Influencia de los códigos penales españoles en la - AIDP España

JULIO ARMAZA GAIDOS
la Exposición de Motivos (p. 18) que la pena además de “justa” debe ser
“medida al compás de los actos imputados”, puesto que “el autor de un hecho
criminoso” debe “sufrir las consecuencias de su error”. Por otro lado, la faz
preventivo general se infiere de la fórmula que utiliza cuando reprime la
conspiración y la proposición criminal (art. 3), así como la aplicación de la
pena de reprensión pública (art. 25) 46 . La prevención especial, en cambio, no
parece haber inspirado ninguna norma a nuestro proyectista.
A diferencia del CP de 1862 (que siguió un criterio bipartito en la
clasificación del hecho punible, reconociendo únicamente delitos y faltas), el
Proyecto de 1877 adoptó un sistema tripartito, admitiendo tres categorías de
infracción punible: los delitos graves, los menos graves y las faltas (arts. 1 y 5).
No fue precisamente un acierto el que hubiese persistido el proyectista
en querer sancionar la conspiración e incluso, superando en defectos al CP
de 1862, la proposición criminal (art. 3). Un avance, en cambio, significó la
supresión de la pena para los actos preparatorios.
En muy diferente dirección a la adoptada por el Código español de
1870, que admitía la pena de muerte para no menos de veinte casos, a los
códigos penales peruanos de Santa Cruz (art. 28 inc. 1) y al de 1862 (art. 23),
que la prodigaban, el Proyecto de 1877 la desterró por completo.
Las eximentes por demencia, minoría de edad (9 años), legítima defensa,
estado de necesidad justificante, caso fortuito, vis absoluta, miedo insuperable,
cumplimiento de un deber, ejercicio legítimo de un derecho y la obediencia
debida, son acogidas en el artículo 7; de las atenuantes y agravantes se ocupan
los artículos 8 y 9. La autoría, complicidad y encubrimiento, son tratados
ampliamente en los números 11, 12 y 13.
Se equivoca el Proyecto cuando estipula (art. 15) que aunque operen
las eximentes del artículo 7 se debe imponer el pago de una reparación civil
(pues el estado de necesidad justificante, por ejemplo, al ser una eximente
que elimina la ilicitud, no posibilita el abono de indemnización por daños;
valdría lo consignado en el Proyecto, sin embargo, respecto de las eximentes
por inculpabilidad).
No es precisamente coherente la propuesta de Ribeyro que, tras anunciar
el principio de legalidad de las penas (art. 19), admite una sanción imprecisa
en el número 541. “El que cause daño en la heredad ajena, dice este artículo,
con ganados o con animales de labranza, sufrirá una multa equivalente al
valor del daño”.
46 En el art. 98 se indica la forma de ejecutarse la sentencia cuando se impone la admonición: “La reprensión
se hará por el juez antes de la hora del despacho a presencia del actuario y del ofendido, o de un testigo si
este no hubiese concurrido”. La asistencia del ofendido (agraviado) o de un testigo, en caso de inconcurrencia
de aquél, no fue exigible en los códigos penales españoles de 1848, 1850 (arts. 110 de ambos) y
1870 (art. 117).
– 78 –