Ética y corrupción en la administración de justicia - Cybertesis

Ética y Corrupción en la Administración de Justicia Iván Zúñiga Castro
Como consecuencia de los vacíos de dicha norma, centenares de personas inocentes fueron
injustamente detenidas, procesadas y condenadas, mientras que terroristas salían de prisión.
Esta situación se agudizó cuando se permitió la asociación de esta norma con otras políticas,
como la política de promoción del ascenso de los policías y militares, según el número de
detenciones de terroristas. Las características de la legislación de emergencia que debía ser
aplicada por el sistema judicial muestran un evidente condicionamiento estructural que lo
convertía en un aparato que había institucionalizado la ilegalidad como forma de represión de
la subversión armada y los actos terroristas. Sin embargo esto no puede negar que estructuras
injustas necesitan de personas concretas para producir resultados. Los principios estatuidos
por las leyes de emergencia fueron aplicados por personas concretas, 41 Quienes votaron a
favor de derivar el caso al fuero militar fueron los Sres. Pantoja Rodulfo, Ibérico. Más y
Montes de Oca Begazo. Emitieron un voto razonado en contra de tal decisión, los
magistrados Hugo Sivina Hurtado y Felipe, Almenara Bryson. Que hicieron de la satisfacción
de los intereses del poder ejecutivo una forma de medrar económicamente aunque esto
significara un alto costo en inocentes arrojados a la cárcel.
6.23.9 VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS POR OMISIÓN O ACCIÓN
DE LOS OPERADORES DE DERECHO: IMPUNIDAD
La aplicación de la legislación antiterrorista dependía de que los jueces penales renunciasen a
su deber ejercer el control difuso de la constitucionalidad de las leyes, es decir, que
renunciasen a actuar a conciencia aplicando por encima de leyes injustas, los principios
constitucionales. Ahora bien, al igual que en el análisis de la etapa 1980-1992, se puede
distinguir durante estos años actos de omisión del deber de los operadores de derecho y
acciones efectivas de dichos operadores y de los órganos del sistema judicial. Los actos de
omisión se configuran básicamente por la impunidad otorgada por el Sistema Judicial, a las
violaciones a los derechos humanos realizadas por la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas.
Si bien es cierto, esta impunidad fue aparentemente «legitimada» por la Ley de Amnistía
(Ley N° 26479) del año 1995 —la cual, por lo demás, fue considerada durante muchos años
como una decisión política no revisable en sede judicial—, esto no le resta responsabilidad al
Ministerio Público ni al Poder Judicial. En efecto, es posible afirmar que el sistema judicial
fue co-responsable de las violaciones producidas a los derechos humanos porque durante los
años en que la Ley de Amnistía no estuvo vigente, la impunidad de quienes, en la represión
de la violencia terrorista, vulneraban los derechos humanos, fue -de todos modos- una
constante; porque, de acuerdo a la legislación internacional, no es jurídicamente válido que
los Estados dispongan la amnistía a crímenes denominados de «lesa humanidad»; y porque,
en estas circunstancias, correspondía al Ministerio Público instar el control de las actuaciones
policiales y militares y correspondía al Poder Judicial la inaplicación de dicha norma, por
resultar claramente vulneratoria de disposiciones de rango superior, como es el caso de los
tratados internacionales suscritos por el Perú, en materia de derechos humanos.42 Esto último
fue confirmado con posterioridad por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la
sentencia de fecha 14 de marzo de 2001, emitida a propósito del denominado: «Caso Barrios
Altos»43 . Sin embargo, la inexistencia de dicha jurisprudencia en el periodo materia de
análisis, no releva de responsabilidad al Sistema Judicial, debido a que ésta se desprende de
la legislación internacional, incorporada al ordenamiento jurídico peruano. Para hacer esta
afirmación, es esencial partir del supuesto de que en un estado de Derecho se reconoce que el
carácter normativo y supremo de la Constitución exige que ella sea tomada como parámetro
para controlar o determinar la validez de las demás normas 42 Un caso importante y que
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