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Párrafo 1°
Generalidades
Introducción:
LOS PRINCIPIOS FORMATIVOS DEL PROCEDIMIENTO
Toda legislación procesal – todo procedimiento- está orientada por el legislador,
consciente, subconsciente o inconscientemente, en algunos conceptos fundamentales, que
dan forma y carácter a los diversos “sistemas procesales”.
Mediante una labor de abstracción y generalización se puede llegar, más allá del estudio
particular de tal o cual institución del proceso a comprender cuáles son y en qué consisten
tales principios básicos o formativos.
Quien ha investigado con mayor profundidad en este campo de nuestros estudios ha sido el
procesalista escocés Robert Wyness Millar, profesor emeritus de la Northwestern
University, de los EE.UU. de Norteamérica, en su conocidísima obra intitulada “Los
Principios Formativos del Procedimiento Civil", traducida del inglés y con notas por la Dra.
Catalina Grossmann, editada en Buenos Aires por “Editar, S.A.”, Editores, el año 1945, a
quien seguiremos -como lo han hecho casi sin excepciones todos quienes han escrito el
tema- muy cerca en estas explicaciones.
Innecesario parece insistir en la utilidad de ese capítulo de estas nociones elementales de
Derecho Procesal, ya que son innumeras las ventajas que derivan, para los estudiosos de
cualquier disciplina científica, del conocimiento adecuado de los principios rectores que
informan las normas relativas a cada rama de ellas: la sistematización de los principios es la
única vía para el dominio de cualquier materia y, muy especialmente, tratándose de las que
constituyen el objeto de las ciencias sociales, entre las cuales se encuentra el Derecho. A
través de estudios de esta naturaleza, no solamente se conocen las instituciones en su
conjunto, sino que, además, se facilita el conocimiento particular de sus partes. En el caso
del Derecho Procesal, rama de las ciencias jurídicas que tiene por objeto el estudio del
proceso, tal sistematización presenta, por lo menos, otras dos ventajas: la primera, que es un
método extraordinariamente valioso para el conocimiento de las instituciones en el derecho
comparado; la segunda, que el conocimiento de estos principios formativos es no sólo de
capital importancia para el científico y para el critico, sino que –también- representa una
ayuda inestimable para el legislador, ya sea para orientar las reformas que el sistema
positivo necesitare, o para hacer el análisis critico de una reforma ya realizada. En realidad,
su importancia excede, todavía, de lo expuesto: nosotros nos atreveríamos a sostener que no
puede hacerse ciencia del proceso, ciencia del Derecho Procesal, si no se dominan los
principios que informan, o inspiran cualquier procedimiento a cuyo estudio nos pudiéramos
abocar. El conocimiento de estos principios es, quizá, la piedra angular que soporta el
edificio a cuya construcción consagrarán todos sus esfuerzos los más grandes juristas
europeos (especialmente, alemanes, italianos y españoles), especialistas de distintas ramas
del Derecho; pero que, a fines del siglo pasado, más exactamente, desde mediados de dicho
siglo, afluyeron al campo del ramo que nos preocupa; la formulación de una ciencia del

proceso, que les escindió del grupo puramente procedimentalista, ocupado exclusivamente
de la exégesis de las leyes.
En la exposición iremos señalando, junto a cada principio, las derogaciones (excepciones)
que él admite y, al mismo tiempo, explicando el principio opuesto al de que se tratare en
cada caso, porque, digámoslo desde ya, ninguna legislación acepta cada principio en forma
absoluta, consagrándose siempre excepciones (derogaciones) al que se adopta como
orientador o rector, de tal manera que éste no se presenta como regla absoluta, sino como
norma general. Por otra parte, debemos hacer presente aquí que no hay acuerdo en todas
las legislaciones, como lo demuestra de inmediato el estudio del derecho comparado, acerca
de cuántos o cuáles sean esos principios: así, los aceptados en determinada legislación son
negados por otra, que inspirada en distinto criterio político, o social, acepta los contrarios o
alguno intermedio. Por último, iremos señalando, igualmente, las orientaciones que nuestra
legislación procesal ha seguido en esta materia.
Consagraremos sendos párrafos – los siguientes- al estudio de los principios comúnmente
admitidos.
Párrafo 2°
Principio de la audiencia bilateral
Exposición:
Acaso sea éste el principio más importante y el más antiguo. 1
Ya en el Derecho Romano lo encontramos expresado en la fórmula “audiatur et altera pars”
(“oíd a la otra parte”). Hoy día informa el procedimiento de la mayoría de las legislaciones
en todo el mundo. Se cumple este principio, dando a cada parte una razonable oportunidad
de ser escuchada (verbalmente o por escrito), colocando a su disposición los instrumentos
para que los litigantes hagan valer sus razones durante el curso del proceso: ESTO ES
SUFICIENTE PARA QUE ESTE PRINCIPIO SE ENTIENDA CABALMENTE
CUMPLIDO.
No se exige, pues, que el atacado sea realmente oído, sino que tan sólo tenga la oportunidad
de serlo, quedando en libertad de aprovecharla o no: si el atacado no comparece, precluida
su oportunidad procesal del hacerlo, el proceso sigue adelante, en la forma que, enseguida,
veremos. El proceso continúa sin la presencia del rebelde y el tribunal resolverá con la sola
exposición del atacante.
A este resultado se ha llegado después de recorrer un largo y abrupto camino (recordaremos
que, en el Derecho Romano primitivo, se concibió el proceso como la sumisión de un
litigio a la resolución del pretor, por acuerdo de ambas partes; pero, si el demandado no
concurría ante el pretor; éste carecía de autoridad para dictar resoluciones que ligaran a esa
1 Couture estudia este principio bajo la denominación de “principio de igualdad”, porque el juez debe oír a cada parte, para
hacer así efectiva la garantía constitucional de la “igualdad ante la ley” (C.P.E. chileno, art. 19, N° 2°).

