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¿CUÁNTO CUESTA TU EDUCACIÓN GRATUITA? |
ma con argumentos que demuestran un intenso desconocimiento
de las redes digitales[16]; pero lo importante es que Potel es sobreseído.
El 25 de septiembre de 2009 la biblioteca digital BiblioFyL,
organizada por estudiantes de la FFyL, UBA, es intimada al cese de
sus actividades a través de una carta por violar las leyes 11.723 de
Propiedad Intelectual y la 25.446 de Fomento del Libro y la Lectura.
Casualmente, la carta llega el mismo día en que el CADRA se encontraba
dando una charla en la FFyL organizada por “Pasajeros de
Edición”, una agrupación de estudiantes de la carrera de Edición,
charla a la que BiblioFyL le había dado publicidad unos días antes[17].
Incluso, prácticas tan inocentes como la de leer en público un texto
que está bajo las leyes de copyright constituye algo ilegal[18], puesto que
en Argentina no hay excepciones educativas, no hay excepciones para
bibliotecas y la excepción para ciegos es insuficiente. Es decir, un docente
en clase que decide leer un texto que está bajo las leyes de copyright y
exceda las 1.000 palabras, está cometiendo un acto criminal.
La defensa obstinada de la ley 11.723 y la 25.446 se basa en un supuesto
lucro cesante por parte de editores y autores en la percepción de
sus ganancias habituales. Retomando ciertas ideas de la economía clásica,
quien no obtiene ganancia alguna por aquello que produce, no se ve
incentivado ni fomentado a producir. Ahora bien, si tomamos dos datos:
el crecimiento de las conexiones de banda ancha en Argentina durante
el 2009[19], que desde hace algunos años presenta un aumento estable,
y la producción estable de libros durante el 2009[20], estamos delante de
una falacia estadística o delante de una mentira, puesto que si no hay
ganancias, no hay incentivo a la producción, producto de la “piratería”
de libros a través de Internet, ¿cómo es posible que los editores sigan
produciendo y aumentando, incluso, su producción? Curiosamente o no,
los únicos años de depresión en el sector editorial han estado ligados a
los períodos de depresión económica en Argentina. La piratería a través
de la red, tan furiosamente perseguida y controlada, no ha influido en
nada en la producción de libros -y, consecuentemente, asumimos que
según los principios de la economía clásica, tampoco lo ha hecho en las
ventas.
Resulta curioso, por otra parte, que la población estudiantil y
académica en general sea la más afectada en la persecución de las sociedades
gestoras de derechos en lo que a libros se refiere. Los estudiantes
y docentes no tienen dinero alguno para pagarle ni a la Cámara Argentina
del Libro ni al CADRA aquello que reclaman, de modo que su obstinación
en perseguir a los principales lectores de sus libros no se explica
en términos económicos. Antes bien, constituyen lo que comúnmente se
denominan “actos ejemplares”, los mismos que los inquisidores realizaban
con los herejes y las ejecuciones públicas en la Edad Media.
¿A quiénes defiende la ley?
Por otra parte, no es menor mencionar que en Argentina y tal como
está redactada la ley, se produce una confusión habitual entre el derecho
de autor y el derecho de editor. Como mencionábamos anteriormente,
la ley argentina fue impulsada por un editor, no por un autor
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