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es C r i t o s. 1. Ca r ta s i n s u r g e n t e s y o t r a s Misivas
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Gobierno, y gastos originados, durante la Evolución del 27 de enero.
Ambas deben pagarse. Para la primera está indicado y funciona
el modo; a la segunda hay que indicárselo permanente y regular.
Yo creo que el resorte que haya de ponerse en juego ha de ser el
mismo: la Ley de Crédito Público. Pero esta es injusta y perjudicial
a los intereses generales, contraria a la verdad económica, y, por su
estructura, tardía y difícil en aplicarse. Además, muy cara al tesoro,
a causa del exceso de unidades de rentas que toma para el servicio
de la deuda; por manera que siempre acarrearía uno de estos
males: su incumplimiento, en virtud de la escasez de las entradas
sobre todo si se gravan con algún acaecimiento de esos tan frecuentes
como lamentables; o bien la inasistencia a los gastos del Presupuesto,
por aplicación a ella de la parte a estos indispensables. Es
elemental, en hecho de deudas públicas, procurar redimirlos con
la porción sobrante de las rentas, luego de cubiertos los ordinarios;
o bien, por algún medio extraordinario, sin perder de vista ese
sano principio fundado en el equilibrio del Presupuesto. No lo ha
tenido por pauta la Ley que estudio, menos aun la equidad. Contraída
la deuda –en su mayor parte– hace nueve años, se posterga,
con la clasificación de remanente, a la consolidada, de origen más
próximo. Supeditada así, sufre profundo desprecio: primero en el
diferimiento anexo a su denominación; segundo, al llevarse a los
remates de consolidados. Notándose el fenómeno antieconómico
de que el capital más tiempo alejado de la circulación, sin servírsele
intereses, se considera de peor ley; fuera menos socorrido, al
equiparse con el que más tarde sufrió igual suerte. Me extendería
mucho si siguiera ese orden de consideraciones; baste por todas las
que pudiera aducir, el general criterio suficientemente manifestado
en el particular.
Evidenciado ya que la Ley es mala y a su acción no puede amoldarse
el pago de las deudas, voy a indicaros su reforma en sentido
útil y provechoso al país, y consonante con el estado de sus rentas.
La reforma, Señor, es de conveniencia pública, comporta un acto
de reparación, pues realiza al cabo la acariciada esperanza que un
día tuvieron los acreedores del país, de que se les reintegrara la fortuna
que, la vorágine de los trastornos civiles, les había arrebatado.