Audiencia Provincial Sección Segunda Las Palmas ... - La Provincia
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<strong>Audiencia</strong> <strong><strong>Provincia</strong>l</strong> <strong>Sección</strong> <strong>Segunda</strong> Rollo: 0000010/2006 TR<br />
<strong><strong>La</strong>s</strong> <strong>Palmas</strong> Proc. origen: 0000003/2004 TRIB<br />
Plaza San Agustín nº6<br />
Teléfono: 928-325002<br />
Jdo. origen: JDO. INSTRUCCION<br />
Fax: 928-325032 Resolución: 000024/2<br />
SENTENCIA<br />
ILTMO. SR. MAGISTRADO-PRESIDENTE<br />
D. NICOLÁS ACOSTA GONZÁLEZ<br />
En <strong><strong>La</strong>s</strong> <strong>Palmas</strong> de Gran Canaria a 5 de marzo de 2007<br />
Vistos en esta <strong>Sección</strong> <strong>Segunda</strong> de la <strong>Audiencia</strong><br />
<strong><strong>Provincia</strong>l</strong> de <strong><strong>La</strong>s</strong> <strong>Palmas</strong> en juicio oral y público los<br />
presentes autos de Procedimiento ante el Tribunal del<br />
Jurado procedentes del Juzgado de Instrucción<br />
Número Siete de los de <strong><strong>La</strong>s</strong> <strong>Palmas</strong> de Gran Canaria,<br />
que ha dado lugar a la causa 10/2006, en la que<br />
aparecen, como acusados, Miguel Ángel Rodríguez<br />
Mihalic, mayor de edad, nacido el 14 de agosto de<br />
1970, en <strong><strong>La</strong>s</strong> <strong>Palmas</strong>, hijo de Juan y de Pino, con DNI<br />
42.870.337, con instrucción, con antecedentes<br />
penales, de ignorada solvencia, y en prisión preventiva<br />
por esta causa desde el 27 de octubre de 2004,<br />
representado por la Procuradora de los Tribunales,<br />
Natalia Quevedo Hernández y asistido de Letrado<br />
Javier Hernández Martínez, Luís Rogelio Valido<br />
Martín, mayor de edad, nacido el 22 de febrero de<br />
1985, en <strong><strong>La</strong>s</strong> <strong>Palmas</strong>, hijo de Rogelio y de Pino, con<br />
DNI 78.552.548, con instrucción, con antecedentes<br />
penales, de ignorada solvencia, y en prisión preventiva<br />
por esta causa desde el 27 de octubre de 2004,<br />
representado por el Procurador de los Tribunales,<br />
Francisco Neyra Cruz y asistido de Letrado Pedro<br />
Rodríguez Cruz, José Claudio Galván Mihalic, mayor<br />
de edad, nacido en <strong><strong>La</strong>s</strong> <strong>Palmas</strong> el 15 de enero de<br />
1972, hijo de Claudio y de Blanca, con DNI<br />
42.863.966,con instrucción, con antecedentes penales,<br />
de ignorada solvencia y en prisión preventiva por esta<br />
causa desde el 27 de octubre de 2004, representado<br />
por el Procurador de los Tribunales Francisco Javier<br />
Pérez Almeida y asistido de Letrado Víctor Manuel<br />
Santana Pérez, Fernando Romero Rojas, mayor de<br />
edad, nacido el 2 de octubre de 1980, en <strong><strong>La</strong>s</strong> <strong>Palmas</strong>,<br />
hijo de Isabel y de Fernando, con DNI 78.511.228, con<br />
instrucción, sin antecedentes penales, de ignorada<br />
solvencia, en prisión preventiva por esta causa desde<br />
el 27 de octubre de 2004, representado por la<br />
Procuradora de los Tribunales Eva Olmos Bittini y<br />
asistido de Letrado José Manuel Santana Hernández,
y Sergio Sánchez Santana, mayor de edad, nacido el<br />
24 de marzo de 1985, en <strong><strong>La</strong>s</strong> <strong>Palmas</strong>, hijo de Andrés<br />
Mariano y de Ana, con DNI 45.776.693, con<br />
instrucción, sin antecedentes penales, de ignorada<br />
solvencia, y en libertad provisional por esta causa,<br />
representado por la Procuradora Enma Crespo<br />
Ferrandiz y asistido de Letrado Rafael Armingol<br />
Relancio, interviniendo el Ministerio Fiscal en calidad<br />
de acusación pública, y Rosario Ortega González,<br />
representada por la Procuradora de los Tribunales,<br />
Mónica Padrón Fránquiz y asistida de Letrado José<br />
Gerardo Ruíz Pascuau, Rafael y Francisco Javier<br />
Ortega Machado, representados por la Procuradora M.<br />
Jesús Rivero Herrera y asistidos de Letrada Josefina<br />
Navarrete, y M. Lucía Ortega Machado, representada<br />
por el Procurador de los Tribunales Bernardo<br />
Rodríguez Cabrera y asistido de Letrada Francisca<br />
Ruíz López, en calidad de acusación particular,<br />
actuando como Magistrado Presidente el Ilmo. Sr. D.<br />
Nicolás Acosta González.<br />
ANTECEDENTES DE HECHO<br />
PRIMERO.- Incoada la presente causa por el Juzgado<br />
de Instrucción Número Siete de los de <strong><strong>La</strong>s</strong> <strong>Palmas</strong> de<br />
Gran Canaria se dictó auto por el que se decretaba la<br />
apertura del juicio oral contra los acusados por el<br />
posible delito de asesinato, robo con violencia,<br />
detención ilegal y encubrimiento y junto a la adopción<br />
de otras medidas se dispuso la remisión del<br />
correspondiente testimonio de particulares a este<br />
Tribunal para la celebración del juicio oral.<br />
SEGUNDO.- Remitido el testimonio en la Ilma.<br />
<strong>Audiencia</strong> <strong><strong>Provincia</strong>l</strong> de <strong><strong>La</strong>s</strong> <strong>Palmas</strong>, conforme al turno<br />
establecido, se nombró Magistrado-Presidente y,<br />
designado el suscribiente, se dictó auto de hechos<br />
justiciables de fecha 15 de diciembre de 2006,<br />
señalando para el inicio de las sesiones del juicio oral<br />
la del 26 de febrero de 2007, y compareciendo el<br />
número mínimo de jurados legalmente dispuesto, tras<br />
la oportuna selección, se constituyó en legal forma el<br />
Tribunal del Jurado, celebrándose las sesiones<br />
oportunas durante los días 26 de febrero a 1 de marzo<br />
emitiéndose el 2 de marzo de 2007, tras la<br />
correspondiente votación y deliberación, el veredicto<br />
del jurado en el que mostró, por unanimidad, contrario<br />
a la concesión al acusado de los beneficios de la<br />
suspensión de la ejecución de la pena y a la petición<br />
de indulto.<br />
TERCERO.- En sus conclusiones definitivas el<br />
Ministerio Fiscal calificó los hechos como constitutivos<br />
de dos delitos de asesinato del art. 139.1, dos delitos<br />
de detención ilegal del art. 163 y un delito de robo con<br />
violencia de los art.237 y 242, de los que consideró<br />
criminalmente responsables en concepto de autores a<br />
los acusados, Miguel Ángel Rodríguez Mihalic, Luís<br />
Rogelio Valido Martín, José Claudio Galván Mihalic y<br />
Fernando Romero Rojas, concurriendo en Miguel
Ángel y José Claudio la agravante de reincidencia<br />
respecto del delito de robo, interesando la imposición<br />
de una pena de prisión de cuatro años por el delito de<br />
robo, prisión de cinco años por cada delito de<br />
detención ilegal, y prisión de diecinueve años por cada<br />
delito de asesinato, costas y que solidariamente<br />
indemnicen a los herederos de Eloy y de Pedro<br />
Antonio en 80.000 euros, respectivamente, con los<br />
intereses legales. En cuanto a Sergio Santana<br />
Sánchez los consideró autor de un delito de<br />
encubrimiento del art. 451.1 y 2, solicitando la<br />
imposición de una pena de prisión de dos años,<br />
accesorias y costas .<br />
<strong><strong>La</strong>s</strong> acusaciones particulares, en sus conclusiones<br />
definitivas, calificaron los hechos como constitutivos de<br />
los mismos delitos que el Ministerio Fiscal interesando<br />
la imposición de penas de prisión de cinco años por el<br />
delito de robo, prisión de seis años por cada delito de<br />
detención ilegal, prisión de veinte años por cada delito<br />
de asesinato y prisión de tres años por el delito de<br />
encubrimiento, accesorias legales y costas, incluidas<br />
las de las acusaciones particulares y que<br />
solidariamente indemnicen los cuatro primeros<br />
acusados a los herederos de los fallecidos con<br />
200.000 euros por cada uno de ellos.<br />
<strong>La</strong> defensa de Miguel Ángel Rodríguez Mihalic y<br />
Sergio Sánchez Santana interesaron su libre<br />
absolución. <strong>La</strong> defensa de Fernando Romero Rojas<br />
consideró los hechos como constitutivos de dos delitos<br />
de homicidio imprudente, siendo Fernando Romero<br />
Rojas cómplice en el relativo a la persona de Pedro<br />
Antonio Ortega Machado, concurriendo la atenuante<br />
del art. 21.4 y 6, solicitando la imposición de una pena<br />
de prisión de tres años y las accesorias legales. <strong>La</strong><br />
defensa de José Claudio Galván Mihalic consideró a<br />
su defendido autor del delito de robo con violencia y la<br />
defensa de Luís Rogelio Valido Martín calificó los<br />
hechos como constitutivos de un delito de robo con<br />
violencia del que dicho acusado es autor solicitando la<br />
imposición de una pena de prisión de dos años.<br />
HECHOS PROBADOS<br />
El jurado, por unanimidad, ha declarado probados los<br />
siguientes hechos:<br />
Que en la tarde del 29 de septiembre de 2004 el<br />
acusado, Miguel Ángel Rodríguez Mihalic, alias Nano,<br />
mayor de edad, ejecutoriamente condenado en<br />
sentencia firme de 15 de febrero de 2002 dictada por<br />
el Juzgado de lo Penal número Tres de los de <strong><strong>La</strong>s</strong><br />
<strong>Palmas</strong> a pena de prisión de dos años por delito de<br />
robo, quien el día antes había estado en casa de Eloy<br />
Ortega González y de Pedro Antonio Ortega Machado<br />
, propuso a los también acusados, José Claudio<br />
Galván Mihalic, alias Chino, mayor de edad,<br />
ejecutoriamente condenado en sentencia firme de 11
de julio de 2003 dictada por el Juzgado de lo Penal<br />
Número Cinco de los de <strong><strong>La</strong>s</strong> <strong>Palmas</strong> a pena de prisión<br />
de seis meses por delito de robo, Fernando Romero<br />
Rojas, alias Nandy, mayor de edad, y a Luís Rogelio<br />
Valido Martín, alias Güí, mayor de edad, acudir a la<br />
