Audiencia Provincial Sección Segunda Las Palmas ... - La Provincia

Audiencia Provincial Sección Segunda Rollo: 0000010/2006 TR
Las Palmas Proc. origen: 0000003/2004 TRIB
Plaza San Agustín nº6
Teléfono: 928-325002
Jdo. origen: JDO. INSTRUCCION
Fax: 928-325032 Resolución: 000024/2
SENTENCIA
ILTMO. SR. MAGISTRADO-PRESIDENTE
D. NICOLÁS ACOSTA GONZÁLEZ
En Las Palmas de Gran Canaria a 5 de marzo de 2007
Vistos en esta Sección Segunda de la Audiencia
Provincial de Las Palmas en juicio oral y público los
presentes autos de Procedimiento ante el Tribunal del
Jurado procedentes del Juzgado de Instrucción
Número Siete de los de Las Palmas de Gran Canaria,
que ha dado lugar a la causa 10/2006, en la que
aparecen, como acusados, Miguel Ángel Rodríguez
Mihalic, mayor de edad, nacido el 14 de agosto de
1970, en Las Palmas, hijo de Juan y de Pino, con DNI
42.870.337, con instrucción, con antecedentes
penales, de ignorada solvencia, y en prisión preventiva
por esta causa desde el 27 de octubre de 2004,
representado por la Procuradora de los Tribunales,
Natalia Quevedo Hernández y asistido de Letrado
Javier Hernández Martínez, Luís Rogelio Valido
Martín, mayor de edad, nacido el 22 de febrero de
1985, en Las Palmas, hijo de Rogelio y de Pino, con
DNI 78.552.548, con instrucción, con antecedentes
penales, de ignorada solvencia, y en prisión preventiva
por esta causa desde el 27 de octubre de 2004,
representado por el Procurador de los Tribunales,
Francisco Neyra Cruz y asistido de Letrado Pedro
Rodríguez Cruz, José Claudio Galván Mihalic, mayor
de edad, nacido en Las Palmas el 15 de enero de
1972, hijo de Claudio y de Blanca, con DNI
42.863.966,con instrucción, con antecedentes penales,
de ignorada solvencia y en prisión preventiva por esta
causa desde el 27 de octubre de 2004, representado
por el Procurador de los Tribunales Francisco Javier
Pérez Almeida y asistido de Letrado Víctor Manuel
Santana Pérez, Fernando Romero Rojas, mayor de
edad, nacido el 2 de octubre de 1980, en Las Palmas,
hijo de Isabel y de Fernando, con DNI 78.511.228, con
instrucción, sin antecedentes penales, de ignorada
solvencia, en prisión preventiva por esta causa desde
el 27 de octubre de 2004, representado por la
Procuradora de los Tribunales Eva Olmos Bittini y
asistido de Letrado José Manuel Santana Hernández,

y Sergio Sánchez Santana, mayor de edad, nacido el
24 de marzo de 1985, en Las Palmas, hijo de Andrés
Mariano y de Ana, con DNI 45.776.693, con
instrucción, sin antecedentes penales, de ignorada
solvencia, y en libertad provisional por esta causa,
representado por la Procuradora Enma Crespo
Ferrandiz y asistido de Letrado Rafael Armingol
Relancio, interviniendo el Ministerio Fiscal en calidad
de acusación pública, y Rosario Ortega González,
representada por la Procuradora de los Tribunales,
Mónica Padrón Fránquiz y asistida de Letrado José
Gerardo Ruíz Pascuau, Rafael y Francisco Javier
Ortega Machado, representados por la Procuradora M.
Jesús Rivero Herrera y asistidos de Letrada Josefina
Navarrete, y M. Lucía Ortega Machado, representada
por el Procurador de los Tribunales Bernardo
Rodríguez Cabrera y asistido de Letrada Francisca
Ruíz López, en calidad de acusación particular,
actuando como Magistrado Presidente el Ilmo. Sr. D.
Nicolás Acosta González.
ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- Incoada la presente causa por el Juzgado
de Instrucción Número Siete de los de Las Palmas de
Gran Canaria se dictó auto por el que se decretaba la
apertura del juicio oral contra los acusados por el
posible delito de asesinato, robo con violencia,
detención ilegal y encubrimiento y junto a la adopción
de otras medidas se dispuso la remisión del
correspondiente testimonio de particulares a este
Tribunal para la celebración del juicio oral.
SEGUNDO.- Remitido el testimonio en la Ilma.
Audiencia Provincial de Las Palmas, conforme al turno
establecido, se nombró Magistrado-Presidente y,
designado el suscribiente, se dictó auto de hechos
justiciables de fecha 15 de diciembre de 2006,
señalando para el inicio de las sesiones del juicio oral
la del 26 de febrero de 2007, y compareciendo el
número mínimo de jurados legalmente dispuesto, tras
la oportuna selección, se constituyó en legal forma el
Tribunal del Jurado, celebrándose las sesiones
oportunas durante los días 26 de febrero a 1 de marzo
emitiéndose el 2 de marzo de 2007, tras la
correspondiente votación y deliberación, el veredicto
del jurado en el que mostró, por unanimidad, contrario
a la concesión al acusado de los beneficios de la
suspensión de la ejecución de la pena y a la petición
de indulto.
TERCERO.- En sus conclusiones definitivas el
Ministerio Fiscal calificó los hechos como constitutivos
de dos delitos de asesinato del art. 139.1, dos delitos
de detención ilegal del art. 163 y un delito de robo con
violencia de los art.237 y 242, de los que consideró
criminalmente responsables en concepto de autores a
los acusados, Miguel Ángel Rodríguez Mihalic, Luís
Rogelio Valido Martín, José Claudio Galván Mihalic y
Fernando Romero Rojas, concurriendo en Miguel

Ángel y José Claudio la agravante de reincidencia
respecto del delito de robo, interesando la imposición
de una pena de prisión de cuatro años por el delito de
robo, prisión de cinco años por cada delito de
detención ilegal, y prisión de diecinueve años por cada
delito de asesinato, costas y que solidariamente
indemnicen a los herederos de Eloy y de Pedro
Antonio en 80.000 euros, respectivamente, con los
intereses legales. En cuanto a Sergio Santana
Sánchez los consideró autor de un delito de
encubrimiento del art. 451.1 y 2, solicitando la
imposición de una pena de prisión de dos años,
accesorias y costas .
Las acusaciones particulares, en sus conclusiones
definitivas, calificaron los hechos como constitutivos de
los mismos delitos que el Ministerio Fiscal interesando
la imposición de penas de prisión de cinco años por el
delito de robo, prisión de seis años por cada delito de
detención ilegal, prisión de veinte años por cada delito
de asesinato y prisión de tres años por el delito de
encubrimiento, accesorias legales y costas, incluidas
las de las acusaciones particulares y que
solidariamente indemnicen los cuatro primeros
acusados a los herederos de los fallecidos con
200.000 euros por cada uno de ellos.
La defensa de Miguel Ángel Rodríguez Mihalic y
Sergio Sánchez Santana interesaron su libre
absolución. La defensa de Fernando Romero Rojas
consideró los hechos como constitutivos de dos delitos
de homicidio imprudente, siendo Fernando Romero
Rojas cómplice en el relativo a la persona de Pedro
Antonio Ortega Machado, concurriendo la atenuante
del art. 21.4 y 6, solicitando la imposición de una pena
de prisión de tres años y las accesorias legales. La
defensa de José Claudio Galván Mihalic consideró a
su defendido autor del delito de robo con violencia y la
defensa de Luís Rogelio Valido Martín calificó los
hechos como constitutivos de un delito de robo con
violencia del que dicho acusado es autor solicitando la
imposición de una pena de prisión de dos años.
HECHOS PROBADOS
El jurado, por unanimidad, ha declarado probados los
siguientes hechos:
Que en la tarde del 29 de septiembre de 2004 el
acusado, Miguel Ángel Rodríguez Mihalic, alias Nano,
mayor de edad, ejecutoriamente condenado en
sentencia firme de 15 de febrero de 2002 dictada por
el Juzgado de lo Penal número Tres de los de Las
Palmas a pena de prisión de dos años por delito de
robo, quien el día antes había estado en casa de Eloy
Ortega González y de Pedro Antonio Ortega Machado
, propuso a los también acusados, José Claudio
Galván Mihalic, alias Chino, mayor de edad,
ejecutoriamente condenado en sentencia firme de 11

