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“La más sagrada, la más personal de todas las propiedades”, decía
Le Chapelier en su informe que antecedió el decreto de enero de 1791
por el cual la Asamblea Constituyente de la Revolución Francesa consagró
el derecho de los autores a la representación pública de sus obras.
Durante buena parte del siglo XIX, principalmente en Francia y Alemania,
el derecho de autor fue tratado como dominio y propiedad. Sin embargo,
con el correr de los años y la mayor profundidad tanto en la
doctrina como en la jurisprudencia, ese concepto fue objeto de numerosos
cuestionamientos, entre los que se pueden destacar que:
• la obra no es una cosa, por lo tanto el dominio que se ejerce sobre
ella es diferente del que se ejerce sobre una propiedad tangible;
• el derecho de autor nace del acto creativo de una obra, y no de las
formas clásicas de adquisición del dominio de un bien tangible;
• el plazo de ejercicio del derecho monopólico es limitado en el tiempo,
no es ilimitado como en el sistema de propiedades materiales;
• el sistema de coautoría es diferente del sistema de condominio;
• el derecho moral, propio del derecho de autor, no tiene contraparte
alguna en el derecho de dominio y propiedad;
• no existe transferencia plena del derecho de autor, pues la obra
nunca deja de ser una obra de su autor, nunca abandona la esfera
de la personalidad de éste, independientemente de las enajenaciones
que puedan producirse[2].
En Alemania, a partir del pensamiento filosófico de Kant sobre el
derecho de autor como derecho de la personalidad del creador, surgieron
las tendencias dirigidas a reconocer lo que hoy se conoce como “derechos
morales”, una tendencia que se plasmó luego como doctrina
judicial en Francia durante la primera mitad del siglo XIX.
Surgen entonces otras teorías como la de los derechos sobre bienes
inmateriales, encarnada por el belga Edmond Picard, quien argumentó
que se debe reconocer a los autores un derecho sui generis sobre sus
obras, de naturaleza real, dentro del gran número de los denominados
derechos reales[3].
La ley argentina retoma estas teorías. En su proyecto de ley, el Senador
Sánchez Sorondo explicaba: “la concepción de la ley argentina, así
como la de los proyectos que la reforman, es la de atribuir al derecho de
autor las normas y conceptos de la propiedad del derecho común, aunque
con algunas reservas y limitaciones derivadas de la naturaleza misma del
derecho de autor”[4]. Así, el legislador toma las normas de origen español
y portugués y reivindica a su vez los derechos patrimoniales de
los autores sobre las obras.
La ley argentina tiene a su vez un fuerte hincapié en la protección
centrada en la obra más que en el titular de los derechos, en lo que se
aproxima a la lógica de la common law, es decir, la vertiente del
copyright[5]. Pese a no tener un apartado específico sobre derechos morales,
los mismos se desprenden de varios artículos de la norma argentina
que tratan especialmente sobre la paternidad y la integridad de la
obra.