Ética y corrupción en la administración de justicia - Cybertesis

Ética y Corrupción en la Administración de Justicia Iván Zúñiga Castro
Lo censurable también esta cuando algunos abogados que trabajan dentro del sistema estatal
como miembros del Tribunal Constitucional, Jurado Nacional de elecciones, Consejo
Nacional de la Magistratura, Poder Judicial, Ministerio Público, etc. Aplican el principio de
legalidad edificado por el gobierno totalitario, prescindiendo de la Constitución Política.
Por último, es lamentable la activa y permanente participación de algunos abogados y
juristas que conscientemente y en ejercicio de su libertad de expresión, son utilizados por el
Gobierno para formular opiniones en los medios de comunicación, convalidando las formas
jurídicas de los diversos actos políticos que interesa al poder, con la finalidad de crear en la
población una opinión favorable al Gobierno.
En esencia los gobiernos totalitarios desarrollan una serie de mecanismos para atraer a
este tipo de juristas, para que opinen en los diversos medios de comunicación, los mismos
que pueden clasificarse en:
a) Los que opinan siempre a favor del gobierno;
b) Los que opinan algunas veces a favor y otras en contra;
c) Los que inteligentemente marcan distancia del Gobierno opinando veladamente a
favor de sus actos.
LOS ABOGADOS Y LA LEY DE INTERPRETACIÓN AUTENTICA DEL ART. 112°
DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA.
El Gobierno de Fujimori y Montesinos en 1996, tuvo como fin político inmediato quedarse
cinco años más en el poder. Para ello utilizó, entre otros a los abogados que trabajan para el
poder o que están cercanos a el.
A este objetivo político se le ha dado una forma jurídica, mediante la promulgación de la
ley 26657, que modificó el Art. 112° de la Constitución Política, prescindiendo del
procedimiento de reforma constitucional, so pretexto de ser una ley de interpretación
auténtica. Con respecto a esta incorrecta utilización del Derecho, algunos juristas del régimen
consideran que dicha ley de interpretación auténtica es constitucional. Otros más cautos,
consideran que están en desacuerdo con la reelección, pero que dicha Ley 26657 puede ser
interpretada de dos maneras válidas (por la procedencia o improcedencia del tercer periodo
presidencial), legitimando con ello, un tercer gobierno inmediato sin necesidad de
confrontarse con la sociedad y el poder político.
6.24.3 EL GOBIERNO TOTALITARIO Y EL SISTEMA ELECTORAL
La cuestionada ley de “interpretación autentica” del Art. 112 de la Constitución Política,
promulgada con fecha 22 de agosto de 1966, constituye la base de una estructura legal
concebida premeditadamente para que el régimen se perpetuara en el poder. Contra esta ley el
Colegio de Abogados de Lima presentó una acción de inconstitucionalidad ante el Tribunal
Constitucional, el mismo que con fecha 3 de enero de 1997, dicto sentencia “declarando
inaplicable por unanimidad de los votos emitidos con las abstenciones indicadas, y en
ejercicio de sus atribuciones de control difuso, la ley interpretativa 26657, para el caso
concreto de una nueva postulación a la presidencia de la República en el año 2,000, del
actual Jefe del Estado”. Sentencia que, al no haberse dejado sin efecto por ningún órgano
del Estado, produce consecuencias jurídicas como es la falta de legitimidad del actual Jefe de
Estado para postular a un tercer período presidencial.
El Gobierno de Fujimori, teniendo en cuenta esta finalidad política de perpetuación en el
poder, meses después promulgo la ley 26859 con fecha 29 de septiembre de 1997,
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