Ética y corrupción en la administración de justicia - Cybertesis

Ética y Corrupción en la Administración de Justicia Iván Zúñiga Castro
en determinar que es lo que se quiere cambiar y modernizar, y por supuesto, con operadores
que entiendan y puedan aplicar estos cambios.
Pudimos acceder a algunos análisis que permitieron lanzar algunas propuestas concretas para
atender los puntos más álgidos del sistema**. Uno de ellos, es el referido al plan de la
desconcentración de la carga procesal, a través de los Circuitos Judiciales. Trataremos de
explicarlo de manera clara para que pueda ser fácilmente comprendido.
En primer lugar, dejamos en claro que no se trata de un plan aventurado, sino por el contrario
responde a modelos adaptados a diversas realidades en el tratamiento del servicios de justicia,
como los empleados por ejemplo, en España, Chile, Argentina, Estados Unidos; entre otros.
Entrando ya al tema, que Abogado, usuario ó magistrado, no se ha expresado sobre la carga
procesal como el principal factor en la deficiencia del servicio judicial. Incluso, se toma como
referencia ó excusa para la falta de atención oportuna de los casos que diariamente se ven en
nuestro sistema judicial. Mucho se ha hablado sobre este tema, sin embargo, todos los
trabajos han estado orientados a su tratamiento más no a atacar el punto clave: la
estandarización de la carga. Incluso, hubo un experimento en la época de la Reforma de 1995,
para lo cual se crearon distintas áreas jurisdiccionales que desviaban los expedientes,
creándose los Juzgados Sentenciadores, de Ejecución de Reserva, de trámite; etc.; además de
los archivos temporales. Evidentemente, la Corte que más padeció este problema, fue la Corte
de Lima.
Pues bien; antes de formular planes, como en cualquier organización, se debe determinar cual
es el "mercado" a satisfacer y si la estructura con la que se cuenta ó su diseño, es suficiente.
En el caso de los servicios judiciales, la Corte de Lima debe atender a una población de siete
millones de habitantes; y su extensión es todo Lima metropolitana, sus conos sur y este (ya
existe la Corte del Cono Norte), y la Provincia de Huarochirí, es decir, hasta el límite con el
Departamento de Junín. Evidentemente, una gran población en una extensión
geográficamente grande. Aquí se presenta un fenómeno constante: el crecimiento
poblacional, por tanto: a mayor población, mayor carga procesal.
Un litigante por tanto, tendrá que desplazarse por toda la ciudad, para llegar al Parque
Universitario, formar una larga cola y todo ello para presentar un solo escrito. Los abogados
saben que ello implica una pérdida de tiempo valiosa, amén de la deficiencia en el servicio.
Toda la población de Lima en los casos especializados, se concentra pues, en un edificio de
21 pisos que antes albergaba al Ministerio de Educación y que en estos tiempos, es
infuncional para el servicio.
Por tanto, el plan de desconcentración de la carga procesal, consiste en desarmar
(figurativamente) ese edificio y derivar los módulos de los Juzgados especializados, en toda
la extensión de la ciudad para que se pueda atender la demanda. Cada Módulo en la
actualidad cuenta con siete juzgados, dato a tener en cuenta. Para ello, deben identificarse
zonas geográficas determinándose el tipo de acceso a la justicia que requieren y la cantidad
de usuarios potenciales del servicio. Logrado ello, dichas zonas se demarcan en Circuitos que
pueden agrupar a su vez a varios Distritos, de manera que los Módulos serán instalados en
áreas estratégicas para que puedan satisfacer la demanda. Evidentemente la mayor cantidad
de juzgados especializados que se desplacen será en proporción a la demanda que se requiera
(civil, penal, familia, etc.)
Varios beneficios: trasladar la justicia a las zonas que requieren acceder a ella; determinación
de órganos jurisdiccionales en cantidad necesaria para satisfacer la demanda; demarcación
geográfica de los circuitos que permitirán que estos no crezcan y por tanto no se incremente
la carga procesal; esto quiere decir, estandarización fija de la carga procesal; atención
preferencial y personalizada de los casos por parte de los jueces; ahorro en el presupuesto
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