vivienda de aquellos a coger lo que de valor<br />
encontrasen, en la creencia de que en su interior había<br />
una estimada cantidad de dinero y drogas. Así, entre<br />
las 21.00 y las 22.00 horas de la noche de ese día<br />
previamente concertados, con la finalidad de obtener<br />
un beneficio ilícito cualesquiera que fuesen las<br />
acciones y medidas a ejecutar, acudieron hasta el<br />
número 41 de la calle Churruca, de <strong><strong>La</strong>s</strong> <strong>Palmas</strong> de<br />
Gran Canaria, domicilio de Eloy y de Pedro, y tras<br />
lograr Nano, que les conocía, que les abrieran la<br />
puerta del edificio, una vez ante la puerta de la casa,<br />
penetraron en el interior de la vivienda procediendo<br />
José Claudio Galván Mihalic, de forma súbita e<br />
inesperada, a propinar a Eloy un fuerte golpe en el<br />
rostro, que lo dejó aturdido, y Fernando Romero Rojas<br />
le dio una fuerte patada a Pedro Antonio procediendo<br />
a maniatarlo de pies y manos usando unos cables y un<br />
cinturón, interrogando a ambos sobre la existencia en<br />
la vivienda de joyas, dinero o sustancias<br />
estupefacientes. Al no colaborar ni Pedro ni Eloy,<br />
mientras que Luís Rogelio Valido Martín sujetaba por<br />
el cuello a Eloy, los demás enrollaron un trozo del<br />
cable alrededor del cuello de Pedro Ortega y mientras<br />
que Fernando Romero Rojas lo sujetaba por las<br />
piernas los otros dos acusados lo estrangulaban<br />
haciendo uso del cable y tapándole la nariz,<br />
provocándole la muerte por asfixia. Tras presenciar la<br />
muerte de Pedro, Eloy les dijo a los acusados la<br />
combinación de la caja fuerte que había en la casa y<br />
tras abrirla cogieron las joyas y el dinero, registrando el<br />
resto del inmueble de donde cogieron también cuatro<br />
teléfonos móviles y una cámara de vídeo. A<br />
continuación, con el objeto de eliminar posibles<br />
testigos presenciales, trasladaron a Eloy Ortega hasta<br />
el dormitorio donde le ataron sus manos con un cable,<br />
enrollaron un cinturón entre sus piernas y mientras que<br />
Fernando Romero Rojas limpiaba el salón para<br />
eliminar las huellas, José Claudio Galván Mihalic trató<br />
de asfixiar a Eloy y como quiera que no lo lograse<br />
Miguel Ángel Rodríguez Mihalic junto con Luís Rogelio<br />
Valido Martín , haciendo uso de un trozo de cable, lo<br />
estrangularon anudándoselo al cuello, provocándole la<br />
muerte por asfixia. Una vez hecho, los acusados, que<br />
habían empleado guantes y calcetines para evitar<br />
dejar huellas, abandonaron al vivienda y se dirigieron a<br />
la zona del Rincón,de esta capital, donde se<br />
repartieron lo obtenido. Luís Rogelio Valido Martín, tras<br />
guardar su parte del botín en un calcetín,se lo entregó<br />
al también acusado Sergio Sánchez Santana, mayor<br />
de edad, sin antecedentes penales, quien, a sabiendas<br />
de su ilícita procedencia, lo escondió en el interior de<br />
su domicilio en el número 10 de la calle Donante<br />
Altruista de <strong><strong>La</strong>s</strong> <strong>Palmas</strong> de Gran Canaria a la espera<br />
de que le solicitasen su devolución.
FUNDAMENTOS DE DERECHO<br />
PRIMERO.- Los hechos declarados probados son<br />
legalmente constitutivos de dos delitos de asesinato,<br />
del art. 139.1, de dos delitos de detención ilegal en<br />
concurso ideal con un delito de robo con violencia, de<br />
los art. 163.1, 237, 242 y 77 del C.Penal, y de un delito<br />
de encubrimiento, del art. 451, del C.Penal, todos en<br />
grado de consumación, de los que resultan<br />
criminalmente responsables, en concepto de autores,<br />
los acusados, Miguel Ángel Rodríguez Mihalic, Luís<br />
Rogelio Valido Martín, José Claudio Galván Mihalic y<br />
Fernando Romero Rojas, en relación con los delitos de<br />
asesinato, detención ilegal y robo con violencia, y<br />
Sergio Sánchez Santana, en relación con el delito de<br />
encubrimiento.<br />
Tales hechos declarados probados, como consta en el<br />
acta de votación emitido por el Jurado Popular<br />
designado para este caso el día 2 de marzo de 2007,<br />
resulta de una valoración conjunta de la prueba y, en<br />
especial, de las propias manifestaciones de los<br />
acusados así cómo de los informes forense, del<br />
informe de inspección ocular levantado por la policía,<br />
de la declaración prestada por el testigo protegido<br />
número uno así como las de otros testigos propuestos<br />
en el plenario que reconocieron, como de la propiedad<br />
de las víctimas, joyas, teléfonos y objetos que fueron<br />
encontrados en poder del acusado José Claudio<br />
Galván Mihalic así como en poder de Luís Rogelio<br />
Valido Martín o del acusado de encubrimiento, Sergio<br />
Sánchez Santana.<br />
Y es que los acusados, Fernando Romero Rojas, Luís<br />
Rogelio Valido Martín y Claudio Galván Mihalic<br />
reconocieron, los tres, que a propuesta de Miguel<br />
Ángel Rodríguez Mihalic, acudieron, la noche del 29 de<br />
septiembre de 2004, a la casa que habitaban en esos<br />
días Eloy Ortega González y Pedro Antonio Ortega<br />
Machado, y que lo hicieron puestos previamente de<br />
acuerdo en tratar de hacerse con el dinero y con la<br />
droga que Miguel Ángel, alias Nano, les había dicho<br />
que allí escondían. Es verdad que Nano negó, en todo<br />
momento, en el plenario, haber estado en dicha casa<br />
en la noche del 29 de septiembre de 2004, pero, como<br />
revela el veredicto del jurado al dar respuesta a la<br />
pregunta número 6, en dichas manifestaciones faltó<br />
claramente a la verdad, siendo creíbles, por el<br />
contrario, las llevadas a cabo ante el juzgado de<br />
instrucción en el que, de forma similar al resto de los<br />
acusados, reconoció haber estado en casa de las<br />
víctimas y haber acudido precisamente a coger lo que<br />
de valor allí pudiesen localizar. El hecho de concluir<br />
que sus manifestaciones ante el Instructor fueron<br />
veraces y no las del juicio oral no resulta del capricho<br />
del jurado sino que, se desprende, como revela el<br />
jurado al ponerla en relación con las declaraciones de<br />
otros acusados y del testigo protegido , por un lado de<br />
un dato que el propio Miguel Ángel aportó en el acto<br />
del juicio, esto es, que, al margen de que los
habitantes de la casa conociesen al apodado Güí,<br />
(algo que este aceptó, por haber acudido en alguna<br />
ocasión a la peluquería de Eloy), era él el único que<br />
sabía perfectamente dónde vivían y tanto es así que<br />
también añadió que él había estado en esa casa antes<br />
de que se produjeran los hechos, con lo cuál era él<br />
quien únicamente podía tener acceso a su interior sin<br />
levantar las sospechas de sus moradores. Además<br />
hay otros datos objetivos que avalan dicha conclusión<br />
como el que en la ejecución de los hechos todos los<br />
acusados reconociesen haber empleado un vehículo<br />
de las mismas características que el que Miguel Ángel<br />
aceptó haber tenido, en alquiler, en aquellos días, y el<br />
que el testigo protegido número 1 declarase en el<br />
plenario que, en prisión, a dónde Nano regresó una<br />
vez que terminó de disfrutar del permiso penitenciario<br />
durante el cual se ejecutaron los hechos, el mismo le<br />
contó lo que había sucedido y no sólo eso sino que<br />
identificó plena y certeramente el apodo de las otras<br />
tres personas que, finalmente, han reconocido haber<br />
estado en casa de las víctimas y además le realizó un<br />
relato con lujo de detalles aportando elementos que,<br />
en el momento en el que lo contó, no eran, ni mucho<br />
menos, de dominio público, como la intervención de<br />
Güí en los mismos, algo que en esos instantes<br />
únicamente conocía la Policía Nacional gracias a la<br />
localización de uno de los teléfonos móviles sustraídos<br />
en la casa y a la intervención de sus conversaciones<br />
telefónicas con Sergio Sánchez Santana. Tales datos,<br />
tal precisión, no es propia de quien simplemente se<br />
limita a relatar lo que, a su vez, ha venido escuchando<br />
de boca de otros presos, y así incluso el acusado,<br />
José Claudio Galván Mihalic, primo de Miguel Ángel,<br />
sostuvo en el juicio oral que era su primo quien, en<br />
prisión, no sólo contaba lo sucedido sino que<br />
alardeaba de ello. Recordemos, por lo demás, que la<br />
jurisprudencia del Supremo ha venido entendiendo<br />
que, el hecho de que tal declaración inculpatoria<br />
conste en instrucción, no es obstáculo para valorarla ,<br />
en el conjunto de la prueba, por parte del jurado a la<br />
hora de establecer puándose se dijo la verdad,<br />
rechazando que en nuestras leyes procesales pueda<br />
existir una dualidad de regulaciones en materia de<br />
valoración de pruebas (en este sentido STS de 15 de<br />
julio de 2002 con cita de las de 11 y 20 de septiembre<br />
de 2000 y de 5 de noviembre de 2001).<br />
En consecuencia, de las declaraciones de los propios<br />
acusados cabe concluir el acuerdo previo para acudir a<br />
la casa de Eloy y de Pedro a hacerse con lo que de<br />
valor allí encontrase y cabe concluir también que ese<br />
acuerdo previo no sólo abarcaba el hecho mismo del<br />
robo sino el reparto de funciones y papeles entre los<br />
implicados. Sólo así cabe entender que mientras que<br />
uno de ellos, Nano, se encargaba de lograr que le<br />
abriesen la puerta del edificio, otro, José Claudio<br />
Galván Mihalic, una vez que llegaron al piso en el que<br />
vivían las víctimas, aprovechando que la puerta estaba<br />
abierta, propinase un fuerte golpe en el rostro de Eloy,<br />
que queda reflejado en el informe forense, folio 1449,
dejándolo aturdido, algo que la forense confirmó en su<br />
