1 SENTENCIA DEFINITIVA. En la ciudad de Pachuca de Soto ...

SENTENCIA DEFINITIVA. En la ciudad de Pachuca de Soto,
Estado de Hidalgo; a los 11 once días de enero del año 2013, dos mil
trece.
VISTO, para resolver en definitiva el juicio relativo al expediente
número 84/2012, en materia de Justicia para Adolescentes del Estado de
Hidalgo, instaurado a los adolescentes (*), por las conductas tipificadas
como delitos de ASALTO EQUIPARADO AGRAVADO y ROBO
cometidos en agravio de (*), con base en lo siguiente:
CONCLUSIONES.
R E S U L T A N D O:
1. DATOS PERSONALES DEL ADOLESCENTE (*)
DATOS PERSONALES DEL ADOLESCENTE (*)
2. RELACIÓN DE HECHOS, PRUEBAS, ALEGATOS Y
I.- Con fecha siete de Septiembre del año dos mil doce, se dio
inicio a la investigación 18/2305/2012, formada con motivo de la denuncia
presentada por (*), quien interpuso formal denuncia por hechos
constitutivos de delito ASALTO y ROBO DE VEHICULO, cometidos en
agravio (*); en contra de Quien o Quienes resulten responsables, Hechos
ocurridos en Acatlán, Hidalgo; por lo que se dio cuenta al Agente del
Ministerio Público Investigador del Primer Turno y Especializado en
Procuración de Justicia para Adolescentes del Distrito Judicial de
Tulancingo de Bravo, Hidalgo, por lo que se recabo la declaración
ministerial de (*), en esa misma fecha se tuvo el Parte Informativo y la
Puesta a Disposición de Vehículo y de Personas quienes dijeron llamarse
(*), rendidos por los (*) y suscrito por el Director de Seguridad Pública y
Transito Municipal (*), mismos que anexaran los Certificados de Integridad
Física realizados a (*), así también se agrego el inventario de la Unidad
Nissan (*). Con fecha ocho del mismo mes y año se tuvo la Inspección
Ministerial y Fe de Lugar de Investigación, en esa misma fecha se realizo
la Declaración de Ratificación del Parte Informativo a cargo de (*), de igual
forma se tuvo la Inspección Ministerial, Fe de Objetos; en esa misma
fecha re recabo la Declaración Indagatoria Previa Puesta a Disposición de
1

quienes dijeron llamarse (*), por lo que se les realizó un Certificado de
Integridad Física, Aptitud para Declarar y Edad Clínica, suscrito por el
Perito Medico (*), de igual forma se agrego la Cadena de Custodia, por lo
que se remitieron dichas actuaciones al Agente del Ministerio Público
Determinador VII, adscrita a la Coordinación de Investigación y
Recuperación de Vehículos Robados, especializada para Adolescentes,
de la Procuraduría General de Justicia en el Estado de Hidalgo; por lo que
en esa fecha se tuvo la Comparecencia y Declaración a cargo de (*), así
mismo se agrego el Dictamen Pericial en materia de Identificación
Vehicular, realizada por el (*), por lo que por razón de competencia se
remitieron dichas actuaciones al Ministerio Público Investigador y
Determinador de la Mesa Tres Especializada en Justicia para
Adolescentes del Distrito Judicial de Pachuca de Soto, Hidalgo, por lo que
en esa misma fecha recibió el Dictamen Pericial en materia de Balística
Forense, anexando veinte fotografías, suscrito por (*), de igual forma se
tuvo el Dictamen en materia de Criminalística de Campo, suscrito por el
perito (*), así también se remitió estudio fotográfico realizado por el C.P.F.
(*), también se agrego el Dictamen Pericial en materia de Avaluó realizado
por el (*), se agrego de igual forma el Dictamen pericial en la materia de
Identificación Vehicular, realizado por el C.P.I.V. (*). En esa misma fecha
se tuvo al Representante Social ejercitando acción penal a través de su
Escrito de Puesta a Disposición, en contra de los Adolescentes (*), como
probables responsables de la conducta tipificada como delito de Asalto
Equiparada Agravada, cometido en agravio de (*), así como del ilícito de
Robo de Vehículo, en agravio de (*), por lo que se remitieron dichas
constancias al Juez Especializado en Justicia para Adolescentes en turno
de la Ciudad de Pachuca de Soto, Hidalgo, por lo que se dejaron a
disposición de esta autoridad a los adolescentes (*), en el Centro de
Internamiento para Adolescentes de esta Ciudad.
II. Con fecha nueve de Septiembre del año dos mil doce, se
radicó con detenido en el Juzgado Segundo Especializado en Justicia
para Adolescentes del Estado de Hidalgo, con el expediente número
84/2012; por lo que de inmediato se llevo acabo la Audiencia de Sujeción
a Proceso, misma que fuera suspendida a petición de la Defensora
Pública de los adolescentes por un plazo de 72 horas para la aportación
de pruebas, por lo que a petición de la Agente del Ministerio Público se
les reitero la medida cautelar de Detención Preventiva, misma que
2

deberán cumplirse en el Centro de Internamiento para Adolescentes de
esta Ciudad. Con fecha once del mismo mes y año, se tuvo a los
adolescentes (*), así como sus padres (*), revocando a la defensor publico
y nombrando defensores particulares a los Licenciados (*), mismos que
aceptaran y protestaran el cargo el día once de septiembre del año dos
mil doce, y tomando en consideración que no se presento prueba alguna
para los adolescentes, con fecha doce del mismo mes y año se decreto
Auto de Sujeción a Proceso, a los adolescentes (*), como probables
responsables de las conductas tipificadas como delito de Asalto
Equiparado Agravado y Robo, la primera en agravio de (*) y el restante
de (*), reiterándoles la detención preventiva dentro del Centro de
Internamiento para Adolescentes, por lo que se fijaron a las partes 20
veinte días hábiles para que identificaran los elementos de convicción que
se proponían ofrecer en juicio, mismo que hiciera la Ministerio Público
adscrita a este juzgado en fecha doce de octubre del dos mil doce, en el
que exhibiera su es escrito de Atribución de Hechos y Ofrecimiento de
Pruebas; misma que se corriera traslado por cinco días a los adolescentes
(*), así como sus defensores particulares; por lo que transcurrido los cinco
días sin que los adolescentes (*) y su defensores particulares ofrecieran
los medios de prueba para desahogar en juicio perdiendo ese derecho.
Con fecha doce de noviembre de dicho año se tuvo al Director del Centro
de Internamiento para Adolescentes en el que remitieran los estudios
practicados a los adolescentes (*). Con fecha catorce de Noviembre del
mismo año se tiene a los adolescentes nombrando defensor particular (*),
revocando los anteriores, mismo que aceptara y protestara el cargo en
fecha dieciséis del mismo mes y año. Con fecha cuatro y diez de
diciembre del dos mil doce, se llevo acabo la audiencia de juicio de los
adolescentes (*), en las que fueron desahogados los medios de prueba
que se ofrecieron y que fue posible su desahogo, así como las partes
formularon sus correspondientes alegatos conclusivos. Con fecha doce de
Diciembre del año en curso, se llevo acabo la audiencia en la que se
comunicara la responsabilidad de los adolescentes (*), misma que
resultaran aptos y suficientes para sostener que se demostraron los
elementos de la conducta de Asalto Equiparado Agravado y Robo, el
primero en agravio de (*) y el segundo de esta conducta en agravio de
(*), por lo que se cito a las partes para que el día Viernes 11 once de
Enero del año 2013 dos mil trece; a las 12:00 doce horas, acudan a la
comunicación de la sentencia la cual se dicta en base a lo siguiente:
3

