Ética y corrupción en la administración de justicia - Cybertesis

Ética y Corrupción en la Administración de Justicia Iván Zúñiga Castro
funciones, en todo el territorio nacional. El plazo de vigencia de esta Comisión fue, en
principio, de noventa (90) días; sin embargo, este que plazo fue prorrogado repetidas veces.
Resulta trascendente indicar que la legitimidad de las investigaciones realizadas por la
Comisión Evaluadora del Poder Judicial, fue ampliamente cuestionada, debido a la
arbitrariedad empleada en el procedimiento de evaluación y sanción de los magistrados.
Los 133 magistrados cesados por el Ejecutivo, se encontraban distribuidos de la
siguiente manera:
33 Vocales de las Cortes Superiores del Distrito Judicial de Lima,
8 Vocales de la Cortes Superiores del Distrito Judicial del Callao,
6 Fiscales Superiores de Lima,
47 Jueces del Distrito Judicial de Lima,
29 Jueces del Distrito Judicial del Callao, y
10 Jueces de Menores del Distrito Judicial de Lima,
Es de indicar, que un número significativo de ellos fueron repuestos en el añ0 2001, es decir
9 años después por decisión del Consejo Nacional de la Magistratura. 23 Dos de ellos, el Dr.
Luis Felipe Almenara Brayson y David Ruelas Terrazas habían sido nombrados ese mismo
día, es decir, el 23 de abril de 1992, como Vocales Provisionales de la Corte Suprema de la
República mediante Decreto Ley N° 25447.
24 Estos Vocales fueron: Luis Serpa Segura (Presidente de la Corte Suprema), David Ruelas
Terrazas (Jefe del Órgano de Control Interno del Poder Judicial) y Luis Felipe Almenara
Brayson (Vocal Administrativo).
Esta situación se agravó, con la promulgación del Decreto Ley N° 25454 del 28 de abril de
1992, que dispuso la improcedencia de todas las demandas de amparo dirigidas a impugnar,
directa o indirectamente, las acciones de investigación de la Comisión Evaluadora, así como
las decisiones y medidas tomadas por la Sala Plena de la Corte Suprema, sobre la separación
de magistrados y otros miembros del Poder Judicial.25
Por otra parte, con fecha 5 de junio de 1992, se promulgó el Decreto Ley N° 25530, que creó
la Comisión Evaluadora del Ministerio Público, que estaría integrada por dos (02) Fiscales
Supremos Provisionales, designados por la Junta de Fiscales Supremos, a propuesta del Fiscal
de la Nación. Dicha Comisión tuvo como función principal, investigar y sancionar, en un
plazo de noventa (90) días, la conducta funcional de los fiscales, abogados auxiliares y
personal administrativo del Ministerio Público, que en ese momento continuaran en ejercicio.
Poco después, el 21 de septiembre de 1992, -es decir, mientras se encontraban vigentes las
facultades de la Comisión-, se promulgó el Decreto Ley N° 25735, que declaró al Ministerio
Público, en proceso de Reestructuración Orgánica y Reorganización Administrativa.
Esta norma, otorgó a la Fiscal de la Nación Dra. Blanca Nélida Colán- las facultades para
dictar las normas y adoptar las medidas administrativas necesarias para evaluar la capacidad e
idoneidad del personal del Ministerio Público. De esta manera, dicha autoridad asumió el rol
atribuido inicialmente a la Comisión Revisora. Como vemos, tanto la creación de la
Comisión Revisora del Ministerio Público, así como la atribución posterior de facultades, al
Fiscal de la Nación, constituyó claramente un mecanismo de control del poder político y por
ende, una manifestación de violencia generada en la organización misma del Sistema
Judicial.
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25 Lo mencionado cobra aún mayor trascendencia si se tiene en cuenta lo señalado en el Informe de la Comisión Investigadora del Poder
Judicial designada por el Congreso de la República, según el cual esta Comisión «sancionó con cese sin investigación, evaluación, defensa y
sin expresión de causa». 26 Este plazo inicial de 360 días, sería prorrogado hasta en tres oportunidades, y debía culminar en diciembre del
año 2000.
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