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La regulación
argentina:
comentarios sobre la
Ley de Propiedad
Intelectual 11.723
Beatriz Busaniche*
La ley de propiedad intelectual es una regulación antigua,
que data del año 1933 y que se ocupa de las obras literarias,
científicas y artísticas. La normativa es, según el observatorio de
las leyes de propiedad intelectual de Consumers International,
una de las peores normativas del mundo considerando el acceso
a conocimiento y la cultura[1]. Contrariamente, el Informe Especial
301 de la Oficina de Comercio de los EE.UU. indica que la ley
es correcta, aunque detecta problemas en la observancia de la
misma.
La ley 11.723 aprobada en 1933 llegó para reemplazar la anterior
regulación en la materia en Argentina, la ley 7.092 de 1910,
que fue el primer texto legislativo conocido en Argentina en materia
de derechos de autor. Hasta entonces, los litigios relacionados
se resolvían por aplicación de la Constitución Nacional y el
Código Civil. La Constitución Nacional es el antecedente directo
de la 11.723, ya que en su artículo 17 indica que “todo autor o inventor
es propietario exclusivo de su obra, invento o descubrimiento
por el término que le acuerde la ley”.
Inspirada en la cláusula del progreso de los EE.UU., el párrafo
8vo. del artículo 1ro. de la constitución aprobada en 1787, la
versión argentina no llega a fijar la prioridad como sí lo hace la
constitución de los EE.UU., donde se dota al Congreso de la potestad
de “fomentar el progreso de la ciencia y las artes útiles, asegurando
a los autores e inventores, por un tiempo limitado, el
derecho exclusivo sobre sus respectivos escritos y descubrimientos.”
La cláusula argentina omite el objetivo de promover las artes
y las ciencias útiles, y consagra el derecho de autor en
términos de propiedad.