Ética y corrupción en la administración de justicia - Cybertesis

Ética y Corrupción en la Administración de Justicia Iván Zúñiga Castro
Al mismo tiempo, casos notorios como los relativos al comportamiento de la infantería de
Marina en Huanta como el caso Pucayacu y el caso Callqui en 1984 fueron resueltos a favor
del fuero militar. Esto ocurría durante el período del conflicto que ha probado ser el más
costoso en vidas humanas, lo que da una idea de la responsabilidad que le cabe al sistema
judicial por alimentar la sensación de impunidad con la que actuaron los agentes estatales
Este patrón de abdicación se profundizó luego con los casos de Accomarca y Parcco-
Pomatambo y Cayara, que quedaron en la impunidad luego de ser derivados a la justicia
militar. Sin perjuicio de la clara incapacidad del sistema judicial para proteger los derechos
ciudadanos y al mismo tiempo reprimir la violencia terrorista de manera eficiente, puede
afirmarse que en la actividad desplegada con este propósito el sistema judicial también
incurrió en actos de violencia directa, entre los que se pueden señalar las detenciones
arbitrarias sin que fueran admitidos a trámite los procesos de habeas corpus, la
incomunicación de los detenidos, muchas veces con conocimiento de los fiscales, y la falta de
control sobre el uso de medios ilícitos para obtener declaraciones y demás medios de prueba.
Si bien estos abusos fueron realizados por miembros de las fuerzas armadas y policiales, se
ha comprobado que eran conocidos por el Poder Judicial y el Ministerio Público,
instituciones que, además de fomentar la impunidad de los responsables dieron trámite a las
denuncias presentadas sobre la base de medios de prueba obtenidos ilícitamente. La falta de
control creó el clima de impunidad que propició prácticas aberrantes como la desaparición
forzada y la tortura. Esta situación pudo haber sido distinta, si nuestro Poder Judicial no
hubiese abdicado en la defensa de los derechos humanos, y por el contrario, hubiese aplicado
las disposiciones internacionales sobre la materia, que establecen que existen derechos y
garantías que no pueden ser suspendidos ni siquiera en estados de excepción. El Informe
Defensorial Nº 77 sobre Ejecuciones Extrajudiciales respalda los hallazgos de la Comisión al
señalar que: 20 * Un ejemplo emblemático de la situación de mala práctica de análisis de restos
humanos y omisión de denuncia es el caso del encuentro de la localidad de «Los Molinos»,
cercana a Jauja, luego de la realización de un combate regular en que unidades del Ejército
Peruano sorprendieron a una columna armada del Movimiento Revolucionario Túpac Amarú.
En dicho encuentro, el Ejército Peruano reportó 6 bajas mortales y 19 heridos, sin embargo,
en el bando subversivo se reportaron 63 bajas mortales y ningún herido o prisionero. Si esta
situación tan improbable ya llamaba a investigar, la gravedad de lo ocurrido adquirió mayor
urgencia cuando civiles de la zona denunciaron ejecuciones arbitrarias de familiares que
vivían en la zona del enfrentamiento.
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20 Informe Defensorial sobre Ejecuciones Extrajudiciales, agosto 2003, Defensoría del Pueblo.
*…en más de la mitad de los 11 casos de ejecuciones extrajudiciales estudiados por la Defensoría del Pueblo y Derechos Humanos, sólo se
limitaron a remitir oficios solicitando información sin disponer otras diligencias preliminares básicas. En efecto, resulta irregular la omisión
de disposición de diligencias importantes tales como la recepción de la declaración de los familiares o testigos, la visita o inspección
preliminar a las instalaciones policiales o militares, el levantamiento de cadáver o la práctica de la necropsia correspondiente. Como hemos
mencionado, los diversos órganos del Ministerio Público no sólo tenían competencia para practicar las diligencias aludidas, sino que las
mismas debieron ser dispuestas en los casos investigados, ello en razón de la obligación del Ministerio Público de conducir la
investigaciones de delito (artículo 158º inciso 4 de la Constitución) y de recaudar los elementos probatorios para formular una imputación
penal (artículo 94º inciso 2 del Decreto Legislativos Nº 052). Por otro lado, sólo en uno (Juan Mauricio Barrientos Gutiérrez) de los 11 caos,
el Ministerio Público formalizó denuncia penal, luego de más de cuatro años de investigación. En 4 casos los Fiscales Provinciales Penales
ni siquiera tomaron conocimiento de las denuncias existentes en las Fiscalías Especializadas en la Defensoría del Pueblo y Derechos
Humanos. Como señala el profesor San Martín: «Sabemos que en virtud de los principios de legalidad y de oficialidad, si el fiscal omite
realizar las indagaciones correspondientes comete delito de omisión de denuncia, previsto y sancionado por el artículo 407º del Código
Penal.
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