de julio de 2003 dictada por el Juzgado de lo Penal
Número Cinco de los de Las Palmas a pena de prisión
de seis meses por delito de robo, Fernando Romero
Rojas, alias Nandy, mayor de edad, y a Luís Rogelio
Valido Martín, alias Güí, mayor de edad, acudir a la
vivienda de aquellos a coger lo que de valor
encontrasen, en la creencia de que en su interior había
una estimada cantidad de dinero y drogas. Así, entre
las 21.00 y las 22.00 horas de la noche de ese día
previamente concertados, con la finalidad de obtener
un beneficio ilícito cualesquiera que fuesen las
acciones y medidas a ejecutar, acudieron hasta el
número 41 de la calle Churruca, de Las Palmas de
Gran Canaria, domicilio de Eloy y de Pedro, y tras
lograr Nano, que les conocía, que les abrieran la
puerta del edificio, una vez ante la puerta de la casa,
penetraron en el interior de la vivienda procediendo
José Claudio Galván Mihalic, de forma súbita e
inesperada, a propinar a Eloy un fuerte golpe en el
rostro, que lo dejó aturdido, y Fernando Romero Rojas
le dio una fuerte patada a Pedro Antonio procediendo
a maniatarlo de pies y manos usando unos cables y un
cinturón, interrogando a ambos sobre la existencia en
la vivienda de joyas, dinero o sustancias
estupefacientes. Al no colaborar ni Pedro ni Eloy,
mientras que Luís Rogelio Valido Martín sujetaba por
el cuello a Eloy, los demás enrollaron un trozo del
cable alrededor del cuello de Pedro Ortega y mientras
que Fernando Romero Rojas lo sujetaba por las
piernas los otros dos acusados lo estrangulaban
haciendo uso del cable y tapándole la nariz,
provocándole la muerte por asfixia. Tras presenciar la
muerte de Pedro, Eloy les dijo a los acusados la
combinación de la caja fuerte que había en la casa y
tras abrirla cogieron las joyas y el dinero, registrando el
resto del inmueble de donde cogieron también cuatro
teléfonos móviles y una cámara de vídeo. A
continuación, con el objeto de eliminar posibles
testigos presenciales, trasladaron a Eloy Ortega hasta
el dormitorio donde le ataron sus manos con un cable,
enrollaron un cinturón entre sus piernas y mientras que
Fernando Romero Rojas limpiaba el salón para
eliminar las huellas, José Claudio Galván Mihalic trató
de asfixiar a Eloy y como quiera que no lo lograse
Miguel Ángel Rodríguez Mihalic junto con Luís Rogelio
Valido Martín , haciendo uso de un trozo de cable, lo
estrangularon anudándoselo al cuello, provocándole la
muerte por asfixia. Una vez hecho, los acusados, que
habían empleado guantes y calcetines para evitar
dejar huellas, abandonaron al vivienda y se dirigieron a
la zona del Rincón,de esta capital, donde se
repartieron lo obtenido. Luís Rogelio Valido Martín, tras
guardar su parte del botín en un calcetín,se lo entregó
al también acusado Sergio Sánchez Santana, mayor
de edad, sin antecedentes penales, quien, a sabiendas
de su ilícita procedencia, lo escondió en el interior de
su domicilio en el número 10 de la calle Donante
Altruista de Las Palmas de Gran Canaria a la espera
de que le solicitasen su devolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO.- Los hechos declarados probados son
legalmente constitutivos de dos delitos de asesinato,
del art. 139.1, de dos delitos de detención ilegal en
concurso ideal con un delito de robo con violencia, de
los art. 163.1, 237, 242 y 77 del C.Penal, y de un delito
de encubrimiento, del art. 451, del C.Penal, todos en
grado de consumación, de los que resultan
criminalmente responsables, en concepto de autores,
los acusados, Miguel Ángel Rodríguez Mihalic, Luís
Rogelio Valido Martín, José Claudio Galván Mihalic y
Fernando Romero Rojas, en relación con los delitos de
asesinato, detención ilegal y robo con violencia, y
Sergio Sánchez Santana, en relación con el delito de
encubrimiento.
Tales hechos declarados probados, como consta en el
acta de votación emitido por el Jurado Popular
designado para este caso el día 2 de marzo de 2007,
resulta de una valoración conjunta de la prueba y, en
especial, de las propias manifestaciones de los
acusados así cómo de los informes forense, del
informe de inspección ocular levantado por la policía,
de la declaración prestada por el testigo protegido
número uno así como las de otros testigos propuestos
en el plenario que reconocieron, como de la propiedad
de las víctimas, joyas, teléfonos y objetos que fueron
encontrados en poder del acusado José Claudio
Galván Mihalic así como en poder de Luís Rogelio
Valido Martín o del acusado de encubrimiento, Sergio
Sánchez Santana.
Y es que los acusados, Fernando Romero Rojas, Luís
Rogelio Valido Martín y Claudio Galván Mihalic
reconocieron, los tres, que a propuesta de Miguel
Ángel Rodríguez Mihalic, acudieron, la noche del 29 de
septiembre de 2004, a la casa que habitaban en esos
días Eloy Ortega González y Pedro Antonio Ortega
Machado, y que lo hicieron puestos previamente de
acuerdo en tratar de hacerse con el dinero y con la
droga que Miguel Ángel, alias Nano, les había dicho
que allí escondían. Es verdad que Nano negó, en todo
momento, en el plenario, haber estado en dicha casa
en la noche del 29 de septiembre de 2004, pero, como
revela el veredicto del jurado al dar respuesta a la
pregunta número 6, en dichas manifestaciones faltó
claramente a la verdad, siendo creíbles, por el
contrario, las llevadas a cabo ante el juzgado de
instrucción en el que, de forma similar al resto de los
acusados, reconoció haber estado en casa de las
víctimas y haber acudido precisamente a coger lo que
de valor allí pudiesen localizar. El hecho de concluir
que sus manifestaciones ante el Instructor fueron
veraces y no las del juicio oral no resulta del capricho
del jurado sino que, se desprende, como revela el
jurado al ponerla en relación con las declaraciones de
otros acusados y del testigo protegido , por un lado de
un dato que el propio Miguel Ángel aportó en el acto
del juicio, esto es, que, al margen de que los

habitantes de la casa conociesen al apodado Güí,
(algo que este aceptó, por haber acudido en alguna
ocasión a la peluquería de Eloy), era él el único que
sabía perfectamente dónde vivían y tanto es así que
también añadió que él había estado en esa casa antes
de que se produjeran los hechos, con lo cuál era él
quien únicamente podía tener acceso a su interior sin
levantar las sospechas de sus moradores. Además
hay otros datos objetivos que avalan dicha conclusión
como el que en la ejecución de los hechos todos los
acusados reconociesen haber empleado un vehículo
de las mismas características que el que Miguel Ángel
aceptó haber tenido, en alquiler, en aquellos días, y el
que el testigo protegido número 1 declarase en el
plenario que, en prisión, a dónde Nano regresó una
vez que terminó de disfrutar del permiso penitenciario
durante el cual se ejecutaron los hechos, el mismo le
contó lo que había sucedido y no sólo eso sino que
identificó plena y certeramente el apodo de las otras
tres personas que, finalmente, han reconocido haber
estado en casa de las víctimas y además le realizó un
relato con lujo de detalles aportando elementos que,
en el momento en el que lo contó, no eran, ni mucho
menos, de dominio público, como la intervención de
Güí en los mismos, algo que en esos instantes
únicamente conocía la Policía Nacional gracias a la
localización de uno de los teléfonos móviles sustraídos
en la casa y a la intervención de sus conversaciones
telefónicas con Sergio Sánchez Santana. Tales datos,
tal precisión, no es propia de quien simplemente se
limita a relatar lo que, a su vez, ha venido escuchando
de boca de otros presos, y así incluso el acusado,
José Claudio Galván Mihalic, primo de Miguel Ángel,
sostuvo en el juicio oral que era su primo quien, en
prisión, no sólo contaba lo sucedido sino que
alardeaba de ello. Recordemos, por lo demás, que la
jurisprudencia del Supremo ha venido entendiendo
que, el hecho de que tal declaración inculpatoria
conste en instrucción, no es obstáculo para valorarla ,
en el conjunto de la prueba, por parte del jurado a la
hora de establecer puándose se dijo la verdad,
rechazando que en nuestras leyes procesales pueda
existir una dualidad de regulaciones en materia de
valoración de pruebas (en este sentido STS de 15 de
julio de 2002 con cita de las de 11 y 20 de septiembre
de 2000 y de 5 de noviembre de 2001).
En consecuencia, de las declaraciones de los propios
acusados cabe concluir el acuerdo previo para acudir a
la casa de Eloy y de Pedro a hacerse con lo que de
valor allí encontrase y cabe concluir también que ese
acuerdo previo no sólo abarcaba el hecho mismo del
robo sino el reparto de funciones y papeles entre los
implicados. Sólo así cabe entender que mientras que
uno de ellos, Nano, se encargaba de lograr que le
abriesen la puerta del edificio, otro, José Claudio
Galván Mihalic, una vez que llegaron al piso en el que
vivían las víctimas, aprovechando que la puerta estaba
abierta, propinase un fuerte golpe en el rostro de Eloy,
que queda reflejado en el informe forense, folio 1449,

