Influencia de los códigos penales españoles en la - AIDP España

JULIO ARMAZA GAIDOS
inmediata en la realización de un hecho reputado delictuoso, sin dejar por
ello de ser simplemente cómplice, la “inmediatez” exigida en el texto hispano
no parece correcta. La fórmula peruana acaso sea, por lo mismo, superior.
Reputa, de otro lado, encubridores (art. 16) a quienes auxilian a los autores o
cómplices para obtener un provecho o para posibilitar a éstos se beneficien
con el producto de la infracción. Prevé luego una excusa absolutoria (art.
17) en favor de quien encubre a sus parientes próximos o a su cónyuge. No
opera la “eximente”, termina diciendo el número 17, si el encubridor actuó
para granjearse una utilidad o para permitir que la obtengan los autores del
hecho. Hoy la disposición señalada puede que carezca de sentido, pero cuando
fue tomada del artículo 14 del CP español de 1848 39 , se inspiró en la idea
de que siendo lícito que los padres traten de evitar daños a sus hijos –y
demás parientes al efecto nombrados–, por existir vínculo a través de leyes
naturales, el Estado no podría pretender que mediante normas positivas se
obligue a aquellos a delatar el delito. No procede la excusa, en cambio, cuando
el encubridor no obra por mandato de la tal ley natural sino, más bien, cuando
lo hace para acceder a los beneficios derivados del delito.
La detención padecida por el procesado durante el periodo de instrucción,
curiosamente, no se consideraba como parte de la pena para el eventual caso
en que se condenase al reo (art. 21). La Ley del 21 de diciembre de 1878,
dictada cuando se desempeñaba como Ministro de la Justicia nuestro insigne
penitenciarista don Mariano Felipe Paz-Soldán, solucionando en parte ese
injusto mandato, dejó preceptuado lo siguiente (art. 4): “El retardo que hubiese
en el tiempo de la detención y prisión, se computará, en todo o en parte,
a juicio del Juez, en el de la pena que se imponga, cuando la demora no
provenga de culpa o malicia del reo”.
Las sanciones reconocidas por el estatuto penal de que trata este
epígrafe no eran otras que las de muerte, penitenciaría, cárcel, reclusión,
arresto, expatriación, confinamiento, inhabilitación, destitución y suspensión
del empleo, interdicción, multa, comiso, pago de los daños y de las costas
procesales, reprensión, caución y, por último, sujeción a la vigilancia de la
autoridad (arts. 23 y 24). Se llegó a admitir tal diversidad de penas con el
propósito de restringir al máximo el arbitrio judicial y fue por ello mismo que la
39 En la Nota enviada al Congreso por José SIMEÓN TEJEDA, Nota esta de la que se hizo referencia precedentemente,
se indicó que el trabajo de la Comisión tuvo como base el CP español. Habiéndose suscrito la Nota
el 20/5/1859, es de suponer que el proyectista está haciendo referencia al CP ibérico de 1850. Algunas disposiciones
del Código peruano del 62, sin embargo, se hallan abiertamente enfeudadas al Código hispano
de 1848.
Una labor comparativa entre los Cs Ps españoles de 1848 y 1850 puede hallar el lector en la obra de
quien fue Profesor de Derecho Penal de la Universidad de Madrid D. Eustoquio LASO, Apéndice a los Elementos
de Derecho penal de España, formados con arreglo al programa del tercer año de Jurisprudencia,
Librerías de Don Ángel Callejas, Editor, Madrid y Santiago, 1850, pp. 5 a 71.
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