informe en el plenario, cuando sostuvo que debieron<br />
dejarle si no inconsciente sí temporalmente aturdido, y<br />
mientras tanto Fernando Romero Rojas acudiese al<br />
salón, donde se encontraba otro de los habitantes de<br />
la casa, Pedro Antonio Ortega, corpulento y de gran<br />
fuerza física, y que de una patada fuese capaz de<br />
evitar que acudiese en ayuda de Eloy, procediendo,<br />
junto a otros acusados, a amarrarle. Tal coordinación,<br />
que repito, impidió que, por ejemplo, Pedro pudiese si<br />
quiera aproximarse a Eloy, algo que, por lo demás, los<br />
acusados reconocen porque a Pedro ni si quiera se le<br />
dio oportunidad de salir del salón de la casa, y que<br />
Eloy pudiese impedir la entrada de cuatro personas,<br />
cuando que únicamente esperaba a una, hacen que lo<br />
lógico sea concluir en el concierto previo que el jurado<br />
entendió plenamente acreditado, rechazando la<br />
especie de actuación improvisada que pretendieron<br />
defender en el juicio oral dos de los acusados (Nandy,<br />
y Güí) pues José Claudio Galván Mihalic sí que indicó<br />
en el juicio oral que antes de entrar entre ellos se<br />
asignaron las tareas de forma que él se encargaría de<br />
inmovilizar a Eloy junto a Güí y Nandy se haría cargo<br />
de Pedro junto con Chino.<br />
Respecto de lo sucedido en el interior de la casa el<br />
jurado considera acreditada la versión aportada por las<br />
acusaciones atendiendo especialmente a las<br />
manifestaciones de los acusados, el informe forense y<br />
el reportaje fotográfico levantado por la Policía con<br />
ocasión de la inspección ocular. Así reconocen los<br />
acusados, por un lado, el haber ejecutado los actos<br />
precisos para inmovilizar a los dos habitantes de la<br />
casa. Cierto es que cada uno trata de limitar, al<br />
máximo, su intervención en los hechos pero no lo es<br />
menos que, como resultó del informe de la forense, y<br />
se puede constatar por el reportaje fotográfico, el<br />
hecho de que en la casa de encontrasen dos<br />
habitantes, el hecho de que ambos se localizasen, en<br />
un primer momento, en sitios distintos, el hecho de que<br />
por lo menos uno de ellos, Pedro Antonio, fuese una<br />
persona alta, fuerte, y con entrenamiento militar previo<br />
en la legión, según declaró un familiar suyo, y el hecho<br />
de que los cuerpos apareciesen con múltiples lesiones<br />
cada uno de ellos, amarrados en forma distinta, en<br />
zonas distintas de la casa y el que el momento de la<br />
muerte de uno y otro fuese próximo, según el informe<br />
forense, hace lógico pensar, y así lo concluye tanto<br />
dicha perito como la policía, que fueron varias las<br />
personas que actuaron sobre aquellos y que fueron<br />
varias las personas que debieron llevar a cabo todas<br />
las actuaciones tendentes a reducirlos, inmovilizarlos,<br />
o agarrarlos, como, según Fernando Romero, les<br />
indicó Nano antes de los hechos, y a lograr que<br />
aquellos le revelasen la combinación de la caja fuerte,<br />
como indicó en el plenario el testigo protegido número<br />
uno. El que Nandy propinó una patada a Pedro<br />
Antonio él mismo lo reconoce, el que Güí, mientras<br />
que el resto de los acusados agarraban y asfixiaban a<br />
Pedro, tenía cogido por el cuello a Eloy es algo que
también Fernando manifiesta en sus declaraciones,<br />
añadiendo que lo tenía cogido en el pasillo, algo que<br />
es coherente con el dictamen forense en el que se<br />
indica que por lo menos en un primer momento debió<br />
permanecer algo aturdido, por lo que no era necesario<br />
mas que una persona para reducirlo. Pero es que<br />
también de la propia declaración de Fernando queda<br />
demostrado que en esos momentos procedieron a atar<br />
y a asfixiar a Pedro pues el mismo acepta que Nano<br />
les requirió, una vez que estaban registrando la casa, y<br />
cuando aún no habían localizado nada, que le atasen y<br />
así se hizo con unos cables, como consta en las<br />
fotografías, y que a él, en concreto, le asignó la función<br />
de cogerle los pies pudiendo en ese instante<br />
percatarse de que Nano estaba detrás suya, es decir,<br />
en la zona de la cabeza de Pedro, y que la víctima<br />
comenzó a experimentar temblores en las piernas, lo<br />
que coincide con los espasmos que, según la médico<br />
forense, debió padecer en el momento en el que le<br />
asfixiaban, momento en el que , además de<br />
estrangularlo le taparon la nariz, lo que<br />
necesariamente precisaba de la intervención de dos<br />
personas o más, según la forense, dada la corpulencia<br />
de la víctima, su altura así como la de los acusados, y<br />
el modo de causarle la muerte , una muerte que,<br />
posteriormente, se extendería la persona de Eloy a<br />
quien, como se recoge en el informe de la forense en<br />
el plenario, se le sometió, durante tiempo, a un<br />
proceso en el que se le asfixiaba con unos cables se<br />
aflojaban los mismos lo que determinó que padeciese<br />
una insuficiencia respiratoria durante un amplio<br />
período de tiempo, algo que, por lo demás, es<br />
coherente con la manifestación realizada en el juicio<br />
oral por Fernando Romero Rojas en el sentido de que<br />
Nano preguntaba a Eloy por el dinero y por la droga<br />
negándose éste a decirles nada dejando a Eloy con<br />
Güí y pidiendo unos cables con los que finalmente<br />
asfixió a Pedro Antonio. También ellos reconocen el<br />
haber procedido a registrar la misma, Fernando<br />
Romero añade que hicieron uso de unos guantes y de<br />
unos calcetines, para evitar huellas, que procedieron a<br />
limpiar la escena del crimen, para borrar cualquier<br />
rastro de su presencia y que se marcharon a la<br />
chabola del Rincón dónde se repartieron el botín.<br />
Por último, y en lo que respecta al delito de<br />
encubrimiento, las declaraciones de los propios<br />
implicados, Sergio y Luís Rogelio, acreditan la realidad<br />
de la entrega al primero por el segundo, de un calcetín<br />
en el que se guardaban las joyas y el móvil que le<br />
había correspondido en el reparto posterior a los<br />
hechos y que le encomendó que se lo guardase, algo<br />
que también confirman los funcionarios de policía<br />
encargados de las investigaciones que escucharon sus<br />
conversaciones telefónicas en el curso de las cuales<br />
Luís Rogelio preguntaba a Sergio si mantenía a buen<br />
recaudo lo que le había entregado.<br />
SEGUNDO.- Centrándonos en cada uno de los delitos<br />
imputados, comenzando por el de robo con violencia,
el mismo está fuera de toda duda. Demostrado, como<br />
hemos explicado, que los cuatro acusados acudieron<br />
al domicilio de Eloy y de Pedro, que su finalidad era<br />
lograr hacerse con los dos kilos de cocaína y con los<br />
120.000 euros que Nano les había dicho que allí<br />
habían, que efectivamente acudieron y que, para<br />
lograr llevarse lo que de valor encontraron, en este<br />
caso, según reconocieron, joyas, dinero, una cámara<br />
de vídeo y unos teléfonos móviles (que posteriormente<br />
fueron localizados, salvo el dinero, en poder de los<br />
acusados, especialmente de Chino y Sergio a quien, a<br />
su vez, se los había entregado Güí, siendo<br />
reconocidos en el plenario por familiares y amigos de<br />
las víctimas como de su propiedad), emplearon una<br />
violencia importante sobre las víctimas, y buena<br />
prueba de ello son los múltiples golpes que, según en<br />
informe forense, abarcaban todo su cuerpo,<br />
especialmente el de Pedro, folios 1446 y siguientes,<br />
habiendo obtenido la plena disponibilidad de los bienes<br />
muebles de los que se hicieron en contra de la<br />
voluntad de sus dueños, no cabe mas que entender<br />
que concurren todos los elementos del delito de robo<br />
con violencia que se les atribuye, en grado de<br />
consumación, de los art. 237 y 242 del C.Penal.<br />
TERCERO.- En cuanto a los delitos de detención<br />
ilegal, uno por cada una de las víctimas, debemos<br />
señalar que el delito de detención ilegal supone la<br />
privación de la libertad ambulatoria del sujeto pasivo<br />
mediante conductas que puedan ser comprendidas en<br />
el significado de los verbos encerrar o detener.<br />
En este caso, como se refiere por el jurado al dar<br />
respuesta a la pregunta número 20, tal y como se<br />
evidencia por las declaraciones de los implicados en<br />
los hechos y especialmente por las pruebas aportadas<br />
por la policía, en particular la inspección ocular y las<br />
fotografías que lo acompañan, folios 170 y siguientes,<br />
en los que se puede observar cómo las víctimas fueron<br />
atadas de pies y manos por parte de los acusados,<br />
cabe concluir que les era imposible, en cualquier caso,<br />
desplazarse habiendo sido así privadas de cualquier<br />
forma de libertad deambulatoria, lo que constituye la<br />
base del delito contra la libertad objeto de imputación.<br />
Afirmaba una de las defensas que no existía detención<br />
ilegal porque no constaba que las víctimas<br />
pretendiesen abandonar su casa, pero es que no es<br />
ello preciso para que surja este delito. Basta con que<br />
su libertad ordinaria y normal de movimientos haya<br />
sido eliminada, como aquí sucede de forma evidente,<br />
para que surja el delito que se les imputa pues las<br />
víctimas ni tuvieron esa opción de abandonar la casa<br />
ni mucho menos de acudir a las zonas de las mismas<br />
en las que pudieran haberse protegido o dar aviso a<br />
las fuerzas de seguridad y ello porque estaban<br />
amarrados de pies y manos como, repito, se evidencia<br />
en las fotografías, debiéndose destacar que, en el<br />
caso de Eloy, además, según indicó la perito forense,<br />
estaba atado incluso a la cama en la que fue<br />
localizado.
