Ética y corrupción en la administración de justicia - Cybertesis

Ética y Corrupción en la Administración de Justicia Iván Zúñiga Castro
Al respecto, cabe preguntarse si la responsabilidad por semejante estado de cosas recae
solamente en el legislador o también en los operadores de derecho, quienes deben
interpretarla. Mediante Sentencia 010-2002-AI/TC del Tribunal Constitucional se ha
determinado que la norma no puede interpretarse en ese sentido literal, sino que debe
interpretarse sistemáticamente de conformidad con lo dispuesto por el artículo 77° del
Código de Procedimientos Penales de 1940, de tal manera que el juez está obligado a abrir
instrucción sólo si se cumplen los requisitos ahí estatuidos, y con lo dispuesto por el artículo
135° del Código Procesal Penal. Con este razonamiento, el Tribunal está considerando
indirectamente que la responsabilidad en este caso del intérprete de la norma, que debe
siempre considerar las normas en forma concordante con la Constitución. Otra vulneración de
los derechos de los detenidos, durante la etapa prejudicial, se suscitaba mediante su
incomunicación, respaldada por el literal d) del artículo 12° del Decreto Ley N° 25475, que
autorizaba a la Policía Nacional a disponer la incomunicación absoluta de los detenidos,
cuando las circunstancias lo requieran y la complejidad de las investigaciones así lo exija
para el mejor esclarecimiento de los hechos que son materia de investigación, con
conocimiento del Ministerio Público y de la autoridad jurisdiccional respectiva. De este
modo, los detenidos no podían comunicarse ni con su abogado defensor. Esta norma que
permitía la incomunicación del detenido fue derogada por la Ley N° 26447 de fecha 18 de
abril de 1995, la misma que dispuso en su artículo 2°, que la participación del abogado
defensor no podía ser limitada durante las investigaciones policiales y la entrevista con su
patrocinado tampoco, aún así se hubiera dictado la incomunicación. Por otro lado, las normas
antiterroristas de esta segunda etapa mantuvieron la competencia de la Policía y la ampliaron
a las fuerzas armadas, de decretar los traslados de los detenidos que tenían como finalidad
apartarlos del medio en el cual se cometió el hecho delictivo, lo que terminaba dificultando la
recolección de pruebas, y haciendo que el atestado policial funcionara como prueba única y
suficiente, vulnerando así las garantías del procesado y, lo que es también especialmente
grave, creando una deficiencia difícil de solventar una vez que se llevara a cabo un verdadero
proceso legal. La entrega de estas competencias a las fuerzas policiales y militares, sumada a
la eliminación de la obligación de practicar el reconocimiento médico legal del detenido, por
el Decreto Legislativo N° 25475; produjo el escenario propicio para que se cometieran graves
vulneraciones al derecho a la vida y a la integridad física de los detenidos. Es una
constatación especialmente grave que el habeas corpus se declaró improcedente. Mediante
Decreto Ley Nº 25659, se dispuso que en ninguna de las etapas de la investigación policial y
del proceso penal procedieran las acciones de garantía de los detenidos, implicados, o
procesados por delito de Terrorismo. Este Decreto Ley fue posteriormente modificado por la
Ley Nº 26248, que ordenaba rechazar las demandas de habeas corpus interpuestas por los
implicados o procesados por los delitos de Terrorismo o Traición a la Patria «sustentadas en
los mismos hechos o causales, materia de un parte, y de someter los derechos de las personas
a un constante acto de arbitrariedad de los jueces, de otra»*.
De esta manera se eliminaba la función de control inmanente al Ministerio Público pues se
prohibía la utilización del mecanismo constitucional establecido para efectivizar este control.
En suma, estas normas suprimían el derecho de todo ciudadano de contar con tutela o
protección jurisdiccional de sus derechos fundamentales, incumpliéndose así lo establecido
por los tratados internacionales sobre derechos humanos suscritos por el Perú. Esta
legislación, además, instauró plazos irracionales en las etapas prejudicial y judicial en los
procesos para la represión del terrorismo.
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* En: RIVERA PAZ, Carlos. Veinte Propuestas .Ob.Cit. Pg. 25 procedimiento en trámite o ya resuelto».
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