parte). Posteriormente, se concibió la institución de la “missio in bono”, como medida para
forzar la comparecencia del demandado. Más tarde, se recurrió a la ficción de hacer
comparecer al demandante EN REPRESENTACIÓN DEL DEMANDADO, si éste no
había comparecido. Luego, se autorizó a los tribunales para dar por confeso al demandado
remiso; pero siempre que, previamente, se hubieren agotado los medios para hacerle
concurrir, con buen éxito. Incluso los medios coercitivos han ido variando con el
transcurso del tiempo: desde los que se dirigían a la persona física del demandado, hasta los
que tienen por objeto sus bienes (como ocurre actualmente con el llamado “derecho de
prenda general de los acreedores”, reglado por el Artículo 2465 del Código Civil.).
“La historia procesal, hasta los tiempos más modernos, presenta la colisión de las dos ideas,
en la cual, en la esfera de la teoría jurídica, encierra el problema de si la comparecencia es
un derecho o un deber del demandado”. Hoy día, gracias a las inestimables contribuciones
de Goldschmidt, creemos que el problema aparece superado: la comparecencia no es ni un
derecho ni un deber del demandado, es una “CARGA”, que pesa sobre él y para liberarse de
la cual (“desahogarse”, como, con absoluta propiedad en el uso del idioma Español, dice D.
Niceto Alcalá-Zamora y Castillo, cuando habla de “desahogar la prueba”, por ejemplo)
debe ejecutar un acto procesal, debe comparecer ante el tribunal, para hacer valer sus
razones en apoyo del rechazo de la demanda intentada ante el tribunal, conteniendo una
acción que lleva una pretensión en su contra. De manera que si el demandado (“atacado”,
genéricamente hablando, puesto que la acción tiene una dualidad de pertenencia, según
hemos visto en otra ocasión) no comparece, no puede ser compelido por la fuerza a hacerlo,
porque la carga es un imperativo de su propio interés, esto es, una facultad de que él puede
o no hacer uso, VOLUNTARIAMENTE, y que ha sido establecida en su propio beneficio,
dicha se está; pero su incomparecencia (su no comparecencia) no impide que el juez siga
conociendo del asunto, obligado como él está a proveer y pronunciar, verbos éstos cuyo
exacto alcance, dentro de la terminología del brillante maestro citado anteriormente, hemos
precisado con anterioridad en estos apuntes de clases. SI, POR UNA PARTE, EL
DEMANDADO NO PUEDE SER OBLIGADO A COMPARECER CONTRA SU
VOLUNTAD; POR LA OTRA, HA DE SOPORTAR, NECESARIAMENTE, EL
PERJUICIO QUE, EVENTUALMENTE, PUDIERE SEGUIRSE EN SU CONTRA,
COMO CONSECUENCIA DE LA ACTITUD ASUMIDA.
Este es el principio dominante en nuestro proceso civil, de tipo esencialmente dispositivo.
Algunas citas legales nos permitirán demostrando: así el Art. 257 del Código de
Procedimiento Penal, en relación con su propio Artículo 50, obliga a notificar la demanda
“PERSONALMENTE”, ES DECIR, “en persona”, al demandado; los Artículos 258 y 259,
del mismo cuerpo de leyes, le otorgan a aquél un plazo razonable para comparecer y
defenderse, si lo desea; el Artículo 38, del mismo Código, establece que ninguna resolución
produce efectos sin previa notificación, hecha en forma legal, salvo las excepciones. El
Artículo 324 dispone que las diligencias probatorias no pueden realizarse sin que el decreto
que las autorice sea primeramente notificado a las partes. Igualmente sucede con el
Artículo 430 del ordenamiento antes citado, que concede a ambas partes (bilateralidad) un
término de 10 días, siguientes al vencimiento del probatorio, para hacer las observaciones
que el examen de la prueba les sugiera.

Sin embargo, nuestra legislación civil no establece ningún medio de coerción para obligar
al demandado a comparecer a la presencia judicial (salvo en el juicio ejecutivo, en que si
hay medios indirectos de coerción, como se verá en su debida oportunidad; y, por otra
parte, autoriza para proseguir el juicio, sin su concurrencia, mediante el sistema de
acusación de rebeldía por el demandante, aún más, las reglas que rigen la rebeldía en
nuestro sistema positivo procesal son más amplias, ya que se aplican tanto al demandante
como al demandado (Código de Procedimiento Civil., Artículo 78).
Las disposiciones legales citadas y otras muchas, que hemos pasado en silencio; pero a las
cuales Uds. Podrán aplicar el principio fácilmente identificado los presupuestos que
legitiman su presencia en cada caso, demuestran en forma inobjetable que el sistema
recibido por el Código de Procedimiento Civil. se inspira en el “principio de la audiencia
bilateral”, no exigiendo, sin embargo, la comparecencia real y efectiva de las partes a
ejercer las facultades que la ley le otorga.
Como quedara consignado líneas más atrás, la mayoría de las legislaciones adoptan
este principio como regla general. Nuestro país no hace excepción a ese criterio: es así
como encontramos numerosas disposiciones, que constituyen otras tantas excepciones o
derogaciones al “principio de bilateralidad de la audiencia”. Aplicación de este aserto en el
Artículo 302, inciso 2°, del Código de Procedimiento Civil., cuando autoriza para llevar a
efecto las medidas precautorias de que trata el Título V del Libro II, “antes de notificarse a
la persona contra quien se dictan, siempre que existan razones graves para ello y el tribunal
así lo ordene”. También podemos citar aquí el Artículo 565 del Código de Procedimiento
Civil, el cual dispone que, “presentada la demanda para la suspensión de una obra nueva
denunciable, el juez decretará provisoriamente dicha suspensión y mandará que se tome
razón del estado y circunstancias de la obra, y que se aperciba al que la esté ejecutando con
la demolición o destrucción, a su costa, de lo que en adelante haga”. Esta resolución la
dicta el tribunal sin haberse notificado todavía al demandado. 2
Párrafo 3°
Principio dispositivo y principio de oficialidad
Nociones:
“Se entiende por principio de disposición aquel que deja librada a las partes la
disponibilidad del proceso” (1). Dichos en otros términos, estamos frente a este principio
cuando los litigantes son libres para disponer de sus pretensiones o, más exactamente, del
derecho en que ellas se fundan.
Millar lo llama “PRINCIPIO DE ELECCIÓN DISPOSITIVA”. Este parte de la base de
que los propios litigantes tienen el pleno dominio de sus intereses en conflicto (“sub lite”)
y, en consecuencia, que son plenamente libres de ejercitarlos o no. Así, el titular de un
2 En general, pueden incluirse entre estas derogaciones del principio de “bilateralidad de la audiencia” todas aquellas
hipótesis en que una solicitud puede ser resuelta “de pleno”, es decir, sin previa audiencia de la contraparte de quien pide.

