Ética y corrupción en la administración de justicia - Cybertesis

Ética y Corrupción en la Administración de Justicia Iván Zúñiga Castro
A pesar de que la Constitución Política de 1993 buscó resolver el problema de la deficiente
formación de los magistrados, creando la Academia de la Magistratura, destinada a fomentar
la «carrera judicial»; en la práctica, esto no ocurrió, básicamente por que la Academia centró
sus esfuerzos en la capacitación y selección de los postulantes a la magistratura, en lugar de
empeñar esos esfuerzos en capacitar a los magistrados ya electos; porque el sistema de
ascensos no fue estructurado sobre la base de los méritos realizados y del tiempo de servicios
prestados, sino simplemente sobre la base de la aprobación de determinados cursos, dictados
por la Academia que podían determinar que un postulante a magistrado, ingrese directamente
a las instancias superiores; y porque a partir de la Ley N° 26623, la Academia sufrió la
afectación de la intervención política que si bien fue mínima durante el mandato de la
primera (así denominada) Comisión de Reorganización y Gobierno, fue totalmente clara una
vez que esta renunció. Por otro lado, en lo relativo a la capacitación, los cursos dictados por
la Academia sólo estaban dirigidos a los magistrados previamente seleccionados por los
Presidentes de las Cortes, lo que no garantizaba que todos accedieran a la capacitación
permanente respectiva; más aún, estos programas estaban dirigidos esencialmente a jueces,
más no a fiscales, quienes no recibían mayor capacitación en materia de concepción del
fenómeno del terrorismo, y su tipificación, en técnicas de investigación que les permitieran,
por ejemplo, obtener medios de prueba suficientes para el procesamiento eficiente de los
inculpados, en mecanismos de control de los actos policiales a fin de velar por los derechos
del detenido y de la sociedad en su conjunto, lo que explica de alguna manera el por qué de
su inoperancia en este período. Esta diferencia en la formación y capacitación motivó, por
ejemplo, que el ejercicio de la función jurisdiccional haya estado determinado por la ausencia
de una debida motivación de las decisiones judiciales; exceso de formalismo y la aplicación
mecánica de las normas jurídicas, sin tener en cuenta la capacidad creadora de los jueces; la
falta de entendimiento del fenómeno de la subversión armada, de los actos de terrorismo, así
como de su tipificación, y de las técnicas de investigación que permitan contar con elementos
suficientes para la represión del delito; la falta de conocimiento y aplicación de la legislación
constitucional e internacional sobre derechos humanos, la cual fue percibida como una
legislación ajena a nuestro sistema jurídico y a nuestra realidad; la falta de conocimiento y
manejo de los procesos constitucionales, como el Habeas Corpus y el Amparo; y la falta de
respuesta frente a la emisión de normas que afectaban los derechos humanos de los
procesados y específicamente a los detenidos por terrorismo.
Estos factores resultaron determinantes en el rol que cumplió el Sistema Judicial en la
represión del fenómeno de violencia, pues no le permitieron impartir justicia y velar por los
derechos humanos y el debido proceso en la represión del delito de Terrorismo,
constituyéndose más bien, en un ente inoperante frente a las situaciones de abuso y
arbitrariedad cometidas contra muchos de los detenidos. Hay que prestar atención al
problema de la seguridad de los jueces dedicados al juzgamiento de personas procesadas por
terrorismo.
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32 Es de indicar que, la carga procesal se fue incrementando cada año en relación directa con el crecimiento de la población. Dicha falta de
personal (considerando que en el Perú, existen 6 jueces por cada 1000,000 de habitantes), y la inexistencia de criterios adecuados de
asignación de la carga procesal, redujo las posibilidades reales de que los ciudadanos accedan a una tutela jurisdiccional efectiva.
Por otro lado, en este periodo la tasa de resolución en los procesos judiciales fue disminuyendo a ritmo constante, por lo que se fue
incrementando el número de procesos pendientes. Cada vez se recibían más casos y se tenía un volumen mayor de causas pendientes,
situación que continúa hasta la fecha, generando un grave riesgo de colapso de la administración de justicia.
Sólo para ejemplificar cómo esta situación se ha mantenido hasta la actualidad, es de indicar que en el periodo 2000- 2002, la tasa de
pendientes creció en 20,4% si comparamos los años 2000 y 2001, y en 24,1% entre los años 2001 y 2002; mientras que la tasa de resolución
disminuyó en 6,2% y 9,4% en los mismos periodos respectivamente.
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