C O N S I D E R A N D O:
I. COMPETENCIA. Tomando en consideración que los hechos
que dieron origen al presente proceso se desarrollaron dentro del territorio
del Estado de Hidalgo y en atención a la facultad derivada de la Reforma
al artículo 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
en sus párrafos cuarto, quinto y sexto, que ordena el establecimiento
dentro de la Federación, los Estados y Distrito Federal de un sistema
integral de justicia aplicable a quien se atribuya la realización de una
conducta tipificada como delito por las leyes penales y tengan entre 12
años cumplidos y menos de 18 años de edad; así mismo los artículos 47,
55, 56 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Hidalgo y
artículos 6, 8, 9 de la Ley de Justicia para Adolescentes del Estado de
Hidalgo, este órgano jurisdiccional de primera instancia especializado en
justicia para adolescentes, resulto y es competente para resolver en
definitiva el expediente en que se actúa, pues igualmente quedo
plenamente demostrado que (*), al momento de ocurridos los hechos que
se les atribuyen por parte del ministerio publico, era adolescente y por
tanto sujeto de la Ley de Justicia para Adolescentes, pues al momento de
la realización de las conductas consideradas como delito de ASALTO
EQUIPARADO AGRAVADO Y ROBO, contaban respectivamente con 16
años de edad; lo cual quedo así demostrado con el dicho del adolescente
rendido en etapa de sujeción a proceso de la cual se desprende como
fecha de su nacimiento 7 de noviembre y 9 de marzo de 1996
respectivamente; apoyado en el certificado medico de edad física y edad
clínica elaborado por el perito medico doctor (*).
II. ANALISIS DE LOS ELEMENTOS DE LA CONDUCTA
CONSIDERADA COMO DELITO DE ASALTO EQUIPARADO
AGRAVADO. En primer término es menester establecer que los
elementos que componen al delito son la tipicidad, antijurídicidad y
culpabilidad. Así mismo por conducta o hecho atribuible, de conformidad
con lo establecido por el artículo 43 párrafo tercero de la Ley de justicia
para Adolescentes, se entiende como el conjunto de los elementos
subjetivos, los objetivos que constituyen la materialidad del hecho que la
4

ley señala como delito, así como los normativos los normativos, en el caso
de que la descripción típica lo requiera.
Así las cosas, los elementos de la conducta tipificada como
delito de ASALTO EQUIPARADO AGRAVADO, por el cual el ministerio
publico realizo su pliego de atribución de hechos y reitero su acusación en
audiencia de juicio en contra de los adolescentes (*), se encuentra
previsto por el artículo 174 fracción II, párrafo antepenúltimo y ultimo del
Código Penal de aplicación supletoria a la Ley de Adolescentes en el
Estado, mismo que establece:
Artículo 174. La misma punibilidad señalada en el artículo que
antecede, se impondrá a quien haciendo uso de la violencia sobre una o
mas personas, con el propósito de causarles un mal o exigir su
asentimiento para cualquier fin ilícito lo acometa:
transporte público.
Fracción II. Encontrándose en un vehículo particular o de
Antepenúltimo párrafo. La punibilidad señalada en este y en el
anterior artículo, se aumentará en una mitad, cuando fueren dos o más los
asaltantes o que por cualquier causa el ofendido no tuviere la posibilidad
de defenderse.
Descripción legal de la cual se desprenden como elementos
típicos los siguientes:
a) Que el activo haga uso de violencia sobre una o mas
personas;
b) Que la conducta anterior sea con el propósito de causar un
mal o exigir su asentimiento para cualquier fin ilícito;
c) Encontrándose la víctima en un vehículo de transporte
publico.
5

d) Que el hecho se realice con la intervención de dos o más
sujetos, (agravante).
Ahora bien, a juicio de quien resuelve los elementos de ésta
conducta se encuentran demostrados a la luz de los medios de
convicción que fueran desahogados e incorporados a la audiencia de
juicio y de los cuales se realiza una valoración conforme a las reglas de la
lógica, los conocimientos científicos y las máximas de la experiencia de
conformidad con lo establecido en el artículo 73 párrafo tercero de la Ley
de Justicia para Adolescentes vigente en el Estado, y que ponen de
manifiesto la existencia de una conducta típica, antijurídica y culpable
para el sistema de justicia para adolescentes.
Esto es así, en virtud de que en efecto se evidencia la
existencia de una acción humana realizada voluntariamente por los
sujetos activos, pues como se desprende del material probatorio
desahogado en juicio, específicamente de la declaración del ofendido (*),
así como de las declaraciones rendidas por (*), elementos de la Secretaria
de Seguridad Publica y transito municipal de Acatlán Hidalgo; se puso de
manifiesto que los sujetos activos, emplearon violencia moral sobre el
ofendido, ya que el día 7 de septiembre del presente año, siendo como
las 19:30 horas el ofendido (*), conducía el vehículo automotor (*), color
blanco con placas de circulación (*) del servicio publico de pasajeros
(taxi), propiedad del agraviado (*), para esto al circular por (*) de la
Ciudad de Tulancingo de Bravo, Hidalgo, los sujetos activos (4) le hacen
la parada, solicitándole un servicio a Jaltepec, una vez que acepta el
conductor, estos abordan la unidad, pero al llegar al lugar, le indican al
conductor que más adelante, hasta que llegaron al Rancho Alicia, fue
cuando uno de ellos, el que iba sentado en la parte de atrás del lado
izquierdo saca un arma de fuego, y se la coloca en la cabeza, diciéndole
que se parara más adelante, si no se lo iba a cargar la chingada, que no
la hiciera de pedo, en ese momento otro de los sujetos que iba en la parte
de atrás saca un cuchillo y se lo pone en las costillas, a su vez le dice que
aguantara, al llegar a una intersección, estando en un lugar despoblado le
ordenan se detuviera, que se echara de reversa, que dejara el vehículo
encendido, así lo hace el chofer, posteriormente lo bajan, y lo llevan a
unas tierras de cultivo, indicándole que se agachara, luego de amarrarlo
6

con cinta, los sujetos abordan la unidad automotriz, y se retiran del lugar,
el ofendido logra desatarse y solicita auxilio a su compañero taxista que
venía circulando en sentido contrario por el lugar, quien le manifiesta que
ya había marcado al C4, para lo cual iban siguiendo al vehículo robado, el
cual se dirigía a Acatlán, Hidalgo, minutos después es interceptado por los
elementos de Seguridad Publica y Transito Municipal, asegurando a los
sujetos activos, trasladándolos a sus oficinas y finalmente son puestos a
disposición del Agente del Ministerio Público, junto con el automotor
sustraído, ante quien los ofendidos hacen de su conocimiento los hechos
cometidos en su agravio; desprendiéndose que fueron cuatro los sujeto
activos que lo acometieron, y con los datos que proporciono a la policía se
logro la detención de dichos sujetos, de igual manera se demostró que la
violencia que ejercieron los activos se hizo con el propósito de exigir el
asentimiento para un fin ilícito, como fue apoderarse del teléfono celular
del pasivo y así también del vehículo del servicio publico marca Nissan (*)
del servicio publico de pasajeros, pues de la declaración vertida por el
ofendido (*), se advierte que la violencia ejercida sobre el, fue con ese
propósito, por lo que con dicha conducta se vio afectada su seguridad.
Acreditándose además que los hechos sucedieron en el
momento que el pasivo se encontraba en el interior del vehículo Nissan (*)
(taxi), en razón de que los sujetos activos uno de ellos primero solicito el
servicio de taxi y al llegar al a lugar a donde había pedido los llevara
amagaron al pasivo con un arma de fuego tipo pistola y así también con
un cuchillo, todo ello con la finalidad de apoderarse del teléfono, cartera
del pasivo y el vehículo de servicio publico de taxi que éste conducía
Lo cual se concatena con la propia declaración del ofendido (*),
al referir que fue informado por su chofer el señor (*) que le habían
quitado el taxi, siendo un vehículo (*) del servicio publico.
De igual forma queda demostrado la lesión al bien
jurídicamente protegido por la norma penal, que es la seguridad de las
personas, que en el presente caso resulta ser específicamente (*), ya que
se vio afectada su seguridad por haberse ejercido sobre éste violencia
moral, en virtud de haber sido amedrentado con arma de fuego (pistola) y
7