En este punto preciso es analizar la relación del delito<br />
de detención ilegal con los otros dos delitos imputados<br />
a los acusados, el de asesinato o el de robo. Y es que<br />
la detención ilegal, esto es, la privación de libertad de<br />
movimientos de una persona, puede ser un fin en sí<br />
mismo o puede estar en relación con otras posibles<br />
conductas punibles que persiguen finalidades distintas.<br />
En tal caso, como se recogía en la STS de 22 de<br />
marzo de 2006, la relación entre ambas infracciones<br />
puede presentarse de tres formas diferentes. En<br />
primer lugar, la privación de libertad puede operar<br />
como un medio necesario para la ejecución de esos<br />
otros hechos, en cuyo caso se apreciará un concurso<br />
medial. En segundo lugar, puede aparecer de forma<br />
independiente a aquellos, con identidad propia, sin<br />
alcanzar la categoría de medio necesario, aunque<br />
coexistan ambas conductas temporalmente, caso en el<br />
que se apreciará un concurso real. Y finalmente, en<br />
tercer lugar, puede ocurrir que la privación de libertad<br />
sea inherente a la ejecución de la otra infracción<br />
criminal, de modo que cuando no supere los límites de<br />
ésta, deba considerarse absorbida por ella. Así se ha<br />
de operar en estos casos salvo que la acción privativa<br />
de la libertad exceda la finalidad perseguida con la otra<br />
acción o se prolongue por un tiempo relevante que<br />
haga que recupere su autonomía, en cuyo caso<br />
deberá sancionarse de modo independiente, en<br />
concurso real o medial como antes sÍ dijo.<br />
En relación con los delitos de asesinado no parece que<br />
las dos detenciones ilegales, pues dos fueron las<br />
personas privadas de su libertad deambulatoria,<br />
tengan relación alguna. Sus muertes no precisaba ni<br />
tiene conexión con el hecho de haberles impedido<br />
moverse o realizar cualquier acto corporal incontrolado<br />
o incontrolable por parte de los acusados ni mucho<br />
menos su detención resultó ser medio preciso para la<br />
ejecución de tales conductas típicas contra la vida. Por<br />
tanto ni cabe hablar de concurso medial ni cabe<br />
considerar dicha detención inherente a la ejecución de<br />
los asesinatos que deberán sancionarse de forma<br />
independiente.<br />
En relación con el delito de robo sí que cabe apreciar,<br />
a juicio de quien resuelve, un concurso medial entre<br />
detención ilegal y robo con violencia. Y es que dicha<br />
detención ilegal no puede sostenerse que presenta en<br />
este caso una identidad propia y, además, aunque con<br />
evidente conexión con el delito de robo, dado que la<br />
inmovilización de ambas víctimas fue el medio<br />
empleado por los acusados para lograr el que se les<br />
facilitase la ubicación del dinero y las joyas buscadas<br />
así como la clave para la apertura de la caja fuerte,<br />
como se ha indicado por ellos mismos en sus<br />
declaraciones, estamos ante una detención ilegal que,<br />
en cuanto a su duración, se prolongó durante un<br />
período de tiempo relevante habiendo llegado<br />
Fernando Romero a hablar de un período de entre una<br />
y dos horas y Luís Rogelio de entre una hora y una<br />
hora y media. A ello deberá añadirse el informe emitido
por la médico forense que, en el plenario, sostuvo que<br />
en el caso de Eloy, el mismo fue sometido a una<br />
situación repetida de insuficiencia respiratoria durante<br />
un amplio período de tiempo y que añadió que todo el<br />
proceso que terminó en la muerte de las víctimas se<br />
debió desarrollar no de forma rápida e instantánea sino<br />
a lo largo de un período de tiempo más o menos<br />
prolongado de manera que la detención ilegal ni<br />
mucho menos puede ser entendida como inherente al<br />
delito de robo con violencia. Un dato más apoya esta<br />
tesis y es el relativo a la situación de Eloy quien,<br />
inicialmente, tuvo limitada su libertad deambulatoria<br />
mediante la actuación física sobre él ejercida por uno<br />
de los acusados, Luís Rogelio, quien le tenía agarrado<br />
por el cuello mientras que le reclamaban la clave de la<br />
caja fuerte y mientras que Nandy y Chino, como ellos<br />
mismos declararon, registraban la casa, pero que<br />
posteriormente fue trasladado hasta la cama de su<br />
habitación donde debió ser sometido ya al proceso<br />
prolongado de asfixia que menciona la forense y que<br />
no puede subsumirse sin más en el delito de robo .Por<br />
ello entiendo que los dos delitos de detención ilegal se<br />
encuentran en relación de concurso medial con el<br />
delito de robo con violencia y de ahí que proceda<br />
aplicar las normas del art. 77 del C.Penal en orden a la<br />
determinación de las penas.<br />
CUARTO.- Los hechos, como se ha dicho, constituyen<br />
también dos delitos de asesinato, uno por cada una de<br />
las víctimas, Eloy Ortega González y Pedro Antonio<br />
Ortega Machado. El hecho de que fueron los acusados<br />
quienes causaron la muerte de aquellos, para el<br />
jurado, y para quien resuelve, queda fuera de toda<br />
duda. Ellos mismos, en el plenario, de una u otra forma<br />
lo vinieron a reconocer. Así Fernando Romero<br />
manifestó que mientras que él agarraba a Pedro<br />
Antonio por las piernas notó que al mismo le<br />
temblaban, igualmente añadió que no sabe si el Chino<br />
le ató las manos pero lo cierto es que sí reconoce que<br />
era Nano quien le asfixiaba con lo que , dado que Güí,<br />
en esos instantes, tenía inmovilizado a Eloy sólo Chino<br />
podía ser quien auxiliaba a Nano para evitar la defensa<br />
de Pedro al tiempo en el que le estrangulaban y,<br />
además, le tapaban las vías aéreas para provocar su<br />
muerte. Otro tanto sucedió con Eloy al que no sólo le<br />
asfixiaron sino al que sometieron a un largo proceso<br />
de privación, sucesiva, de oxígeno llegando incluso a<br />
atarlo a la cama y empleando para provocarle la<br />
muerte además de varios cables una camisa, como<br />
resulta del informe forense. José Claudio Galván<br />
Mihalic efectivamente relata cómo pudo ver a Eloy en<br />
la habitación, en la cama y con las manos ya atadas<br />
relatando tanto éste cómo Fernando que Nano les<br />
había dicho que había tenido que quitarle la vida a<br />
Eloy. A todo ello debe unirse el informe de la forense<br />
que describió que lo sucedido en relación con las<br />
víctimas fue el proceso continuado a lo largo del<br />
tiempo que se inició con los golpes propinados a Pedro<br />
y con la disminución, mediante un golpe certero, de la<br />
capacidad de reacción de Eloy, y que continuó con el
sometimiento, a este último, a un proceso reiterado de<br />
asfixia parcial afirmando que todas las acciones de las<br />
personas que así actuaron iban dirigidas a provocar la<br />
muerte de ambas víctimas, una muerte que querían y<br />
buscaban o que se les representó como la<br />
consecuencia necesaria de sus actos pues, por un<br />
lado, quienes se preocupan por utilizar guantes y<br />
calcetines en las manos para no dejar huellas y<br />
quienes incluso proceden a limpiar minuciosamente el<br />
piso para eliminar cualquier resto biológico que pueda<br />
a la policía ubicarlos en la escena del crimen, algo<br />
que, por cierto, lograron, es claro que estaban<br />
obligados a acabar con la vida de dos personas que,<br />
por lo menos a dos de ellos, conocían con<br />
anterioridad. Pero es que, además, cualquier persona,<br />
por escasa formación que ostente, sabe que privando<br />
de oxígeno a otra, de forma necesaria, se le va a<br />
provocar la muerte y, en el caso de Pedro, esa<br />
actuación sobre su cuello fue de tal intensidad, como<br />
explicó la médico forense, que el resultado físico, esto<br />
es, las marcas que quedaron en su cuerpo, fue incluso<br />
el propio de un ahorcamiento mientras que en el de<br />
Eloy el empleo de varios cables así como el de una<br />
camisa, para privarle también de la posibilidad de<br />
respirar, revela un ánimo de matar claro o, por lo<br />
menos, que los acusados eran conscientes de que, de<br />
su conducta, dichas muertes iban a derivarse de forma<br />
necesaria lo que permite descartar de plano la tesis de<br />
una de las defensas que pretendía considerar las<br />
muertes de ambas como meramente imprudentes. Es<br />
verdad que el informe forense, al fijar la hora de la<br />
muerte, refiere que la misma debió producirse en torno<br />
a tres o seis horas antes del levantamiento de los<br />
cadáveres, lo que acaeció a las 11.05 del 30 de<br />
septiembre de 2004, y cierto es también que la policía,<br />
por las llamadas realizadas desde uno de los teléfonos<br />
sustraídos, considera que, en torno a la media noche,<br />
los acusados abandonaron el domicilio de Eloy y de<br />
Pedro, lo que pudiera hacer pensar que la muerte fue<br />
posterior a dicha salida. Pero deberá tenerse en<br />
cuenta que, por un lado, la causa de la muerte es<br />
consecuencia directa y clara de las acciones<br />
realizadas por los acusados, que nadie consta que<br />
pudiera acceder al interior de la casa entre su salida,<br />
en la que cerraron las puertas, y la llegada de la<br />
señora que les auxiliaba en las labores de la casa, y<br />
sobre todo que la hora de la muerte no se puede<br />
entender como algo preciso o matemático. Por el<br />
contrario, estando determinada por la forense en<br />
atención a la temperatura corporal, es claro que ésta<br />
ha podido variar en consideración al estado de la casa,<br />
el calor ambiental de la misma y a si ha estado o no<br />
cerrada, a la humedad del ambiente (es sintomático al<br />
respecto que a aún a las nueve de la mañana el piso,<br />
que había sido limpiado por los acusados, como<br />
reconocen Fernando y José Claudio, aún<br />
permaneciera húmedo) o a si la noche había sido o no<br />
especialmente calurosa, algo que ni mucho menos se<br />
puede descartar dado que en estas islas el mes de<br />