dejándolo aturdido, algo que la forense confirmó en su
informe en el plenario, cuando sostuvo que debieron
dejarle si no inconsciente sí temporalmente aturdido, y
mientras tanto Fernando Romero Rojas acudiese al
salón, donde se encontraba otro de los habitantes de
la casa, Pedro Antonio Ortega, corpulento y de gran
fuerza física, y que de una patada fuese capaz de
evitar que acudiese en ayuda de Eloy, procediendo,
junto a otros acusados, a amarrarle. Tal coordinación,
que repito, impidió que, por ejemplo, Pedro pudiese si
quiera aproximarse a Eloy, algo que, por lo demás, los
acusados reconocen porque a Pedro ni si quiera se le
dio oportunidad de salir del salón de la casa, y que
Eloy pudiese impedir la entrada de cuatro personas,
cuando que únicamente esperaba a una, hacen que lo
lógico sea concluir en el concierto previo que el jurado
entendió plenamente acreditado, rechazando la
especie de actuación improvisada que pretendieron
defender en el juicio oral dos de los acusados (Nandy,
y Güí) pues José Claudio Galván Mihalic sí que indicó
en el juicio oral que antes de entrar entre ellos se
asignaron las tareas de forma que él se encargaría de
inmovilizar a Eloy junto a Güí y Nandy se haría cargo
de Pedro junto con Chino.
Respecto de lo sucedido en el interior de la casa el
jurado considera acreditada la versión aportada por las
acusaciones atendiendo especialmente a las
manifestaciones de los acusados, el informe forense y
el reportaje fotográfico levantado por la Policía con
ocasión de la inspección ocular. Así reconocen los
acusados, por un lado, el haber ejecutado los actos
precisos para inmovilizar a los dos habitantes de la
casa. Cierto es que cada uno trata de limitar, al
máximo, su intervención en los hechos pero no lo es
menos que, como resultó del informe de la forense, y
se puede constatar por el reportaje fotográfico, el
hecho de que en la casa de encontrasen dos
habitantes, el hecho de que ambos se localizasen, en
un primer momento, en sitios distintos, el hecho de que
por lo menos uno de ellos, Pedro Antonio, fuese una
persona alta, fuerte, y con entrenamiento militar previo
en la legión, según declaró un familiar suyo, y el hecho
de que los cuerpos apareciesen con múltiples lesiones
cada uno de ellos, amarrados en forma distinta, en
zonas distintas de la casa y el que el momento de la
muerte de uno y otro fuese próximo, según el informe
forense, hace lógico pensar, y así lo concluye tanto
dicha perito como la policía, que fueron varias las
personas que actuaron sobre aquellos y que fueron
varias las personas que debieron llevar a cabo todas
las actuaciones tendentes a reducirlos, inmovilizarlos,
o agarrarlos, como, según Fernando Romero, les
indicó Nano antes de los hechos, y a lograr que
aquellos le revelasen la combinación de la caja fuerte,
como indicó en el plenario el testigo protegido número
uno. El que Nandy propinó una patada a Pedro
Antonio él mismo lo reconoce, el que Güí, mientras
que el resto de los acusados agarraban y asfixiaban a
Pedro, tenía cogido por el cuello a Eloy es algo que

también Fernando manifiesta en sus declaraciones,
añadiendo que lo tenía cogido en el pasillo, algo que
es coherente con el dictamen forense en el que se
indica que por lo menos en un primer momento debió
permanecer algo aturdido, por lo que no era necesario
mas que una persona para reducirlo. Pero es que
también de la propia declaración de Fernando queda
demostrado que en esos momentos procedieron a atar
y a asfixiar a Pedro pues el mismo acepta que Nano
les requirió, una vez que estaban registrando la casa, y
cuando aún no habían localizado nada, que le atasen y
así se hizo con unos cables, como consta en las
fotografías, y que a él, en concreto, le asignó la función
de cogerle los pies pudiendo en ese instante
percatarse de que Nano estaba detrás suya, es decir,
en la zona de la cabeza de Pedro, y que la víctima
comenzó a experimentar temblores en las piernas, lo
que coincide con los espasmos que, según la médico
forense, debió padecer en el momento en el que le
asfixiaban, momento en el que , además de
estrangularlo le taparon la nariz, lo que
necesariamente precisaba de la intervención de dos
personas o más, según la forense, dada la corpulencia
de la víctima, su altura así como la de los acusados, y
el modo de causarle la muerte , una muerte que,
posteriormente, se extendería la persona de Eloy a
quien, como se recoge en el informe de la forense en
el plenario, se le sometió, durante tiempo, a un
proceso en el que se le asfixiaba con unos cables se
aflojaban los mismos lo que determinó que padeciese
una insuficiencia respiratoria durante un amplio
período de tiempo, algo que, por lo demás, es
coherente con la manifestación realizada en el juicio
oral por Fernando Romero Rojas en el sentido de que
Nano preguntaba a Eloy por el dinero y por la droga
negándose éste a decirles nada dejando a Eloy con
Güí y pidiendo unos cables con los que finalmente
asfixió a Pedro Antonio. También ellos reconocen el
haber procedido a registrar la misma, Fernando
Romero añade que hicieron uso de unos guantes y de
unos calcetines, para evitar huellas, que procedieron a
limpiar la escena del crimen, para borrar cualquier
rastro de su presencia y que se marcharon a la
chabola del Rincón dónde se repartieron el botín.
Por último, y en lo que respecta al delito de
encubrimiento, las declaraciones de los propios
implicados, Sergio y Luís Rogelio, acreditan la realidad
de la entrega al primero por el segundo, de un calcetín
en el que se guardaban las joyas y el móvil que le
había correspondido en el reparto posterior a los
hechos y que le encomendó que se lo guardase, algo
que también confirman los funcionarios de policía
encargados de las investigaciones que escucharon sus
conversaciones telefónicas en el curso de las cuales
Luís Rogelio preguntaba a Sergio si mantenía a buen
recaudo lo que le había entregado.
SEGUNDO.- Centrándonos en cada uno de los delitos
imputados, comenzando por el de robo con violencia,

el mismo está fuera de toda duda. Demostrado, como
hemos explicado, que los cuatro acusados acudieron
al domicilio de Eloy y de Pedro, que su finalidad era
lograr hacerse con los dos kilos de cocaína y con los
120.000 euros que Nano les había dicho que allí
habían, que efectivamente acudieron y que, para
lograr llevarse lo que de valor encontraron, en este
caso, según reconocieron, joyas, dinero, una cámara
de vídeo y unos teléfonos móviles (que posteriormente
fueron localizados, salvo el dinero, en poder de los
acusados, especialmente de Chino y Sergio a quien, a
su vez, se los había entregado Güí, siendo
reconocidos en el plenario por familiares y amigos de
las víctimas como de su propiedad), emplearon una
violencia importante sobre las víctimas, y buena
prueba de ello son los múltiples golpes que, según en
informe forense, abarcaban todo su cuerpo,
especialmente el de Pedro, folios 1446 y siguientes,
habiendo obtenido la plena disponibilidad de los bienes
muebles de los que se hicieron en contra de la
voluntad de sus dueños, no cabe mas que entender
que concurren todos los elementos del delito de robo
con violencia que se les atribuye, en grado de
consumación, de los art. 237 y 242 del C.Penal.
TERCERO.- En cuanto a los delitos de detención
ilegal, uno por cada una de las víctimas, debemos
señalar que el delito de detención ilegal supone la
privación de la libertad ambulatoria del sujeto pasivo
mediante conductas que puedan ser comprendidas en
el significado de los verbos encerrar o detener.
En este caso, como se refiere por el jurado al dar
respuesta a la pregunta número 20, tal y como se
evidencia por las declaraciones de los implicados en
los hechos y especialmente por las pruebas aportadas
por la policía, en particular la inspección ocular y las
fotografías que lo acompañan, folios 170 y siguientes,
en los que se puede observar cómo las víctimas fueron
atadas de pies y manos por parte de los acusados,
cabe concluir que les era imposible, en cualquier caso,
desplazarse habiendo sido así privadas de cualquier
forma de libertad deambulatoria, lo que constituye la
base del delito contra la libertad objeto de imputación.
Afirmaba una de las defensas que no existía detención
ilegal porque no constaba que las víctimas
pretendiesen abandonar su casa, pero es que no es
ello preciso para que surja este delito. Basta con que
su libertad ordinaria y normal de movimientos haya
sido eliminada, como aquí sucede de forma evidente,
para que surja el delito que se les imputa pues las
víctimas ni tuvieron esa opción de abandonar la casa
ni mucho menos de acudir a las zonas de las mismas
en las que pudieran haberse protegido o dar aviso a
las fuerzas de seguridad y ello porque estaban
amarrados de pies y manos como, repito, se evidencia
en las fotografías, debiéndose destacar que, en el
caso de Eloy, además, según indicó la perito forense,
estaba atado incluso a la cama en la que fue
localizado.