derecho discutido o controvertido sería plenamente libre para presentar o no una demanda,
solicitando (“pretendiendo”) que se actúe la ley en su favor, y, en general, en virtud de este
principio, las partes son plenamente libres de defenderse o no, ejercitando o no sus
facultades legales.
Este principio recibe plena aplicación en todos aquellos casos en que los intereses en
conflicto tienen un carácter puramente privado, como ocurre –generalmente – en la mayoría
de los negocios civiles. Es por ello que, en los juicios civiles rige el aforismo “nemo iudex
sine actore”: sin la voluntad del interesado (actor) no hay demanda, ni proceso. Y, una vez
presentada la demanda, el actor puede desistirse o el demandado allanarse o ambos, de
consumo, abandonar el proceso (la “instancia”) sea expresa o tácitamente (por ejemplo,
expresamente, si transigen o someten el asunto a árbitros; tácitamente, si no efectúan
gestión alguna para dar curso progresivo a los autos, como en el caso del Artículo 152 del
Código de Procedimiento Civil.).Todos los actos procesales que la ley permite efectuar a
las partes son facultades, no obligatorios a las partes corresponde la carga del impulso
procesal, como estudiaremos más adelante. Finalmente, sólo las partes pueden impugnar la
sentencia, cuando lo tuvieren por conveniente (no están obligadas al empleo de la vía
impugnativa, que puede operarse sea por medio de ciertas acciones- REVISION O
INAPLICABILIDAD POR INCONSTITUCIONALIDAD, por ejemplo- sea por medio de
los RECURSOS PROCESALES, como ordinariamente ocurre.
El principio contrario al dispositivo es el denominado “principio de oficialidad”, en virtud
del cual se priva a las partes de la libre disponibilidad de sus derechos en el proceso. Este
principio rige respecto de todos aquellos asuntos en que el interés público aparece
comprometido (como ocurre en los asuntos del derecho de familia, por ejemplo); así, verbi
gratia, ocurre en nuestro país con las acciones de divorcio (Artículo 25 de la Ley de
Matrimonio Civil), que no se pueden renunciar (anticipadamente) o con la confesión como
medio aprobatorio, que está prohibido en esta clase de juicios (los de divorcio); pero si en
materia civil este principio es regla general.
Presentación por las partes e investigación judicial:
Junto a los principios anteriormente estudiados, Millar trata de estos dos que pasamos a
analizar y que englobamos, por razones de métodos, dentro del este mismo párrafo 3°.
El principio de la presentación por las partes exige que la función de aportar el material de
la causa quede entregada a las partes, a ella corresponde determinar el contenido y alcance
de la controversia. Pudiendo las partes disponer libremente de sus derechos, ellas deciden
sobre lo que quieren o no alegar, así como lo que desean callar.
La actitud del juez es, aquí, puramente pasiva, debiendo limitarse a supervigilar el respeto
de las leyes, para que el debate dialéctico en que el proceso consiste se desarrolle en forma
metódica y ordenada, con sujeción a las normas del principio de orden consecutivo legal o
discrecional, a los cuales se conectan los que estudiamos.
Ahora bien, si por una parte, toca a los litigantes establecer el “themadecidendum”
(“cuestión controvertida”), fijando su exacto alcance y contenido – que se propone ante el

juez, mediante la acción, contenida en la demanda, y la reacción, contenida en la
contestación – toca al órgano jurisdiccional, por otro lado, actuar dentro de esos límites (los
señalados por las partes), si no desea incurrir en vicios de nulidad de la sentencia. Decimos
que el juez queda limitado, porque no puede fallar sino sobre lo pedido por los litigantes y,
si así no lo hiciere, incurriría en la causal de casación denominada “ULTRA PETITA”
(Código de Procedimiento Civil, Artículo 768, causal 4°), sin perjuicio para fallar de oficio
en los casos en que la ley le autoriza expresamente para ello, como ocurre en diversas
situaciones contempladas en los Códigos Civil (por Ej., Art. 1683) y, de Procedimiento del
mismo ramo (por Ej., Artículo 778). La obligación del juez le coloca en la necesidad
jurídica de pronunciarse sobre todos los puntos sometidos a su decisión, también la
infracción sobre este último particular, esto es, si el juez extendiere su sentencia más allá de
la cuestión promovida por las partes, incurriría en un vicio que anularía ese
pronunciamiento, POR FALTA DE DECISIÓN DEL ASUNTO CONTROVERTIDO,
materia susceptible, igualmente, de un recurso de casación en la forma (ARTÍCULO 768,
CAUSAL 5°, EN RELACIÓN CON EL ARTÍCULO 170 DEL MISMO CODIGO DE
PROCEDIMIENTO CIVIL.).
El principio contrario del que recién dejamos someramente esbozado es el de la
“investigación judicial” o “principio inquisitivo” o “inquisitorio”. Éste obliga al juez a
actuar de oficio, colocando sobre él la carga del impulso procesal, hasta llevar el asunto a
su fin normal: su decisión, sin contentarse con el material presentado por las partes,
debiendo inquirir por su cuenta la verdad o falsedad de los hechos expuestos por ellas.
Estos principios se fundan también en la diversa naturaleza de los intereses que juegan para
el juicio y cuya tutela (declaración favorable a ellos) se pretende (persigue) por las partes:
si son privados, regirá el “principio presentación” por las partes, sin perjuicio de casos muy
excepcionales de que trataremos en otra ocasión: si son publicados – también con las
salvedades que se harán en su oportunidad- por el contrario, cobrará aplicación el
“principio inquisitivo”, como indistintamente, se lo denomina, porque se estima
(acertadamente) que, por encima del interés de las partes está el interés general, que es
superior al primero. Es en virtud de este principio que ciertos procesos pueden comenzarse
y seguirse de oficio; las peticiones de las partes en ellos no ligan al tribunal, el cual puede
extender su fallo a puntos no sometidos a su decisión por aquéllas: así, en tales procesos, el
juez puede llamar al proceso y obligarles con su juicio de autoridad, a personas ajenas al
proceso y que él estimare comprometidas, etc.
Couture identifica los principios de presentación por las partes y dispositivo (tampoco
distingue entre los principios inquisitivos y de oficialidad), o, más certeramente apuntado,
incluye el principio d presentación por las partes en el principio dispositivo. Millar, en
cambio, piensa que se trata de dos principios diferentes, aunque en un sentido, estima que el
principio dispositivo incluye el de presentación por las partes, en cuanto el primero no
existiría sin el segundo, ya que éste “atribuye a las partes potestad para ejecutar o no un
acto procesal” y aquél “las faculta para ejercer, en el procedimiento judicial, el poder que
(el principio dispositivo) les ha conferido”

