INFORME EJECUTIVO - Auditoría General de la Nación

La Ley 687 de obras públicas (T.O. Res. 650/03) en su artículo 1° dispone que: “ Se
consideran obras públicas sometidas a las disposiciones de la presente Ley, todos los estudios,
proyectos, construcciones, conservaciones, instalaciones, trabajos, obras en general que realice la
Provincia por intermedio de sus reparticiones centralizadas o descentralizadas, autónomas o
autárquicas, empresas o sociedades anónimas estatales o mixtas, por concesiones a terceros o por
entidades de bien público, cualquiera sea el origen de los fondos que se inviertan”.
El Acuerdo 1120 /97 del Tribunal de Cuentas de la Provincia que aprueba el Reglamento de
Rendición de Cuentas para el Sector Público Provincial en su artículo 11º establece que : “Los
titulares de los servicios administrativos financieros, direcciones de administración, u órganos que
hagan sus veces, serán responsables de la guarda y conservación de todos los antecedentes legales
(expedientes madres, principales, cabezas, alcances, anexos, etc.) y documentación comprobatoria
de todos los actos u operaciones registrados en la contabilidad de la cual surgen los estados
contables que constituyen la rendición de cuentas.
El Decreto 1201/02, que regula el procedimiento para la redeterminación de precios
dispone que : “Los precios de los contratos de obra pública, correspondientes a las partes faltantes
de ejecutar, podrán ser redeterminados cuando los costos de los insumos principales que lo
componen, hayan adquirido un valor tal que reflejen una variación de esos precios del saldo del
contrato superior en un dos por ciento (2%) a los de la oferta, o en el mismo porcentaje al precio
surgido de la última redeterminación, según corresponda, conforme a la metodología de
redeterminación de precios de contratos de obra pública que como Anexo I forma parte integrante
del presente decreto”.
El artículo 4º de la ley 2460 establece que la ADUS “organizará los mecanismos de control,
auditoría y seguimiento de la aplicación de los fondos, debiendo presentar un informe anual a la
Honorable Legislatura Provincial, quien será el órgano encargado del control social previsto en la
Ley nacional 24.464”.
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