En este punto preciso es analizar la relación del delito
de detención ilegal con los otros dos delitos imputados
a los acusados, el de asesinato o el de robo. Y es que
la detención ilegal, esto es, la privación de libertad de
movimientos de una persona, puede ser un fin en sí
mismo o puede estar en relación con otras posibles
conductas punibles que persiguen finalidades distintas.
En tal caso, como se recogía en la STS de 22 de
marzo de 2006, la relación entre ambas infracciones
puede presentarse de tres formas diferentes. En
primer lugar, la privación de libertad puede operar
como un medio necesario para la ejecución de esos
otros hechos, en cuyo caso se apreciará un concurso
medial. En segundo lugar, puede aparecer de forma
independiente a aquellos, con identidad propia, sin
alcanzar la categoría de medio necesario, aunque
coexistan ambas conductas temporalmente, caso en el
que se apreciará un concurso real. Y finalmente, en
tercer lugar, puede ocurrir que la privación de libertad
sea inherente a la ejecución de la otra infracción
criminal, de modo que cuando no supere los límites de
ésta, deba considerarse absorbida por ella. Así se ha
de operar en estos casos salvo que la acción privativa
de la libertad exceda la finalidad perseguida con la otra
acción o se prolongue por un tiempo relevante que
haga que recupere su autonomía, en cuyo caso
deberá sancionarse de modo independiente, en
concurso real o medial como antes sÍ dijo.
En relación con los delitos de asesinado no parece que
las dos detenciones ilegales, pues dos fueron las
personas privadas de su libertad deambulatoria,
tengan relación alguna. Sus muertes no precisaba ni
tiene conexión con el hecho de haberles impedido
moverse o realizar cualquier acto corporal incontrolado
o incontrolable por parte de los acusados ni mucho
menos su detención resultó ser medio preciso para la
ejecución de tales conductas típicas contra la vida. Por
tanto ni cabe hablar de concurso medial ni cabe
considerar dicha detención inherente a la ejecución de
los asesinatos que deberán sancionarse de forma
independiente.
En relación con el delito de robo sí que cabe apreciar,
a juicio de quien resuelve, un concurso medial entre
detención ilegal y robo con violencia. Y es que dicha
detención ilegal no puede sostenerse que presenta en
este caso una identidad propia y, además, aunque con
evidente conexión con el delito de robo, dado que la
inmovilización de ambas víctimas fue el medio
empleado por los acusados para lograr el que se les
facilitase la ubicación del dinero y las joyas buscadas
así como la clave para la apertura de la caja fuerte,
como se ha indicado por ellos mismos en sus
declaraciones, estamos ante una detención ilegal que,
en cuanto a su duración, se prolongó durante un
período de tiempo relevante habiendo llegado
Fernando Romero a hablar de un período de entre una
y dos horas y Luís Rogelio de entre una hora y una
hora y media. A ello deberá añadirse el informe emitido

por la médico forense que, en el plenario, sostuvo que
en el caso de Eloy, el mismo fue sometido a una
situación repetida de insuficiencia respiratoria durante
un amplio período de tiempo y que añadió que todo el
proceso que terminó en la muerte de las víctimas se
debió desarrollar no de forma rápida e instantánea sino
a lo largo de un período de tiempo más o menos
prolongado de manera que la detención ilegal ni
mucho menos puede ser entendida como inherente al
delito de robo con violencia. Un dato más apoya esta
tesis y es el relativo a la situación de Eloy quien,
inicialmente, tuvo limitada su libertad deambulatoria
mediante la actuación física sobre él ejercida por uno
de los acusados, Luís Rogelio, quien le tenía agarrado
por el cuello mientras que le reclamaban la clave de la
caja fuerte y mientras que Nandy y Chino, como ellos
mismos declararon, registraban la casa, pero que
posteriormente fue trasladado hasta la cama de su
habitación donde debió ser sometido ya al proceso
prolongado de asfixia que menciona la forense y que
no puede subsumirse sin más en el delito de robo .Por
ello entiendo que los dos delitos de detención ilegal se
encuentran en relación de concurso medial con el
delito de robo con violencia y de ahí que proceda
aplicar las normas del art. 77 del C.Penal en orden a la
determinación de las penas.
CUARTO.- Los hechos, como se ha dicho, constituyen
también dos delitos de asesinato, uno por cada una de
las víctimas, Eloy Ortega González y Pedro Antonio
Ortega Machado. El hecho de que fueron los acusados
quienes causaron la muerte de aquellos, para el
jurado, y para quien resuelve, queda fuera de toda
duda. Ellos mismos, en el plenario, de una u otra forma
lo vinieron a reconocer. Así Fernando Romero
manifestó que mientras que él agarraba a Pedro
Antonio por las piernas notó que al mismo le
temblaban, igualmente añadió que no sabe si el Chino
le ató las manos pero lo cierto es que sí reconoce que
era Nano quien le asfixiaba con lo que , dado que Güí,
en esos instantes, tenía inmovilizado a Eloy sólo Chino
podía ser quien auxiliaba a Nano para evitar la defensa
de Pedro al tiempo en el que le estrangulaban y,
además, le tapaban las vías aéreas para provocar su
muerte. Otro tanto sucedió con Eloy al que no sólo le
asfixiaron sino al que sometieron a un largo proceso
de privación, sucesiva, de oxígeno llegando incluso a
atarlo a la cama y empleando para provocarle la
muerte además de varios cables una camisa, como
resulta del informe forense. José Claudio Galván
Mihalic efectivamente relata cómo pudo ver a Eloy en
la habitación, en la cama y con las manos ya atadas
relatando tanto éste cómo Fernando que Nano les
había dicho que había tenido que quitarle la vida a
Eloy. A todo ello debe unirse el informe de la forense
que describió que lo sucedido en relación con las
víctimas fue el proceso continuado a lo largo del
tiempo que se inició con los golpes propinados a Pedro
y con la disminución, mediante un golpe certero, de la
capacidad de reacción de Eloy, y que continuó con el

sometimiento, a este último, a un proceso reiterado de
asfixia parcial afirmando que todas las acciones de las
personas que así actuaron iban dirigidas a provocar la
muerte de ambas víctimas, una muerte que querían y
buscaban o que se les representó como la
consecuencia necesaria de sus actos pues, por un
lado, quienes se preocupan por utilizar guantes y
calcetines en las manos para no dejar huellas y
quienes incluso proceden a limpiar minuciosamente el
piso para eliminar cualquier resto biológico que pueda
a la policía ubicarlos en la escena del crimen, algo
que, por cierto, lograron, es claro que estaban
obligados a acabar con la vida de dos personas que,
por lo menos a dos de ellos, conocían con
anterioridad. Pero es que, además, cualquier persona,
por escasa formación que ostente, sabe que privando
de oxígeno a otra, de forma necesaria, se le va a
provocar la muerte y, en el caso de Pedro, esa
actuación sobre su cuello fue de tal intensidad, como
explicó la médico forense, que el resultado físico, esto
es, las marcas que quedaron en su cuerpo, fue incluso
el propio de un ahorcamiento mientras que en el de
Eloy el empleo de varios cables así como el de una
camisa, para privarle también de la posibilidad de
respirar, revela un ánimo de matar claro o, por lo
menos, que los acusados eran conscientes de que, de
su conducta, dichas muertes iban a derivarse de forma
necesaria lo que permite descartar de plano la tesis de
una de las defensas que pretendía considerar las
muertes de ambas como meramente imprudentes. Es
verdad que el informe forense, al fijar la hora de la
muerte, refiere que la misma debió producirse en torno
a tres o seis horas antes del levantamiento de los
cadáveres, lo que acaeció a las 11.05 del 30 de
septiembre de 2004, y cierto es también que la policía,
por las llamadas realizadas desde uno de los teléfonos
sustraídos, considera que, en torno a la media noche,
los acusados abandonaron el domicilio de Eloy y de
Pedro, lo que pudiera hacer pensar que la muerte fue
posterior a dicha salida. Pero deberá tenerse en
cuenta que, por un lado, la causa de la muerte es
consecuencia directa y clara de las acciones
realizadas por los acusados, que nadie consta que
pudiera acceder al interior de la casa entre su salida,
en la que cerraron las puertas, y la llegada de la
señora que les auxiliaba en las labores de la casa, y
sobre todo que la hora de la muerte no se puede
entender como algo preciso o matemático. Por el
contrario, estando determinada por la forense en
atención a la temperatura corporal, es claro que ésta
ha podido variar en consideración al estado de la casa,
el calor ambiental de la misma y a si ha estado o no
cerrada, a la humedad del ambiente (es sintomático al
respecto que a aún a las nueve de la mañana el piso,
que había sido limpiado por los acusados, como
reconocen Fernando y José Claudio, aún
permaneciera húmedo) o a si la noche había sido o no
especialmente calurosa, algo que ni mucho menos se
puede descartar dado que en estas islas el mes de
septiembre, de ordinario, resulta serlo. Por tanto ello

