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el tambor del alambique y la cuchara, diez botijas vidriadas
vacías, cuarenta y tres botellas, dos embudos, cuarenta y ocho
frascos dobles de aguardiente y doce simples, cuatro frascos
de mistela, un azumble de lata; a esto se sumaban un sillón
chapeado de plata, un par de baúles, una mesa y tres taburetes,
seis platos de china y una esclava llamada Dominga, además
de una cómoda, una mesa con cajones, once sillas de madera,
una abotonadura y unas hebillas de oro que ofreció rifar.
El juez no estaba muy convencido de su “extrema pobreza”
y dirigió, por cuenta del acusado, una consulta al doctor José
Elías Puyana, abogado y cura de Floridablanca. En concepto
de éste, al reputarse a González por administrador de los
bienes dotales de su esposa, era inadmisible que estuviese en
estado de pobreza y se le debía exigir que atendiera el costo
de las consultas.
La dote a que se refería, consistente en tierras por valor de
1300 pesos representados en dos predios: el Alto de Gil, con
el trapiche, sus útiles, cañas y casas, avaluado en 900 pesos, y el
Potrero de Angelino, de la quebrada de Santa Rita para arriba,
en 400 pesos, consta en testamento otorgado por Ignacia
Serrano en 1817, en el cual afi rma: “a María Josefa la casé con
Juan Bautista González a quien le tengo entregado todo el
haber paterno que le tocó y de quien tengo recibo...”. Además
de la entrega de estos bienes, según el mismo documento,
había dado en préstamo a su yerno 500 pesos y en 1820 había
dado escritura de fi anza por valor de 6.000 pesos, para que
tomara posesión del cargo de juez de diezmos de la ciudad y
su departamento 102 .
Pese al fuerte apoyo económico que le daba su suegra y
a la aureola de prestigio republicano de que González había
gozado, su conducta familiar debió ser inaceptable pues antes
de instaurada la causa de adulterio, el 9 de mayo de 1821 María
Josefa Navas había otorgado poder a uno de los procuradores
102 AHR, Santander, Notaría Única de Girón, 1820, f46r.
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