arma punzo cortante (cuchillo) para exigir su asentimiento para un fin
ilícito como era la de apoderarse del vehículo de transporte publico que
éste tripulaba, así como su teléfono celular y cartera; afectación que se
encuentra íntimamente relacionada con la acción que la une, pues
precisamente los adolescentes conjuntamente con otro sujeto, al ejercer
violencia moral sobre el ofendido, es precisamente la causa que ocasiona
la lesión al bien jurídico que protege la norma jurídica, que en el caso lo
es la seguridad de las personas.
Del mismo modo quedo demostrado el objeto material, mismo
que se hace consistir en la persona en quien recayó directamente la
lesión al bien jurídicamente por la conducta tipificada como delito, y que
precisamente lo fue (*), como así se advierte de la declaración de éste,
así como el testimonio rendido por los elementos de seguridad publica y
transito municipal de Acatlán Hidalgo, (*).
Además, debe señalarse que la actividad desplegada por los
adolescentes y sus acompañantes resulta ser dolosa (dolo directo), pues
así se demuestra de la manifestación vertida por el ofendido mediante la
cual hace imputación en contra de los adolescentes (*), como las
personas que el día 7 de septiembre del presente año, aproximadamente
a la 19:30 horas, cuando conducía el vehículo (*) del servicio publico,
habilitado como taxi, sobre la calle (*) Centro de Tulancingo, Hidalgo, le
hicieron la parada solicitándole los llevara a Jaltepec, para lo cual
abordaron el vehículo colocándose una persona en el asiento del copiloto
y los demás en la parte trasera y al llegar al lugar le dijeron que los dejara
en el rancho Bonafont o Alicia y al llegar ahí, ejercieron violencia moral
sobre su persona, indicando la forma como aconteció el hecho;
manifestación de la cual se desprende que los adolescentes y sus
acompañantes tenían la firme intención de llevar a cabo su conducta el
día 7 de septiembre de dos mil doce, al encontrarse a bordo del vehículo
de servicio publico que conducía el ofendido cuando brindaba el servicio
de taxi precisamente al adolescente y otro sujeto, es decir actuó
conociendo las circunstancias objetivas de la descripción legal, aceptando
la realización de su conducta, pues es sabido por los adolescentes y el
común de la gente, que la conducta que realizaron es contraria a la norma
establecida, por lo que puede afirmarse que éstos eran sabedores de las
8

circunstancias objetivas de la descripción legal, tal como lo exige el
artículo 13 párrafo segundo del Código Penal vigente en la entidad.
De igual manera quedan acreditados los especiales medios de
realización, que en el caso lo constituye la violencia moral ejercida por
los activos y que se acredita con la declaración del ofendido (*), mediante
la cual se pone de manifiesto y se precisa la forma en que fue amenazado
por los dos sujetos adultos con sendas armas (pistola y cuchillo), así
como los dos adolescentes, para obligarlo a detener la marcha del
vehículo y así someterlo para apoderarse del vehículo del servicio publico
y su teléfono celular y cartera; con lo que se demuestra que ciertamente el
pasivo fue amenazado para lograr su asentimiento para un fin ilícito como
fue apoderarse del vehículo (*), el teléfono celular y una cartera.
Así también, quedaron demostradas en juicio las
circunstancias de lugar, tiempo y ocasión, consistentes en que los
hechos se desarrollaron encontrándose en el interior de un vehículo
de transporte publico (taxi), ya que el pasivo fue acometido cuando se
encontraba en el interior del vehículo del servicio público del Estado de
Hidalgo, (taxi) el cual conducía y en el que brindaba el servicio de
pasajeros del municipio de Tulancingo Hidalgo a la comunidad de
Jaltepec; circunstancias que así se acreditaron con el dicho del ofendido
(*), que encuentran apoyo en la declaración de los elementos de
Seguridad Publica y Tránsito municipal de Acatlán Hidalgo, quienes
refirieron que los hechos acontecieron en el interior del vehículo del
servicio publico, del cual el fiscal dio fe mediante diligencia de fecha 8 de
septiembre del presente año, que fuese legalmente incorporada a juicio y
de la cual se desprende que el fiscal describió de haber tenido a la vista el
vehículo (*) del servicio publico, con numero económico en portezuelas de
ambos lados, cofre y cajuela; pruebas que fueran apoyados en el dicho
del testigo (*) quien resulta ser el propietario de la unidad de transporte
publico y quien diera noticia de que fue informado por su trabajador (*)
que había sido asaltado y despojado del automóvil de alquiler.
Finalmente, se acredita la (agravante) en cuanto a que el
numero de sujetos que participo en el asalto fueron cuatro, lo que
9

constituye la agravante, al resultar que los cuatro sujetos abordaron el
vehículo de pasajeros en el municipio de Tulancingo Hidalgo, solicitando
que los llevara a la comunidad de Jaltepec y que posteriormente al llegar
a dicho lugar ejercieron violencia moral sobre el conductor, para que
detuviera la marcha de la unidad y enseguida obligarlo a descender de la
unidad y apoderarse del vehículo, así como su cartera y celular, tal como
se desprende de la declaración del ofendido; la cual se ve robustecida con
la declaración de los elementos de policía (*), que refirieron que refirieron
reporte del robo del taxi (*) del servicio publico y por lo cual se implemento
operativo y se logro ubicar el vehículo y cuatro sujetos a bordo los cuales
fueron asegurados e incluso al tener a las vista a los adolescentes en
audiencia de juicio lo reconocen como las personas que detuvieron y que
fueron reconocidas por el agraviado como sus agresores.
En los citados términos, queda acreditada la conducta típica de
ASALTO, prevista por el artículo 174 fracción II de la ley sustantiva penal,
toda vez que del material probatorio incorporado a juicio ha quedado
plenamente demostrado que los adolescentes el día siete de septiembre
del presente año, aproximadamente a las 19:30 horas, hicieron uso de la
violencia sobre el pasivo (*), cuando se encontraba a bordo del vehículo
(*) del servicio publico de pasajeros (taxi), y se apoderaron del teléfono
celular y así mismo del vehículo ya descrito; pues para ello primeramente
le solicitaron el servicio de taxi para llevarlos a la comunidad de Jaltepec y
una vez que llegaron a dicho lugar, ejercen violencia sobre su persona
toda vez que es amagado primeramente por uno de los sujetos adultos
con un arma de fuego y posteriormente otro de los sujetos adulto le coloca
un cuchillo en las costillas, por lo cual le ordenan descienda del vehículo
dejándolo encendido y luego es conducido fuera de la carretera donde los
otros sujetos como son los hoy adolescentes lo amarran de pies y manos
con una cinta y lo abandonan en ese lugar y se llevan la unidad
automotriz (*) del servicio publico de pasajeros (taxi) y que después fue
asegurado por la policía; además cabe señalar que igualmente lo
aseverado por el ofendido encuentra sustento en las declaraciones de los
elementos de seguridad publica y tránsito de Acatlán Hidalgo (*), pues
ambos coinciden en señalar que al tener conocimiento de los hechos por
medio de la central de radio mediante el cual les dieron a conocer que
habían robado un taxi (*) el día 7 de septiembre del año en curso, se
implementaron recorridos de búsqueda del vehículo del cual se habían
10