no es, ni mucho menos, obstáculo para considerar a
los acusados autores de dichas muertes, algo que, por
lo demás, en sus propias declaraciones reconocen que
se produjo esa noche por ellos mismos atribuyendo
siempre a Nano la autoría material y final de aquellas.
Pero es que, además, esas muertes se produjeron de
forma tal que deben calificarse como delito de
asesinato por concurrir la circunstancia agravatoria
específica de alevosía. Comencemos por recordar que
según tiene declarado la Sala Segunda del Supremo,
requiere para poder ser apreciada:
a) en cuanto a la dinámica de su actividad: un
aseguramiento del resultado sin riesgo para el agente,
eliminando la defensa que pudiera existir por parte del
ofendido con lo que se pone de relieve el cariz
predominantemente objetivo, a través del
aseguramiento de la ejecución y de la indefensión de
la víctima; en este caso es evidente que así sucedió.
Los acusados accedieron al interior de la casa
sorprendiendo a Eloy en la puerta de la misma pues
este esperaba únicamente a una persona y se
encontró con cuatro uno de los cuales le golpeó en
términos tales que, como informó la forense, le dejó
aturdido, procediendo, a partir de ese momento, a ser
inmovilizado por Güí, que lo agarraba por el cuello,
mientras que a Pedro le propinaban una patada inicial
y, a continuación, era, por varios acusados, atado,
agarrado, golpeado reiteradamente y finalmente
asfixiado en esa misma situación de forma que no
existió posibilidad alguna de defensa y tanto es así que
poco más que unas heridas en los nudillos y en la cara
dorsal de las falanges de la mano derecha de Pedro
fueron localizadas sosteniendo el informe forense,
folios 1488 y 1489, que en ninguno de los dos
cadáveres se han observado lesiones de defensa
claras.
b) en cuanto a la culpabilidad: la presencia no
solamente del dolo proyectado sobre la acción del
agente, sino además un ánimo tendencial dirigido
hacia la indefensión del sujeto pasivo del delito, y
mediante el cual se pone de relieve cierta vileza o
cobardía en el obrar; en este supuesto también se
evidencia por varios datos. En primer lugar por el
propio plan desplegado por los acusados que
inicialmente hicieron creer a las víctimas que a su casa
sólo acudía una persona, sorprendiendo a Eloy con la
posterior presencia de cuatro individuos delante de su
vivienda en la que, en la creencia de que sólo se
presentaría Miguel Ángel, a quien conocía, y quien
había estado anteriormente en su casa, esperaba con
la puerta abierta. En segundo lugar son
esclarecedoras las palabras de Fernando Romero en
el acto del juicio cuando relataba lo que hablaban
mientras se dirigían a la casa de Eloy y Pedro, esto es,
que entrarían los cuatro y les amarrarían, lo que revela
ya su intención de evitar, de cualquier forma, la
defensa de los dos habitantes del inmueble pudieran

llevar a cabo. Y por último, y tal y como declaró
probado el jurado, por la propia dinámica de los
hechos en el curso de los cuales los acusados fueron
más allá de su simple superioridad numérica
procediendo a amarrar y agarrar a las víctimas a las
que, a lo sumo, la única posibilidad que les quedó fue
la de tratar de quitarse, con una de sus manos, la
camisa que le cubría la cara, algo que en el caso de
Pedro ni siquiera le fue posible.
Y c) que, a través del enjuiciamiento, se capte una
mayor repulsa social de la acción delictiva de la que
intrínsecamente lleva el resultado (v. ss. de 24 de
mayo de 1982, 10 de mayo de 1984, 25 de febrero de
1987 y 24 de enero de 1992). En último término, según
la jurisprudencia, "el núcleo de la alevosía en
cualquiera de sus modalidades se halla en la
inexistencia de posibilidades de defensa, que como ya
hemos indicado en este caso es más que claro.
En cuanto a los modos, situaciones o instrumentos de
que se valga el agente para asegurar el resultado
excluyendo toda defensa y consiguiente riesgo para su
persona, la doctrina de esta Sala distingue tres
supuestos de asesinato alevoso. La alevosía llamada
proditoria o traicionera, si concurre celada, trampa o
emboscada; la alevosía sorpresiva, que se materializa
en un ataque súbito o inesperado; y la alevosía por
desvalimiento, en la que el agente se aprovecha de
una especial situación de desamparo de la víctima que
impide cualquier manifestación de defensa. En este
caso los acusados, tal y como se declaró probado,
actuaron de forma súbita e inesperada, Eloy esperaba
únicamente a una persona y se encontró con que, del
ascensor, salieron cuatro uno de los cuales, de forma
súbita lo golpeó dejándole aturdido siendo, a partir de
esos instantes, agarrado por otro y posteriormente
atado a la cama. En el caso de Pedro, tal y como
relata el propio Fernando, no se le dio siquiera
oportunidad de salir del salón, fue derribado
inicialmente de una patada por quien entró en el salón
y a partir de ahí, como se deduce del informe forense,
fue amarrado, golpeado y asfixiado por varias
personas que actuaron sobre él sin que pudiera llevar
a cabo acción defensiva alguna, no pudiendo hacer
absolutamente nada ni para evitar su muerte ni para
defenderse de unos agresores que le agarraban por
las piernas, le ataban las manos y que incluso, según
la forense, debieron apoyar sus piernas en su espalda
para poder hacer la fuerza suficiente como para
terminar causándole la muerte
La circunstancia, predominantemente objetiva, debe
ser abarcada por el dolo del autor, pero no es
imprescindible que de antemano el agente busque y
encuentre el modo más idóneo de ejecución sino que
es suficiente que se aproveche, en cualquier momento
y de forma consciente, de la situación de la víctima así
como la facilidad que ello supone (SS de 29-3-93, 8-3-
93, 26-6-97, de 26-4-2002 y 15-11-2003) y la

eliminación de la posibilidad de defensa (S de 31-1-
2004)". En este supuesto de antemano los acusados
buscaban inmovilizar a sus víctimas pero es que,
además, una vez logrado, una vez amarrados,
aprovecharon, conscientemente, esa incapacidad de
movimientos y de reacción frente a aquellos para
terminar causándoles la muerte con gran facilidad sin
que de contrario se opusiera defensa efectiva.
QUINTO.- Por último, y en lo que respecta al delito de
encubrimiento, tipificado en el art. 451 del C.Penal, se
cumplen en la conducta del acusado, Sergio Sánchez
Santana, todas las exigencias precisas para su
comisión. Así Sergio no intervino ni como autor ni
como cómplice en los hechos acaecidos en la vivienda
del número 41 de la calle Churruca, y con
posterioridad a ello recibió, de manos de Luís Rogelio
Valido Martín, un calcetín en cuyo interior escondía
unas joyas y un teléfono móvil que resultaba ser su
parte del botín obtenido con ocasión del robo
ejecutado en dicho inmueble. Estos datos objetivos
están plenamente acreditados por las propias
declaraciones de ambos acusados, que aceptaron la
entrega del calcetín reconociendo Sergio que, por el
tacto, podía saber perfectamente lo que había en su
interior, en concreto las joyas, como lo está que Sergio
procedió a ocultar en su propia casa dichos efectos,
evitando de esa forma su posible descubrimiento en
casa de Güí si este era identificado y localizado por la
policía y de tal forma auxiliándolo para que se
beneficiase de los efectos del delito.
La controversia, en el plenario, se ha centrado en la
concurrencia o no de otro elemento del delito, esto es,
el conocimiento de la comisión de un delito, esto es, el
conocimiento de que tales bienes procedían de un
previo acto ilícito cometido por Luís Rogelio. Sobre
este punto recordemos que, como se sostenía en la
STS de 3 de mayo de 1985, en el caso de los delitos
contra la propiedad es bastante con que el encubridor
tenga conocimiento de su ilícita procedencia. No es
preciso, por el contrario, que conozca las
circunstancias de persona, tiempo y lugar en el que se
obtuvieron los mismos. En este caso, y dado que el
acusado niega tal conocimiento, la conclusión contraria
únicamente puede alcanzarse por medio de indicios, y
el jurado expresa, al responder a la pregunta 7 cuáles
son tales indicios. En primer lugar cita el perfecto
conocimiento que Sergio tenía de las actividades
ilícitas de Luís Rogelio. Así en el juicio oral Sergio
reconoció que a Güí le conocía desde pequeño, que
en esa época cree que estudiaba y que no sólo no le
había visto trabajar sino que, incluso, sabe que ya,
siendo menor de edad, le habían detenido por robo.
Por su parte Luís Rogelio aclara aún más la amplitud
de ese conocimiento al reconocer que, desde Arrecife
de Lanzarote, a donde, tras ejecutar los hechos antes
descrito, se había trasladado, llamó a Sergio no sólo
para comprobar, como indicó el policía nacional
número 85.521, si seguía guardando el calcetín, según

