Estrategia Reforzada de Crecimiento Económico y Reducción de ...

33
de operar las instituciones y programas de salud publica; y el Ministerio de Educación como
encargado de normar la política educativa y a la vez implementarla. La mayoría de los
programas con una cobertura nacional; con escalas de salarios y horarios de trabajo uniformes, al
igual que requerimientos de personal análogos. A principio de los años noventa, era obvio que
los ministerios del área social, bajo un sistema de operación centralizado, no contaban con
medios de información sofisticados y la cultura necesaria para operar directamente las
deprimidas redes de salud y educación, ni con la agilidad para adaptarlas a las condiciones de
cada región.
115. El colapso económico de los años ochenta agregó una nueva dimensión al reto de mejorar
la provisión de servicios sociales -- la pobreza de por sí establece una severa restricción de
recursos. Nicaragua gasta casi el 12 por ciento de su PIB en los sectores de salud publica y
educación, comparado al promedio latinoamericano de 7 por ciento. En Centroamérica, sólo
Costa Rica gasta un mayor porcentaje de su PIB. No obstante, Nicaragua sólo está en capacidad
de gastar US$5 por alumno de preescolar y poco más de US$50 por alumno de primaria; estos, y
los salarios de los docentes, son extremadamente bajos aun para Centroamérica. Esta restricción
ha forzado al gobierno a limitar su gasto social y a buscar una mayor eficiencia en sus gastos de
operación.
116. A principios de los años noventa, el gobierno inició un movimiento hacia un modelo
diferente que podría dirigir las operaciones de los ministerios hacia decisiones normativas y de
políticas. Dejarían la provisión directa de servicios a las entidades descentralizadas, ya sean
programas de escuelas, hospitales, clínicas, municipales o regionales. Esta política pareció ser la
única que mantenía consistencia con la situación fiscal desesperada, la necesidad de apoyo y
agilidad local, y la debilidad extrema de los ministerios centrales. Sin embargo, este enfoque de
descentralización exigía mejoras sustantivas en la base de datos del sector y de los sistemas de
información gerencial, al igual que capacidad para enlazar ambos si se quería tener éxito. Todos
los ministerios sociales tendrán de esta manera mejoras en sus sistemas de manejo de
información como parte de la ERCERP.
117. En cuanto a educación, a partir de 1993, se dispuso trasladar a los Consejos locales, parte
del proceso de toma de decisiones. Posteriormente, se incorporaron bajo el régimen de
autonomía una serie de centros públicos. Para fines de 2001, se espera que prácticamente todas
las escuelas segundarias operen bajo este régimen. Se ha enviado a la Asamblea Nacional
legislación para fortalecer el sistema de autonomía. No obstante, esto sólo es el inicio de un
proceso difícil. Algunos estudios han demostrado que la descentralización de las escuelas ha
tenido un efecto limitado, que se explica en parte por desconocimiento de los padres de familia y
los directores de los centros sobre los nuevos estándares y procedimientos de las escuelas
autónomas. Como respuesta, el gobierno capacitará a los cuadros administrativos locales, al
personal docente y a los padres de familia. Aunque el proceso de descentralización dará a las
autoridades locales la capacidad de crear nuevas estructuras salariales, las autoridades nacionales
les proporcionarán fondos para articular el desempeño con incrementos salariales. Para el año
2002, 18,000 docentes estarán en este nuevo sistema.
118. A medida que el sistema educativo vaya descentralizándose, requerirá de una nueva
estructura administrativa. Hace un año, el gobierno, junto con representantes de diferentes