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Juan Bautista González era condenado a uno de los
presidios de Cartagena por ocho años y a destierro perpetuo
de esos lugares en donde tánto ha escandalizado” 122 . Ambos
reos eran condenados a pagar las costas del juicio.
Esta sentencia, en opinión del apoderado de Miguel
Valenzuela, resultaba ‘...equitativa, pues ni aún siquiera se
aplica a los delincuentes la pena ordinaria establecida por
las leyes del partido de Castilla que ni están derogadas ni se
oponen en modo alguno a nuestro sistema de gobierno y
antes bien su puntual observancia puede ser muy conducente
a su estabilidad pues sin virtudes no hay República...” 123 .
Dos días después, el 1o. de enero de 1824, una y otro
apelaban ante José María Regueros, alcalde de Girón para ese
año, quien después de consultar al señor teniente Francisco
de Paula Orbegozo, residente en Piedecuesta, remitió el
expediente a la Corte Superior del Distrito del Centro en
donde fue recibido el 19 de enero de 1824.
Ciertos indicios, como la presentación que había hecho
González en julio de 1823 de cartas dirigidas a Micaela por su
marido, permiten deducir que las familias de los implicados,
y ellos mismos, buscaban solidariamente la solución al
confl icto; aun más, el abogado Narciso García, residente en
Bogotá, quien se había encargado de tramitar la separación de
los bienes dotales de María Josefa Navas del embargo hecho a
los de su marido, recibió en enero de 1824 poderes otorgados
por Juan Bautista González, quien se había avecindado en
Bucaramanga, y por Micaela Mutis, residente en San Carlos
del Pie de la Cuesta, para apelar la sentencia proferida por el
alcalde de Girón.
El extenso alegato del apoderado se orientó en el caso de
González a demostrar los errores del proceso, las fallas de
122 Causa, f401v.
123 Causa, f406r.
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