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LA REGULACIÓN ARGENTINA [...] |
Con el correr de los años prácticamente todas las legislaciones del
mundo se han ido apartando de la concepción del derecho de autor en
tanto propiedad, elemento que ha permanecido intacto en la ley argentina
a pesar del paso de los años, las sucesivas modificaciones y el cuestionamiento
sobre la pertinencia de ese concepto en el marco legal del
derecho de autor. Esta concepción sostenida desde 1933 hace de la ley
argentina una ley única en muchos sentidos, pero especialmente en sus
concecuencias directas sobre la vida social y el acceso a la cultura.
La ley indica además que “la propiedad intelectual se regirá por las
disposiciones del derecho común” (art. 12), con lo que se le confiere a
los titulares todos los atributos del derecho de propiedad que no se encuentran
limitados legislativamente.
Aquí es donde radica la rigurosidad de la ley argentina, anacrónica
en la materia y única como tal en el mundo. Un problema que se arrastra
desde la Constitución Nacional y que hace en la ley 11.723 la cristalización
de una analogía perjudicial para la difusión y el goce de las artes
y el conocimiento para la ciudadanía. Es esta lógica la que nos obliga a
pensar en una actualización que sobrepase los meros retoques de articulado
y que nos obliga a iniciar un debate amplio, completo y profundo
sobre la naturaleza jurídica del derecho de autor, la aplicación de cada
uno de estos conceptos en los tiempos que vivimos, la respuesta de esta
norma centenaria a los desafíos de las nuevas tecnologías y la necesidad
urgente de replantear una modernización integral y completa de los sistemas
que regulan la forma en la cual producimos, intercambiamos y
accedemos a la cultura.
El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales[6],
que en Argentina tiene rango constitucional, otorga a todas las
personas el derecho a la educación y a la participación en la vida cultural.
También otorga derechos a los autores, pero en nada ese reconocimiento
se condice con lo que establece nuestra ley nacional. El pacto de
Derechos Económicos, Sociales y Culturales se atiene a brindar a los autores
un reconocimiento que garantice su nivel de vida adecuado, lo
cual no necesariamente implica otorgarles un monopolio de por vida sobre
sus obras[7].
La Declaración Universal de Derechos Humanos[8] hace lo propio
en su artículo 27, al instaurar el derecho al libre goce de los beneficios
de las artes y las ciencias, así como el justo reconocimiento a autores e
inventores por sus contribuciones a la vida cultural. Estos tratados dan
cuenta de un equilibrio, donde las personas puedan gozar efectivamente
de la vida cultural. Ese equilibrio se ha perdido en Argentina. Quienes
tratan de gozar libremente de las artes son declarados criminales y viven
bajo las amenazas de una ley que está radicalmente fuera de época
y merece una revisión amplia, profunda y general, que nos permita
construir un sistema de derechos de autor más apropiado y justo para el
ejercicio pleno de nuestros derechos básicos.
Referencias
*Fundación Vía Libre
1. http://www.consumersinternational.org/Templates/Internal.asp?
NodeID=101219&int1stParentNodeID=97418&int2ndParentNo-
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