pudo escuchar en las conversaciones telefónicas que
le fueron intervenidas, sino además para proponerle
acudir a Lanzarote a hacerse unos escaparates, esto
es, robar en algunas tiendas. Y aporta el jurado un
segundo indicio, esto es, la forma en la que le fueron
entregadas las joyas, en un calcetín, lo que hace
pensar, lógicamente, en su dudosa procedencia pues,
evidentemente, de tratarse de joyas de su propiedad
lícitamente obtenidas, no tiene sentido alguno que se
le entreguen así guardadas. En consecuencia no
desarrollando actividad lícita alguna Güí, habiendo
participado ya con anterioridad en delitos contra la
propiedad, algo de lo que era consciente Sergio, y
teniendo en cuenta la forma en la que le entrega las
joyas para que las escondiese, insistiendo en ello una
vez que ya estaba en Lanzarote, lógico es considerar,
como hace el jurado, que el acusado sabía
perfectamente de su ilícita procedencia, cumpliendo
así su conducta con cada uno de los requisitos legal y
jurisprudencialmente exigidos para calificarla como
constitutiva de un delito de encubrimiento.
SEXTO.- Los acusados, Miguel Ángel Rodríguez
Mihalic, Luís Rogelio Valido Martín, José Claudio
Galván Mihalic y Fernando Romero Rojas, son
criminalmente responsables en concepto autores, art.
28, de los delitos de asesinato, detención ilegal y robo
con violencia, y el acusado Sergio Sánchez Santana lo
es, también en concepto de autor, del delito de
encubrimiento, art. 28.
Por lo que se refiere a este último ninguna duda existe
de acuerdo con lo que ya se ha expresado en el
fundamento de derecho anterior. Se trata de la
persona que sin intervenir en el previo delito de robo ni
como autor ni cómplice, y con conocimiento de su
ilícita procedencia, esconde u oculta parte de los
efectos sustraídos para evitar su descubrimiento.
En cuanto a los restantes acusados, las defensas de
los mismos, y especialmente las de los identificados
con los alias de Güí, Nandy y Chino, han pretendido
aislar sus respectivas conductas del resultado final
atribuyendo, en exclusiva, al identificado con el alias
de Nano cualquier posibles responsabilidad criminal en
relación con las muertes de Eloy y de Pedro en las que
ellos no tuvieron participación, en las que no estaban
de acuerdo e incluso en las que no estaban presentes
ni de las que se percataron. Dejando al margen que el
jurado no ha considerado probado ni el hecho de que
alguno de los acusados manifestase su deseo de
marcharse de la vivienda de la calle Churruca, y
mucho menos que alguno, efectivamente, la llegase a
abandonar durante la ejecución de los hechos, el
jurado lo que ha entendido es que todos ellos
ejecutaron personalmente los actos encaminados a
detenerles ilegalmente, sustraerles lo que de valor
guardasen en su casa, y quitarles la vida o, por lo
menos, cooperaron necesariamente, afirmando, al
responder a las preguntas 21 y siguientes del objeto

del veredicto, así como a la pregunta 16 cuando
sostienes que todos los acusados, estuvieron
presentes en el lugar de los hechos, todos participaron
en la ejecución de los mismos y negando que, en el
caso de Fernando, con conocimiento de lo que ya
había pasado en el salón, pudiera ignorar lo que
hacían los otros tres acusados en la habitación de
matrimonio habida cuenta, además, de que habían
acudido al domicilio a cara descubierta, a todo lo cual
debe añadirse, claro está, su respuesta a las
preguntas una a seis en las que se incorpora el relato
fáctico de lo sucedido que pone de manifiesto la
intervención de todos ellos en la ejecución de todos y
cada uno de los actos precisos para inmovilizar a las
víctimas, localizar los efectos sustraídos, causarles la
muerte y borrar cuantas huellas pudieran haber dejado
de forma que deben entenderse como autores
materiales o, como mínimo, como cooperadores
necesarios.
A este respecto recordemos que, como se indicaba en
la reciente Sentencia de la Sala Segunda del Supremo
de 25 de octubre de 2006, la doctrina de esta Sala en
materia de autoría conjunta (sentencias de 14 de
diciembre de 1998, núm. 1179/1998, 14 de abril de
1999, núm. 573/1999, 10 de julio de 2000, núm.
1263/2000, 11 de septiembre de 2000, núm 1240/2000
y 27 de septiembre de 2000, núm. 1486/2000 , entre
otras), señala que la nueva definición de la coautoría
acogida en el art. 28 del Código Penal 1995 como
«realización conjunta del hecho» implica que cada uno
de los concertados para ejecutar el delito colabora con
alguna aportación objetiva y causal, eficazmente
dirigida a la consecución del fin conjunto. No es, por
ello, necesario que cada coautor ejecute, por sí mismo,
los actos materiales integradores del núcleo del tipo, y
concretamente en el homicidio la materialización de la
agresión letal, pues a la realización del delito se llega
conjuntamente, por la agregación de las diversas
aportaciones de los coautores, integradas en el plan
común, siempre que se trate de aportaciones causales
decisivas.
En consecuencia, a través del desarrollo del «pactum
scaeleris» y del co-dominio funcional del hecho, cabe
integrar en la coautoría, como realización conjunta del
hecho, aportaciones no integrantes del núcleo del
tipo... (...)
La coautoría, como señala la sentencia de 27 de
septiembre de 2000, núm. 1486/2000 , aparece
cuando varias personas, de común acuerdo, toman
parte en la ejecución de un hecho típico constitutivo de
delito. Tal conceptuación requiere, de una parte, la
existencia de una decisión conjunta, elemento
subjetivo de la coautoría, y un dominio funcional del
hecho con aportación al mismo de una acción en la
fase ejecutoria, que integra el elemento objetivo. Se
diferencia la coautoría de la cooperación, o de la
participación, en el carácter, subordinado o no, del

partícipe a la acción del autor. Será coautor quien dirija
su acción a la realización del tipo, con dominio de la
acción, que será codominio funcional si existe división
de funciones entre los intervinientes, pero todas con
ese dominio de la acción característico de la autoría.
No es preciso que el acuerdo entre los coautores sea
previo y expreso, pues es posible la existencia de un
acuerdo tácito y sobrevenido. La responsabilidad
conjunta de los coautores se basa en que el dolo de
cada uno de ellos abarca el resultado, el menos como
dolo eventual, ejecutando su parte del hecho con
conocimiento del peligro concreto que genera junto
con las aportaciones de los demás.
La doctrina habla en estos supuestos de «imputación
recíproca» de las distintas contribuciones causales, en
virtud de la cual todos los partícipes responden de la
«totalidad» de lo hecho en común. Sin embargo, como
se recuerda en la STS nº 1139/2005, de 11 de octubre,
"ello no puede sostenerse cuando uno de los
coautores «se excede» por su cuenta del plan
acordado, sin que los demás lo consientan; pues, en
tal caso, el exceso no puede imputarse a los demás,
porque más allá del acuerdo no hay imputación
recíproca". En sentido similar la STS nº 417/1998, de
24 de marzo y la STS nº 474/2005, de 17 de marzo,
entre otras.
En este caso los acusados estaban previamente
concertados para ejecutar un robo en una casa en la
que no sólo sabían que habitaban dos personas sino
en la que, además, conocían que esas personas
estaban en ese momento en su interior pues su
presencia era indispensable para lograr acceder a
aquella y lograr la combinación de la caja fuerte. En
tales condiciones el reparto de papeles previo es
lógico y lo revela ya Fernando Romero cuando afirma
que antes de entrar Nano les indicó que deberían
agarrar a Eloy y Pedro y así lo hicieron distribuyéndose
entre ellos funciones de forma que mientras que uno
golpeaba a Eloy para acceder al interior de la casa otro
hacía lo propio con Pedro, mientras que uno mantenía
agarrado a Eloy, para lograr que les indicase dónde
estaba el dinero y las joyas, otros se dedicaban a
amarrar y asfixiar a Pedro de forma que uno lo
estrangulaba, otro le agarraba las piernas y otro le
amarraba las manos. Mientras que unos mantenían a
Eloy agarrado o amarrado, otros buscaban joyas y
dinero por la casa, y mientras que unos terminaban
con la vida de Eloy, para evitar que les identificase,
otro se dedicaba a limpiar el piso para lograr el mismo
objetivo, esto es, su identificación. En definitiva se
produjo entre ellos lo que el jurado consideró una
participación conjunta, se produjo un reparto de
papeles en el que la contribución de todos es decisiva
para lograr el fin buscado, y es que si, por ejemplo,
Fernando no se hubiese dedicado a limpiar la casa, los
demás no hubiesen podido dedicarse a asfixiar a Eloy,
si Güí, como relataba Nandy, no se hubiese dedicado

