22 heridos en accidente 22 heridos en accidente - Diario El Mundo

ANÁLISIS INTERNACIONAL
Garzón
LOS OBSERVADORES y buena parte de la prensa internacional no
entiende que al juez Baltasar Garzón no se le está juzgando por su
defensa de las víctimas, sino por saltarse las leyes a la torera.
El juez Baltasar Garzón
soñaba con
llevar la guerra civil
española (1936-
39) a los tribunales
para culminar una carrera
exitosa. Lo ha logrado finalmente,
pero con un guión
que ya no es el suyo. En lugar
de triunfar como instructor
del caso, el magistrado de la Audiencia
Nacional está sentado en el
banquillo de los acusados ante el Tribunal
Supremo. Está imputado por
un delito de prevaricación, que habría
cometido por excederse en sus
competencias. Y para defenderse,
ha tenido que echar mano de las víctimas
de la dictadura franquista.
Varios familiares de las víctimas del
bando republicano han contado esta
semana –otros lo harán más adelante–
sus tragedias personales, la
represión, las ejecuciones sumarias,
los entierros clandestinos y el largo
silencio impuesto por el franquismo
hasta la muerte del dictador en
1975. El Tribunal Supremo ha escuchado
con mucho respeto el testimonio
emotivo de María Martín, de
81 años, que relató cómo mataron a
su madre el 21 de septiembre de
1936. Siempre supo dónde estaba
sepultada –“pegada al puente, en un
ensanche donde luego han echado
tres metros de tierra por encima”–
pero ninguna autoridad quiso ayudarle
a exhumar el cuerpo. Hasta que,
en octubre del 2008, el juez Garzón
anunció su intención de investigar
las desapariciones registradas durante
la guerra civil y ordenó la apertura
de varias fosas comunes.
Y se armó la de Troya. El magistrado
de la Audiencia Nacional (tribunal
especializado en terrorismo y crimen
organizado), que cobró fama
cuando ordenó la detención del ex
dictador chileno Augusto Pinochet
en Londres en 1998, no podía ignorar
que existían otros mecanismos
legales para las exhumaciones. La
Ley de Memoria Histórica, promulgada
a finales de 2007 por el Gobierno
socialista de José Luis Rodríguez
Zapatero, establecía que las
Comunidades Autónomas eran las
autoridades competentes para exhumar
los restos de las víctimas de
la guerra civil. “Un mapa, en constante
actualización, contiene hasta
la fecha más de dos mil fosas existentes
en el territorio español y sobre
las personas allí enterradas”, según
la página web dedicada a la me-
moria histórica.
La mejor prueba
de que la actuación
de Garzón era
innecesaria, además
de ilegal, es
que las exhumaciones
se estaban
haciendo en todos
los rincones de España,
incluso desde mucho antes de
que se aprobara la ley. Esta semana,
mientras se desarrollaba el juicio
contra Garzón, varios técnicos desenterraban
en un pueblo de Sevilla
cinco cuerpos de un grupo de 17 mujeres
fusiladas por falangistas y guardias
civiles. “Quizás no se está haciendo
con la celeridad que desean
algunos, pero se han abierto bastantes
fosas y, si no se ha hecho más,
es por falta de medios materiales o
por inercia”, comentaba esta semana
un magistrado de la Audiencia
Nacional.
Los españoles están divididos sobre
la actuación de Garzón. Tiene sus
admiradores incondicionales y también
muchos enemigos, que le reprochan
su afán de protagonismo.
Se le reconoce en general su papel
en la lucha contra los terroristas vascos
de ETA. Pero muchos otros magistrados
de la Audiencia Nacional
han hecho tanto como él, si no más.
Garzón, sin embargo, nunca ha sido
considerado como un buen juez instructor
y ha cometido errores que
Bertrand
de la Grange
Periodista francés
han obligado a excarcelar a varios
narcotraficantes.
En cambio, fuera de España, Garzón
es un héroe y, ahora, un mártir.
Organizaciones de derechos humanos
y asociaciones de juristas
han enviado a Madrid “observadores”
para asistir al juicio. Las declaraciones
de uno de ellos, el representante
de Human Rights Watch,
Reed Brody, reflejan la perplejidad
de esos sectores: “La pregunta es si
las víctimas del franquismo tienen
menos derechos que las víctimas de
Pinochet. Para nosotros es sumamente
paradójico que en un país de
la Unión Europea esté siendo juzgado
un juez por defender los derechos
humanos”.
