Estrategia Reforzada de Crecimiento Económico y Reducción de ...

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propiedad del gobierno que representaban casi el 30 por ciento del PIB, la puesta en práctica de
programas de retiro voluntario para los empleados públicos y la implementación de la ley para
organizar el Poder Ejecutivo, aprobada en 1998 por la Asamblea Nacional. Esta ley reducía el
número de ministerios de 15 a 12, y el número de instituciones descentralizadas de 25 a 22.
Solamente los desembolsos para la defensa disminuyeron desde casi un 14 por ciento del PIB, en
los años ochentas, a menos del 3 por ciento en los últimos años. Como resultado de estas
políticas, el empleo del sector público se redujo de 290,000 empleados (24 por ciento de la
población económicamente activa) en 1990 a 80,000 en 2000.
60. El gobierno también inició un programa para privatizar las empresas de servicios públicos.
En consecuencia, separó las actividades operativas y regulatorias de estas entidades y redujo sus
presupuestos, a fin de dotarlas de sostenibilidad financiera. En 1995 el gobierno creó entes
reguladores para las telecomunicaciones y la energía, y dos años más tarde para el agua y
alcantarillado. Revisó la estructura de las tarifas de los servicios públicos e hizo ajustes
graduales para cubrir los costos marginales de largo plazo. Entre 1997 y 1998 la Asamblea
Nacional aprobó varias leyes que creaban un marco para permitir que el sector privado
participara en la generación y distribución de la electricidad, para privatizar la compañía
telefónica del gobierno (ENITEL) y liberalizar la exploración y la venta de hidrocarburos.
Durante 1999 y 2000, el gobierno privatizó la distribución de energía. Aarrendó el 80 por ciento
de la capacidad de almacenamiento de la Empresa Nacional de Alimentos Básicos (ENABAS),
así como el puerto de Puerto Cabezas, ubicado en la Costa Atlántica. PETRONIC, la empresa
estatal de petróleo, fue dada en arrendamiento al sector privado.
61. Con miras a ampliar la base impositiva y disminuir las tasas máximas de impuestos, se
modificó el sistema tributario, y para simplificar el sistema y reducir los costos administrativos.
La Ley de Justicia Tributaria de 1997 eliminó varios impuestos de bajo rendimiento, redujo el
número de exenciones y eliminó las bonificaciones a las exportaciones no tradicionales (de las
cuales se abusaba frecuentemente), reemplazándolas con un reintegro del 1.5 por ciento sobre las
exportaciones.
62. Reformas del sector financiero. Durante los años noventas, el sistema financiero –una
fuente importante de la inflación en el pasado– experimentó una transformación importante. En
1991 reinició operaciones el primer banco privado. En la actualidad, operan 7 bancos después de
la reestructuración de otros cinco. También en 1991 se restableció la Superintendencia de
Bancos (SBIF) y el Banco Central inició un proceso de reforma a fin de recuperar la autonomía
que había perdido en los años ochentas. Se abolieron los controles sobre las tasas de interés, se
restauraron los requisitos de reserva y se abolieron las leyes que obligaban al Banco Central a
financiar el déficit fiscal y a los bancos estatales.
63. Durante el período de 1997-1998, el gobierno liquidó el Banco Nacional de Desarrollo
(BANADES), el banco más grande de propiedad estatal y abrió al sector privado el mercado de
seguros. En 1999 se privatizaron la mayoría de las acciones del Banco Nicaragüense (BANIC).
Ambas transacciones, aunque necesarias para fortalecer el sistema financiero privado en
crecimiento, dejaron al gobierno las deudas de ambas instituciones. Sin embargo, el rápido
crecimiento del sistema de bancos privados condujo a ciertos abusos. En 2000, dos de los
principales bancos privados, que atravesaban por problemas financieros, fueron intervenidos y su