a agarrar por el cuello a Eloy, Fernando, Miguel y José
Claudio no hubiesen podido dedicarse a amarrar,
agarrar, y matar Pedro, conducta esta que supera, y
con creces, la de un cómplice, como se afirmaba por la
defensa de Fernando, para entrar de lleno en la
autoría o la cooperación necesaria por resultar
indispensable para terminar dando muerte a la víctima.
En definitiva la actuación de todos implicó un reparto
de funciones y una aceptación, si quiera tácita, de lo
que allí acaecía. Cabría plantearse si en este caso
alguno de los acusados se excedió en su conducta y
por su cuenta en cuanto a la ejecución del plan
acordado inicialmente con lo que a los demás no sería
imputable los resultados así producidos. Sin embargo
debe descartarse tal posibilidad. En primer lugar
porque todos los acusados fueron conscientes de que
la muerte de Pedro se había producido, todos fueron
conscientes de que esa muerte tenía por objeto lograr
la combinación de la caja fuerte y todos eran
conscientes de que a Eloy se le estuvo sometiendo a
un proceso de asfixia prolongado con lo que lo eran
del riesgo de producirle la muerte. Pero es que el
jurado no lo pudo expresar con más claridad en
relación con Fernando Romero. No podía ignorar, con
lo que hasta entonces había visto, lo que le estaban
haciendo a Eloy sobre todo si tenemos en cuenta que,
dado que iban a cara descubierta, les podían
identificar, que por lo menos dos de los acusados
reconocen que Nano les dijo que se lo tendría que
cargar y, además, que precisamente a él, a Nandy, le
correspondió la labor de limpiar toda huella lo que
hubiese sido absurdo en caso de querer dejar vivo a
una de las víctimas. En consecuencia todos eran
conscientes del peligro que sus actuaciones y las de
los demás implicados suponían, ninguno de ellos llegó
a abandonar la casa antes que los demás, lo hicieron
todos juntos, una vez limpia, una vez que habían
cogido todo lo que de valor encontraron y marcharon
también juntos hasta la chabola de El Rincón donde se
repartieron las ganancias logradas de forma que su
coautoría es clara.
SÉPTIMO.- Concurre en los acusados, José Claudio
Galván Mihalic y Miguel Ángel Rodríguez Mihalic, la
agravante de reincidencia en relación con el delito de
robo con violencia.
Así, respecto de José Claudio, consta en su hoja
histórico penal, folios 505 y 506, que antes de la
ejecución del delito, había sido condenado, entre otras,
en sentencia, firme el 11 de julio de 2003, por el
Juzgado de lo Penal número Cinco de los de Las
Palmas, a pena de prisión de seis meses por delito de
robo con fuerza en las cosas.Por su parte, Miguel
Ángel Rodríguez Mihalic, folio 512, también antes de la
ejecución de los hechos, concretamente el 15 de
febrero de 2002, había sido condenado en sentencia
firme del Juzgado de lo Penal Número Tres de los de
Las Palmas a pena de prisión de dos años por delito
de robo en casa habitada, penas estas que, de

acuerdo con la redacción del art. 136 del C.Penal,
tanto antes como después de la reforma introducida
por LO 15/2003, no podían entenderse canceladas o
cancelables dado que aún suponiendo que su
ejecución se iniciase y concluyese en el mismo
momento en el que se declaró su firmeza, no se
habían superado, el 29 de septiembre de 2004 los
plazos de dos y tres años previstos, respectivamente,
para que ello se pueda producir y además, tratándose
de antecedentes por robo con fuerza, los mismos son
perfectamente aplicables, a los efectos de
reincidencia, art. 22.8, a la posterior comisión de un
delito de robo con violencia.
No concurre, sin embargo, la atenuante del art. 21.4, ni
como tal atenuante genuina ni como analógica, en el
caso de Fernando Romero Rojas. Recordemos que, tal
y como proponía su defensa, el jurado consideró
demostrado, respuesta a pregunta 29, que aquel, una
vez detenido, confesó ante la policía primero y ante el
juez de instrucción después su participación en los
hechos, hasta donde él sabe, y la de los restantes
acusados. Es claro que no cabe hablar de la atenuante
genuina del art. 21.4 pues en el momento de su
detención, junto con el conocido como Chino, ya la
policía, como consecuencia de las escuchas
realizadas a Güí y la declaración del testigo protegido
número uno, no sólo conocían la identidad de todos los
implicados en los hechos sino, además, su
participación en los mismos, y así lo indicó
especialmente el funcionario número 77.421 que
participó en su detención, con lo que el procedimiento
ya se dirigía en su contra y de hecho lo único que
trataban era de identificar a la persona que respondía,
precisamente, al alias de Nandy, algo que, mediante
un ardid en el momento de la detención, logró dicho
policía. En relación con la atenuante analógica, ha sido
admitida por el Supremo cuando existiendo los demás
requisitos, excepto, con plena seguridad, el de la
ignorancia de que se seguía procedimiento contra
ellos, constituirían esos elementos los suficientes para
aplicar una atenuante analógica a la del número 4 del
mismo art. 21, como ya repetidamente es acogido en
resoluciones de esta Sala (sentencias de 16 y 30 de
Noviembre de 1.996 y 20 de Octubre de 1.997). En
este supuesto en el momento en el que el acusado
declara ante la policía lo hace cuando ya sabe,
perfectamente, que el procedimiento se dirige en su
contra porque está detenido por funcionarios de policía
judicial, lo único que hace es responder a las
preguntas de aquellos y confirmar lo que, según su
línea de investigación, y por otras pruebas ya
incorporadas a las diligencias, ya sabía la policía que,
repito, conocía quiénes habían sido los autores del
hecho y su intervención en los mismos con lo que
dicha confesión no puede ser considerada como
atenuante, como se pretende por la defensa.
OCTAVO.- En la determinación de las penas, y
centrándonos en primer lugar en el delito de asesinato,

la pena tipo es la de prisión de quince a veinte años.
En este caso concreto, teniendo en cuenta, por una
parte, la forma en la que se ejecutaron los hechos,
esto es, los golpes recibidos por Pedro Antonio, y el
período de sufrimiento padecido por Eloy, tal y como
describió la médico forense, y por otra las
circunstancias personales de los acusados, se estima
que procede imponer, por cada delito de asesinato, a
Fernando Romero Rojas, que carece de antecedentes
penales, y a, a Luís Rogelio Valido Martín, a quien
únicamente le consta una condena previa por lesiones,
la pena de prisión de quince años y seis meses. A
José Claudio Galván Mihalic y a Miguel Ángel
Rodríguez Mihalic, a quienes les consta antes de estos
hechos una amplia actividad delictiva que si bien no es
valorable a los efectos de reincidencia sí que lo es
como circunstancia personal de dichos acusados, la
pena, por cada asesinato, de prisión de dieciséis años,
penas de prisión, todas ellas, que llevan aparejada la
accesoria de inhabilitación absoluta durante el tiempo
de la condena, art. 55 del C.Penal.
Respecto del delito de robo con violencia y los dos
delitos de detención ilegal, al encontrarse los mismos
en relación de concurso medial, a la hora de fijar la
pena deberá tenerse presente la regla del art. 77 en
cuya virtud se aplicará la pena prevista para la
infracción más grave, en este supuesto la detención
ilegal, en su mitad superior salvo que la suma de las
posibles condenas a imponer por separado resulta
inferior.
Dado que estamos ante un robo con violencia y una
detención ilegal, las penas mínimas a imponer a los
acusados, penando por separado, ascenderían a dos
años de prisión, por el delito de robo para aquellos en
los que no concurre la agravante de reincidencia, y
cuatro años por el delito de detención ilegal mientras
que sancionando con la pena del delito más grave en
su mitad superior la pena mínima a imponer sería la de
prisión de cinco años, que es más favorable. Por ello
procede imponer a Fernando Romero Rojas y a Luís
Rogelio Valido Martín una pena de prisión de cinco
años, por cada uno de los delitos de detención ilegal
en concurso medial con el delito de robo con violencia,
y en el caso de José Claudio Galván Mihalic y a Miguel
Ángel Rodríguez Mihalic, en los que concurre la
agravante de reincidencia respecto del robo, por cada
delito de detención ilegal en concurso medial con el
delito de robo con violencia, la pena de prisión de
cinco años y seis meses, penas estas que llevan
aparejada la accesoria de inhabilitación especial para
el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la
condena (art. 56 del C.Penal).
De acuerdo con lo previsto en el art. 76 del C.Penal, el
máximo de cumplimiento, al haber sido condenados
por más de dos delitos y dos de ellos tienen señalada
pena de prisión de hasta veinte años, será de