apoderado los activos y por lo cual al circular sobre la calle Vasconcelos
se logro ubicar dicho vehículo y al cual le marcaron el alto y bajaran del
vehículo logrando así asegurar a cuatro sujetos que fueron señalados por
el ofendió como aquellos que lo acababan de asaltar incluso al tener a la
vista en audiencia de juicio a los adolescentes los reconoce como dos de
las personas que detuvieron y que fueron reconocidas por el agraviado
como su agresor; así las cosas resulta valido afirmar que los adolescentes
conjuntamente con otros sujetos (adultos) hicieron uso de violencia moral
sobre el ofendido, ya que el día siete de septiembre del año dos mil doce,
le solicitaron el servicio de taxi para llevarlo a la comunidad de Jaltepec y
una vez que llegaron a dicho lugar, ejercen violencia sobre su persona
toda vez que es amagado primeramente por uno de los sujetos con un
arma de fuego y posteriormente otro sujeto le coloca un cuchillo en las
costillas, por lo cual le ordenan descienda del lugar dejando el vehículo
encendido y luego es conducido fuera de la carretera donde los otros
sujetos como son los hoy adolescentes lo amarran de pies y manos con
una cinta y lo abandonan en ese lugar y se llevan la unidad automotriz
del servicio publico de pasajeros (taxi) y que después fue asegurado por
la policía; desprendiéndose además que los activos fueron cuatro
personas, afectándose con dicha conducta la seguridad de las personas
que en este caso resulta ser (*); pues su seguridad se vio afectada al ser
amagado por los activos con las armas (pistola y cuchillo), viendo
amenazada su integridad.
Luego entonces, se afirma que han quedado plenamente
acreditados los elementos de la conducta considerada como delito de
ASALTO EQUIPARADO AGRAVADO.
Así mismo, con los medios de prueba, citados y analizados con
anterioridad, se acredita que la conducta típica desplegada por los activos
resulto ser ANTIJURIDICA, en virtud de que no encuentra amparo en
alguna causa que la justifique artículo 25 del Código Penal, que excluya al
delito y por el contrario existen elementos bastantes, que acreditan que el
actuar del adolescente trastoco la norma penal contenida en el artículo
174 fracción II de la Ley Sustantiva Penal vigente en el Entidad, de tal
suerte que resulta antijurídica.
11

En tal virtud, se tiene por acreditado el injusto penal de Asalto
Equiparado Agravado.
Se actualiza además una imputabilidad para los efectos del
sistema Integral de Justicia para Adolescentes, ya que como quedo así se
advierte los adolescentes en la época de la comisión de los hechos (7 de
septiembre de 2012), tenían la edad de 16 años, respectivamente pues
nacieron el 7 de noviembre y 9 de marzo de 1996, por tanto al momento
de realizar la conducta los adolescentes era menor de 18 años de edad,
sin embargo como ya se ha dicho dicha imputabilidad es en relación con
la Ley de Justicia para Adolescentes, misma que señala que los
adolescentes podrán ser responsables por infringir la Ley Penal, ya que
así se advierte del contenido del numeral 13 de la propia Ley, pues aun y
con esa minoría de edad con la que contaba en la época de la comisión
de los hechos, tenía conciencia de lo antijurídico de su actuar, pues es del
común del conocimiento de las personas que ejercer violencia sobre una
persona al amagarlo con un arma de fuego y cuchillo con el propósito de
conseguir un fin ilícito como apoderarse del vehículo que conducía
constituye delito, sin que se observe de autos que el adolescente haya
padecido trastorno o enajenación mental, por lo cual si se puede esperar
un actuar distinto a su conducta delictuosa.
III. ANALISIS DE LOS ELEMENTOS DE LA CONDUCTA
TIPICA DE ROBO. Por la cual el ministerio publico formulo acusación en
contra del adolescente señalando que se encuentra prevista por el artículo
203 fracción IV del Código Penal de aplicación supletoria a la Ley de la
materia, que a la letra reza:
Artículo 203. Al que se apodere de una cosa mueble ajena, sin
consentimiento de quien pueda otorgarlo conforme a la Ley…
Fracción IV. Prisión de ….. , cuando el valor de lo robado
exceda de mil veces el salario.
12

Establecida la descripción típica del antijurídico a estudio se
advierte que se desprenden los siguientes elementos:
Que el activo se apodere de una cosa mueble ajena
Que dicho apoderamiento se realice sin consentimiento de
quien pueda otorgarlo conforme a la Ley;
Que el valor de dicha cosa ajena mueble exceda de mil veces
el salario mínimo.
En esa tesitura, es menester tomar en consideración los medios
de prueba que fueron debidamente incorporados a la audiencia de juicio
relativos a la conducta típica de merito, los cuales son valorados en
términos del numeral del párrafo tercero del numeral 73 de la Ley de
Justicia para Adolescentes, mismos que a continuación se enlistan:
La declaración; (*)
El testimonio; (*)
El ateste de los elementos de la dirección de Seguridad
Publica y Transito municipal de Acatlán Hidalgo (*)
El testimonio del perito en criminalística de campo y
avaluó; (*)
El testimonio Perito en balística forense; (*)
La documental consistente copia simple de la factura
expedidas por Automotores (*) en cuyo reverso se
advierte endoso a favor del señor (*)
La inspección ministerial y fe de vehículo, de objetos y
pertenencias de fecha 8 de septiembre de 2012; y
La prueba circunstancial.
Así entonces, del examen de los anteriores medios de prueba,
esta autoridad advierte que con los anteriores elementos se demuestra la
existencia de una acción humana realizada voluntariamente,
consistente en que el día siete de septiembre del presente año
aproximadamente a las diecinueve treinta horas, le solicitaron el servicio
13

de taxi para llevarlo a la comunidad de Jaltepec y una vez que llegaron a
dicho lugar cerca del rancho conocido como Bonafont o Alicia, ejercen
violencia moral sobre su persona toda vez que es amagado primeramente
por uno de los sujetos con un arma de fuego y posteriormente otro sujeto
le coloca un cuchillo en las costillas, por lo cual le ordenan descienda del
lugar dejando el vehículo encendido y luego es conducido fuera de la
carretera donde los otros sujetos como son los hoy adolescentes lo
amarran de pies y manos con una cinta y lo abandonan en ese lugar y se
llevan la unidad (*) del servicio publico de pasajeros (taxi), así como la
cartera y teléfono celular del pasivo y que después fue asegurado por la
policía, pues de la declaración vertida por el ofendido (*), se advierte que
la violencia ejercida sobre el, fue con ese propósito, por lo que con dicha
conducta se vio afectada su seguridad.
Así entonces, se demuestra que el día 7 de septiembre de
2012, los activos acometieron al pasivo cuando se encontraba a bordo del
vehículo (*) del servicio publico de taxi, y después de ejercer violencia
moral en contra de éste, lograron apoderarse del vehículo propiedad de
(*), lo cual así quedo acreditado con el dicho de éste, apoyado en el
contenido de la factura (*), en la cual se advierte endoso a favor de éste,
documental que fuese debidamente incorporada a juicio.
Hechos los anteriores, que se demostraron principalmente con
las declaraciones de los agraviados (*), éste ultimo como ya dijo
demostrara ser dueño de la coas mueble (*). Precisando el primero de
ellos que el día siete de septiembre del año en curso, cuando prestaba el
servicio de taxi a bordo de la unidad (*), los sujetos activos (adolescentes
y adultos) le solicitaron un servicio para que los llevara a la comunidad de
Jaltepec Hidalgo, y para ello abordan la unidad en la parte trasera y al
llegar al lugar el pasivo es amedrentado por los activos con sendas armas
(una pistola y un cuchillo) y es obligado a descender de la unidad, así
como también desapoderado de su teléfono celular y cartera, la cual
enseguida abordan los activos apoderándose de la misma dándose a la
fuga, consumándose el apoderamiento de dicho bien desde el momento
que el pasivo es obligado a bajar de la unidad y enseguida uno de ellos
se pone al volante del vehículo, resultando verosímil que en efecto el día
de los hechos los activos adolescentes y sus acompañantes adultos se
14