septiembre, de ordinario, resulta serlo. Por tanto ello
no es, ni mucho menos, obstáculo para considerar a<br />
los acusados autores de dichas muertes, algo que, por<br />
lo demás, en sus propias declaraciones reconocen que<br />
se produjo esa noche por ellos mismos atribuyendo<br />
siempre a Nano la autoría material y final de aquellas.<br />
Pero es que, además, esas muertes se produjeron de<br />
forma tal que deben calificarse como delito de<br />
asesinato por concurrir la circunstancia agravatoria<br />
específica de alevosía. Comencemos por recordar que<br />
según tiene declarado la Sala <strong>Segunda</strong> del Supremo,<br />
requiere para poder ser apreciada:<br />
a) en cuanto a la dinámica de su actividad: un<br />
aseguramiento del resultado sin riesgo para el agente,<br />
eliminando la defensa que pudiera existir por parte del<br />
ofendido con lo que se pone de relieve el cariz<br />
predominantemente objetivo, a través del<br />
aseguramiento de la ejecución y de la indefensión de<br />
la víctima; en este caso es evidente que así sucedió.<br />
Los acusados accedieron al interior de la casa<br />
sorprendiendo a Eloy en la puerta de la misma pues<br />
este esperaba únicamente a una persona y se<br />
encontró con cuatro uno de los cuales le golpeó en<br />
términos tales que, como informó la forense, le dejó<br />
aturdido, procediendo, a partir de ese momento, a ser<br />
inmovilizado por Güí, que lo agarraba por el cuello,<br />
mientras que a Pedro le propinaban una patada inicial<br />
y, a continuación, era, por varios acusados, atado,<br />
agarrado, golpeado reiteradamente y finalmente<br />
asfixiado en esa misma situación de forma que no<br />
existió posibilidad alguna de defensa y tanto es así que<br />
poco más que unas heridas en los nudillos y en la cara<br />
dorsal de las falanges de la mano derecha de Pedro<br />
fueron localizadas sosteniendo el informe forense,<br />
folios 1488 y 1489, que en ninguno de los dos<br />
cadáveres se han observado lesiones de defensa<br />
claras.<br />
b) en cuanto a la culpabilidad: la presencia no<br />
solamente del dolo proyectado sobre la acción del<br />
agente, sino además un ánimo tendencial dirigido<br />
hacia la indefensión del sujeto pasivo del delito, y<br />
mediante el cual se pone de relieve cierta vileza o<br />
cobardía en el obrar; en este supuesto también se<br />
evidencia por varios datos. En primer lugar por el<br />
propio plan desplegado por los acusados que<br />
inicialmente hicieron creer a las víctimas que a su casa<br />
sólo acudía una persona, sorprendiendo a Eloy con la<br />
posterior presencia de cuatro individuos delante de su<br />
vivienda en la que, en la creencia de que sólo se<br />
presentaría Miguel Ángel, a quien conocía, y quien<br />
había estado anteriormente en su casa, esperaba con<br />
la puerta abierta. En segundo lugar son<br />
esclarecedoras las palabras de Fernando Romero en<br />
el acto del juicio cuando relataba lo que hablaban<br />
mientras se dirigían a la casa de Eloy y Pedro, esto es,<br />
que entrarían los cuatro y les amarrarían, lo que revela<br />
ya su intención de evitar, de cualquier forma, la<br />
defensa de los dos habitantes del inmueble pudieran
llevar a cabo. Y por último, y tal y como declaró<br />
probado el jurado, por la propia dinámica de los<br />
hechos en el curso de los cuales los acusados fueron<br />
más allá de su simple superioridad numérica<br />
procediendo a amarrar y agarrar a las víctimas a las<br />
que, a lo sumo, la única posibilidad que les quedó fue<br />
la de tratar de quitarse, con una de sus manos, la<br />
camisa que le cubría la cara, algo que en el caso de<br />
Pedro ni siquiera le fue posible.<br />
Y c) que, a través del enjuiciamiento, se capte una<br />
mayor repulsa social de la acción delictiva de la que<br />
intrínsecamente lleva el resultado (v. ss. de 24 de<br />
mayo de 1982, 10 de mayo de 1984, 25 de febrero de<br />
1987 y 24 de enero de 1992). En último término, según<br />
la jurisprudencia, "el núcleo de la alevosía en<br />
cualquiera de sus modalidades se halla en la<br />
inexistencia de posibilidades de defensa, que como ya<br />
hemos indicado en este caso es más que claro.<br />
En cuanto a los modos, situaciones o instrumentos de<br />
que se valga el agente para asegurar el resultado<br />
excluyendo toda defensa y consiguiente riesgo para su<br />
persona, la doctrina de esta Sala distingue tres<br />
supuestos de asesinato alevoso. <strong>La</strong> alevosía llamada<br />
proditoria o traicionera, si concurre celada, trampa o<br />
emboscada; la alevosía sorpresiva, que se materializa<br />
en un ataque súbito o inesperado; y la alevosía por<br />
desvalimiento, en la que el agente se aprovecha de<br />
una especial situación de desamparo de la víctima que<br />
impide cualquier manifestación de defensa. En este<br />
caso los acusados, tal y como se declaró probado,<br />
actuaron de forma súbita e inesperada, Eloy esperaba<br />
únicamente a una persona y se encontró con que, del<br />
ascensor, salieron cuatro uno de los cuales, de forma<br />
súbita lo golpeó dejándole aturdido siendo, a partir de<br />
esos instantes, agarrado por otro y posteriormente<br />
atado a la cama. En el caso de Pedro, tal y como<br />
relata el propio Fernando, no se le dio siquiera<br />
oportunidad de salir del salón, fue derribado<br />
inicialmente de una patada por quien entró en el salón<br />
y a partir de ahí, como se deduce del informe forense,<br />
fue amarrado, golpeado y asfixiado por varias<br />
personas que actuaron sobre él sin que pudiera llevar<br />
a cabo acción defensiva alguna, no pudiendo hacer<br />
absolutamente nada ni para evitar su muerte ni para<br />
defenderse de unos agresores que le agarraban por<br />
las piernas, le ataban las manos y que incluso, según<br />
la forense, debieron apoyar sus piernas en su espalda<br />
para poder hacer la fuerza suficiente como para<br />
terminar causándole la muerte<br />
<strong>La</strong> circunstancia, predominantemente objetiva, debe<br />
ser abarcada por el dolo del autor, pero no es<br />
imprescindible que de antemano el agente busque y<br />
encuentre el modo más idóneo de ejecución sino que<br />
es suficiente que se aproveche, en cualquier momento<br />
y de forma consciente, de la situación de la víctima así<br />
como la facilidad que ello supone (SS de 29-3-93, 8-3-<br />
93, 26-6-97, de 26-4-2002 y 15-11-2003) y la
eliminación de la posibilidad de defensa (S de 31-1-<br />
2004)". En este supuesto de antemano los acusados<br />
buscaban inmovilizar a sus víctimas pero es que,<br />
además, una vez logrado, una vez amarrados,<br />
aprovecharon, conscientemente, esa incapacidad de<br />
movimientos y de reacción frente a aquellos para<br />
terminar causándoles la muerte con gran facilidad sin<br />
que de contrario se opusiera defensa efectiva.<br />
QUINTO.- Por último, y en lo que respecta al delito de<br />
encubrimiento, tipificado en el art. 451 del C.Penal, se<br />
cumplen en la conducta del acusado, Sergio Sánchez<br />
Santana, todas las exigencias precisas para su<br />
comisión. Así Sergio no intervino ni como autor ni<br />
como cómplice en los hechos acaecidos en la vivienda<br />
del número 41 de la calle Churruca, y con<br />
posterioridad a ello recibió, de manos de Luís Rogelio<br />
Valido Martín, un calcetín en cuyo interior escondía<br />
unas joyas y un teléfono móvil que resultaba ser su<br />
parte del botín obtenido con ocasión del robo<br />
ejecutado en dicho inmueble. Estos datos objetivos<br />
están plenamente acreditados por las propias<br />
declaraciones de ambos acusados, que aceptaron la<br />
entrega del calcetín reconociendo Sergio que, por el<br />
tacto, podía saber perfectamente lo que había en su<br />
interior, en concreto las joyas, como lo está que Sergio<br />
procedió a ocultar en su propia casa dichos efectos,<br />
evitando de esa forma su posible descubrimiento en<br />
casa de Güí si este era identificado y localizado por la<br />
policía y de tal forma auxiliándolo para que se<br />
beneficiase de los efectos del delito.<br />
<strong>La</strong> controversia, en el plenario, se ha centrado en la<br />
concurrencia o no de otro elemento del delito, esto es,<br />
el conocimiento de la comisión de un delito, esto es, el<br />
conocimiento de que tales bienes procedían de un<br />
previo acto ilícito cometido por Luís Rogelio. Sobre<br />
este punto recordemos que, como se sostenía en la<br />
STS de 3 de mayo de 1985, en el caso de los delitos<br />
contra la propiedad es bastante con que el encubridor<br />
tenga conocimiento de su ilícita procedencia. No es<br />
preciso, por el contrario, que conozca las<br />
circunstancias de persona, tiempo y lugar en el que se<br />
obtuvieron los mismos. En este caso, y dado que el<br />
acusado niega tal conocimiento, la conclusión contraria<br />
únicamente puede alcanzarse por medio de indicios, y<br />
el jurado expresa, al responder a la pregunta 7 cuáles<br />
son tales indicios. En primer lugar cita el perfecto<br />
conocimiento que Sergio tenía de las actividades<br />
ilícitas de Luís Rogelio. Así en el juicio oral Sergio<br />
reconoció que a Güí le conocía desde pequeño, que<br />
en esa época cree que estudiaba y que no sólo no le<br />
había visto trabajar sino que, incluso, sabe que ya,<br />
siendo menor de edad, le habían detenido por robo.<br />
Por su parte Luís Rogelio aclara aún más la amplitud<br />
de ese conocimiento al reconocer que, desde Arrecife<br />
de <strong>La</strong>nzarote, a donde, tras ejecutar los hechos antes<br />
descrito, se había trasladado, llamó a Sergio no sólo<br />
para comprobar, como indicó el policía nacional<br />
número 85.521, si seguía guardando el calcetín, según
pudo escuchar en las conversaciones telefónicas que<br />
le fueron intervenidas, sino además para proponerle<br />
acudir a <strong>La</strong>nzarote a hacerse unos escaparates, esto<br />
