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Ética y Corrupción en la Administración de Justicia Iván Zúñiga Castro Al mismo tiempo, casos notorios como los relativos al comportamiento de la infantería de Marina en Huanta como el caso Pucayacu y el caso Callqui en 1984 fueron resueltos a favor del fuero militar. Esto ocurría durante el período del conflicto que ha probado ser el más costoso en vidas humanas, lo que da una idea de la responsabilidad que le cabe al sistema judicial por alimentar la sensación de impunidad con la que actuaron los agentes estatales Este patrón de abdicación se profundizó luego con los casos de Accomarca y Parcco- Pomatambo y Cayara, que quedaron en la impunidad luego de ser derivados a la justicia militar. Sin perjuicio de la clara incapacidad del sistema judicial para proteger los derechos ciudadanos y al mismo tiempo reprimir la violencia terrorista de manera eficiente, puede afirmarse que en la actividad desplegada con este propósito el sistema judicial también incurrió en actos de violencia directa, entre los que se pueden señalar las detenciones arbitrarias sin que fueran admitidos a trámite los procesos de habeas corpus, la incomunicación de los detenidos, muchas veces con conocimiento de los fiscales, y la falta de control sobre el uso de medios ilícitos para obtener declaraciones y demás medios de prueba. Si bien estos abusos fueron realizados por miembros de las fuerzas armadas y policiales, se ha comprobado que eran conocidos por el Poder Judicial y el Ministerio Público, instituciones que, además de fomentar la impunidad de los responsables dieron trámite a las denuncias presentadas sobre la base de medios de prueba obtenidos ilícitamente. La falta de control creó el clima de impunidad que propició prácticas aberrantes como la desaparición forzada y la tortura. Esta situación pudo haber sido distinta, si nuestro Poder Judicial no hubiese abdicado en la defensa de los derechos humanos, y por el contrario, hubiese aplicado las disposiciones internacionales sobre la materia, que establecen que existen derechos y garantías que no pueden ser suspendidos ni siquiera en estados de excepción. El Informe Defensorial Nº 77 sobre Ejecuciones Extrajudiciales respalda los hallazgos de la Comisión al señalar que: 20 * Un ejemplo emblemático de la situación de mala práctica de análisis de restos humanos y omisión de denuncia es el caso del encuentro de la localidad de «Los Molinos», cercana a Jauja, luego de la realización de un combate regular en que unidades del Ejército Peruano sorprendieron a una columna armada del Movimiento Revolucionario Túpac Amarú. En dicho encuentro, el Ejército Peruano reportó 6 bajas mortales y 19 heridos, sin embargo, en el bando subversivo se reportaron 63 bajas mortales y ningún herido o prisionero. Si esta situación tan improbable ya llamaba a investigar, la gravedad de lo ocurrido adquirió mayor urgencia cuando civiles de la zona denunciaron ejecuciones arbitrarias de familiares que vivían en la zona del enfrentamiento. --------------------------------------------- 20 Informe Defensorial sobre Ejecuciones Extrajudiciales, agosto 2003, Defensoría del Pueblo. *…en más de la mitad de los 11 casos de ejecuciones extrajudiciales estudiados por la Defensoría del Pueblo y Derechos Humanos, sólo se limitaron a remitir oficios solicitando información sin disponer otras diligencias preliminares básicas. En efecto, resulta irregular la omisión de disposición de diligencias importantes tales como la recepción de la declaración de los familiares o testigos, la visita o inspección preliminar a las instalaciones policiales o militares, el levantamiento de cadáver o la práctica de la necropsia correspondiente. Como hemos mencionado, los diversos órganos del Ministerio Público no sólo tenían competencia para practicar las diligencias aludidas, sino que las mismas debieron ser dispuestas en los casos investigados, ello en razón de la obligación del Ministerio Público de conducir la investigaciones de delito (artículo 158º inciso 4 de la Constitución) y de recaudar los