hayan apoderado del vehículo descrito, obviamente sin consentimiento de
quien legalmente podía otorgarlo conforme a la ley (*), el cual dejo claro
en audiencia de juicio que denuncio la conducta de la cual fue objeto y por
lo tanto no otorgo dicho consentimiento, pues en ese momento el primero
de ellos fue sometido por medio de violencia moral que se ejerció sobre él
para apoderarse de la unidad del servicio público Nissan (*).
Por otra parte como bien lo señalo el representante social al
formular alegatos conclusivos el monto de lo robado encuadra en la
fracción IV del artículo 203 del Código Penal en virtud de que los activos
se apoderaron del vehículo (*), ya que de los elementos de prueba
incorporados al juicio se logro probar el valor comercial de este objeto,
toda vez que el perito (*) afirmo haber tenido a la vista dicho vehículo y
realizar avaluó del mismo de acuerdo a las condiciones del mismo y al
sondeo comercial, estableciendo un valor (*); por tanto resulta procedente
ubicar dicha conducta en la fracción IV, del artículo 203 del Código Penal.
Con todo lo expuesto se hace evidente que se lesionó el bien
jurídico tutelado por la norma penal, consistente en el patrimonio del
ofendido (*), pues sufrió un detrimento al ser desapoderado de su objeto
mueble, como lo confirma éste en la audiencia de juicio.
Así mismo quedó demostrada la relación de atribuibilidad
entre la conducta desplegada por el activo y la lesión al bien jurídico
tutelado, pues justamente a causa de que los activos adolescentes y sus
acompañantes adultos el día siete de septiembre del presente año, se
apoderaron de los objetos muebles (un vehículo Nissan (*)), propiedad del
agraviado, es que se lesionó el patrimonio de éste.
De igual forma quedó demostrado que la conducta de los
activos consistente en el apoderamiento de objetos muebles (vehículo
marca (*)), propiedad del agraviado fue realizado sin su consentimiento,
es decir de manera DOLOSA.
15

Lo que implica que se demostraron los elementos integradores
del apoderamiento en la conducta típica de robo, el material o externo,
que consiste en la aprehensión de la cosa, y el moral o interno,
consistente en el propósito del activo, mismo que siendo al ser el delito un
acto humano, no se le puede considerar desligado del elemento moral
(conocimiento y voluntad) que es de su esencia.
Por ello, nuestra legislación penal clasifica los delitos en
dolosos y culposos, precisamente atendiendo a ese elemento interno.
Así pues, en la referida conducta típica de robo, el acto material
consistente en “el apoderamiento”, lleva inherente el elemento moral o
subjetivo, que consiste en el propósito (conocimiento y voluntad) de
apoderarse de lo que es ajeno, por parte del activo, ello por supuesto
sin consentimiento de quien tiene derecho a otorgarlo conforme a la Ley.
De lo que sigue que la conducta típica de ROBO solo puede
presentarse de manera dolosa, actualizándose por ende la hipótesis
contenida en el párrafo segundo del artículo 13 del Código Penal Vigente
en la Entidad de aplicación supletoria.
A su vez quedó demostrado el objeto material, que en el
presente asunto consistió en (el vehículo), como así se demostró con la
declaración del agraviado y el ateste de (*).
En los citados términos, queda acreditada la conducta tipificada
como delito de ROBO prevista por el artículo 203 fracción IV del Código
Penal vigente en la Entidad de aplicación supletoria (TIPICIDAD).
Así mismo, con los medios de prueba citados y analizados con
anterioridad, se acredita que la conducta desplegada por el activo resultó
ser ANTIJURÍDICA, en virtud de que no se advierte dentro del sumario,
causa alguna de justificación previstas en el artículo 25 del Código Penal
16

que excluya al delito, y por el contrario existen elementos de prueba
bastantes, que acreditan que el actuar del activo trastocó la norma penal
contenida en el numeral 203 fracción IV del Código Penal vigente en la
entidad.
En tal virtud, se tiene por acreditado el injusto penal de ROBO.
Se actualiza además una imputabilidad para los efectos del
Sistema Integral de Justicia para Adolescentes, pues como se analizará
en el considerando siguiente los sujetos imputados en el presente asunto,
en la época de comisión de los hechos (7 de septiembre de 2012),
contaban con menos de 18 años de edad, sin embargo como ya se ha
dicho dicha imputabilidad es en relación con la Ley de Justicia para
Adolescentes.
III. RESPONSABILIDAD DEL ADOLESCENTE (*) EN LA
COMISION DE LAS CONDUCTAS TIPICAS DE ASALTO EQUIPARADO
AGRAVADO Y ROBO. Del examen de los medios de convicción que
fueron incorporados a juicio se advierte que efectivamente se demuestra
la responsabilidad de los adolescentes (*), en la comisión de las
conductas consideradas como delitos de Asalto Equiparado Agravado y
Robo, motivo de la presente resolución, en su carácter de coautores
materiales conforme a la fracción III del artículo 16 del código penal, en
virtud de que existen bases para estimarlo así, pues en efecto permiten
sostener que éstos conjuntamente con otro dos individuos (adultos) en
fecha siete de septiembre del año dos mil doce, aproximadamente a la
19:30 horas, en la ciudad de Tulancingo Hidalgo, le solicitaron el servicio
de taxi al pasivo (*) para llevarlo a la comunidad de Jaltepec y una vez
que llegaron a dicho lugar, ejercen violencia sobre su persona toda vez
que es amagado primeramente por uno de los sujetos con un arma de
fuego y posteriormente otro sujeto le coloca un cuchillo en las costillas,
por lo cual le ordenan descienda del lugar dejando el vehículo encendido
y luego es conducido fuera de la carretera donde los otros sujetos como
son los hoy adolescentes lo amarran de pies y manos con una cinta y lo
abandonan en ese lugar y se llevan la unidad automotriz Nissan (*) (taxi)
y que después fue asegurado por la policía.
17

