Ética y corrupción en la administración de justicia - Cybertesis

Ética y Corrupción en la Administración de Justicia Iván Zúñiga Castro
6.25 LA APELACIÓN DEL ABOGADO, PODER ESPECIAL CON ARREGLO A
LEY
Un ejercicio interpretativo respecto de la norma que contiene el Artículo 2902 de la Ley
Orgánica del Poder Judicial (LOPJ). La conclusión a la que se llega es que "el abogado que
ejerce el patrocinio en un proceso judicial no puede, sin tener poder expreso que le
faculte, impugnar una decisión judicial adversa a su patrocinado sin la expresa
manifestación de voluntad de éste". Esta conclusión es, en lo sustancial, correcta. En efecto,
es claro que el abogado que no tiene poder que lo faculte, no puede impugnar una decisión
judicial adversa a su patrocinado. En tal caso, el patrocinado debe declarar su voluntad de
impugnar la decisión judicial. De esa misma conclusión se desprende, por el contrario, que el
abogado patrocinante que tenga poder que le faculte para ello, sí puede impugnar un"':
decisión judicial adversa a su patrocinado, Pero, aún cuando la conclusión glosada es
correcta, los alcances que en el referido comentario periodístico se le atribuyen al Art. 2902
de la LOPJ no pueden ser compartidos. Atendiendo alas consideraciones en que se apoya la
conclusión citada líneas atrás, queda claramente de manifiesto que lo que en definitiva se
sostiene es que el abogado patrocinante no puede apelar de una decisión judicial en
representación de su cliente, premunido únicamente de la facultad que le confiere el Artículo
2902 de la LOPJ, pues para hacerlo requiere de un poder voluntariamente otorgado por el
patrocinado que expresamente lo faculte. Empero, una interpretación correcta de la mentada
disposición conduce inexorablemente a una conclusión opuesta. Veamos. Como se sabe, en
general, por el principio de relatividad, los actos jurídicos sólo producen efecto en la esfera
de aquel que los celebra, salvo algunas excepciones reconocidas por la ley (por ejemplo, los
actos jurídicos unilaterales o el contrato a favor de tercero). Por otro lado, es claro que, en
conexión con el principio recordado, el ejercicio de un derecho perteneciente a otro sólo es
admitido o el acto jurídico que se celebra en nombre de otro sólo produce efectos jurídicos en
la esfera de aquel en cuyo nombre se celebra, en los casos en que se configure alguno de los
supuestos de sustitución jurídica que reconoce la ley. Por ejemplo, es por todos conocidos
que cuando se dan los presupuestos establecidos por la ley, el acreedor puede ejercer los
derechos de su deudor (inciso 4 del Artículo 12192 del Código Civil -CC-). Pues bien, el
fenómeno de la representación es también una hipótesis de sustitución, de manera que el
acto jurídico celebrado por el representante -dentro de los límites de las facultades
conferidas- produce efecto directamente respecto del representado (Artículo 1602 del CC).
Por tal razón, la conclusión a la que se llega en el comentario periodístico tantas veces citado
es -en lo sustancial- correcta. Ahora, como se sabe, la facultad de representación puede
emanar de un acto voluntario del interesado o conferida la ley (Artículo 145° del CC). En
cualquier caso, la extensión del poder, o sea la amplitud de las facultades de representación
que adquiere el apoderado debe buscarse en la fuente del poder de representación, es decir, en
el propio negocio de apoderamiento -si se trata de un poder voluntario- o en la ley -Si el
poder es legal-.
Por otro lado, por su contenido, es decir por la extensión de las facultades de representación
que confiere, el poder es general o especial. Es general, precisamente, cuando las facultades
que se confieren son genéricas. En tal sentido, un poder general dentro del contexto del
Derecho Civil sólo autoriza al representante a ejercer actos de administración Artículo 155°
del CC). A su turno, en el ámbito del Derecho Procesal Civil, el poder general confiere al
apoderado todas las facultades que corresponden al poderdante, salvo aquellas para las que la
484