Influencia de los códigos penales españoles en la - AIDP España

Influencia de los códigos penales españoles en la legislación peruana decimonómica
pena de penitenciaría, por ejemplo, podía ser impuesta escalonadamente desde
el primer al cuarto grado, reconociéndose dentro de cada grado, a su vez,
un término mínimo, uno medio y otro máximo. Las penas de expatriación,
inhabilitación, cárcel, reclusión, confinamiento, suspensión de derechos
políticos, arresto mayor y menor, admitían hasta cinco graduaciones y en
cada graduación, también, un término mínimo, medio y máximo. Entre un
término y otro, tratándose de las penas de cárcel, reclusión, confinamiento y
suspensión de los derechos políticos, había una diferencia de cuatro meses;
tratándose, en cambio, de la penitenciaría, expatriación e inhabilitación, la
diferencia era de un año. Ilustremos lo afirmado tomando como base la
penitenciaría: el máximo de la penitenciaría en primer grado era de seis
años; el término medio de cinco, y el mínimo de cuatro. El máximo de
la penitenciaría en segundo grado era de nueve años; el término medio de
ocho, y el mínimo de siete. El máximo de esta misma pena en su tercer
grado era de doce años; el término medio de once, y el mínimo de diez. El
máximo de la penitenciaría en cuarto grado, por último, era de quince años;
el término medio de catorce, y el mínimo de trece.
Un acierto del Código fue el no haber admitido la flagelación como
pena y tener más bien previsto que el homicidio (art. 232 inc. 5), las lesiones
(art. 249 inc. 4) y la injuria (art. 286) producidos a través del uso de azotes,
constituían circunstancias agravantes. Abolida la pena de azotes por don
José de San Martín, como lo llevamos dicho más arriba, se estableció una
sanción a quienes hicieran uso de la misma (art. 2 del Decreto dictatorial
del 16/10/1821). No se especificó, sin embargo, la pena a imponerse a
quien hiciese uso del mosqueo. El Código de 1862, llenando ese vacío, hizo
la determinación correspondiente al regular las figuras contenidas en los
artículos 232 inc. 5, 249 inc. 4 y 286.
Se dispuso la realización de un sorteo en los casos en que varias
personas fuesen condenadas a muerte por el mismo delito (art. 70).
No habiéndose dejado claro cómo es que debía efectuarse el sorteo en
referencia, ni ante que autoridad habría de practicarse, al reglamentarse
dicha disposición, posteriormente (Ley del 21 de enero de 1879), se dejó
establecido que las cédulas con los nombres de los condenados debían ser
extraídas de un ánfora y que se impondría la pena capital a los sentenciados
cuyas identidades fuesen apareciendo, teniéndose presente que de cada diez
condenados, debía morir solamente uno 40 . Importa anotar que el sorteo,
40 Con el designio de favorecer a los condenados, finalmente, la Ley citada concluía señalando (art. 5): “Si
antes del sorteo falleciesen uno o más de los condenados a muerte, sus nombres se escribirán, no obstante,
en las respecivas cédulas, y se depositarán en el ánfora. Si alguno o algunos de éstos resultasen designados
por la suerte, sólo se ejecutará la pena capital en los condenados cuyos nombres aparezcan en las demás
cédulas extraídas” .
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