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coincidente con ella, concediendo el derecho de contestar ese estado únicamente al marido y al
hijo mayor de edad.
La exigencia de admisibilidad de la demanda parece muy débil para neutralizar los
posibles abusos y peticiones extorsivas, sobre todo cuando se trata de personas que tienen una
vida familiar organizada y estable. En este sentido, la simple advertencia de que quien abuse de
ese derecho deberá indemnizar los perjuicios causados (aparte de superfluo) puede ser bastante
inocuo, si se considera la dificultad para cobrar perjuicios a quien por hipótesis no será solvente
económicamente. La ley debió, al menos para demandar a personas casadas, exigir un principio
de prueba por escrito -o algún otro antecedente más riguroso- antes de permitir un juicio que
puede traer consecuencias muy perturbadoras para la familia del demandado.
Otro aspecto que se presenta como negativo es el referido a la regulación de la filiación de
los hijos concebidos por técnicas de reproducción asistida. La vaguedad e imprecisión en que está
concebida la norma del art. 182 CC, así como su desajuste con el sistema general adoptado por la
nueva regulación, conspiran contra la claridad que debe reinar en estas delicadas materias,
haciendo posible las más peregrinas interpretaciones. Por otra parte, aunque interpretado en el
sentido que le hemos atribuido más arriba, podrían impedirse otras lecturas que perjudiquen el
bienestar del niño así concebido, parece claro que la norma, en vez de descincentivar las
fecundaciones heterólogas (siempre dañinas para el interés del menor), las promueve, al conceder
sin matices ni limitaciones el mismo efecto que los usuarios deseaban obtener al recurrir a este
tipo de procedimientos.
Es también criticable que la ley haya optado por suprimir el derecho de alimentos a los
hijos simplemente ilegítimos. En el marco del proyecto era perfectamente posible mantener ese
derecho, de un modo similar a como se regula en el Código Civil francés (por medio de la action
à fins de subsides establecida en el art. 342 CC). Las indicaciones de algunos senadores que así lo
propusieron fueron sin embargo rechazadas. Se temió que esa posibilidad indujera a los jueces a
denegar las acciones de reclamación de la paternidad. El temor nos pareció siempre infundado, ya
que se trata de acciones diferentes, con causas de pedir distintas. Interponer una u otra era
optativo para el hijo, no para el juez. Por lo demás, el hecho de pedir y obtener alimentos no
impedía que posteriormente se reclamara la filiación no matrimonial. Como lo hicimos ver
públicamente durante la tramitación del proyecto 84 , en este punto la ley ha sido francamente
84 Cfr. artículo “Proyecto de Filiación; ¿Más o menos Derechos”, en diario La Segunda, 21 de julio de 1998, p. 11.