Lo que no entienden esos observadores
y buena parte de la prensa internacional
es que a Garzón no se le
está juzgando por su defensa de las
víctimas, sino por saltarse las leyes a
la torera. Por este mismo motivo tiene
otros dos procesos abiertos, uno
por ordenar escuchas telefónicas ilegales
y otro por haber solicitado financiamiento
a varias empresas que
tenían casos pendientes ante la Audiencia
Nacional. Quizás, los siete
magistrados del Tribunal Supremo
cederán a la tentación de condenar
a Garzón en estos dos últimos casos
y absolverle en el juicio de las víctimas
del franquismo. Se ahorrarían
así una avalancha de improperios,
sin perder la compostura.
OPINIÓN
SEGURIDAD
La calidad de la
formación policial
en la ANSP
La formación policial integral, amplia y rigurosa que reciben los
estudiantes de la ANSP para la categoría de agentes, es una de
las mejores que se imparten en las escuelas y academias de policías
de la región latinoamericana. Lo puedo afirmar con propiedad
porque en el último año me correspondió coordinar la Subcomisión
de Directores de Academias de Policía de México, Centroamérica
y el Caribe.
Para no ir tan lejos, si comparamos con la formación que reciben los
policía del nivel básico en Guatemala, Honduras y Costa Rica, que no
pasa de seis meses, los y las policías de El Salvador sin duda alguna reciben
una mayor y mejor formación que los prepara para convertirlos
en agentes efectivos, íntegros, integrales e identificados con las necesidades
de seguridad de la población a la que deben servir hasta el máximo
de sus sacrificios; es decir, se les forma para cumplir con la misión
esencial de la PNC como es la de: “Proteger y garantizar el libre ejercicio
de los derechos y las libertades de las personas,
prevenir y combatir toda clase de delitos
(…) con estricto apego a los derechos humanos”,
como reza el Art. 1, inciso segundo de la Ley Orgánica
de la PNC, y tal como fue concebido en
los Acuerdo de Paz.
Jaime Martínez
Ventura
Abogado
y Director ANSP
EL MUNDO
SÁBADO 11/02/2012
Cada promoción de la ANSP, es una nueva agrupación
de jóvenes, mujeres y hombres, valientes,
orgullosas y orgullosas de haber escogido la
profesión de policía, ampliamente esforzados,
disciplinados, abnegados con sus familias, que
deben demostrar su vocación de servicio a la co-
munidad, capacidad para las relaciones humanas y madurez emocional,
tal como lo exige el numeral 1, del artículo 20 de la Ley de la Carrera
Policial. Razón por la cual, para ingresar a la ANSP los y las aspirantes
deben superar seis pruebas rigurosas y excluyentes entre sí y permanecer
sin ser expulsados por cometer infracciones al Instructivo
Disciplinario.
Entre otros resultados cualitativos que la ANSP ha obtenido bajo la
presente administración, se destacan principalmente cuatro: primero,
el cierre de espacios al ingreso de personas vinculadas con estructuras
o agrupaciones delictivas, ya que las nuevas autoridades de la
ANSP, han tomado medidas que fortalecen los filtros para evitar el ingreso
de personas pertenecientes a agrupaciones ilícitas o que tengan
relación cercana, permanente o intermitente con individuos de dichas
estructuras.
En ese sentido, de las ocho promociones que, hasta diciembre de 2011,
se graduaron bajo la presente administración, después de las investigaciones
y el respectivo procedimiento disciplinario, fueron expulsados
de la ANSP por pertenencia o relación con estructuras u organizaciones
delictivas, un total de 14 alumnos y alumnas; más 27 expulsados
por cometer otras faltas disciplinarias: 23 por abandono o deserción,
y las otras cuatro por: i) Dar positivo en examen antidoping; ii)
Por Hurto de un teléfono celular al interior de una sede policial; iii) Por
atribución del delito de extorsión según orden administrativa de la Fiscalía;
y iv) Por atribución del delito de violación en menor o incapaz,
según orden administrativa de la Fiscalía. De igual manera, el Consejo
Académico denegó el reingreso de más de 20 exalumnos que fueron
expulsados en administraciones anteriores y que pretendían volver a
la ANSP.
Sin embargo, debe destacarse que en las dos primeras promociones
que han ingresado bajo la dirección de las nuevas autoridades de la
ANSP, se hizo justicia a un total de 28 alumnos (10 mujeres y 18 hombres)
que en anteriores administraciones fueron expulsados de manera
injusta, incluyendo cuatro casos de alumnas a las que se les fraguaron
expedientes disciplinarios o informes psicológicos desfavorables,
por no haber cedido a pretensiones amorosas o prácticas de acoso
sexual por parte de algunos policías en funciones de monitores educativos.
Dichos monitores fueron separados de la ANSP y se ordenó la
investigación disciplinaria policial respectiva.
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