es, robar en algunas tiendas. Y aporta el jurado un<br />
segundo indicio, esto es, la forma en la que le fueron<br />
entregadas las joyas, en un calcetín, lo que hace<br />
pensar, lógicamente, en su dudosa procedencia pues,<br />
evidentemente, de tratarse de joyas de su propiedad<br />
lícitamente obtenidas, no tiene sentido alguno que se<br />
le entreguen así guardadas. En consecuencia no<br />
desarrollando actividad lícita alguna Güí, habiendo<br />
participado ya con anterioridad en delitos contra la<br />
propiedad, algo de lo que era consciente Sergio, y<br />
teniendo en cuenta la forma en la que le entrega las<br />
joyas para que las escondiese, insistiendo en ello una<br />
vez que ya estaba en <strong>La</strong>nzarote, lógico es considerar,<br />
como hace el jurado, que el acusado sabía<br />
perfectamente de su ilícita procedencia, cumpliendo<br />
así su conducta con cada uno de los requisitos legal y<br />
jurisprudencialmente exigidos para calificarla como<br />
constitutiva de un delito de encubrimiento.<br />
SEXTO.- Los acusados, Miguel Ángel Rodríguez<br />
Mihalic, Luís Rogelio Valido Martín, José Claudio<br />
Galván Mihalic y Fernando Romero Rojas, son<br />
criminalmente responsables en concepto autores, art.<br />
28, de los delitos de asesinato, detención ilegal y robo<br />
con violencia, y el acusado Sergio Sánchez Santana lo<br />
es, también en concepto de autor, del delito de<br />
encubrimiento, art. 28.<br />
Por lo que se refiere a este último ninguna duda existe<br />
de acuerdo con lo que ya se ha expresado en el<br />
fundamento de derecho anterior. Se trata de la<br />
persona que sin intervenir en el previo delito de robo ni<br />
como autor ni cómplice, y con conocimiento de su<br />
ilícita procedencia, esconde u oculta parte de los<br />
efectos sustraídos para evitar su descubrimiento.<br />
En cuanto a los restantes acusados, las defensas de<br />
los mismos, y especialmente las de los identificados<br />
con los alias de Güí, Nandy y Chino, han pretendido<br />
aislar sus respectivas conductas del resultado final<br />
atribuyendo, en exclusiva, al identificado con el alias<br />
de Nano cualquier posibles responsabilidad criminal en<br />
relación con las muertes de Eloy y de Pedro en las que<br />
ellos no tuvieron participación, en las que no estaban<br />
de acuerdo e incluso en las que no estaban presentes<br />
ni de las que se percataron. Dejando al margen que el<br />
jurado no ha considerado probado ni el hecho de que<br />
alguno de los acusados manifestase su deseo de<br />
marcharse de la vivienda de la calle Churruca, y<br />
mucho menos que alguno, efectivamente, la llegase a<br />
abandonar durante la ejecución de los hechos, el<br />
jurado lo que ha entendido es que todos ellos<br />
ejecutaron personalmente los actos encaminados a<br />
detenerles ilegalmente, sustraerles lo que de valor<br />
guardasen en su casa, y quitarles la vida o, por lo<br />
menos, cooperaron necesariamente, afirmando, al<br />
responder a las preguntas 21 y siguientes del objeto
del veredicto, así como a la pregunta 16 cuando<br />
sostienes que todos los acusados, estuvieron<br />
presentes en el lugar de los hechos, todos participaron<br />
en la ejecución de los mismos y negando que, en el<br />
caso de Fernando, con conocimiento de lo que ya<br />
había pasado en el salón, pudiera ignorar lo que<br />
hacían los otros tres acusados en la habitación de<br />
matrimonio habida cuenta, además, de que habían<br />
acudido al domicilio a cara descubierta, a todo lo cual<br />
debe añadirse, claro está, su respuesta a las<br />
preguntas una a seis en las que se incorpora el relato<br />
fáctico de lo sucedido que pone de manifiesto la<br />
intervención de todos ellos en la ejecución de todos y<br />
cada uno de los actos precisos para inmovilizar a las<br />
víctimas, localizar los efectos sustraídos, causarles la<br />
muerte y borrar cuantas huellas pudieran haber dejado<br />
de forma que deben entenderse como autores<br />
materiales o, como mínimo, como cooperadores<br />
necesarios.<br />
A este respecto recordemos que, como se indicaba en<br />
la reciente Sentencia de la Sala <strong>Segunda</strong> del Supremo<br />
de 25 de octubre de 2006, la doctrina de esta Sala en<br />
materia de autoría conjunta (sentencias de 14 de<br />
diciembre de 1998, núm. 1179/1998, 14 de abril de<br />
1999, núm. 573/1999, 10 de julio de 2000, núm.<br />
1263/2000, 11 de septiembre de 2000, núm 1240/2000<br />
y 27 de septiembre de 2000, núm. 1486/2000 , entre<br />
otras), señala que la nueva definición de la coautoría<br />
acogida en el art. 28 del Código Penal 1995 como<br />
«realización conjunta del hecho» implica que cada uno<br />
de los concertados para ejecutar el delito colabora con<br />
alguna aportación objetiva y causal, eficazmente<br />
dirigida a la consecución del fin conjunto. No es, por<br />
ello, necesario que cada coautor ejecute, por sí mismo,<br />
los actos materiales integradores del núcleo del tipo, y<br />
concretamente en el homicidio la materialización de la<br />
agresión letal, pues a la realización del delito se llega<br />
conjuntamente, por la agregación de las diversas<br />
aportaciones de los coautores, integradas en el plan<br />
común, siempre que se trate de aportaciones causales<br />
decisivas.<br />
En consecuencia, a través del desarrollo del «pactum<br />
scaeleris» y del co-dominio funcional del hecho, cabe<br />
integrar en la coautoría, como realización conjunta del<br />
hecho, aportaciones no integrantes del núcleo del<br />
tipo... (...)<br />
<strong>La</strong> coautoría, como señala la sentencia de 27 de<br />
septiembre de 2000, núm. 1486/2000 , aparece<br />
cuando varias personas, de común acuerdo, toman<br />
parte en la ejecución de un hecho típico constitutivo de<br />
delito. Tal conceptuación requiere, de una parte, la<br />
existencia de una decisión conjunta, elemento<br />
subjetivo de la coautoría, y un dominio funcional del<br />
hecho con aportación al mismo de una acción en la<br />
fase ejecutoria, que integra el elemento objetivo. Se<br />
diferencia la coautoría de la cooperación, o de la<br />
participación, en el carácter, subordinado o no, del
partícipe a la acción del autor. Será coautor quien dirija<br />
su acción a la realización del tipo, con dominio de la<br />
acción, que será codominio funcional si existe división<br />
de funciones entre los intervinientes, pero todas con<br />
ese dominio de la acción característico de la autoría.<br />
No es preciso que el acuerdo entre los coautores sea<br />
previo y expreso, pues es posible la existencia de un<br />
acuerdo tácito y sobrevenido. <strong>La</strong> responsabilidad<br />
conjunta de los coautores se basa en que el dolo de<br />
cada uno de ellos abarca el resultado, el menos como<br />
dolo eventual, ejecutando su parte del hecho con<br />
conocimiento del peligro concreto que genera junto<br />
con las aportaciones de los demás.<br />
<strong>La</strong> doctrina habla en estos supuestos de «imputación<br />
recíproca» de las distintas contribuciones causales, en<br />
virtud de la cual todos los partícipes responden de la<br />
«totalidad» de lo hecho en común. Sin embargo, como<br />
se recuerda en la STS nº 1139/2005, de 11 de octubre,<br />
"ello no puede sostenerse cuando uno de los<br />
coautores «se excede» por su cuenta del plan<br />
acordado, sin que los demás lo consientan; pues, en<br />
tal caso, el exceso no puede imputarse a los demás,<br />
porque más allá del acuerdo no hay imputación<br />
recíproca". En sentido similar la STS nº 417/1998, de<br />
24 de marzo y la STS nº 474/2005, de 17 de marzo,<br />
entre otras.<br />
En este caso los acusados estaban previamente<br />
concertados para ejecutar un robo en una casa en la<br />
que no sólo sabían que habitaban dos personas sino<br />
en la que, además, conocían que esas personas<br />
estaban en ese momento en su interior pues su<br />
presencia era indispensable para lograr acceder a<br />
aquella y lograr la combinación de la caja fuerte. En<br />
tales condiciones el reparto de papeles previo es<br />
lógico y lo revela ya Fernando Romero cuando afirma<br />
que antes de entrar Nano les indicó que deberían<br />
agarrar a Eloy y Pedro y así lo hicieron distribuyéndose<br />
entre ellos funciones de forma que mientras que uno<br />
golpeaba a Eloy para acceder al interior de la casa otro<br />
hacía lo propio con Pedro, mientras que uno mantenía<br />
agarrado a Eloy, para lograr que les indicase dónde<br />
estaba el dinero y las joyas, otros se dedicaban a<br />
amarrar y asfixiar a Pedro de forma que uno lo<br />
estrangulaba, otro le agarraba las piernas y otro le<br />
amarraba las manos. Mientras que unos mantenían a<br />
Eloy agarrado o amarrado, otros buscaban joyas y<br />
dinero por la casa, y mientras que unos terminaban<br />
con la vida de Eloy, para evitar que les identificase,<br />
otro se dedicaba a limpiar el piso para lograr el mismo<br />
objetivo, esto es, su identificación. En definitiva se<br />
produjo entre ellos lo que el jurado consideró una<br />
participación conjunta, se produjo un reparto de<br />
papeles en el que la contribución de todos es decisiva<br />
para lograr el fin buscado, y es que si, por ejemplo,<br />
Fernando no se hubiese dedicado a limpiar la casa, los<br />
demás no hubiesen podido dedicarse a asfixiar a Eloy,<br />
si Güí, como relataba Nandy, no se hubiese dedicado
a agarrar por el cuello a Eloy, Fernando, Miguel y José<br />
Claudio no hubiesen podido dedicarse a amarrar,<br />
agarrar, y matar Pedro, conducta esta que supera, y<br />
con creces, la de un cómplice, como se afirmaba por la<br />
defensa de Fernando, para entrar de lleno en la<br />
autoría o la cooperación necesaria por resultar<br />
indispensable para terminar dando muerte a la víctima.<br />
En definitiva la actuación de todos implicó un reparto<br />
