y sus aliadas. Las condiciones de cómo se
realizaría ese pago serían fijadas por una comisión de tres árbitros. Es
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