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Hablando en términos generales, esa experiencia de redescubrir no
sólo el espacio público para la articulación política (en las manifestaciones),
sino “lo público” y sin fines de lucro, como por ejemplo instalaciones
e instituciones educativas y culturales para una articulación
identitaria resaltó en la percepción general de la vinculación entre conocimiento
y educación por un lado, y la capacidad de articulación y
reivindicación política y progreso socioeconómico por el otro. Asimismo,
quedó revalorizado hasta tal punto el concepto de educación pública
que hoy en día ni siquiera las fuerzas políticas más atávicas se
atreverían a postular públicamente el desmantelamiento de la educación
pública, sobre todo por ser ésta la herramienta fundamental de la
movilidad social que constituyó históricamente un sello distintivo e indeleble
de identidad, sobre todo de la clase media argentina.
Si bien una cosa suelen ser los dichos y otra los hechos, en este contexto
es perceptible una recuperación de la educación pública y gratuita
desde el Estado con una política de apoyo a la institucionalidad de la
educación pública, dentro de un marco presupuestario bastante ajustado
por otras prioridades y, dicho sea de paso, por la falta de una reforma
tributaria hacia un sistema más amplio, progresivo y con eso justo.
En los últimos años post 2001, el gasto público en educación volvió a crecer
hasta casi alcanzar el nivel porcentual del PBI de los países desarrollados;
las universidades nacionales por ejemplo reciben en el 2010,
según datos del Ministerio de Economía, más de 10 mil millones de pesos
en transferencias. Más allá de las falencias persistentes, en parte debidas
a la federalización de la educación, hay que constatar que al
menos las políticas nacionales están orientadas a aumentar cantidad y
calidad tanto como accesibilidad a la educación en todos los niveles, y
que están articuladas con otras iniciativas y programas: por ejemplo con
el programa de la asignación universal por hijo, que por primera vez
vincula un apoyo económico universal para los sectores de más bajos ingresos
a la asistencia escolar y sanitaria, apuntando así a reducir el elevado
grado de deserción o abandono escolar.
Es decir, aunque sea discutible si suficiente o no, al menos sí hay
una respuesta del Estado a un requerimiento de la sociedad por un mayor
y gratuito/libre acceso a la educación y al conocimiento, aumentando
la igualdad de oportunidades. En primer lugar, porque constituyen
un derecho establecido en la constitución argentina y además, una herramienta
fundamental para el progreso socioeconómico y con eso para
la superación de la pobreza y exclusión socioeconómica histórica del
país. La garantía como el derecho humano a la educación (y por lo tanto
al conocimiento), afirmado en la constitución argentina y por tratados
internacionales ratificados por el país como del derecho a la inclusión
socioeconómica, son pilares fundamentales, sino constituyentes, de una
democracia que quiera merecer ese nombre, y se sobreentiende que no
sólo en Argentina. Y no son transables por la garantía formal de los derechos
políticos, porque el ejercicio pleno e igualitario de estos se dificultan
o directamente son imposibles para aquellos sectores de la
sociedad que no disponen ni de los medios económicos ni de los conocimientos
que les permitan formar y expresar sus opiniones y posiciones
como ciudadanos activos y partícipes de los procesos democráticos de
su país.