Párrafo 4°
Impulso del Proceso por las partes e Impulso Judicial
Examen de estos principios:
Junto a los principios anteriormente mencionados y sintéticamente expuestos, muy
relacionados con ellos, surgen los principios que se refieren al impulso del proceso. “La
activación de la causa es la actividad que la mueve adelante de fase en fase, y que puede
asignarse a las partes o al tribunal. De acuerdo con ello, distinguimos entre el impulso por
las partes y el judicial”. No se trata del problema del contenido del proceso, sino de saber a
quién corresponde la facultad de activar su marcha: si al juez o a las partes.
Repetimos que estos principios están muy relacionados con los anteriores, exigiendo
la buena marcha del proceso que a los principios dispositivos y de presentación por las
partes corresponda el de “impulso de parte” y que, si priman los principios de oficialidad o
inquisitivo, se respete también el del impulso judicial.
En virtud del principio del impulso de parte, los tribunales no entran en acción sino
cuando las partes se lo solicitan y, como lógica consecuencia, la inactividad de aquellas
acarrea la del órgano jurisdiccional (tribunal). No se ve cómo podría operar y ser eficaz
este principio si, al mismo tiempo, las partes no tuvieren la libre disponibilidad de sus
derechos. Por la inversa, en el impulso judicial la activación del proceso corresponde a los
tribunales.
No creemos, no obstante, que puedan identificarse los principios de presentación
por las partes y dispositivo, por un lado, con el de impulso por las partes, por otro; es
efectivo que ambos principios van acompañados; pero ello no obliga a identificarlos y,
precisamente, la labor del cientista consiste en descubrir, en los casos que la realidad viva
del proceso le ofrezca, sus diversos componentes, analizarlos por separado, encontrar los
elementos comunes y sus diferencias específicas. En el caso concreto de que tratamos, la
realidad, la experiencia, nos demuestra que estos principios marchan siempre juntos; pero el
análisis científico nos obliga a distinguirlos claramente: el principio dispositivo establece
que la facultad de ejecución de ciertos actos procesales corresponde exclusivamente a las
partes; el de presentación por las partes, tiende a dar eficacia al anterior, otorgando a los
litigantes (partes) la facultad práctica de ejercer en el proceso esa facultad teórica, que el
principio anterior les concede. El principio del impulso procesal, consecuencia de los
anteriores, dispone que el movimiento (andamiento) del proceso es tarea (carga) que
incumbe a las partes.
Párrafo 5°
Principios de orden consecutivo legal, de preclusión y de eventualidad
Concepto y examen sintético de estos principios:

Como lo exige la naturaleza y el objeto de esta obra (exposición de algunas de las muchas
nociones elementales del Derecho Procesal, para el estudio de quienes se inician en estas
disciplinas, como ocurre con los estudiantes de un segundo curso del ramo), nos
limitaremos a hacer un somero estudio de los principios enunciados, siguiendo el orden del
presente número:
A) PRINCIPIOS DE ORDEN CONSE CUTIVO LEGAL Y DE ORDEN
CONSECUTIVO DISCRECIONAL.- El procedimiento, en que el proceso se desenvuelve
(debate dialéctico) se articula en fases, en cada una de las cuales corresponde desarrollar
determinadas y precisas actividades procesales (así, verbi gratia, en nuestro procedimiento
ordinario de mayor cuantía -llamado “Del juicio ordinario” por el Libro 11 del Código de
Procedimiento Civil, confundiendo juicio o proceso con procedimiento- se distinguen,
según algunos, cuatro etapas o fases, a saber: a) discusión; b) prueba; c) discusión sobre la
prueba; y d) sentencia, etapas que, para nosotros, son solamente tres: 1° etapa, o fase de
DISCUSION; 2° etapa o fase de PRUEBA; y, 3° etapa o fase CONCLUSIVA, compuesta
esta última, a nuestro modo de ver y según resulta del propio texto legal (Código de
Procedimiento Civil.) tres sub etapas o subfases: a) discusión sobre la prueba; b) citación
para sentencia; y, c) sentencia. Cada fase, dicho se está y probado respecto de la tercera de
nuestra clasificación, puede -a su turno- subdividirse en subfases o sub etapas, como quiera
o prefiera llamárselas.
Según que las diversas fases o subfases del proceso estén establecidas por la ley (como
ocurre, por Ej., con el juicio ordinario de mayor cuantía civil, Código de Procedimiento
Civil., Artículos 253 a 433) o que su orden o secuencia se deje entregado al juez, el
principio formativo será el del “ORDEN CONSECUTIVO LEGAL” o el del “ORDEN
CONSECUTIVO DISCRECIONAL”, respectivamente.
En nuestro país prevalece el “principio de orden consecutivo legal”. No obstante, hemos de
recordar que existen ciertas excepciones, como ocurre, por ejemplo, con las medidas para
mejor resolver (Código de Procedimiento Civil, Artículo 159), que quedan entregadas en su
procedencia y ordenamiento procedimental al criterio libre del juez (examínese,
especialmente, el inciso 3° del precepto citado). Hay quienes piensan que “es cierto que es
la ley la que autoriza estas medidas; pero la consideración de su necesidad queda entregada
al juez”, abriéndose así la posibilidad de una nueva fase (probatoria esencialmente), que no
corresponde al orden consecutivo establecido para el juicio ordinario en todo caso (1). 3
B) PRINCIPIO DE PRECLUSION: La división del procedimiento en diversas etapas
tiende a ordenar las distintas actividades que deben realizarse en el curso del juicio o
proceso: así, siempre que se trate del juicio ordinario, en nuestro país, a la fase de
discusión, sigue la de prueba y a ésta la conclusivo, comprendiendo esta última las tres
subfases antes indicadas por nosotros. La primera de esas fases (DISCUSION) tiene por
objeto oír a las partes, para precisar el “thema decidendum” o “cuestión controvertida”,
para cuyo objeto existen los trámites de demanda, contestación, réplica y dúplica; la
segunda (PRUEBA), está destinada a ofrecer y desahogar (producir) las pruebas; la tercera
3 Dejarnos establecido que el profesor Francisco Hoyos no participa de tal opinión y piensa que el art. 159 del C.P.C. hace
excepción a otro principio formativo del proceso civil: al ‘dispositivo , para dar entrada, por excepción, al ‘inquisitorio’,
justamente con el principio de ‘impulso oficial’, que se combinan en tales medidas.

