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la maternidad legítima y luego, a través de la reforma de la ley Nº 19.089 al art. 271 CC, para la
madre natural demente o sordomuda, aunque previo reconocimiento del curador.
2º Se rebaja la exigencia de admisibilidad de la acción de reclamación de la filiación no
matrimonial. En la normativa anterior, la demanda de reconocimiento forzado de paternidad
natural debía fundarse en un instrumento público o privado del cual se desprendiera una
confesión manifiesta de paternidad o maternidad. La nueva normativa exige sólo que la demanda
se acompañe de “antecedentes suficientes que hagan plausibles los hechos en que se funda” (art.
196 CC).
3º Se liberaliza también el régimen de impugnación de la filiación matrimonial. En el régimen
anterior, sólo el marido tiene derecho a impugnar la presunción de paternidad del hijo que nace
dentro de matrimonio, y mientras viva nadie puede hacerlo por él. En la nueva regulación ese
derecho se asigna al hijo, al representante legal del hijo (rol en que se incluirá a la madre que
ejerza la patria potestad) (art. 214 CC) y también al tercero que se pretenda progenitor no
matrimonial del hijo y ejerza la acción de reclamación simultáneamente con la de impugnación
de la filiación matrimonial (art. 205 CC).
4º En cambio, se restringe la posibilidad de impugnar la maternidad determinada, por parte de los
que se estimen perjudicados en sus derechos, los que ya no podrán ejercer la acción de
impugnación, si la maternidad está acompañada de posesión de estado (art. 218 CC).
5º La admisibilidad de pruebas biológicas no es propiamente una innovación de esta regulación,
ya que ellas cabían en los términos amplios del anterior art. 271 Nº 2 CC que sólo limitaba los
documentos fundantes de la demanda y nada decía sobre las pruebas del juicio. Lo que es nuevo
es la regulación que se hace de las pruebas biológicas y, concretamente, de las consecuencias de
la negativa a someterse a ellas así como de su valor probatorio en contradicción con la posesión
notoria del estado de hijo (arts. 199 y 201 CC).