Hechos anteriores que se encuentran demostrados al
adminicular las declaraciones de (*), quien resulta ser el agraviado de la
cual surge a la luz que los adolescentes, resultan ser las personas que
una vez que lo obligan a descender de la unidad en el lugar conocido
como rancho Bonafont o Alicia, lo conducen fuera del camino y lo amarran
de pies y manos con una cinta, para luego dejarlo abandonado y retirarse
junto con los adultos a bordo del vehículo de alquiler (taxi), es decir que
ambos adolescentes conjuntamente con otros dos sujetos adultos
ejercieron violencia moral sobre el pasivo al amagarlo primero con una
arma de fuego (pistola) y otro sujeto con un cuchillo, logrando así su
asentimiento para un fin ilícito como fue apoderarse del vehículo de
servicio público (taxi) que manejaba éste y que resulta ser propiedad de
(*); declaración que se toma en cuenta de manera importante en virtud de
que el ofendido hace un señalamiento directo en la persona de los
adolescentes como ya se dijo; aunado a lo anterior se desahogo en
audiencia de juicio la declaración de los elementos de la dirección de
seguridad publica y tránsito municipal de Acatlán Hidalgo (*), pues ambos
coinciden en señalar que al tener conocimiento de los hechos por medio
de la central de radio mediante el cual les dieron a conocer que habían
robado un taxi (*) el día 7 de septiembre del año en curso, se
implementaron recorridos de búsqueda del vehículo del cual se habían
apoderado los activos y por lo cual al circular sobre la calle (*) se logro
ubicar dicho vehículo y al cual le marcaron el alto y bajaran del vehículo
logrando así asegurar a cuatro sujetos que fueron señalados por el
ofendió como aquellos que lo acababan de asaltar incluso al tener a la
vista en audiencia de juicio a los adolescentes los reconoce como dos de
las personas que detuvieron y que fueron reconocidas por el agraviado
como su agresor; así también (*), dijo que fue avisado por su trabajador
(*) que había sido asaltado y le habían quitado el vehículo Nissan (*);
declaraciones que permiten sostener que en efecto los adolescentes
conjuntamente con otros sujetos adultos ejercieron violencia moral sobre
el conductor del vehículo de servicio publico de pasajeros (*), a quien
amagaron con armas de fuego y cuchillo, para apoderarse del automóvil
de alquiler (taxi) ya descrito; pruebas que son aptas para tener por
demostrada la participación del adolescente en la conducta de Asalto
Agravado y Robo que se les atribuye por parte del representante social.
18

Es así como se puede concluir válidamente que los
adolescentes (*), conjuntamente con otros dos individuos adultos, llevaron
a cabo el asalto en contra de (*), a quien acometieron cuando se
encontraban en el interior del vehículo del servicio publico de pasajeros
(taxi), para ello primeramente le solicitaron un servicio para ser llevados a
la comunidad de Jaltepec y al llegar a dicho lugar lo amagaron con un
arma de fuego y un cuchillo y lo obligan a bajar de la unidad, de la cual se
apoderan retirándose del lugar obteniéndose que existe coautoría
conforme a la fracción III del artículo 16 del Código Penal.
Es así como cabe afirmar que el adolescente conjuntamente
con otro sujeto efectuó materialmente el uso de violencia moral sobre el
pasivo y además se apoderaron de objetos muebles propiedad del pasivo
(*), y por tanto si le surge responsabilidad a los adolescentes en cuanto a
que llevaron acabo la conducta delictiva conjuntamente con otros dos
individuos, desde amagar al ofendido, así como apoderarse de objetos
muebles, lo que se ajusta a lo dispuesto por el artículo 16 del Código
Penal en su fracción III, así mismo fue señalado por el ofendido (*), como
las personas que lo asaltaron y ejercieran violencia sobre él, ya que los
adolescentes fueron quienes lo condujeron fuera del camino y lo
amarraron de pies y manos y además los elementos de policía que
llevaron acabo la detención los reconocen como los sujetos que
detuvieron y fueron señalados por el pasivo como sus agresores.
IV. INDIVIDUALIZACION DE LA MEDIDA. Una vez que han
quedado demostrados los elementos de la conducta considerada como
delito de ASALTO AGRAVADO Y ROBO, así como la responsabilidad
plena de los adolescentes (*), en su comisión se procede por parte de
esta autoridad en uso del arbitrio judicial que le confiere el artículo 18 y 21
Constitucional, así como la facultad conferida en el artículo 76 y 93 de la
Ley de Justicia para Adolescentes, a imponer la o las medidas de
orientación y tratamiento que se estime justas dentro de los límites
establecidos por la ley antes invocada, por ser esta Ley la que se
encontraba vigente en la época de la realización de la conducta, esto es el
día 7 de septiembre de 2012, y para estar en posibilidad de establecer si
resulta correcta la imposición de la medida de internamiento definitivo
19

solicitada por la fiscal, resulta importante mencionar que de la
interpretación armónica de los numerales 18 de la Constitución Federal,
136 primer párrafo de la Ley de Justicia para Adolescentes y 17.1 de las
Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para la administración de Justicia
de Menores (Reglas de Beijing), se advierte que se deben satisfacer los
siguientes extremos:
Que se trate de adolescentes mayores de 14 años de edad;
Que se trate de la comisión de conductas antisociales
calificadas como graves; y
Que la conducta anterior implique invariablemente violencia
directa hacia la víctima.
En esos términos tenemos que como ya se indico en el
considerando anterior se demostró que (*), en la época de comisión de los
hechos (7 de septiembre de 2012), contaban con 16 años de edad, toda
vez que nacieron respectivamente los días 7 de noviembre y 9 de marzo
de 1996, por tanto dicho extremo se encuentra plenamente demostrado.
De igual forma, se satisface el segundo de los supuestos
señalados en la correspondiente relación, ya que la conducta típica
demostrada consistente en Asalto, se encuentra considerada como grave
en términos del numeral 60 Bis de la Ley de Justicia para Adolescentes en
el Estado de Hidalgo.
Del mismo modo, como se advierte de la mecánica de los
hechos demostrados en el capitulo respectivo existió violencia directa en
contra de la víctima, pues como ya se indico de suyo la conducta típica de
Asalto implica el elemento violencia. Por tanto se satisface éste requisito,
mismo que como se advierte en el cuerpo de ésta resolución quedo
plenamente demostrado, pues los adolescentes conjuntamente con otros
individuos utilizaron armas para amedrentar al pasivo con el propósito de
conseguir un fin ilícito, quedando así demostrado el elemento violencia.
20

En esas condiciones, se hace evidente la procedencia de la
imposición de la medida de internamiento definitivo solicitado por el fiscal,
pues la imposición de cualquier otra medida no sería suficiente para
construir sujetos responsables a partir del aprendizaje que es posible
obtener de las consecuencias de la comisión de su conducta típica.
Además la duración deberá tener relación directa con los daños
causados, así mismo se debe tomar en consideración el artículo 40
apartado 4 de la convención sobre los derechos del niño, en donde
también se establece que la medida impuesta a los adolescentes debe ser
proporcional a las circunstancias de éstos y a la gravedad de la conducta
realizada.
Una vez señalado el marco legal bajo el cual se debe hacer el
estudio de la temporalidad de la medida; se procede a realizar un análisis
respecto de las circunstancias de ejecución y gravedad de la conducta
realizada, así como las necesidades peculiares del adolescente y la
posibilidad de ser cumplida, así tenemos que en cuanto a la magnitud del
daño causado al bien jurídico protegido, se lesiono la seguridad del
ofendido (*), pues vio amenazada su integridad al ser amagado por los
sujetos con sendas armas; demostrándose además que ese era el
propósito de los adolescentes y sus acompañantes, ya que si bien puede
afirmarse en ningún momento aceptaron haber realizado la conducta que
se le atribuyo por parte del representante social, no menos cierto es que
tampoco demostraron no haber realizado tales hechos y de las pruebas
desahogadas en juicio quedo claro que (*), son dos de las personas que
ejercieron violencia sobre la victima; demostrándose así la intención de
los adolescentes de cometer el ilícito.
Acreditándose con ello la relación de la medida con el daño
ocasionado, pues como ya se ha señalado la imposición de cualquier otra
medida no sería suficiente para construir sujetos responsables a partir del
aprendizaje que es posible obtener de las consecuencias de la comisión
de su conducta típica.
21

