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Ética y Corrupción en la Administración de Justicia Iván Zúñiga Castro 6.25 LA APELACIÓN DEL ABOGADO, PODER ESPECIAL CON ARREGLO A LEY Un ejercicio interpretativo respecto de la norma que contiene el Artículo 2902 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ). La conclusión a la que se llega es que "el abogado que ejerce el patrocinio en un proceso judicial no puede, sin tener poder expreso que le faculte, impugnar una decisión judicial adversa a su patrocinado sin la expresa manifestación de voluntad de éste". Esta conclusión es, en lo sustancial, correcta. En efecto, es claro que el abogado que no tiene poder que lo faculte, no puede impugnar una decisión judicial adversa a su patrocinado. En tal caso, el patrocinado debe declarar su voluntad de impugnar la decisión judicial. De esa misma conclusión se desprende, por el contrario, que el abogado patrocinante que tenga poder que le faculte para ello, sí puede impugnar un"': decisión judicial adversa a su patrocinado, Pero, aún cuando la conclusión glosada es correcta, los alcances que en el referido comentario periodístico se le atribuyen al Art. 2902 de la LOPJ no pueden ser compartidos. Atendiendo alas consideraciones en que se apoya la conclusión citada líneas atrás, queda claramente de manifiesto que lo que en definitiva se sostiene es que el abogado patrocinante no puede apelar de una decisión judicial en representación de su cliente, premunido únicamente de la facultad que le confiere el Artículo 2902 de la LOPJ, pues para hacerlo requiere de un poder voluntariamente otorgado por el patrocinado que expresamente lo faculte. Empero, una interpretación correcta de la mentada disposición conduce inexorablemente a una conclusión opuesta. Veamos. Como se sabe, en general, por el principio de relatividad, los actos jurídicos sólo producen efecto en la esfera de aquel que los celebra, salvo algunas excepciones reconocidas por la ley (por ejemplo, los actos jurídicos unilaterales o el contrato a favor de tercero). Por otro lado, es claro que, en conexión con el principio recordado, el ejercicio de un derecho perteneciente a otro sólo es admitido o el acto jurídico que se celebra en nombre de otro sólo produce efectos jurídicos en la esfera de aquel en cuyo nombre se celebra, en los casos en que se configure alguno de los supuestos de sustitución jurídica que reconoce la ley. Por ejemplo, es por todos conocidos que cuando se dan los presupuestos establecidos por la ley, el acreedor puede ejercer los derechos de su deudor (inciso 4 del Artículo 12192 del Código Civil -CC-). Pues bien, el fenómeno de la representación es también una hipótesis de sustitución, de manera que el acto jurídico celebrado por el representante -dentro de los límites de las facultades conferidas- produce efecto directamente respecto del representado (Artículo 1602 del CC). Por tal razón, la conclusión a la que se llega en el comentario periodístico tantas veces citado es -en lo sustancial- correcta. Ahora, como se sabe, la facultad de representación puede emanar de un acto voluntario del interesado o conferida la ley (Artículo 145° del CC). En cualquier caso, la extensión del poder, o sea la amplitud de las facultades de representación que adquiere el apoderado debe buscarse en la fuente del poder de representación, es decir, en el propio negocio de apoderamiento -si se trata de un poder voluntario- o en la ley -Si el poder es legal-. Por otro lado, por su contenido, es decir por la extensión de las facultades de representación que confiere, el poder es general o especial. Es general, precisamente, cuando las facultades que se confieren son genéricas. En tal sentido, un poder general dentro del contexto del Derecho Civil sólo autoriza al representante a ejercer actos de administración Artículo 155° del CC). A su turno, en el ámbito del Derecho Procesal Civil, el poder general confiere al apoderado todas las facultades que corresponden al poderdante, salvo aquellas para las que la 484
Ética y Corrupción en la Administración de Justicia Iván Zúñiga Castro ley exige poder especial. Más aún, toda limitación o reserva en contrario se considera no puesta (Artículo 92 del Código de Procedimientos Civiles -C. de PC.-). En consecuencia, con un poder general, el apoderado está facultado para realizar todos los actos que puede realizar el propio poderdante. Entonces, sólo para la realización de determinados actos procesales no es suficiente el poder general, pues se requiere que el interesado o la ley (según la fuente de donde emane la facultad representativa) autoricen específicamente la realización de dichos actos al apoderado. Ese es el poder especial. Así, el Artículo 102 del C. de PC. Enumera una serie de actos para los cuales esa misma norma exige poder .especial, es decir, mención específica del acto que se autoriza a ejercer al apoderado. El Artículo 102 de aquel código señala, en efecto, que .Se requiere poder especial para desistirse de la demanda, convenir en ella, prestar confesión o juramento decisorio, deferir al del contrario, transigir el pleito, someterlo a arbitraje, pedir suspensión de pagos o presentarse en concurso o quiebra, emancipar, adoptar o prestar consentimiento para la adopción, sustituir el poder y para los demás actos que exprese la ley”. Es bastante evidente entonces, que los actos para los que se requiere poder especial son sólo aquellos que están enumerados en el citado Artículo 102 de C. De PC. O, como él mismo indica, en otra disposición legal. Así, por ejemplo, el Artículo 415° del C. de PC., señala que para reconocer documentos mediante apoderado, se requiere poder especial. Por lo tanto, si para un determinado acto procesal la ley no exige poder especial, dicho acto puede ser ejercido por el apoderado en virtud de un simple poder general, es decir, de aquel a que se refiere el Artículo 9° del C. De PC. Ahora bien, no existe ninguna disposición legal que exija poder especial para que el apoderado pueda interponer el recurso de apelación en representación de su poderdante, de modo que, de conformidad con el sistema expuesto, que es el vigente hasta ahora, el apoderado que cuenta con un poder general conferido en los términos del Artículo 9° del C. de PC. Se encuentra perfectamente legitimado para apelar en representación de su poderdante. En otras palabras, el poder general confiere el apoderado la facultad para apelar.* ----------------------------------------- * El Peruano., 22.07.93 HUGO FORNO FLORES Hace ya varios días (el 16 de junio para ser más precisos) se ha publicado en el diario El Comercio, bajo el título La apelación del abogado, un artículo mediante el cual se hace un ejercicio interpretativo 485
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