Ética y corrupción en la administración de justicia - Cybertesis

Ética y Corrupción en la Administración de Justicia Iván Zúñiga Castro
De acuerdo a lo previsto por la Constitución Política de 1993, el Fuero Civil -
específicamente la Corte Suprema- está en aptitud de revisar las decisiones que emanan del
Fuero Militar, únicamente en los supuestos en que éstos impongan la sanción de pena de
muerte 40, incorporada por dicho texto constitucional para los delitos de Traición a la Patria,
en caso de guerra exterior o de terrorismo. En términos prácticos, la incorporación dicho
mecanismo de control sobre las decisiones jurisdiccionales del Fuero Militar, sólo existió
como una declaración formal. En efecto, atendiendo a lo establecido por los diversos tratados
internacionales suscritos por el Perú, que proscriben la pena de muerte, como la Convención
Americana de Derechos Humanos de San José de Costa Rica, el Perú se encontraba también
impedido de ampliarla a supuestos no previstos al momento de su suscripción, como serían
los delitos de Terrorismo y Traición a la Patria en caso de guerra interna, incorporados con
posterioridad a la suscripción de tales instrumentos internacionales, a través de la
Constitución de 1993. En esta lógica, en términos jurídicos, la pena de muerte no podría ser
aplicada en el Perú, a menos que previamente se denuncie los tratados internacionales ya
suscritos.
Por tanto, si la única posibilidad de que las decisiones del Fuero Militar fueran controladas
por el Fuero Civil, suponía que éstas impongan la pena de muerte, y ésta legalmente no puede
ser impuesta en nuestro país para los delitos de Terrorismo y Traición a la Patria en caso de
guerra interna, podemos concluir que —salvo la denuncia de los tratados internacionales
antes referida— no existía ninguna posibilidad de control del fuero civil de las decisiones
jurisdiccionales del Fuero Militar. Mención especial en el amplio cuerpo legislativo
antiterrorista del régimen fujimorista fue la institucionalización de la impunidad de las
violaciones de derechos humanos, realizadas por las fuerzas policiales y fuerzas armadas.
Así, la Ley Nº 26479 del 15 de junio de 1995, concedió una amnistía general al personal
militar, policial o funcional que se encontraba denunciado, investigado, encausado, procesado
o condenado por delitos comunes o militares en la jurisdicción común o militar, siempre que
tales denuncias, investigaciones y/o procesos se refieran a los hechos derivados u originados
con ocasión, o como consecuencia, de la lucha contra el terrorismo. El problema de la
abdicación de competencia del fuero civil a favor del fuero militar empeoró por la flagrante
interferencia política de los legisladores de la mayoría fujimorista. Un caso paradigmático de
esta intervención, fue el denominado caso «La Cantuta» suscitado en 1994, en el cual, ante el
temor de que la opinión pública forzara a la Corte Suprema a resolver el conflicto de
competencia a su favor, el gobierno del expresidente Alberto Fujimori expidió la Ley N°
26291, aprobada sin previo debate significativo, a medianoche, ante la protesta de la
oposición parlamentaria. Mediante esta ley, dando apariencia de generalidad normativa, se
resolvió el conflicto de competencia a favor de la Justicia Militar simplificando los
mecanismos de dirimencia de competencia, en función de la mayoría simple que el gobierno
sabía tenía en la Corte Suprema 41. El Decreto Ley Nº 25499 del 16 de mayo de 1992,
también conocido como «Ley de Arrepentimiento», dispuso algunos mecanismos que
permitían eximir, redimir o atenuar la pena, siempre que el inculpado o condenado
proporcione información que permita identificar a otros miembros de los grupos subversivos.
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40 «Art. 140º.- La pena de muerte sólo puede aplicarse por el delito de Traición a la Patria en caso de guerra, y el de
Terrorismo, conforme a las leyes y a los tratados de los que el Perú es parte obligada.» «Art. 141º.- Corresponde a la Corte Suprema fallar
en casación, o en última instancia cuando la acción se in icia en una Corte Superior o ante la propia Corte Suprema conforme a ley.
Asimismo, conoce en casación las resoluciones del Fuero Militar, con las limitaciones que establece el artículo 173º.» «Art. 173º.- En caso
de delito de función, los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional están sometidos al fuero respectivo y al Código de
Justicia Militar, las disposiciones de éste no son aplicables a los civiles, salvo en el caso de delitos de Traición a la Patria y de Terrorismo
que la ley determina. La casación a que se refiere el artículo 141º, sólo es aplicable cuando impugna la pena de muerte.»
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