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Entre los avances logrados por la nueva regulación hay que mencionar primero una mejor
sistematización de toda esta materia, adecuándola a la terminología y a las categorías generales
elaboradas por la doctrina moderna, tanto extranjera como nacional. La mayor uniformidad en la
extensión de los plazos es también un factor que contribuye a la claridad e intelegibilidad de las
normas.
Debe también constatarse que, en general, en lo referido a la determinación de la filiación
se ha mantenido en su sustancia el esquema general que ofrecía la regulación anterior del Código,
distinguiéndose los hijos nacidos en matrimonio y los nacidos fuera de él. Se ha mantenido
también, aunque sin una denominación particular, la figura de la legitimación por subsiguiente
matrimonio.
Es asimismo positivo que se haya conservado el derecho del hijo no matrimonial a
repudiar por sí mismo el reconocimiento. Este último punto contrasta con algunos de los modelos
europeos en los que se inspiró la nueva ley, y es justo aplaudir que se haya mantenido un cierto
grado de originalidad y de respeto por nuestras tradiciones jurídicas.
Nos parece igualmente un acierto la flexibilización general de las acciones para reclamar
la filiación, y la admisibilidad expresa y regulada de las pruebas biológicas.
Por fin, quizás el mayor avance práctico en favor de los hijos no matrimoniales, sea el
haber consagrado la determinación de la maternidad por el parto, que se encontraba solamente
incipiente en el régimen anterior.
A la inversa, en varios aspectos la nueva normativa nos resulta cuestionable, y en algunos
directamente deficiente.
Así, por ejemplo, pensamos que el régimen de impugnación debió haber distinguido más
netamente entre filiación matrimonial y no matrimonial. Pensamos que la ley debió haber
protegido con más nitidez la posesión notoria de hijo matrimonial, restringiendo el derecho a
impugnarla. No parece conveniente, por ejemplo, que la madre, como representante legal del
hijo, pueda invocar un supuesto adulterio para impugnar la paternidad matrimonial de su marido.
Tampoco resulta recomendable que sea un tercero quien, bajo el pretexto de pretenderse el
verdadero progenitor biológico, esté habilitado para impugnar la filiación matrimonial del niño
que pasa como hijo de otros. Debió, en mi concepto, limitarse la titularidad de la acción de
impugnación cuando el hijo goza de filiación matrimonial determinada y posesión de estado
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