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PRÓLOGO |
Si bien en este sentido parece haber un consenso o al menos una
clara estrategia del Estado respecto a su deber activo como promotor de
un marco educacional gratuito y de acceso al conocimiento a modo de
garantizar derechos no sólo sociales, sino también políticos, sorprende
por otro lado la restrictividad legal en torno al derecho de autor como
marco legal básico para el conocimiento en un contexto de una sociedad
no sólo cada vez más diversificada, capacitada y dispuesta a comunicar
e intercambiar conocimiento por nuevas tecnologías, sino también con
eso a participar activamente en la formación de su cultura como país.
Los casos más sonados son el del profesor Horacio Potel (véase el
artículo “Las miserias contra la filosofía”) y el de las bibliotecas públicas
o universitarias, (véase introducción y el artículo “Las amenazas a la misión
de las Bibliotecas”), pero no se limita a estos: abarca la creación y
producción de música, arte audiovisual y cinematográfico y mucho más.
Justamente en lo que se refiere a música, arte audiovisual y cinematográfico,
a primera vista podría parecer convincente el argumento de
que un derecho de autor más restrictivo protege y fomenta una creatividad
autóctona contra la importación invasiva de productos masivos y
culturalmente alienados -podría parecer convincente y también coherente
con una estrategia que apoya el desarrollo de actividades culturales
no sólo como un factor económico-industrial sino como parte de una
identidad propia recuperada, reafirmada y no obstante posibilitando su
permanente evolución.
Pero las estrictas normas argentinas actuales, aumentando y extendiendo
temporalmente los derechos sobre las obras evitando así que
caigan dentro del dominio público después de un plazo razonable, sobre
todo benefician a las grandes empresas, en muchos casos internacionales,
y entorpecen o impiden junto a una creciente fiscalización justamente
la circulación de muchas de las grandes obras paradigmáticas de
la cultura argentina -además con un impacto social no deseado en el todavía
difícil contexto socioeconómico de la Argentina actual: los que no
disponen de medios para comprar, simplemente no acceden (véase el
artículo “La privatización del dominio público” de Beatriz Busaniche).
Si bien no se trata de propiciar una mentalidad de consumismo gratuito,
sobre todo en lo que se refiere al uso de materiales y obras de
carácter más bien de entretenimiento, y en el amplio campo de la creación
artística tampoco de privar a los creadores de un legítimo derecho
a subsistir de sus obras, estos efectos descritos son diametralmente
opuestos a la intención de facilitar el conocimiento como herramienta
democratizadora en todos los sentidos. Aunque este sea el caso particular
argentino, también en otras regiones del mundo se ven afectadas
las posibilidades de todos los ciudadanos de acceder, dentro de sus muy
distintas capacidades económicas, al conocimiento no sólo como una herramienta
para su desarrollo socioeconómico, sino también como el
fundamento de su participación activa como ciudadanos y de su identidad
cultural.
La globalmente creciente privatización del conocimiento, también
en las llamadas sociedades desarrolladas, cada vez más segregadas socialmente,
pues requiere de un debate abierto sobre todas sus dimensiones
y todas sus implicaciones para la constitución democrática de las
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