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lgnacia Valenzuela, para que a su nombre y representando
su propia persona, derechos y aserciones, “...se presente por
nominative y siguiere en la ciudad de Girón la causa que el
poderdante tiene pendiente en aquel juzgado ordinario por el
delito de adulterio incestuoso contra su esposa Micaela Mutis
y el cómplice Juan Bautista González…” 59 ; tras esta acción
comenzaron a cumplirse las instancias del proceso en el cual
se vieron comprometidos y llamados a servir de testigos
muchos de los vecinos de Girón. Sus declaraciones, ceñidas
al cuestionario que presentó el acusador, estuvieron dirigidas
por una parte a probar el hecho y por otra, muy importante,
a culpabilizar a Juan Bautista González. Se percibe en ello
una forma de vindicta del honor masculino, mancillado por
otro hombre a través de la infi delidad de la esposa. Debieron
responder bajo juramento las siguientes preguntas:
—Si saben y les consta que es público y notorio,
pública voz y fama en esta ciudad que Juan Bautista
González casado y vecino y Micaela Mutis legitima
mujer de mi parte, durante el tiempo de su ausencia han
cometido el delito de adulterio doble e incestuoso por
ser parientes inmediatos y si han tenido un hijo que al
tiempo de tres meses fué bautizado públicamente en esta
santa Iglesia sirviendo de madrina la señora Marcelina
García y de partera María Corzo.
—Si saben y les consta o han oído decir de público
y notorio que el delincuente González se jactaba en las
tertulias y lugares públicos diciendo que “aunque la
manceba era vieja, como era goda y mujer de un godo,
hacía un servicio a la patria en fornicarla”.
Francisco Novoa, de 23 años, Francisco Tomás del Barco,
de 44, y Pablo Gómez, de 52, respondieron afi rmativamente
a todas las preguntas. Segundo Prados y Vicente Navarro
coincidieron con su respuesta afi rmativa a la primera y dijeron
59 La Constitución de 1821, art. 188, declaraba “en fuerza y vigor las Leyes que hasta
aquí han regido en todas las materias o puntos que directa o indirectamente no se opongan
a ésta Constitución ni a los decretos y leyes que expidiere el Congreso”. El juicio, por lo
tanto, fue llevado según las leyes del partido de Castilla.
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