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Aires; permitió la gestión de redes privadas semi-permanentes y la emisión
de publicidad no tradicional, el ingreso de capitales extranjeros, la
transferencia de las concesiones y multiplicó de 4 a 24 el máximo de licencias
a las que podría acceder un mismo licenciatario.
Luego del estallido de la crisis del modelo neoliberal, los sucesivos
gobiernos –hasta el actual, de Cristina Fernández– mantuvieron o profundizaron
los beneficios para el sector privado, aún con algunos matices.
Se reforzó la estructura heredada. Eduardo Duhalde (2002 - 2003)
sancionó la Ley de Bienes Culturales, conocida como Ley Clarín, que
evitó que los acreedores con los que el multimedio se había endeudado
pudieran apropiarse de la empresa. El gobierno de Néstor Kirchner
(2003 - 2007) es escenario de matices, o de ambigüedades. Con la reforma
del artículo 45 de la Ley se reconoció el derecho de las entidades sin
fines de lucro a ser licenciatarias de medios de radiodifusión, pero fueron
excluidas las cooperativas de servicio público. El mismo año sancionó
el decreto 527 que extiende por diez años la duración de las
licencias de radiodifusión vigentes.
Los Principios para garantizar la diversidad y el pluralismo en la
radiodifusión y los servicios de comunicación audiovisual elaborados
por AMARC ALC son una de las fuentes de argumentos y posicionamientos
para AMARC Argentina. Dicen que “La renovación de las concesiones
no debe ser automática y debería estar sujeta a la evaluación del cumplimiento
de los compromisos asumidos al requerir la adjudicación de la
concesión respectiva, previa audiencia pública no vinculante en la que la
comunidad opinará y recibirá explicaciones de lo hecho con la explotación
de las frecuencias respectivas. Los Estados deben abstenerse de fijar reglas
que admitan la automaticidad de las renovaciones por tratarse de la
utilización de un bien escaso cuyo uso está destinado al ejercicio y garantía
de derechos humanos fundamentales.”[2]
Por su parte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
sostiene que “... la entrega o renovación de licencias de radiodifusión, debe
estar sujeta a un procedimiento claro, justo y objetivo que tome en consideración
la importancia de los medios de comunicación para que la
ciudadanía participe informadamente en el proceso democrático.”
La trasformación del escenario político-regulatorio argentino es tan
urgente como necesaria. Encuentra bases teóricas y políticas de fuste. Y
exige la inmediata aplicación de la Ley de Servicios de Comunicación
Audiovisual, un nuevo punto de partida.
Cuatro
La militancia de las radios alternativas no se acotó a la demanda de
su propio reconocimiento legal –demanda aún vigente-, sino que planteó
la necesidad de una modificación estructural de la organización del
sistema mediático.
En 2004, esta convicción y esta lucha, inherentes al movimiento de
radios comunitarias, tomó fuerza en la articulación con otras organizaciones
sociales, universidades, periodistas, que crearon la Coalición y
dieron forma a los 21 Puntos para una Ley de Radiodifusión Democráti-