(CONCLUSIVA), a su vez, tiene un triple objetivo, como ya vimos: 1) discutir las pruebas;
2) citar para sentencia; y, 3) dictar sentencia.
Se ve claro, entonces, que el orden del debate exige que -una vez concluida una etapa o fase
del proceso- se continúe con la siguiente, en el orden dispuesto por el legislador, no
pudiéndose ya volver a atrás, porque el proceso se eternizaría, atentándose así contra el
“principio de economía procesal”. En ello consiste, fundamentalmente, el principio
llamado de (“PRECLUSIÓN”), sin el cual es inconcebible la idea misma de proceso, no
obstante lo cual y a pesar de la antigüedad remota de la institución, solamente en los
últimos tiempos se ha escrito una monografía sobre la materia, obra de un egresado y tesis
para optar al grado de Licenciado en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la
Universidad de Chile, porque ha debido saberse ya que con esta institución (la preclusión)
ha ocurrido en Chile lo mismo que, años ha, pasó en el Derecho Civil, con la
“inoponibilidad” (tratada por Bastien en Francia y por D. Alberto Baltra Cortés, en su
magnífica tesis de licenciado), institución esta última que aparece expresamente reconocida
por nuestro Código de Procedimiento Civil (véase Artículo 234, inciso. 2º). Preclusión
viene de las voces latinas “pre” (antes) y “claudo” (cerrar): es preciso llevar a cabo los
actos procesales antes de que se cierre la etapa respectiva (tratándose de la ‘Preclusión por
fases’) o en la debida oportunidad procesal (tratándose de actos aislados de procedimiento);
todo ello, sin perjuicio de la existencia de las llamadas “PRECLUSIONES ELASTICAS”
(como la establecida por el Artículo 255 del Código de Procedimiento Civil, que permite
acompañar los documentos fúndanles fuera de plazo, en tres casos excepcionales que
contempla y que importan la reapertura de un estadio procesal clausurado -precluido- en
atención a circunstancias relacionadas con la justicia del fallo).
De lo que llevamos dicho se colige, también claramente, que la PRECLUSION sólo
funciona en los procesos sujetos a procedimientos sometidos al “PRINCIPIO DE ORDEN
CONSECUTIVO LEGAL” “En efecto, no vemos cómo podría operar la preclusión (que es
la “extinción de una facultad procesal, por habérsela ejercido ya una vez útilmente, en su
debida oportunidad procesal; por no habérsela ejercido dentro de un plazo fatal; por haberse
efectuado por la parte una actividad procesal contraria a la preclusión, o, finalmente
(“somma preclusione”, en el idioma de Giuseppe Chiovenda), por haberse extinguido el
proceso” (especialmente por el paso en autoridad de cosa juzgada de la sentencia final) si
las diversas etapas del proceso quedan entregadas en su secuencia al orden que las partes o
el juez puedan libremente escogitar, según la mejor solución para cada caso. En todo caso,
sólo podría operar el “principio de preclusión”, tratándose procesos de “orden consecutivo
discrecional”, en escala muy reducida (piénsese, para Chile, por ejemplo, en el ‘ juicio
seguido ante árbitros arbitradores o amigables componedores, cuando ellos deban ajustarse
a las normas mínimas de procedimiento señaladas por la ley, en el caso de silencio de las
partes sobre la materia Código de Procedimiento Civil., Artículo. 636, inciso 2° que
establece que, “si las partes nada han dicho a este respecto, se observarán las reglas
establecidas en los artículos que siguen”).
Se ha criticado a los procesalistas (las críticas vienen del sector procedimentalista y de los
prácticos del Derecho Procesal) que la denominación “PRINCIPIO DE PRECLUSION”
sólo estaría destinada única mente a confundir las cosas, que ella designaría, lisa y
llanamente, “una vieja idea con un nombre nuevo”, que ya existiría un término muchísimo

