Ética y corrupción en la administración de justicia - Cybertesis

Ética y Corrupción en la Administración de Justicia Iván Zúñiga Castro
El inicio de la investigación procesal y por ende del proceso Penal, podemos señalar
que esta formalmente se inicia con la expedición del auto que declara promovida la acción
penal, resultando que el auto de apertura de Investigación, para este efecto, viene a formar
constitutiva de aquella, a la que se remite como objeto de control de regularidad validatoria.
Existe pues una unidad funcional entre ambas resoluciones para los efectos de la instauración
del Proceso Penal.
Confrontando los mecanismos procesales adoptados por el reformador nacional en
materia procesal penal para dar inicio a la investigación procesal, el reformador nacional
logra compatibilizar acertadamente el control de la actividad investigatoria (procesal) del
Ministerio Público, que constituye una de las inquietudes básicas de los modelos acusatorios
modernos, con la no intervención jurisdiccional en los a la Administración del Rey actos
propios de la investigación. Se garantiza así que la instauración del proceso se efectué
regularmente sin vulnerar el marco garantista constitucional ni la específica normatividad de
la materia; y se mantiene la investigación propiamente dicha exenta de intervención e
injerencia jurisdiccional, respetándose así en forma escrupulosa, la esencia acusatoria del
modelo, sin resentir la operatividad del control ni la efectividad de la investigación y su
exclusiva dirección por el órgano persecutor.
El diseño del mecanismo de inicio del proceso penal constituye el logro mejor elaborado
de nuestra accidentada reforma Procesal Penal.
En la justicia Administrativa del Perú, los servicios Públicas constituyen, sin ninguna
duda, un tema que viene llamando la atención cada vez más en los diferentes sectores de la
actualidad nacional. Tanto el Derecho Público como del Derecho Privado se encuentran
vinculados y comprometidos los esfuerzos de la administración Publica , del Poder Judicial y
del campo privado las personas jurídicas involucradas en su prestación como a todos los
usuarios.(pp. 299 La Justicia Administrativa en el Perú)
Es necesario que el Estado garantice a los ciudadanos la calidad, regularidad y
continuidad de los Servicios Públicos. Hace a la seguridad jurídica y a la solidaridad social
que el hombre cuente con la satisfacción de las necesidades elementales. Solo el Estado
abastece y/o garantiza los servicios de electricidad, agua, gas, teléfono, como la prestación de
justicia, educación y asistencia social. El ciudadano debe tener la seguridad de poder exigir
servicios eficientes, Junto a la eficiente prestación de los Servicios Públicos, la protección
social constituye tarea irrenunciable de un Estado que garantiza la seguridad jurídica
Dentro de las perspectivas de la Justicia Administrativa en el Perú, el control de la legalidad
formal y sustancial de las distintas actuaciones de la administración publica por parte del
Poder Judicial en todo su accionar.
Tratando, sobre todo, de impedir la posibilidad de que el poder judicial, que hasta
entonces habían ejercicio los Parlamentos regionales, identificados de hecho con el estamento
nobiliario, pudiese reiterar frente a los nuevos poderes legislativo y ejecutivo revolucionarios
la interferencia sistemática a que habían sometido a la Administración del Rey (…) que
dispone que: las funciones judiciales son y permanecerán siempre separadas de las funciones
administrativas. Los jueces no podrán, bajo pena de prevaricación, perturbar de la manera que
sea las operaciones de los cuerpos administrativos, (…)*
--------------------------------------------
* DROMI, Roberto Pág. 44 “Derecho Administrativo”, Editorial Ciudad Argentina, 7 Edición, Bs. Aires, 1998, Pág. 619.
417