Ahora bien, en cuanto a que la medida impuesta a los
adolescentes debe ser proporcional a las circunstancias de éstos y a la
conducta, debemos indicar que contaban con 15 y 16 años de edad
cumplidos respectivamente, (*) dijo ser originario y vecino de (*); por su
parte (*) dijo ser originario y vecino de (*).
Así mismo, es de considerar los motivos determinantes de su
conducta, queda precisado que actuó con el carácter coautor material que
se desprende de la fracción III del artículo 16 de la Ley Sustantiva Penal,
pues éstos conjuntamente con otros sujetos ejercieron violencia directa
sobre el pasivo, advirtiéndose que los motivos que influyeron en los
adolescentes al ejecutar su conducta, sus problemas conductuales, así
como la circunstancia de ser manipulable por encontrarse con personas
mayores de edad que ellos, aspectos hasta aquí señalados que permiten
apreciar que la conducta de éstos dada la mecánica del hecho y las
circunstancias que rodearon el mismo, resulta grave, pues se atiende a la
mecánica como se verificaron los hechos y dada la forma con la que se
condujeron tenían la firme intención de realizar la conducta que se les
imputa, lo cual ejecutaron conscientemente.
Ahora bien, es el momento de tener presente las
manifestaciones vertidas por la Representación Social adscrito a éste
Juzgado sobre todo porque pide se imponga a los adolescentes (*), la
medida de internamiento por 7 SIETE AÑOS, haciendo referencia a la
gravedad de la conducta de Asalto Agravado que realizo, expresando los
motivos por cuales arriba a esa conclusión y también la medida de
orientación consistente en apercibimiento; pedimento que resulta
parcialmente fundado pues como ya se dijo no se justifico de manera
alguna el actuar de los adolescentes, así también dichos sujetos al
momento de los hechos tenían una edad comprendida entre los dieciséis
años y dieciocho no cumplidos, así como la conducta de Asalto
Equiparado Agravado, es considerada como grave en la ley de Justicia
para Adolescentes en su artículo 60 Bis, y por lo cual de conformidad con
el artículo 18 Constitucional y 136 de la ley de justicia para adolescentes
se insiste resulta procedente la medida de internamiento.
22

Por lo que en este orden de ideas y tomando en consideración
el principio del Interés Superior del Adolescente, así como la finalidad
perseguida por el sistema Integral que busca dar a los sujetos de ésta
una experiencia de legalidad y la oportunidad de valorar los beneficios de
la convivencia armónica, del civismo y del respeto a las normas y
derechos de los demás y a fin de observar el principio de certeza jurídica,
y tomando en cuenta además que la medida de tratamiento que deba ser
impuesta debe tener relación directa con los daños causados, así como la
existencia de voluntad de ocasionarlos y debe ser proporcional a las
circunstancias del adolescente y a la infracción y las cuales han quedado
acreditadas en líneas anteriores, pues se considero que la conducta
cometida por los adolescentes resulta ser grave pues trajo como
consecuencia la afectación del bien jurídico como es la seguridad del
pasivo y de igual forma teniendo presente que los adolescentes si tenían
plena conciencia al llevar a cabo su conducta; atendiendo además al
principio de proporcionalidad que consagra la Ley de Justicia para
Adolescentes en su artículo 4 fracción XIII, con relación además con los
artículo 93 de dicho ordenamiento legal, y con la facultad que confiere el
artículo 76 de la citada ley.
Por lo que, atendiendo a las consideración jurídicas vertidas
con antelación, dada la gravedad de la conducta y circunstancias de los
adolescentes y teniendo presente que de los estudios realizados al
adolescente, por parte del consejo interdisciplinario se advierte que (*), al
momento de su ingreso, en el área de psicología habiendo practicado
reconocimiento psicológico y examen mental según las pruebas aplicadas
a (*), al momento de la valoración se encuentran datos de una
personalidad (*). De igual manera puede llegar a presentar (*). Puede
llegarse a mostrar (*) En lo que respecta al área social existe una
debilidad de contacto, así como falta de confianza en os demás por lo que
la relación que establece con el medio deficiente, situación que le genera
un marcado temor social.
Trabajo Social.- (*).
Pedagogía. (*)
23

Por su parte el adolescente (*) en el área de Psicología. (*)
Del mismo modo, durante el tiempo que llevan privados de su
libertad han estado sujetos a diversas actividades de tratamiento sin
embargo a la fecha no se ha remitido informe alguno toda vez que es de
considerar que éstos se remiten cada tres meses y los adolescentes
ingresaron al centro de internamiento el día 9 de septiembre de 2012,
ante estas consideraciones se pone de manifiesto que los adolescentes a
pesar de estar privados de su libertad desde el día 9 de septiembre y
desde su ingreso al centro de internamiento sometido a diversos
tratamientos ha tenido un avance favorable, sin embargo a la fecha no
pueden ser considerados como totalmente aptos para ser reinsertados a
la sociedad y particularmente a su familia, además de que, de ser así ya
se habría informado, lo cual quiere decir que si bien se ha logrado un
avance por el cuerpo técnico interdisciplinario, aun no se cumple con la
finalidad del Sistema Integral de Justicia para Adolescentes.
En este orden de ideas y advertidas estas circunstancias y
aunado a que se demostró que los adolescentes tenían la firme
convicción de llevar a cabo la conducta que se les atribuye, lo que revela
sin lugar a dudas la voluntad que tenían para cometer la conducta típica
de referencia, en razón de ello la imposición de cualquier otra medida
sería insuficiente dada la afectación del bien jurídicamente tutelado para
poder resocializar a los adolescentes y procurar una adecuada reinserción
social, por lo cual esta autoridad estima justo imponer a (*), la medida
de INTERNAMIENTO DEFINITIVO, con la finalidad de limitar la libertad
de tránsito de los adolescentes, de modo que se faciliten procesos de
reflexión sobre su responsabilidad individual y social en torno a las
consecuencias de la conducta cometida, con el objeto de que se le
apliquen al adolescente sistemas y métodos especializados, en las áreas
de psicología, trabajo social y pedagogía pertinentes por parte del
personal técnico capacitado para tal efecto a partir del diagnostico de
personalidad para lograr la adaptación social del adolescente, medida que
deber cumplirse en internamiento en el centro de adolescentes del
24

Estado, donde actualmente se encuentran internos, medida que estará
limitada a UN AÑO Y SEIS MESES; pues resulta factible que en este
tiempo se encuentren totalmente aptos para ser reincorporados a su
familia y a la sociedad.
Imponiéndoles además como medida de orientación el
APERCIBIMIENTO. previsto por el artículo 97 de la Ley de Justicia para
Adolescentes, consistente en la llamada de atención enérgica que
realizará el Juez de adolescentes en forma oral, clara y directa, para
hacerles comprender la gravedad de la conducta realizada y las
consecuencias que la misma ha tenido no solo para ellos, sino también
para la víctima y para la sociedad en general pues este tipo de conductas
como la que llevaron a cabo los adolescentes no son permitidas en la
sociedad, con la finalidad de cambien su comportamiento, a no reincidir
en la futura realización de conductas similares tipificadas como delitos en
las leyes locales; que deberá ejecutarse una vez que quede firme la
presente definitiva.
Por otra parte es importante señalar que si bien es cierto se
acredito igualmente la conducta tipificada como delito de Robo cometida
en agravio de (*), esta autoridad se ve imposibilitada para imponer medida
alguna por cuanto hace a dicha conducta, pues el representante social no
solicita la imposición de medida alguna con relación a esta conducta, pues
como ya se dijo se limito a solicitar de manera general las medidas de
internamiento y apercibimiento haciendo alusión solamente al delito de
Asalto.
En consecuencia el programa personalizado deberá contener
actividades dirigidas al efecto, de modo que se afirme la cultura de
legalidad y se aprecien las desventajas de comportamientos
irresponsables frente a las leyes y los derechos de otras personas;
reforzando los tratamientos en el área de psicología con la finalidad de
que el adolescente corrija sus problemas de conducta que fueron
advertidos desde el momento que le practicaron estudio inicial, así como
supere sus problemas con las figuras de autoridad, debiendo incluir en el
tratamiento a la familia de éste, precisando además que las medidas aquí
25