más exacto para denominar las situaciones de preclusión: la prescripción. Más la verdad es
muy otra: el término PRECLUSION era ya conocido del Derecho Romano, tanto como del
Derecho Germánico.
La verdad es muy otra: no solamente la preclusión, contrariamente a lo afirmado por
los prácticos y por los procedimentalistas, es un término muy antiguo, tan antiguo como
Roma y Germanía, sino que, lo que es más grave para esas gratuitas afirmaciones,
constituye un grave error jurídico (una confusión lamentable de instituciones) el sostener
que PRECLUSION sea lo mismo que PRESCRIPCION. En realidad, la preclusión se
aproxima más a la caducidad, en la que tampoco cabe confundirla; pero jamás podría
argüirse seriamente que se trata de una simple prescripción. La preclusión no es una
prescripción; admitimos, sí, que se semeja a la caducidad, sin constituir un caso de ella.
Para dejar claramente sentado lo dicho -a pesar de que la naturaleza de estas páginas,
destinadas a estudiantes que hacen sus primeras armas en el estudio del Derecho Procesal
científico, impide la exposición completa del tema- se hace indispensable examinar, acto
continuo, por razón de oportunidad, el “principio de preclusión” en su exacta dimensión y
trascendental valor técnico y científico.
Nosotros hemos esbozado ya un concepto, que corresponde al particular modo de
concebirla que tenemos; pero bueno será citar -ahora- al inolvidable Couture, para quien “la
preclusión se define generalmente como la pérdida, extinción o consumación de una
facultad procesal”. Como estiman otros, “una facultad puede precluir por tres razones
diferentes, lo que da origen a tres hipótesis en que funcionaría el principio, dando origen a
tres formas distintas de preclusión (nosotros hemos señalado cuatro, siguiendo a
Chiovenda, quien incluye la “cosa juzgada” como la “summa preclutio”, o, más
exactamente, a tres situaciones en las cuales se produciría y que, pasamos a examinar:
“1° situación.- “La preclusión se produce por haber vencido el plazo dentro del cual (plazo
fatal) debió ejercerse una facultad, sin haberlo hecho”. Así, si las excepciones dilatorias se
oponen fuera del término de emplazamiento (fatal para estos efectos), precluye la facultad
de hacerlas valer después. La réplica y la dúplica tampoco pueden hacerse valer después de
transcurridos los respectivos seis días para ejercitar tales facultades (las de replicar y
duplicar, siempre que se hubiere acusa do la respectiva rebeldía por la contraparte y ésta
hubiere sido decretada por el juez, ordenando el trámite siguiente. De la misma manera, si
de la resolución (sentencia interlocutoria) que recibe a prueba la causa no se pide reposición
dentro de tercero día siguiente a la última notificación por cédula de ella, ya no podrá
hacerse posteriormente.
“Sin embargo, se hace necesario hacer aquí dos observaciones: la primera es que, cuando
los plazos que la ley concede para ejercer una facultad no son fatales, para que se entienda
precluida la facultad que en ellos debió ejercerse es necesario, además del simple transcurso
del tiempo (plazo) de cierta actividad de la contraparte: la acusación de rebeldía; la
segunda, que no sólo precluyan las diversas actividades o facultades, sino también las
diversas etapas de un proceso (por esto se dice que la “cosa juzgada es la máxima
preclusión”). Así, los hechos de la causa deben quedar fijados en el período de discusión,
en los diversos escritos que puedan presentarse, según el juicio, en tal período de la causa”.

“2° situación.- “Aquí una facultad precluye, por haberse realizado una actividad
incompatible con el ejercicio de ella. Así, siguiendo con el ejemplo anterior, si, pendiente
el término de emplazamiento, el demandado contesta derechamente la demanda, ya no
podrá oponer excepciones dilatorias”.
‘3° situación.- “En este caso, la facultad precluye por haberse ejercido ya una vez
válidamente (consumación propia mente dicha). De este modo, si el demandado ha
contestado ya la demanda, no podrá volver a hacerlo: ya ha ejercido por una vez
eficazmente su facultad, la que queda, por consiguiente, precluida”.
C) PRINCIPIO DE EVENTUALIDAD 4 .- “En virtud de este principio la ley
exige que determinadas actividades se realicen simultáneamente, aunque sean
incompatibles (véase Código de Procedimiento Civil, Artículo. 17, inc. 2). Por ejemplo, las
excepciones dilatorias deben interponerse todas en un mismo escrito”.
En realidad, en el fondo, esta no es sino una forma especial de preclusión, porque, si
el atacado opone una sola excepción dilatoria, no puede ya presentar un nuevo escrito,
haciendo valer otras excepciones del mismo carácter, contempladas en el catálogo del
Artículo 303 del Código de Procedimiento Civil, como resulta del mandato contenido en el
Artículo 305. En lo esencial, cuando tal cosa sucede ha precluido una facultad, porque se
ha ejercitado otra incompatible, sin perjuicio de lo dispuesto en los siguientes incisos del
mismo artículo, que permiten hacer valer esas excepciones. dilatorias, no opuestas dentro
del término de emplazamiento, como “ALEGACIONES” o “DEFENSAS”, en el curso de
la litis, y sin perjuicio, además, de que las excepciones dilatorias de incompetencia del
tribunal o de litispendencia, puedan alegarse como tales en segunda instancia, lo que da a
tal preclusión, respecto de esas dos excepciones, el carácter de una “PRECLUSION
ELASTICA”, a la que ya antes nos habíamos referido.
Ahora bien, al proponerse conjuntamente unas alegaciones, tomada esta última
palabra en sentido amplio, incompatibles entre sí (como ser, pedir el cumplimiento de un
contrato y, en subsidio, su resolución, en conformidad a los Artículos 1489 del Código
Civil y 17 del Código de Procedimiento Civil), debe serio para que se acojan una o varias
“EN SUBSIDIO’ de las rechazadas, para el “EVENTO” de que ellas no sean acogidas en el
orden en que aparecen planteadas, u opuestas, dicho con más exactitud de lenguaje.
Párrafo 6°
Prueba formal y prueba racional
7.- En qué consisten y cómo juegan estos principios.
4 Wyness Millar, Robert, op.cit., p.96, lo llama “principio de acumulación eventual”.

