Ética y corrupción en la administración de justicia - Cybertesis

Ética y Corrupción en la Administración de Justicia Iván Zúñiga Castro
de la administración de justicia y de la sociedad civil, sin función jurisdiccional,
únicamente administrativa.
2. El Consejo Nacional de la Magistratura debe asumir las funciones de Control que
actualmente lo tienen la Oficina de Control de la Magistratura (OCMA) y de las
ODICMA, conocer de los procesos disciplinarios para absolver o sancionar. Nombrar
a los jueces previa calificación del currículo vitae del concursante y de que éstos
hayan aprobado el o los cursos en la Academia de la magistratura. Nombrar vocales
superiores y supremos, previa calificación de sus funciones será la ratificación de los
jueces en general, la misma que será permanente y obligatoriamente cada 3 años.
3. La Academia de la magistratura deberá reformarse con el objeto de que se constituya
en el mas Alto Centro de Estudios Superiores para la formación de jueces, bajo la
dirección de 3 representantes renovables cada 3 años del Órgano Administrativo del
Poder Judicial, de las facultades de derecho de las universidades estatales y privadas,
éstos últimos necesariamente tendrán que ser profesores principales. Su labor deberá
ser reconocido mediante dietas.
4. Se materialice en forma inmediata y dinámica el contenido de los 5 informes
preparados por la Comisión de Reestructuración del Poder Judicial en Derecho Penal,
Derecho Civil, Modernización del Despacho Judicial, Órganos de Gobierno, Política
Anticorrupción y Ética Judicial, documentos básicos sobre los cuales, además de su
pronta implementación, la Comisión Reformadora lo tendrá como documento especial
de trabajo.
5. Desechar la propuesta de que se reduzca la edad de los jueces, fiscales y miembros del
sistema a 65 años, pues, además de ser discriminatoria, es un método que ha sido
utilizado por gobiernos anteriores con el objeto de manipular este Poder y vulnerar
descaradamente su independencia jurisdiccional.
6. Establecer un presupuesto adecuado a sus exigencias y modernización, sin el cual es
imposible lograr una reforma auténtica que conlleve, seguridad jurídica y la meta más
importante que es alcanzar justicia.
Lima, Agosto del 2003
Por la Comisión de Pronunciamiento: Manuel Soria Alarcón
6.3 REFORMA EN LA JUSTICIA Y LA CRITICA A LOS JUECES Y FISCALES
(TEMA DE ESTADO)
Los cambios para atraer inversiones, para que los magistrados definan si están haciendo o no
una reforma, y que no esperen 15 años para concretarla, los pobres y las inversiones no
pueden esperar. Emplazando a los jueces y fiscales sobre la necesidad de realizar, a la
brevedad posible, una profunda reforma del sistema judicial. Hay que tomar el toro por las
astas para una reforma integral de la administración de justicia, es necesaria la estabilidad
jurídica para lograr mayor inversión.
La pobreza en el Perú alcanza el 54% de nuestra población y, de esa cifra, el 23% se
encuentra en condición de extrema pobreza, la justicia es un tema de Estado, es
responsabilidad de todos los peruanos asumirla como tal, comenzando por el Presidente.
BENEFICIOS PENITENCIARIOS A DELINCUENTES REINCIDENTES
(SEGURIDAD CIUDADANA)
Los esfuerzos del gobierno por aplicar una política integral de seguridad ciudadana no han
sido suficientes. Los peruanos vemos con horror como salen de las cárceles los delincuentes
más peligrosos amparados en los beneficios penitenciarios o en la benevolencia de los jueces,
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