elementos probatorios para formular una imputación penal (artículo 94º inciso 2 del Decreto Legislativos Nº 052). Por otro lado, sólo en uno (Juan Mauricio Barrientos Gutiérrez) de los 11 caos, el Ministerio Público formalizó denuncia penal, luego de más de cuatro años de investigación. En 4 casos los Fiscales Provinciales Penales ni siquiera tomaron conocimiento de las denuncias existentes en las Fiscalías Especializadas en la Defensoría del Pueblo y Derechos Humanos. Como señala el profesor San Martín: «Sabemos que en virtud de los principios de legalidad y de oficialidad, si el fiscal omite realizar las indagaciones correspondientes comete delito de omisión de denuncia, previsto y sancionado por el artículo 407º del Código Penal. 460
Ética y Corrupción en la Administración de Justicia Iván Zúñiga Castro Sin embargo, no se promovió ninguna investigación para determinar las responsabilidades del caso, pese a las denuncias formuladas. Sólo se generó el Informe Nº 02-89-MP-FPMJ que fue emitido por la Fiscal Provincial de Jauja, Dra. Rosa Chipana Carrera, donde da cuenta de 63 cadáveres, de los cuales solamente ocho cuerpos fueron recogidos por sus familiares. Los 55 cadáveres restantes fueron enterrados en una fosa común del cementerio de Jauja utilizando una moto niveladora. De los 8 cadáveres recogidos, sólo 3 correspondían a militantes del MRTA, los otros 5 correspondían a civiles que vivían en la zona del enfrentamiento, incluyendo una pareja de esposos que sufría de alteraciones mentales. Estas muertes de civiles no se investigaron. Es importante dejar constancia, finalmente, que no obstante que la Policía Nacional (en ese entonces, la Policía de Investigaciones del Perú) logró identificar a 32 subversivos por los documentos que portaban, nadie hizo un esfuerzo por rectificar las partidas de defunción y los occisos continúan formalmente como «NN». 6.23.5 EL SISTEMA JUDICIAL COMO AGENTE DE VIOLENCIA ENTRE 1992 Y 2000 El autogolpe de Estado del 5 de abril de 1992, con las consiguientes reformas que generó, tanto a nivel organizativo como legislativo, marcó un hito fundamental en el desarrollo del proceso de violencia. Así, el péndulo osciló del extremo de la falta de represión del fenómeno del terrorismo, manifestada en la constante liberación de terroristas, debido a la carencia de pruebas, o al goce de beneficios penitenciarios sobre supuestos no comprobados, al extremo opuesto: numerosos inocentes en prisión injustamente incriminados 21 . A diferencia de la etapa anterior, en que el Poder Judicial incurrió en actos de violencia esencialmente por omisión, en esta etapa el marco legal introducido, básicamente con la legislación antiterrorista de 1992, convirtió a todo el Sistema Judicial en una herramienta represora «hipereficiente» –cuantitativamente hablando- destinada al expeditivo encarcelamiento de sospechosos. Asimismo, si bien en esta etapa las desapariciones y ejecuciones extrajudiciales fueron en descenso, el número de personas acusadas y sentenciadas por terrorismo fue en claro aumento, lo que parece confirmar la hipótesis de que sectores de las fuerzas de seguridad cometían los crímenes bajo la convicción de que los detenidos vivos serían eventualmente liberados. Al emitirse leyes draconianas que convertían al sistema judicial en una herramienta de encarcelamiento, se desestimularon algunas prácticas violatorias. Ello llama a reflexión sobre la responsabilidad que le cabe al sistema judicial en la justificación del golpe de 1992 por su negligencia e ineficiencia. 6.23.6 FACTORES ESTRUCTURALES Al igual que la etapa anterior, nos concentraremos primero en el análisis de factores estructurales internos, esto es, la derivados de la creación, conformación y organización misma de los órganos integrantes del Sistema Judicial, para luego desarrollar los supuestos de violencia estructural originada por factores externos, tal es el caso de la nueva legislación antiterrorista. -------------------------------------- 21 Ver DE LA JARA, Ernesto. Op. Cit., pp. 39. 461
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