El “principio de la prueba formal o legal” y su opuesto (“principio de la prueba racional o
moral”, llamado también, por algunos autores, como de la “prueba libre” o de “la libre
convicción”), regulan el valor de la prueba y, de conformidad con el primero de ellos, la
valoración de los diversos medios probatorios está expresamente hecha en la misma ley; de
acuerdo con el segundo, en cambio, el tribunal valora libremente las pruebas producidas en
el proceso, DE ACUERDO A LO QUE LE INDIQUE SU CONCIENCIA. Formulando de
otro modo estos mismos principios, podríamos decir que, según el sistema de la prueba
legal, el juez debe fallar conforme al mérito del proceso (Código de Procedimiento Civil,
Artículo 160), dando a cada medio de prueba el valor o eficacia que la propia ley -mediante
tasación- le haya atribuido; en cambio, conforme al “principio de la prueba racional o libre,
puede apartarse del mérito del proceso, para fallar según lo que le indique su conciencia, su
convencimiento. ‘En resumen, el uno (prueba legal) se orienta hacia la convicción objetiva
del juez y el otro (el racional o de libre convicción) hacia la subjetiva”
El problema de la valoración de las pruebas consiste en determinar qué eficacia tienen los
medios de prueba. Los principios en examen resuelven la cuestión de saber en
conformidad a qué normas el juez ha de establecer tal eficacia; si con arreglo a normas
preestablecidas por la ley o según lo que le indique su conciencia, pudiendo, por
consiguiente, desestimar la prueba rendida, si el a aparece en contradicción con su
convicción subjetiva, sin que ello suponga que pueda descartar arbitrariamente el mérito de
la prueba.
En los países latinoamericanos se ha ido abriendo camino 5 una solución que pretende
recoger las críticas durísimas que se han endilgado por los autores, especialmente europeos
y angloamericanos, a los principios recién analizados (la excesiva rigidez del principio de la
prueba legal y la incertidumbre del principio de la prueba racional). Se ha ido
configurando, así, un principio que se sitúa en una posición intermedia entre los otros dos:
EL “PRINCIPIO DE LA SANA CRITICA”.
De acuerdo con este nuevo principio, el juez debe apreciar el valor de los medios
probatorios en conformidad a “las reglas de la sana crítica”.
“Las reglas de la sana crítica son, ante todo, las reglas del correcto entendimiento humano.
Unas y otras contribuyen de igual modo a que el magistrado, haciendo ínter venir las reglas
de la lógica con las de la experiencia, pueda analizar las pruebas con arreglo a la razón y a
un conocimiento experimental de las cosas” .
De esta manera se evita la incertidumbre que introduce el sistema de la prueba racional, ya
que el juez puede en ésta fallar motivado por circunstancias efectivas, sentimentales o de
otro orden (extrajurídico), lo cual, derivaría, además, en la dictación de fallos injustos, con
todas las consecuencias, del más variado orden, que de ello derivan; incertidumbre e
injusticia son desterradas por la prueba valorada según las “reglas de la sana crítica”. Por
otra parte, desaparece, también, la rigidez, sin que ello signifique, por lo demás, una
libertad absoluta: EL JUEZ DEBE FALLAR, en este sistema, DE ACUERDO CON LAS
5 Medítese en el caso del art. 456 del C.P.P. chileno

REGLAS INVARIABLES DE LA LOGICA Y EN CONFORMIDAD A LAS SIEMPRE
VARIABLES MAXIMAS DE LA EXPERIENCIA: consíguese así liberar al juez de la
esclavitud intelectual a que le arroja el principio de la prueba legal y también de la
tentación de caer en el libertinaje, a que amenaza fatalmente llevarle el principio de la
prueba racional.
En nuestro país no podríamos afirmar que rija uno u otro de los principios analizados. En
realidad, rigen todos ellos. En algunos la ley determina precisamente el valor de los medios
probatorios, como en el caso de la prueba testifical, en que el Art. 384 del Código de
Procedimiento Civil establece una serie de reglas para que el juez se someta a ellas en la
apreciación de su eficacia probatoria; en otros, por el contrario, se deja amplia facultad al
sentenciador para tal objeto- así resulta del Artículo 422 del Código de Procedimiento Civil,
de conformidad con el cual, “si no resulta acuerdo del nuevo perito con los anteriores, el
tribunal apreciará libremente las opiniones de todos ellos, tomando en cuenta los demás
antecedentes del juicio”. Finalmente, en otras oportunidades, el valor probatorio de los
medios empleados se rige por las reglas de la sana crítica, como lo demuestra el propio
Artículo 425 del mismo cuerpo de leyes: “Los tribunales apreciarán la fuerza probatoria del
dictamen de los peritos, en conformidad a las reglas de la sana crítica”.
Párrafo 7°
Oralidad y escritura
8.- Estudio resumido de estos principios.
Los actos procesales (sean del juez, de las partes o de terceros) pueden realizarse de palabra
o por escrito. De acuerdo con esto, se distinguen los principios de “oralidad” y de
“escritura”, respectivamente. En el primer caso, el medio de comunicación entre las
diversas personas que actúan en el proceso será la expresión oral (la palabra); en el
segundo, la escrita (palabra escrita).
Lo normal es que ambos principios se presenten conjuntamente, más con preeminencia de
uno sobre el otro. Es lo que sucede en el sistema procesal chileno, en el cual la regla
general la constituye el procedimiento escrito; por excepción, son orales: la absolución de
posiciones; en segunda instancia y ante la Excma. Corte Suprema las defensas son
orales (alegatos). Así sucede también en los juicios de mínima cuantía, en el sumario, etc.
Por regla general, la prueba testifical es oral, sin perjuicios de los casos de ciertas personas
que pueden presentar informes por escrito, para hacer sus deposiciones en el proceso en tal
calidad (como testigos) (Artículo 361, incisos. 1° y 2°, del Código de Procedimiento

Civil.). Los peritos evacuan sus informes por escrito; los actos del tribunal, en fin, deben
ser también escritos.
Ahora bien, junto al “principio de oralidad” ha debido aparecer una exigencia que ha dado
origen a un tercer principio, de tipo intermedio entre los dos que venimos viendo: EL DE
ESCRITURACION, DOCUMENTACION O “PROTOCOLIZACION”, como también se
lo ha llamado, en virtud del cual de los actos orales debe dejarse constancia en actas
(memoranda) que den constancia de ellos. 6
Párrafo 8°
Inmediación y mediación
9.- Enunciación y examen.
Directamente relacionados con los principios estudiados en los párrafos precedentes, surgen
estos otros dos, materia de este número.
“El primero (el de “inmediación”) caracteriza un procedimiento en el cual el tribunal actúa
en contacto directo con las partes y los testigos, mientras que el otro rige en juicios en que
este contacto tiene lugar a través de un agente intermediario”.
Es a tal extremo estrecha la relación anotada por el autor citado, que otros equiparan los
principios de inmediación y oralidad, por una parte, y los de escritura e inmediación, por la
otra. Aunque es efectivo que, normalmente, en la práctica, se verifica tal unión, no es
menos cierto que en doctrina- tal asimilación es insostenible. El contenido y el objeto de
ambos grupos de principios son enteramente diferentes: los de oralidad y escritura, como
sus respectivos nombres ya lo dejan notar, se refieren a la forma oral o escrita de
comunicación entre las partes y los terceros, y entre éstos y el juez, por otra parte; los de
inmediación y mediación, en cambio, se refieren a la comunicación directa o indirecta de
dichas personas: SE TRATA DE DOS ENFOQUES DISTINTOS, DE LA
CONSIDERACION DEL ASUNTO DESDE DIVERSOS PUNTOS DE VISTA, DE DOS
CRITERIOS DE DISTINCION DIVERSOS. Y cabe tener muy presente, aquí, que se trata
de agregar, a la ya apuntada diferenciación en el campo conceptual o teórico, una
divergencia de orden práctico: así, por ejemplo, junto al principio de oralidad se encuentra
el de mediación, en el caso de los relatores, en segunda instancia.
Párrafo 9°
Publicidad y secreto
6 Nos remitimos a lo que diremos a propósito del estudio de los actos del tribunal, que hemos llamado “actos de
documentación”

