Ética y corrupción en la administración de justicia - Cybertesis

Ética y Corrupción en la Administración de Justicia Iván Zúñiga Castro
parte de la normativa penal (…) es claramente endurecedora de la reacción penal, tanto por lo
que se refiere a la gravedad de las penas como por despojar al reo de las garantías del
procedimiento ordinario" (página 52). Es más, en muchas ocasiones esa misma legislación
excepcional otorgó valor probatorio directo a los atestados policiales.
Esta legislación, por lo demás, según el Informe ha venido a quebrar el principio de legalidad,
en cuanto ha sido el Poder Ejecutivo, y no el Parlamento, el que ha regulado materias
relativas a seguridad nacional. Esta forma de proceder "desconoce que la materia penal, por
afectar a derechos fundamentales de la persona, requiere estar definida por un procedimiento
parlamentario que excede en mucho a la parcialidad inherente al Poder Ejecutivo" (página
52). Por eso, con el ánimo de institucionalizar el sistema democrático, el PNUD propone
incrementar la participación y liderazgo del Parlamento en la elaboración de las normas
penales.
6.16.3 GRAVEDAD DE LA REALIDAD PENITENCIARIA
La realidad de la administración penitenciaria y de las cárceles es otra de las deficiencias de
la justicia penal. En cuanto a la gestión de las prisiones, hay que poner de manifiesto que a
pesar que esta función corresponde legalmente al Instituto Nacional Penitenciario (INPE),
muchos establecimientos penitenciarios vienen siendo gestionados por la policía desde su
declaración en estado de emergencia desde la década pasada. Sin embargo, lo grave es que el
problema no se soluciona con devolver al INPE estos establecimientos, puesto que su
desestructuración interna impide pensar en una pronta actuación con eficiencia. Téngase en
cuenta por ejemplo, la situación de ingobernabilidad de la institución, la situación económica
y profesional de sus funcionarios, la inexistencia de carrera administrativa en su interior.
El otro problema recurrente en las cárceles peruanas es el de su superpoblación. La población
penal aproximada es de 27,216 internos, cuando la capacidad razonable es de 19,000. Sin
embargo, no es éste sólo un problema de inexistencia de establecimientos penitenciarios, sino
cabe agregar otra causa importante: el alto número de presos preventivos que supera al de
presos con condena. Como se ha señalado, "resulta sintomático que un 41% de los internos
tiene un promedio en prisión de dos días y un año. Esta cifra no responde a que se impongan
en las sentencias penas cortas de libertad, sino al uso de la prisión preventiva. La secuencia es
la siguiente: se ordena alegremente la medida cautelar y poco después se decreta la libertad
por falta de pruebas" (página 67).
Finalmente, según el PNUD, aunque la reforma del sistema de justicia suponga en principio
un replanteamiento normativo y organizacional en las distintas áreas del derecho (léase
justicia penal, constitucional, civil, etc.), ésta tiene una proyección mayor. Alcanza también al
aspecto cultural de todos los ciudadanos. Se impone, entonces, una verdadera reforma
cultural que abarque tanto a quienes tienen el poder, mediante la exigencia de un proceso de
formación democrático de la ley, como a quienes no lo tienen, pero que necesitan conocer sus
derechos y la manera de defenderlos. Señala el Informe, además, que se debe "fortalecer la
cultura jurídica nacional como la vía principal de acceso a la justicia". Es más, este aspecto
complementario de la reforma asegura, de un lado, la profundidad y durabilidad de los
cambios, mientras, de otro, eleva los márgenes del desarrollo humano y de gobernabilidad.
-------------------------------------------
Este el aporte y reflexión del Dr. Elmer Arce Ortiz (*) para que se apliquen las políticas de moralización, eticidad y anticorrupción.
Idelee (proyecto Justicia) (*) Profesor de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú, que conforma, junto con el
Instituto de Defensa Legal (IDL) y la Asociación de Jueces por la Justicia y la Democracia, un consorcio que ejecuta el Proyecto
«Participación y Vigilancia de la Sociedad Civil para el Cambio y el Mejor Desempeño del Sistema de Administración de Justicia», con el
apoyo de USAID. Este artículo se enmarca en los objetivos y líneas de acción del Proyecto. El Proyecto tiene su sede central en el nuevo
local del IDL, ubicado en Manuel Villavicencio 1191, Lince. Fecha: 28 de Noviembre del 2002
439