Ética y corrupción en la administración de justicia - Cybertesis

Ética y Corrupción en la Administración de Justicia Iván Zúñiga Castro
Estas normas, en la práctica, terminaron permitiendo que los policías manipularan en muchos
casos la producción y regularidad de estas declaraciones que eran utilizadas como medios
probatorios contra los sindicados, con lo cual, indirectamente se les estaba permitiendo la
manipulación de la producción de un medio probatorio, sin que para ello se cuente con el
menor control fiscal o judicial que garantice su validez, como lo hemos señalado
anteriormente. Lo mencionado se agravó con el hecho de que, en la práctica, el número de
detenciones realizadas por los miembros de la policía como producto de sindicaciones, fue
utilizado como un índice para medir su eficiencia. Una prueba de que este medio probatorio
de la «declaración incriminadora» se obtenía de una manera viciada, o daba lugar a prácticas
repudiables e ilegales como la tortura. Estos mecanismos no sólo fueron violatorios de
derechos fundamentales, sino que fueron profundamente ineficientes, porque lo que
comúnmente ocurría era que los autores de estas declaraciones se retractaban de ellas en las
etapas posteriores del proceso penal, ya sea en la instrucción o en el juicio oral, y la mayoría
de veces como consecuencia de una confrontación o careo entre el declarante y el sindicado
por éste como terrorista.
6.23.4 VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS POR OMISIÓN O ACCIÓN
DE LOS OPERADORES DE DERECHO
Respecto de las violaciones a los deberes del sistema judicial por omisión deben mencionarse
dos aspectos: en primer lugar, la falta de actuación de dichos órganos dentro de las
posibilidades que le ofrecía la misma legislación antiterrorista, por más limitada que esta
fuese; y la segunda, ocasionada por la falta de actuación de éstos dentro del marco de
posibilidades ofrecidas por las normas constitucionales. Respecto a la primera forma de
omisión del deber, se ha descrito con amplitud el llamado «efecto coladero»17, que refiere a la
ineficacia para reprimir legalmente los actos de terrorismo, debido a la liberación de
detenidos, procesados o sentenciados por esta causa. No está en cuestión el evidente deber de
los operadores de derecho de disponer la libertad de quien es inocente, pero es claro que —
así como existió el encarcelamiento de inocentes debido— hubo también un patrón de
liberación de personas sin mayor investigación. Estos fenómenos se explican en parte por
factores estructurales como la deficiente investigación policial, que hemos reseñado, pero
también es indispensable señalar que hubo grave negligencia de parte de muchos operadores
de derecho, tanto para proteger a los inocentes como para dejar escapar a los culpables. La
negligencia y la ineficiencia podían manifestarse en distintos puntos del proceso tales como:
la actuación policial deficiente, la negativa del Ministerio Público de formular acusación
contra muchos de los detenidos, la decisión del Poder Judicial de que muchos de los casos
contra los que se había iniciado un proceso judicial no tenían mérito para pasar a juicio oral,
la decisión del Poder Judicial de absolver a muchos de los procesados, la decisión de los
jueces de ejecución de otorgar beneficios penitenciarios que implicaban la liberación de los
condenados por delitos de Terrorismo; y por último, la falta de un adecuado régimen de
ejecución penal, que permitía que los establecimientos penitenciarios quedasen bajo el
práctico control de los internos efectivamente relacionados al PCP-SL.
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17 Ver DE LA JARA Ernesto. Memorias y Batallas en Nombre de los Inocentes, IDL, Lima 2002, pp. 39-56.
18 Ver caso Castillo Páez en el tomo correspondiente. Diligencia de Confrontación entre Juan Carlos Mejía León y el Sub-Oficial Técnico
de 2ª Dany Quiróz Sandoval, obrante a fojas 1213 del expediente.
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