de funciones y una aceptación, si quiera tácita, de lo<br />
que allí acaecía. Cabría plantearse si en este caso<br />
alguno de los acusados se excedió en su conducta y<br />
por su cuenta en cuanto a la ejecución del plan<br />
acordado inicialmente con lo que a los demás no sería<br />
imputable los resultados así producidos. Sin embargo<br />
debe descartarse tal posibilidad. En primer lugar<br />
porque todos los acusados fueron conscientes de que<br />
la muerte de Pedro se había producido, todos fueron<br />
conscientes de que esa muerte tenía por objeto lograr<br />
la combinación de la caja fuerte y todos eran<br />
conscientes de que a Eloy se le estuvo sometiendo a<br />
un proceso de asfixia prolongado con lo que lo eran<br />
del riesgo de producirle la muerte. Pero es que el<br />
jurado no lo pudo expresar con más claridad en<br />
relación con Fernando Romero. No podía ignorar, con<br />
lo que hasta entonces había visto, lo que le estaban<br />
haciendo a Eloy sobre todo si tenemos en cuenta que,<br />
dado que iban a cara descubierta, les podían<br />
identificar, que por lo menos dos de los acusados<br />
reconocen que Nano les dijo que se lo tendría que<br />
cargar y, además, que precisamente a él, a Nandy, le<br />
correspondió la labor de limpiar toda huella lo que<br />
hubiese sido absurdo en caso de querer dejar vivo a<br />
una de las víctimas. En consecuencia todos eran<br />
conscientes del peligro que sus actuaciones y las de<br />
los demás implicados suponían, ninguno de ellos llegó<br />
a abandonar la casa antes que los demás, lo hicieron<br />
todos juntos, una vez limpia, una vez que habían<br />
cogido todo lo que de valor encontraron y marcharon<br />
también juntos hasta la chabola de El Rincón donde se<br />
repartieron las ganancias logradas de forma que su<br />
coautoría es clara.<br />
SÉPTIMO.- Concurre en los acusados, José Claudio<br />
Galván Mihalic y Miguel Ángel Rodríguez Mihalic, la<br />
agravante de reincidencia en relación con el delito de<br />
robo con violencia.<br />
Así, respecto de José Claudio, consta en su hoja<br />
histórico penal, folios 505 y 506, que antes de la<br />
ejecución del delito, había sido condenado, entre otras,<br />
en sentencia, firme el 11 de julio de 2003, por el<br />
Juzgado de lo Penal número Cinco de los de <strong><strong>La</strong>s</strong><br />
<strong>Palmas</strong>, a pena de prisión de seis meses por delito de<br />
robo con fuerza en las cosas.Por su parte, Miguel<br />
Ángel Rodríguez Mihalic, folio 512, también antes de la<br />
ejecución de los hechos, concretamente el 15 de<br />
febrero de 2002, había sido condenado en sentencia<br />
firme del Juzgado de lo Penal Número Tres de los de<br />
<strong><strong>La</strong>s</strong> <strong>Palmas</strong> a pena de prisión de dos años por delito<br />
de robo en casa habitada, penas estas que, de
acuerdo con la redacción del art. 136 del C.Penal,<br />
tanto antes como después de la reforma introducida<br />
por LO 15/2003, no podían entenderse canceladas o<br />
cancelables dado que aún suponiendo que su<br />
ejecución se iniciase y concluyese en el mismo<br />
momento en el que se declaró su firmeza, no se<br />
habían superado, el 29 de septiembre de 2004 los<br />
plazos de dos y tres años previstos, respectivamente,<br />
para que ello se pueda producir y además, tratándose<br />
de antecedentes por robo con fuerza, los mismos son<br />
perfectamente aplicables, a los efectos de<br />
reincidencia, art. 22.8, a la posterior comisión de un<br />
delito de robo con violencia.<br />
No concurre, sin embargo, la atenuante del art. 21.4, ni<br />
como tal atenuante genuina ni como analógica, en el<br />
caso de Fernando Romero Rojas. Recordemos que, tal<br />
y como proponía su defensa, el jurado consideró<br />
demostrado, respuesta a pregunta 29, que aquel, una<br />
vez detenido, confesó ante la policía primero y ante el<br />
juez de instrucción después su participación en los<br />
hechos, hasta donde él sabe, y la de los restantes<br />
acusados. Es claro que no cabe hablar de la atenuante<br />
genuina del art. 21.4 pues en el momento de su<br />
detención, junto con el conocido como Chino, ya la<br />
policía, como consecuencia de las escuchas<br />
realizadas a Güí y la declaración del testigo protegido<br />
número uno, no sólo conocían la identidad de todos los<br />
implicados en los hechos sino, además, su<br />
participación en los mismos, y así lo indicó<br />
especialmente el funcionario número 77.421 que<br />
participó en su detención, con lo que el procedimiento<br />
ya se dirigía en su contra y de hecho lo único que<br />
trataban era de identificar a la persona que respondía,<br />
precisamente, al alias de Nandy, algo que, mediante<br />
un ardid en el momento de la detención, logró dicho<br />
policía. En relación con la atenuante analógica, ha sido<br />
admitida por el Supremo cuando existiendo los demás<br />
requisitos, excepto, con plena seguridad, el de la<br />
ignorancia de que se seguía procedimiento contra<br />
ellos, constituirían esos elementos los suficientes para<br />
aplicar una atenuante analógica a la del número 4 del<br />
mismo art. 21, como ya repetidamente es acogido en<br />
resoluciones de esta Sala (sentencias de 16 y 30 de<br />
Noviembre de 1.996 y 20 de Octubre de 1.997). En<br />
este supuesto en el momento en el que el acusado<br />
declara ante la policía lo hace cuando ya sabe,<br />
perfectamente, que el procedimiento se dirige en su<br />
contra porque está detenido por funcionarios de policía<br />
judicial, lo único que hace es responder a las<br />
preguntas de aquellos y confirmar lo que, según su<br />
línea de investigación, y por otras pruebas ya<br />
incorporadas a las diligencias, ya sabía la policía que,<br />
repito, conocía quiénes habían sido los autores del<br />
hecho y su intervención en los mismos con lo que<br />
dicha confesión no puede ser considerada como<br />
atenuante, como se pretende por la defensa.<br />
OCTAVO.- En la determinación de las penas, y<br />
centrándonos en primer lugar en el delito de asesinato,
la pena tipo es la de prisión de quince a veinte años.<br />
En este caso concreto, teniendo en cuenta, por una<br />
parte, la forma en la que se ejecutaron los hechos,<br />
esto es, los golpes recibidos por Pedro Antonio, y el<br />
período de sufrimiento padecido por Eloy, tal y como<br />
describió la médico forense, y por otra las<br />
circunstancias personales de los acusados, se estima<br />
que procede imponer, por cada delito de asesinato, a<br />
Fernando Romero Rojas, que carece de antecedentes<br />
penales, y a, a Luís Rogelio Valido Martín, a quien<br />
únicamente le consta una condena previa por lesiones,<br />
la pena de prisión de quince años y seis meses. A<br />
José Claudio Galván Mihalic y a Miguel Ángel<br />
Rodríguez Mihalic, a quienes les consta antes de estos<br />
hechos una amplia actividad delictiva que si bien no es<br />
valorable a los efectos de reincidencia sí que lo es<br />
como circunstancia personal de dichos acusados, la<br />
pena, por cada asesinato, de prisión de dieciséis años,<br />
penas de prisión, todas ellas, que llevan aparejada la<br />
accesoria de inhabilitación absoluta durante el tiempo<br />
de la condena, art. 55 del C.Penal.<br />
Respecto del delito de robo con violencia y los dos<br />
delitos de detención ilegal, al encontrarse los mismos<br />
en relación de concurso medial, a la hora de fijar la<br />
pena deberá tenerse presente la regla del art. 77 en<br />
cuya virtud se aplicará la pena prevista para la<br />
infracción más grave, en este supuesto la detención<br />
ilegal, en su mitad superior salvo que la suma de las<br />
posibles condenas a imponer por separado resulta<br />
inferior.<br />
Dado que estamos ante un robo con violencia y una<br />
detención ilegal, las penas mínimas a imponer a los<br />
acusados, penando por separado, ascenderían a dos<br />
años de prisión, por el delito de robo para aquellos en<br />
los que no concurre la agravante de reincidencia, y<br />
cuatro años por el delito de detención ilegal mientras<br />
que sancionando con la pena del delito más grave en<br />
su mitad superior la pena mínima a imponer sería la de<br />
prisión de cinco años, que es más favorable. Por ello<br />
procede imponer a Fernando Romero Rojas y a Luís<br />
Rogelio Valido Martín una pena de prisión de cinco<br />
años, por cada uno de los delitos de detención ilegal<br />
en concurso medial con el delito de robo con violencia,<br />
y en el caso de José Claudio Galván Mihalic y a Miguel<br />
Ángel Rodríguez Mihalic, en los que concurre la<br />
agravante de reincidencia respecto del robo, por cada<br />
delito de detención ilegal en concurso medial con el<br />
delito de robo con violencia, la pena de prisión de<br />
cinco años y seis meses, penas estas que llevan<br />
aparejada la accesoria de inhabilitación especial para<br />
el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la<br />
condena (art. 56 del C.Penal).<br />
De acuerdo con lo previsto en el art. 76 del C.Penal, el<br />
máximo de cumplimiento, al haber sido condenados<br />
por más de dos delitos y dos de ellos tienen señalada<br />
pena de prisión de hasta veinte años, será de
veinticinco años, quedando extinguidas las que<br />
procedan una vez cubierto dicho máximo<br />
Por último, y en lo que hace al delito de encubrimiento,<br />
procede imponer a Sergio Sánchez Santana, que<br />
carece de antecedentes penales, la pena de prisión de<br />
seis meses, que lleva aparejada la accesoria de<br />
inhabilitación especial para el derecho de sufragio<br />
pasivo durante el tiempo de la condena (art. 56 del<br />
C.Penal).<br />
NOVENO.- En cuanto a las responsabilidades civiles,<br />
derivadas de las muertes de Eloy Ortega González y<br />
Pedro Antonio Ortega Machado, tanto el Fiscal como<br />
las acusaciones particulares interesan la<br />
indemnización a favor de los herederos legales de los<br />
