Argentina Copyleft - Fundación Vía Libre

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cómodo para escuchar en el teléfono celular, por ejemplo, ya hay infracción
y una copia no autorizada según los términos de la ley. Por otra
parte, se encuentra en contradicción con tratados internacionales de vigencia
constitucional en Argentina, como la Declaración de los Derechos
del Hombre de 1948[10], Artículo 19, y el Pacto de San José de Costa Rica
del año 1969[11], Artículo 13. Si bien tanto en la Constitución Argentina
como en estos tratados internacionales también está reconocido el derecho
de autor, lo cierto es que lo que ha cambiado en relación con el contexto
en el cual estos pactos entraron en vigencia fueron los soportes en
los cuales se concebían los “bienes culturales”. Estos tratados y la Constitución
reconocen el derecho de todos los ciudadanos de disfrutar de los
bienes culturales. Los bienes culturales no han dejado de ser menos bienes
culturales por un cambio de soporte o un cambio en el modo de circulación;
más bien al contrario, los nuevos soportes y las redes digitales
han permitido que conocimientos que antes se encontraban sólo al interior
de los claustros universitarios o de bibliotecas especializadas, se encuentren
a disposición de un público masivo, más amplio y de carácter
socioeconómico diverso. Cuando un derecho privado entra en contradicción
con el beneficio público, este derecho debe ser revisado y modificado
para remedar la contradicción y adecuar el marco normativo al
contexto vigente.
Marche preso estudiante o docente
Como decíamos anteriormente, que la ley exista no quiere decir
que la ley se cumpla, y la práctica de fotocopiado es habitual al interior
de los claustros universitarios. Pero ya han sucedido varios casos diferentes
de intimación, e incluso enjuiciamiento, a docentes y estudiantes
universitarios por infringir la Ley Noble, algunos de ellos bastantes paradigmáticos:
• En el año 1997, la Cámara Argentina del Libro[12] elabora un informe,
del cual jamás explicita sus números y estimaciones (menciona,
por ejemplo, que un estudiante universitario utiliza en promedio
“dos libros por materia”, número totalmente alejado de la realidad
universitaria, donde en algunas materias pueden llegar a utilizarse
hasta un total de veinte libros), donde estima una pérdida por 200
millones de pesos[13].
• En el año 1999, se abren causas contra algunos dueños de centros
de fotocopiado, y en una de esas causas “debieron declarar, como
imputados, unos profesores que habían entregado textos a esa comerciante,
para que sus alumnos los compraran fotocopiados”[14].
• En el año 2006, y en lo que constituye un claro caso de persecución
política, se le inicia una causa al estudiante Silvio Rotman, de la Facultad
de Filosofía y Letras (FFyL, UBA), por fotocopiar textos para
el Ciclo Básico Común[15].
• En el año 2009 las cosas empeoran, y la Cámara Argentina del Libro,
a instancias de una editorial francesa, le inicia juicio al profesor
Horacio Potel por la difusión de textos de Heidegger y Derrida a
través de Internet. El fiscal actuante en la causa se retira de la mis-