impuestas se deberán cumplir por el tiempo y condiciones establecidas en
líneas anteriores.
Sin que pase desapercibido para esta autoridad el contenido del
artículo 20 Constitucional fracción X, párrafo tercero, que se relaciona con
el 138 de la Ley de Justicia para Adolescentes vigente en la entidad que
establece: Al imponerse la medida de internamiento definitivo, se
computara como parte del cumplimiento de la misma, el tiempo de
internamiento provisional que se le haya aplicado al adolescente, sendos
dispositivos que sin duda se dirigen al órgano ejecutor de las medidas y
que ciertamente para el juzgador constituyen la obligación de establecer a
partir de cuando se comienza a computar la medida impuesta a efecto de
no dejar en estado de incertidumbre al adolescente, pero ello no
representa la obligación distinta de precisar que la sanción privativa de
libertad deba abonarse al tiempo que duro la prisión preventiva, luego
entonces, a fin de no dejar en estado de incertidumbre a los adolescentes
se declara que la medida de internamiento definitivo se contara a partir del
día 7 de septiembre de 2012, fecha en que se declaro procedente la
detención de los adolescentes en la etapa de investigación por parte del
Representante Social; es decir, a la fecha llevan privados de su libertad 4
meses, 4 días, tiempo en el cual han estado sujetos a diversas
actividades de tratamiento; por lo que les faltaría por cumplir un
internamiento de 1 año, 1 mes, 26 días; tiempo en el cual deberán
realizarse actividades grupales dirigidas por el personal técnico
capacitado a fin de que se enfoque en propiciar el interés de los
adolescentes hacia la adquisición de nuevos conocimientos a través del
estudio, y capacitación para el trabajo en los talleres que se imparten en
el centro de internamiento, pues esto resultaría trascendental para la vida
del adolescente dado que les permitirá en el momento de ser externados
una mejor forma de vida, como lo es la posibilidad de continuar con sus
estudios y en su caso la obtención de un trabajo; luego entonces con todo
esto se logre propiciar que los adolescentes realmente aprendan y
comprendan los aspectos negativos que trajo a su vida la conducta que
desplegaron y con ello valoren la libertad y aprendan a adaptarse y
respetar las normas establecidas en sociedad, pues resultan ser
adolescentes que al momento de los hechos se encontraba desorientado
y que han tenido un avance en la aceptación de los tratamientos que se le
suministran y por tanto durante el tiempo que les resta por cumplir en
26

internamiento seguramente obtendrán el beneficio de lograr su
reincorporación productiva a la sociedad y lo que es más importante aun,
que lo hagan con mejores condiciones como seres humanos que les
permitan llevar una vida plena para un mejor desarrollo personal e
integral.
V. REPARACION DE DAÑOS Y PERJUICIOS. Si bien el
artículo 29 de la ley de Justicia para Adolescentes vigente en el estado
señala que de resultar responsable el adolescente, el Juez no podrá
absolverle del pago de la reparación del daño; no menos cierto es que en
juicio se acredito que los objetos producto del delito de los cuales se
apoderaron los adolescentes como son el vehículo Nissan (*) para
acreditar la propiedad, fue recuperado por los elementos de policía y
puesto a disposición del representante social y después devuelto a la
parte agraviada; luego entonces resulta improcedente fijar condena por
este concepto, por lo que en consecuencia y apoyado además en lo
dispuesto por los artículos 274 del Código de Procedimientos Penales de
aplicación supletoria y 33 y 35 del Código Penal, vigente en la entidad se
ABSUELVE a (*), del pago de la reparación de los DAÑOS Y
PERJUICIOS.
Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo
dispuesto por los artículos 18 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos; 13, 16 fracción III, 174 fracción II, 203 fracción IV del
Código Penal, 2, 12, 62, 64, 66, 70, 178 a 184, 193 del Código de
Procedimientos Penales de aplicación supletoria, 40 de la Convención
sobre los Derechos del Niño; 47, 55, 56 de la Ley Orgánica del Poder
Judicial en el Estado de Hidalgo; 2, 4, 8, 10, 11, 13, 16, 27, 29, 31, 44, 45,
60, 60 Bis, 73, 74, 76, 77, 78, 93, 94, 96, 97, 103, 128, 136, 138 de la Ley
de Justicia para Adolescentes, es de resolverse y se:
R E S U E L V E:
PRIMERO. Esta autoridad ha sido y es competente para
conocer y resolver el presente asunto.
27

SEGUNDO. Los adolescentes (*), resultaron responsables de
las conductas consideradas como delito de ASALTO EQUIPARADO
AGRAVADO y ROBO de que trata esta resolución cometido en agravio
de (*), en consecuencia y a fin de que los adolescentes se reincorporen
adecuadamente a la sociedad y a su familia, con base en los argumentos
de derecho vertidos en el cuerpo de esta definitiva y solamente por cuanto
hace a la conducta de ASALTO EQUIPARADO AGRAVADO se impone
la medida de INTERNAMIENTO DEFINITIVO, sujeto a tratamientos por
parte del personal técnico especializado en las áreas de psicología,
trabajo social y pedagogía por UN AÑO SEIS MESES; tratamiento en los
cuales deberá incluirse a la familia del adolescente con la finalidad de
apoyarlo para fomentar su desarrollo, su reintegración a su familia y a la
sociedad y además se le impone como medida de orientación la de
APERCIBIMIENTO, que deberá ejecutarse una vez que quede firme la
presente definitiva, en términos de lo previsto por los artículos 97, 136,
138 de la Ley de Justicia Para Adolescentes en el Estado; las cuales
como ya se preciso deberán cumplirse en INTERNAMIENTO.
TERCERO. Por cuanto hace a la conducta considerada como
delito de ROBO, la cual se tuvo por acreditada, así como la
responsabilidad del adolescente en su comisión, no se impone medida
alguna por cuanto hace a dicho ilícito en virtud de que no fue así solicitada
por el ministerio público.
CUARTO. Se absuelve a los adolescentes (*), del pago de la
reparación de daños y perjuicios.
QUINTO. Se hace saber a los adolescentes y demás partes el
término de diez días que la ley concede para recurrir la presente
sentencia y expresar sus motivos de inconformidad en caso de no estar
de acuerdo con la misma.
28

SEXTO. Comuníquese el sentido de la presente resolución al
Director de Prevención y Reinserción Social en el Estado, así mismo al
Director del Centro de Internamiento en el Estado, enviándole copia
autorizada de la misma, para los efectos legales a que haya lugar.
SEPTIMO. Realícese las anotaciones correspondientes en el
libro de Gobierno que se lleva en este Honorable Juzgado, datos
estadísticos e informáticos.
OCTAVO. NOTIFIQUESE Y CUMPLASE.
A S I, lo resolvió en forma definitiva y firma el Ciudadano Juez
Segundo especializado en Adolescentes Licenciado NOÉ HERNÁNDEZ
RIVERA, que actúa legalmente con Secretario de Acuerdos Licenciada
VERONICA GARCIA OLGUIN, quien autoriza y da fe.
DOY FE.
En términos de lo previsto en los artículo 23, 42 Fracción V y 43 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental para el
Estado de Hidalgo, en esta versión se suprime la información considerada
legalmente como reservada o confidencial que encuadra en esos supuestos
normativos. Autorizo Licenciado Noé Hernández Rivera, Juez Segundo
Especializado en Justicia para Adolescentes, el día 08 del mes de Marzo
del año dos mil trece.
29