veinticinco años, quedando extinguidas las que
procedan una vez cubierto dicho máximo
Por último, y en lo que hace al delito de encubrimiento,
procede imponer a Sergio Sánchez Santana, que
carece de antecedentes penales, la pena de prisión de
seis meses, que lleva aparejada la accesoria de
inhabilitación especial para el derecho de sufragio
pasivo durante el tiempo de la condena (art. 56 del
C.Penal).
NOVENO.- En cuanto a las responsabilidades civiles,
derivadas de las muertes de Eloy Ortega González y
Pedro Antonio Ortega Machado, tanto el Fiscal como
las acusaciones particulares interesan la
indemnización a favor de los herederos legales de los
mismos. Sin embargo, como con reiteración ha
indicado la jurisprudencia del Tribunal Supremo, en el
caso de muerte la indemnización corresponderá a
quienes resulten ser los perjudicados no a los
herederos del fallecido dado que al ésta producirse
como consecuencia del delito, surge la obligación de
indemnizar no por virtud del fenómeno sucesorio,
puesto que el difunto nada llegó en vida a adquirir que
integrado en su patrimonio fuese objeto de transmisión
mortis causa, sino iure propio de forma que es
únicamente a los perjudicados a los que deberá fijarse
indemnización en este procedimiento y dentro de
estos, claro está, a los que aquí han reclamado
dejando a salvo los derechos de los terceros no
herederos que pudieran existir y que habrían de
reclamar en la vía civil correspondiente.
En el presente procedimiento reclaman en calidad de
acusaciones particulares Rosario Ortega González,
hermana de Eloy Ortega González, Rafael y Francisco
Ortega Machado, hermanos de Pedro Antonio Ortega
Machado, y Lucía Ortega Machado, hermana también
de éste último.Dado que no consta la existencia de
familiares más inmediatos de las víctimas (STS de 9
de febrero de 1981) el vínculo común de filiación, no
constando un distanciamiento o rotura de la cohesión
familiar, explica y justifica el dolor moral sufrido como
consecuencia de las muertes y genera el derecho a la
correspondiente indemnización pues, como ha
destacado el Supremo, a diferencia de los perjuicios
materiales, que han de probarse, los morales no
precisan, en principio, cuando su existencia se infiere
inequívocamente de los hechos, como sucede en este
caso, confirme a las reglas de la experiencia humana.
Por lo que hace al quantum habrá que destacar la
extraordinaria dificultad que existe para valorar, de
alguna forma, ese dolor moral pues no existen, más
allá de la orientación que puedan aportarnos ciertas
normas civiles aplicables a otros ámbitos, reglas para
su fijación. En todo caso, deberá ponderarse también
las circunstancias concretas del caso lo que, en este
supuesto, lleva a la gravedad de los delitos cometidos,
al sufrimiento padecido por las víctimas y a la situación

a la que se han visto sometidos sus hermanos a la
hora de soportar no sólo la muerte de un pariente
próximo sino el proceso penal posterior que le ha
seguido. Por ello se estima proporcionado por quien
resuelve fijar una indemnización de noventa mil euros
por cada una de las víctimas, a repartir, en el caso de
Pedro Antonio, en partes iguales entre sus hermanos
personados en esta causa, debiendo responder
solidariamente de tales cantidades los acusados,
Miguel Ángel Rodríguez Mihalic, Luís Rogelio Valido
Martín, José Claudio Galván Mihalic y Fernando
Romero Rojas, cantidades que devengarán los
intereses legales del art. 576.1 de la LEC desde la
fecha de esta resolución hasta su completo pago.
DÉCIMO.- Por último, y en cuanto a las costas,
procede imponer a los acusados el abono de las
mismas, incluidas las de las acusaciones particulares,
cuyas pretensiones han sido coherentes y conformes
con las presentadas por el Ministerio Fiscal y en lo
esencial estimadas en esta sentencia debiendo
satisfacer cada uno de los acusados una sexta parte
de las mismas.
Vistos los preceptos legales citados y demás de
pertinente y general aplicación, por la Autoridad que
nos confiere la Constitución Española,
FALLO
QUE DE CONFORMIDAD CON EL ACTA DE
VOTACIÓN EMITIDA POR EL JURADO POPULAR
DECLARO QUE DEBO CONDENAR Y CONDENO a:
MIGUEL ÁNGEL RODRÍGUEZ MIHALIC, ya
circunstanciado, como autor criminalmente
responsable de DOS DELITOS DE ASESINATO Y DE
DOS DELITOS DE DETENCIÓN ILEGAL EN
CONCURSO MEDIAL CON UN DELITO DE ROBO
CON VIOLENCIA, ya definidos, concurriendo en el
delito de robo con violencia la agravante de
reincidencia, a las penas de PRISIÓN DE DIECISÉIS
AÑOS por cada uno de los delitos de asesinato, que
llevan aparejadas la accesoria de inhabilitación
absoluta durante el tiempo de la condena, y a las
penas de PRISIÓN DE CINCO AÑOS Y SEIS MESES,
por cada uno de los delitos de detención ilegal en
concurso medial con el de robo con violencia, que
llevan aparejadas la accesoria de inhabilitación
especial para el derecho de sufragio pasivo durante el
tiempo de la condena y al abono de una sexta parte de
las costas procesales, incluyendo en las mismas las de
las acusaciones particulares.
JOSÉ CLAUDIO GALVÁN MIHALIC, ya
circunstanciado, como autor criminalmente
responsable de DOS DELITOS DE ASESINATO Y DE
DOS DELITOS DE DETENCIÓN ILEGAL EN
CONCURSO MEDIAL CON UN DELITO DE ROBO

CON VIOLENCIA, ya definidos, concurriendo en el
delito de robo con violencia la agravante de
reincidencia, a las penas de PRISIÓN DE DIECISÉIS
AÑOS, por cada uno de los delitos de asesinato, que
llevan aparejada la accesoria de inhabilitación absoluta
durante el tiempo de la condena, y a las penas de
PRISIÓN DE CINCO AÑOS Y SEIS MESES, por cada
uno de los delitos de detención ilegal en concurso
medial con el de robo con violencia, que llevan
aparejadas la accesoria de inhabilitación especial para
el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la
condena y al abono de una sexta parte de las costas
procesales, incluyendo en las mismas las de las
acusaciones particulares.
LUÍS ROGELIO VALIDO MARTÍN, ya circunstanciado,
como autor criminalmente responsable de DOS
DELITOS DE ASESINATO Y DE DOS DELITOS DE
DETENCIÓN ILEGAL EN CONCURSO MEDIAL CON
UN DELITO DE ROBO CON VIOLENCIA, ya definidos,
sin la concurrencia de circunstancias modificativas de
la responsabilidad criminal, a las penas de PRISIÓN
DE QUINCE AÑOS Y SEIS MESES, por cada uno de
los delitos de asesinato, que llevan aparejada la
accesoria de inhabilitación absoluta durante el tiempo
de la condena, y a las penas de PRISIÓN DE CINCO
AÑOS, por cada uno de los delitos de detención ilegal
en concurso medial con el de robo con violencia, que
llevan aparejadas la accesoria de inhabilitación
especial para el derecho de sufragio pasivo durante el
tiempo de la condena y al abono de una sexta parte de
las costas procesales, incluyendo en las mismas las de
las acusaciones particulares.
FERNANDO ROMERO ROJAS ya circunstanciado,
como autor criminalmente responsable de DOS
DELITOS DE ASESINATO Y DE DOS DELITOS DE
DETENCIÓN ILEGAL EN CONCURSO MEDIAL CON
UN DELITO DE ROBO CON VIOLENCIA, ya definidos,
sin la concurrencia de circunstancias modificativas de
la responsabilidad criminal, a las penas de PRISIÓN
DE QUINCE AÑOS Y SEIS MESES, por cada uno de
los delitos de asesinato, que llevan aparejada la
accesoria de inhabilitación absoluta durante el tiempo
de la condena, y a las penas de PRISIÓN DE CINCO
AÑOS, por cada uno de los delitos de detención ilegal
en concurso medial con el de robo con violencia, que
llevan aparejadas la accesoria de inhabilitación
especial para el derecho de sufragio pasivo durante el
tiempo de la condena y al abono de una sexta parte de
las costas procesales, incluyendo en las mismas las de
las acusaciones particulares.
Dichos acusados deberán abonar, solidariamente, en
concepto de indemnización, noventa mil euros a la
hermana de Eloy Ortega González, y noventa mil
euros a repartir, por partes iguales, entre los hermanos
que han reclamado en este procedimiento de Pedro
Antonio Ortega Machado, cantidades ambas que
devengarán los intereses del art. 576.1 de la LEC

desde la fecha de esta resolución hasta su completo
pago.
Se fija el máximo de cumplimiento de las penas de
prisión en veinticinco años declarando extinguidas las
que procedan desde que las impuestas cubran dicho
máximo.
SERGIO SÁNCHEZ SANTANA, ya circunstanciado,
como autor criminalmente responsable de UN DELITO
DE ENCUBRIMIENTO, ya definido, sin la concurrencia
de circunstancias modificativas de la responsabilidad
criminal, a la pena de PRISIÓN DE SEIS MESES, que
lleva aparejada la accesoria de inhabilitación especial
para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo
de la condena, y al abono de una sexta parte de las
costas procesales, incluidas las de las acusaciones
particulares.
Es de abono a los condenados el tiempo que hubiesen
estado privados de libertad por esta causa a los
efectos de la ejecución de la pena.
Notifíquese esta resolución a las partes a las que se
hará saber que contra la misma cabe interponer
recurso de apelación para ante la Sala de lo Civil y
Penal del Tribunal Superior de Justicia de Canarias en
el plazo de diez días desde la última notificación.
Llévese testimonio de la presente resolución a los
autos principales
Así por esta mi Sentencia, de la que se remitirá
certificación al Juzgado de Instrucción de su
procedencia, para su constancia en la causa,
definitivamente juzgando en la instancia, lo pronuncio,
mando y firmo.
PUBLICACIÓN.- Leída y publicada ha sido la anterior
sentencia por Ilmo. Sr. Magistrado Presidente que la
dictó, estando el Tribunal celebrando Audiencia
Pública en el día de la fecha, de todo lo que certifico.