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3.1. Regla general de privación de derechos
La ley ha distinguido claramente los efectos que se producen cuando la determinación de
la filiación es judicial, por medio de sentencia obtenida contra la oposición del padre o madre.
Para no herir el principio de igualdad, la ley ha buscado una fórmula abierta que incluya tanto a
los hijos de matrimonio como a los no matrimoniales. Pero es manifiesto que la norma sólo
resulta relevante en los casos de filiación no matrimonial, ya que los supuestos de determinación
judicial de filiaciones matrimoniales serán rarísimos, si no inexistentes.
Se dispone, así, que “cuando la filiación haya sido determinada judicialmente contra la
oposición del padre o madre, aquél o ésta quedará privado de la patria potestad y, en general, de
todos los derechos que por el ministerio de la ley se le confieren respecto de la persona y bienes
del hijo o de sus descendientes” (art. 203.1 CC).
Es menester, entonces, que se trate de determinación judicial, en la que haya recaído
sentencia firme estableciendo el vínculo filiativo. Además, debe tratarse de un juicio seguido
“contra la oposición” del padre o madre demandado. Entendemos que existe oposición aun
cuando no se haya contestado la demanda y se haya tramitado el juicio en rebeldía. La no
contestación de la demanda constituye una defensa negativa, que satisface el criterio legal
exigido; con su silencio el padre o madre demandados niegan lo que afirma el demandante, o sea,
se oponen. Sólo el allanamiento a la demanda podría cambiar la calificación del juicio (aunque el
mero allanamiento no pondrá término al juicio, es evidente que no se habrá tramitado contra la