10.- Síntesis.
Según que la tramitación del proceso pueda o no ser conocida, se dice que el
procedimiento está inspirado en los principios de publicidad o secreto, respectivamente.
En nuestro país, rige ampliamente -con contadísimas derogaciones- el principio de
publicidad, por imperio del Artículo 9° del Código Orgánico de Tribunales, de conformidad
con el cual “los actos de los tribunales son públicos, salvo las excepciones expresamente
establecidas por la ley”.
Párrafo 10°
Principio de economía procesal
11. - Enunciación y examen.
“El proceso, que es un medio, no puede exigir un dispendio superior al valor de los
bienes que son materia del debate (contienda o disputa), que son el fin. Una necesaria
proporción debe presidir la economía del proceso”.
En razón de este principio, en los procesos en que el interés litigioso tuviere escaso
valor pecuniario, las formas (el procedimiento) se reducen al mínimo, para que su costo se
vea igualmente disminuido: así ocurre, verbi gracia, en los juicios de mínima cuantía y en
el juicio sumario. Esta reducción se traduce, generalmente, en la supresión de escritos, en
la adopción de la forma oral, el tratamiento que les acuerda la Ley de Timbres, Estampillas
y Papel Sellado, la concentración del procedimiento, la limitación de las pruebas más
costosas (peritos, etc.), reducción de plazos, reducción de los medios de gravamen (vía
impugnativa, por acciones o recursos), etc.
En general y resumiendo el concepto, podemos decir, por nuestra parte, que el principio de
economía procesal resulta de un ordenamiento procedimental que tienda a evitar todo
dispendio inútil, desde el doble punto de vista del trabajo jurisdiccional y de los medios a
través de los cuales las partes obtienen del tribunal, que es órgano del mismo, una
administración rápida, eficaz y expedita de justicia, para cuyos fines se han instituido
ciertos procedimientos especiales, consecuentes con el principio en examen y que se
traducen, por último, no sólo en economía de costos judiciales, sino de actividad
jurisdiccional y de las partes y terceros actuantes en el proceso. En efecto, un examen de
los procedimientos especiales revela de inmediato que su establecimiento obedece a
consideraciones de política procesal, impuesta ora por el principio de economía, ora por la
naturaleza de la acción deducida, que está determinada, a su vez, por la esencia misma de la
cuestión litigioso.
Es también una aplicación de este principio de economía procesal la aproximación de los
actos constitutivos del proceso (conjunto de actos procesales, unidos por el nexo que
impone la teleología del instituto) en el tiempo en que ellos se desarrollan (ya sea acortando
los plazos o exigiendo la realización simultánea de los actos, etc., como hemos visto más

arriba); pero esta exigencia, de buena y sana política procesal, que ningún legislador
debiera jamás perder de vista, es tan importante y de tanta aplicación práctica, que ha dado
origen a un nuevo principio formativo del proceso, autónomo e independiente del mismo,
conocido con el nombre de “PRINCIPIO DE CONCENTRACIÓN” (concentración de las
diversas fases o etapas que, como hemos ya visto, todo proceso supone en su desarrollo
temporal).
Párrafo 10°
Principio de Probidad
12.- Su estudio.
Dice Couture que “el proceso antiguo, con acentuada tonalidad religiosa, tenía
también acentuada tonalidad moral. El proceso moderno fue abandonando estos caracteres.
No ya porque considerara innecesaria la vigencia de principios éticos en el debate forense,
sino porque los consideraba implícitos”; pero el hecho de que ya no se exigiera
expresamente la actuación proba en el proceso hizo que, muchas veces, más de las que
fueren convenientes de suponer o de desear, se olvidara tan sana norma. Actualmente, no
obstante, justo es reconocerlo, se está operando una fuerte y saludable reacción, que se ha
traducido en numerosos proyectos de códigos y, aun en leyes, felizmente ya vigentes en
diversos Estados, que sancionan la mala fe en el proceso. 7
Es necesario que se recuerde aquí cuanto dijésemos a propósito del estudio crítico del
proceso, según la teoría de la situación jurídica (James Goidschmidt). Si bien el principio
de probidad es de orden moral, por haber sido acogido por las leyes ha pasado a tener un
carácter jurídico (que su consagración no sea expresa; pero sí el que se encuentre insito en
numerosos textos -verbi gratia- el citado Artículo 280 de nuestro Código de Procedimiento
Civil no quita ni pone rey). Citábamos, en aquella oportunidad, algunos casos de
aplicación legal de este principio. Ahora agregaremos otros: así, la forma de la demanda
(en cuanto debe necesariamente ir dividida en partes, para que sea clara: “suma”, “cuerpo”,
“otro síes”); la excepción dilatoria de ineptitud del libelo - Artículo 303, N° 4”, del Código
de Procedimiento Civil.-; la exigencia de presentar todas las excepciones de ese tipo en un
mismo escrito (Artículo 305 del mismo Código); la convalidación de los errores de
procedimiento, etc., nos están demostrando que, sin dudas, el principio existe en nuestra
legislación y, de conformidad con las normas de hermenéutica legal (Código Civil.,
Artículos 19 a 24), puede y debe ser aplicado no solamente a los casos en que aparezca
formulado en términos explícitos y formales, sino cuando el pueda deducirse del contexto
legal.
7 Véase C.P.C., art. 280.