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El peor de los escenarios es la falta de debate público en relación a
estas problemáticas. Las leyes vinculadas a los derechos culturales tienen
poca o nula discusión pública, y cuando la hay, sólo se convoca a las
partes interesadas en profundizar los sistemas restrictivos, en particular,
a las gestoras colectivas de derechos de autor. Muchas veces, estas
gestoras que representan intereses corporativos son representadas
ante el público por figuras relevantes de la cultura popular nacional.
Entonces, ¿quién se atrevería a discutir?.
La compleja situación se completa con una falta de conocimiento
profundo en la materia, en paralelo a la falta de debate siempre va de la
mano la falta de formación, de análisis, de estudio de las consecuencias
sociales de leyes restrictivas. En Argentina, el análisis de estos temas
está pendiente en el mundo académico y ausente completamente del
campo de la política.
Como si esto no fuera suficiente, se suma la idea de que una ley que
todos violan no hace ningún daño. Esto parece cierto, y lo es, en la medida
en que es común encontrar puestos de top manta en cualquier estación
de subterráneos de Buenos Aires o en cualquier parque, en lugares
públicos. Es común, es costumbre violar la ley. Pero esta costumbre
colapsa cuando aparecen las primeras intimaciones, los juicios y las
amenazas.
Las leyes son y deben ser, emergentes de las prácticas sociales de su
tiempo. En este tiempo, la práctica social nos lleva irremediablemente a
un modelo donde compartir no debe ser delito y donde se debe reivindicar
el derecho al acceso y goce de la cultura como lo que es, un derecho
inalienable, un derecho básico, un derecho esencial.
El debate
Contrariamente a lo que sucedió en Chile, que recientemente modificó
su ley para incluir excepciones y limitaciones más amplias al derecho
de autor, y a lo que sucede en Brasil, que tiene en su haber un largo
debate vinculado al tema y un proyecto de modificación de la ley que
sentará un precedente internacional fundamental una vez aprobado,
Argentina no tiene este tema en la agenda pública. Es un tema que no
interesa al poder político ni a los legisladores, y que el público masivo
desconoce ampliamente. Ocurre que, tal como explica Lila Pagola en este
mismo libro, un enorme número de personas en Argentina copian, reproducen
y violan la ley sin tener conciencia de ello ni mayores
consecuencias por hacerlo, y así, cambiar la ley no parece prioritario.
Pero como ignorar la ley no puede jamás ser justificativo de su desobediencia,
en algunos casos la ley se aplica y se aplica a discreción: el caso
del profesor Horacio Potel, del cual da cuenta este libro, es un ejemplo
concreto. Existen otras consecuencias de mantener una ley injusta, en la
medida en que genera problemas para amplios sectores de la población.
Estudiantes y docentes que no pueden acceder a los materiales educativos,
convenios firmados por universidades públicas con centros de gestión
reprográfica, escuelas con software privativo e ilegal en sus
máquinas, son algunos de los actores afectados por esta ley. Por otra