mismos. Sin embargo, como con reiteración ha<br />
indicado la jurisprudencia del Tribunal Supremo, en el<br />
caso de muerte la indemnización corresponderá a<br />
quienes resulten ser los perjudicados no a los<br />
herederos del fallecido dado que al ésta producirse<br />
como consecuencia del delito, surge la obligación de<br />
indemnizar no por virtud del fenómeno sucesorio,<br />
puesto que el difunto nada llegó en vida a adquirir que<br />
integrado en su patrimonio fuese objeto de transmisión<br />
mortis causa, sino iure propio de forma que es<br />
únicamente a los perjudicados a los que deberá fijarse<br />
indemnización en este procedimiento y dentro de<br />
estos, claro está, a los que aquí han reclamado<br />
dejando a salvo los derechos de los terceros no<br />
herederos que pudieran existir y que habrían de<br />
reclamar en la vía civil correspondiente.<br />
En el presente procedimiento reclaman en calidad de<br />
acusaciones particulares Rosario Ortega González,<br />
hermana de Eloy Ortega González, Rafael y Francisco<br />
Ortega Machado, hermanos de Pedro Antonio Ortega<br />
Machado, y Lucía Ortega Machado, hermana también<br />
de éste último.Dado que no consta la existencia de<br />
familiares más inmediatos de las víctimas (STS de 9<br />
de febrero de 1981) el vínculo común de filiación, no<br />
constando un distanciamiento o rotura de la cohesión<br />
familiar, explica y justifica el dolor moral sufrido como<br />
consecuencia de las muertes y genera el derecho a la<br />
correspondiente indemnización pues, como ha<br />
destacado el Supremo, a diferencia de los perjuicios<br />
materiales, que han de probarse, los morales no<br />
precisan, en principio, cuando su existencia se infiere<br />
inequívocamente de los hechos, como sucede en este<br />
caso, confirme a las reglas de la experiencia humana.<br />
Por lo que hace al quantum habrá que destacar la<br />
extraordinaria dificultad que existe para valorar, de<br />
alguna forma, ese dolor moral pues no existen, más<br />
allá de la orientación que puedan aportarnos ciertas<br />
normas civiles aplicables a otros ámbitos, reglas para<br />
su fijación. En todo caso, deberá ponderarse también<br />
las circunstancias concretas del caso lo que, en este<br />
supuesto, lleva a la gravedad de los delitos cometidos,<br />
al sufrimiento padecido por las víctimas y a la situación
a la que se han visto sometidos sus hermanos a la<br />
hora de soportar no sólo la muerte de un pariente<br />
próximo sino el proceso penal posterior que le ha<br />
seguido. Por ello se estima proporcionado por quien<br />
resuelve fijar una indemnización de noventa mil euros<br />
por cada una de las víctimas, a repartir, en el caso de<br />
Pedro Antonio, en partes iguales entre sus hermanos<br />
personados en esta causa, debiendo responder<br />
solidariamente de tales cantidades los acusados,<br />
Miguel Ángel Rodríguez Mihalic, Luís Rogelio Valido<br />
Martín, José Claudio Galván Mihalic y Fernando<br />
Romero Rojas, cantidades que devengarán los<br />
intereses legales del art. 576.1 de la LEC desde la<br />
fecha de esta resolución hasta su completo pago.<br />
DÉCIMO.- Por último, y en cuanto a las costas,<br />
procede imponer a los acusados el abono de las<br />
mismas, incluidas las de las acusaciones particulares,<br />
cuyas pretensiones han sido coherentes y conformes<br />
con las presentadas por el Ministerio Fiscal y en lo<br />
esencial estimadas en esta sentencia debiendo<br />
satisfacer cada uno de los acusados una sexta parte<br />
de las mismas.<br />
Vistos los preceptos legales citados y demás de<br />
pertinente y general aplicación, por la Autoridad que<br />
nos confiere la Constitución Española,<br />
FALLO<br />
QUE DE CONFORMIDAD CON EL ACTA DE<br />
VOTACIÓN EMITIDA POR EL JURADO POPULAR<br />
DECLARO QUE DEBO CONDENAR Y CONDENO a:<br />
MIGUEL ÁNGEL RODRÍGUEZ MIHALIC, ya<br />
circunstanciado, como autor criminalmente<br />
responsable de DOS DELITOS DE ASESINATO Y DE<br />
DOS DELITOS DE DETENCIÓN ILEGAL EN<br />
CONCURSO MEDIAL CON UN DELITO DE ROBO<br />
CON VIOLENCIA, ya definidos, concurriendo en el<br />
delito de robo con violencia la agravante de<br />
reincidencia, a las penas de PRISIÓN DE DIECISÉIS<br />
AÑOS por cada uno de los delitos de asesinato, que<br />
llevan aparejadas la accesoria de inhabilitación<br />
absoluta durante el tiempo de la condena, y a las<br />
penas de PRISIÓN DE CINCO AÑOS Y SEIS MESES,<br />
por cada uno de los delitos de detención ilegal en<br />
concurso medial con el de robo con violencia, que<br />
llevan aparejadas la accesoria de inhabilitación<br />
especial para el derecho de sufragio pasivo durante el<br />
tiempo de la condena y al abono de una sexta parte de<br />
las costas procesales, incluyendo en las mismas las de<br />
las acusaciones particulares.<br />
JOSÉ CLAUDIO GALVÁN MIHALIC, ya<br />
circunstanciado, como autor criminalmente<br />
responsable de DOS DELITOS DE ASESINATO Y DE<br />
DOS DELITOS DE DETENCIÓN ILEGAL EN<br />
CONCURSO MEDIAL CON UN DELITO DE ROBO
CON VIOLENCIA, ya definidos, concurriendo en el<br />
delito de robo con violencia la agravante de<br />
reincidencia, a las penas de PRISIÓN DE DIECISÉIS<br />
AÑOS, por cada uno de los delitos de asesinato, que<br />
llevan aparejada la accesoria de inhabilitación absoluta<br />
durante el tiempo de la condena, y a las penas de<br />
PRISIÓN DE CINCO AÑOS Y SEIS MESES, por cada<br />
uno de los delitos de detención ilegal en concurso<br />
medial con el de robo con violencia, que llevan<br />
aparejadas la accesoria de inhabilitación especial para<br />
el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la<br />
condena y al abono de una sexta parte de las costas<br />
procesales, incluyendo en las mismas las de las<br />
acusaciones particulares.<br />
LUÍS ROGELIO VALIDO MARTÍN, ya circunstanciado,<br />
como autor criminalmente responsable de DOS<br />
DELITOS DE ASESINATO Y DE DOS DELITOS DE<br />
DETENCIÓN ILEGAL EN CONCURSO MEDIAL CON<br />
UN DELITO DE ROBO CON VIOLENCIA, ya definidos,<br />
sin la concurrencia de circunstancias modificativas de<br />
la responsabilidad criminal, a las penas de PRISIÓN<br />
DE QUINCE AÑOS Y SEIS MESES, por cada uno de<br />
los delitos de asesinato, que llevan aparejada la<br />
accesoria de inhabilitación absoluta durante el tiempo<br />
de la condena, y a las penas de PRISIÓN DE CINCO<br />
AÑOS, por cada uno de los delitos de detención ilegal<br />
en concurso medial con el de robo con violencia, que<br />
llevan aparejadas la accesoria de inhabilitación<br />
especial para el derecho de sufragio pasivo durante el<br />
tiempo de la condena y al abono de una sexta parte de<br />
las costas procesales, incluyendo en las mismas las de<br />
las acusaciones particulares.<br />
FERNANDO ROMERO ROJAS ya circunstanciado,<br />
como autor criminalmente responsable de DOS<br />
DELITOS DE ASESINATO Y DE DOS DELITOS DE<br />
DETENCIÓN ILEGAL EN CONCURSO MEDIAL CON<br />
UN DELITO DE ROBO CON VIOLENCIA, ya definidos,<br />
sin la concurrencia de circunstancias modificativas de<br />
la responsabilidad criminal, a las penas de PRISIÓN<br />
DE QUINCE AÑOS Y SEIS MESES, por cada uno de<br />
los delitos de asesinato, que llevan aparejada la<br />
accesoria de inhabilitación absoluta durante el tiempo<br />
de la condena, y a las penas de PRISIÓN DE CINCO<br />
AÑOS, por cada uno de los delitos de detención ilegal<br />
en concurso medial con el de robo con violencia, que<br />
llevan aparejadas la accesoria de inhabilitación<br />
especial para el derecho de sufragio pasivo durante el<br />
tiempo de la condena y al abono de una sexta parte de<br />
las costas procesales, incluyendo en las mismas las de<br />
las acusaciones particulares.<br />
Dichos acusados deberán abonar, solidariamente, en<br />
concepto de indemnización, noventa mil euros a la<br />
hermana de Eloy Ortega González, y noventa mil<br />
euros a repartir, por partes iguales, entre los hermanos<br />
que han reclamado en este procedimiento de Pedro<br />
Antonio Ortega Machado, cantidades ambas que<br />
devengarán los intereses del art. 576.1 de la LEC
desde la fecha de esta resolución hasta su completo<br />
pago.<br />
Se fija el máximo de cumplimiento de las penas de<br />
prisión en veinticinco años declarando extinguidas las<br />
que procedan desde que las impuestas cubran dicho<br />
máximo.<br />
SERGIO SÁNCHEZ SANTANA, ya circunstanciado,<br />
como autor criminalmente responsable de UN DELITO<br />
DE ENCUBRIMIENTO, ya definido, sin la concurrencia<br />
de circunstancias modificativas de la responsabilidad<br />
criminal, a la pena de PRISIÓN DE SEIS MESES, que<br />
lleva aparejada la accesoria de inhabilitación especial<br />
para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo<br />
de la condena, y al abono de una sexta parte de las<br />
costas procesales, incluidas las de las acusaciones<br />
particulares.<br />
Es de abono a los condenados el tiempo que hubiesen<br />
estado privados de libertad por esta causa a los<br />
efectos de la ejecución de la pena.<br />
Notifíquese esta resolución a las partes a las que se<br />
hará saber que contra la misma cabe interponer<br />
recurso de apelación para ante la Sala de lo Civil y<br />
Penal del Tribunal Superior de Justicia de Canarias en<br />
el plazo de diez días desde la última notificación.<br />
Llévese testimonio de la presente resolución a los<br />
autos principales<br />
Así por esta mi Sentencia, de la que se remitirá<br />
certificación al Juzgado de Instrucción de su<br />
procedencia, para su constancia en la causa,<br />
definitivamente juzgando en la instancia, lo pronuncio,<br />
mando y firmo.<br />
PUBLICACIÓN.- Leída y publicada ha sido la anterior<br />
sentencia por Ilmo. Sr. Magistrado Presidente que la<br />
dictó, estando el Tribunal celebrando <strong>Audiencia</strong><br />
Pública en el día de la fecha, de todo lo que certifico.