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testigos para demostrar “la distinción y nobleza” de don
Jerónimo Amaya y doña Carmen Castillo Rueda, los padres
de su amada, oriundos de San Gil y Barichara 19 ; en opinión del
novio, su madre actuaba instigada por don Manuel García, sus
hijos los García Salgar y su yerno Jacinto Rubira, de quienes
se afi rmó en el juicio: “...sólo ellos se reputan por nobles en
ésta provincia…” 20 . Finalmente, sin el consentimiento de la
madre y tras dispensarles las amonestaciones, siendo Facundo
mayor de 25 años, el matrimonio se efectuó el 7 de julio de
1802 en la parroquia de San Laureano en Bucaramanga; la
pareja se instaló en la hermosa casa levantada por don Manuel
Mutis en una esquina de la plaza, que Facundo, por entonces
administrador interino de la Renta de Correos, compró a su
madre en la crecida suma de 1.000 pesos.
Justa, a quien no interesó la propuesta de matrimonio de
don Sebastián Rubira Navas, hombre maduro perteneciente
al orgulloso círculo del Cabildo de Girón, había optado por
ingresar al monasterio de La Enseñanza, para lo cual fue
dotada por la fundación constituida por el arzobispo Baltasar
Jaime Martínez Compañón. Encontrándose ya instaladas
las dos hermanas mayores en sus respectivos conventos y
convencido de que las dos pequeñas, a quienes califi caba de “...
muy hábiles pero algo fl ojitas…”, no demostraban vocación
religiosa y ya habían “aprendido las habilidades propias de su
sexo y calidad”, don José Celestino recomendó su regreso a la
provincia de origen.
Apresuraba esta decisión el persistente interés de don
Sebastián Rubira, quien ya había ostentado entre otras
dignidades la de alcalde de Bucaramanga, de casarse con
19 AGN, Colonia, Genealogías, T5, f102 a 155.
20 AGN, Colonia, Genealogías, T3, f863-901. Solicitud de Francisco García de ser
comprendido como noble y usar pistolas de arzón. En 1782, como consecuencia de la
insurrección comunera, se limitó a nobles y a militares el uso de armas; el virrey Ezpeleta
desestimó la solicitud presentada en 1796 a través del apoderado Miguel Valenzuela
aclarando que “sólo se permiten pistolas a los ministros de justicia y empleados de Rentas
Reales”.
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