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tural estaban en peligro de caer en el dominio público. Lo que subyace a
esta afirmación es una concepción completamente errada sobre el acervo
cultural común; es replicar de manera irreflexiva los argumentos de
las grandes discográficas que consideran que “la caída en dominio público
de los fonogramas está teniendo nociva repercusión en el efectivo ejercicio
de los derechos de intérpretes y de productores de la Ley 11.723
(denominada de “Propiedad Intelectual”) y de las Convenciones Internacionales
de las que Argentina es parte”, según indica un comunicado de
CAPIF [3].
Nada más alejado de la realidad. Pensar en esos términos es invertir
la ecuación de un modo interesado y perjudicial para los intereses
del público. Recordemos que las leyes de derechos de autor, los monopolios
artificiales otorgados por el estado a autores, artistas, intérpretes
y productores, tienen como objetivo otorgar un incentivo para que haya
más y mejores obras que luego lleguen a nutrir nuestro acervo cultural
común, el dominio público. Al dominio público ingresan aquellas obras
cuyo monopolio está efectivamente cumplido, porque se ha vencido el
plazo otorgado por la ley. En algunos casos, como el de derechos de autor,
es de 70 años después de la muerte del autor. En el caso de los fonogramas
es, desde finales de 2009, 70 años tras la publicación. Esto
significa que la obra de Mercedes Sosa, Atahualpa Yupanqui, y tantos
otros intérpretes de nuestra cultura seguirá siendo explotada comercialmente
por las discográficas por veinte años más, demorando de esta forma
la posibilidad de ampliar el dominio público.
De hecho, un reciente documento publicado por el principal economista
de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI),
Carsten Fink, da cuenta de que en el caso de los derechos de autor, un
fortalecimiento de la observancia provoca la expulsión de las personas
de la posibilidad de acceder a cultura. En un escenario de mayor regulación
y observancia, los que no pueden comprar las obras, simplemente
no acceden. Esto significa que la profundización de las leyes de "propiedad
intelectual", lejos de promover el acceso a la cultura, lo restringen.
El mismo Fink explica en el trabajo, publicado a principios de noviembre
de 2009, que cuando una ley no sirve al bien público, no debe ser
violada, sino modificada[4].
Además de las dificultades que ocasiona en el acceso a la cultura,
otra de las consecuencias directas y más graves de la aprobación de este
proyecto fue el regreso al dominio privado de obras que ya estaban en
dominio público, en lo que constituye una reprivatización del acervo
cultural.
Un músico popular como Lito Nebbia fue el primero en reclamar
contra la medida: “es una pena que el Congreso a veces no tenga información
clara y real sobre lo que trata, porque esta ley sólo protege a las
grandes compañías discográficas para que puedan seguir manipulando a
su antojo centenares de álbumes de diversos géneros. Álbumes que, en la
mayoría de los casos, están bajo un contrato leonino en el que el artista
no tiene la menor posibilidad de ver respetada su obra y mucho menos de
percibir los derechos reales que le corresponden”[5]. Así lo explicaba
Nebbia, de manera contundente, en la columna de un diario nacional.
En ese mismo diario, Diego Fischerman se lamentaba de darle semejante
control a los privados sobre nuestro acervo cultural: “[...] la